Equipo Nizkor - La gestión de la exhumación de Franco y el desmentido del Vaticano acorralan a Calvo.

El Gobierno sigue enredado con el cadáver de Francisco Franco. Desde su ya ilegal sepultura en el Valle de los Caídos, el dictador se está convirtiendo en un dolor de muelas para el Ejecutivo y en especial para Carmen Calvo. La vicepresidenta, encargada de Memoria Histórica y de Igualdad y ya señalada por los fallos de coordinación del Ejecutivo, vio el martes cómo el Vaticano la desmentía por escrito. En un gesto sin precedentes, la Santa Sede negaba que hubiera acuerdo para que Franco no fuese enterrado en la Almudena y además pedía diálogo con la familia Franco, algo que hoy parece imposible. A esa nota, el Gobierno sumó un nuevo giro en su argumentación y considera ahora que sí puede evitar que Franco sea enterrado en la Almudena. En privado, veteranos diputados socialistas mostraron su estupor por "la torpeza" de Calvo.

Desde que en junio, nada más llegar a Moncloa, Pedro Sánchez anunció como medida estrella que sacaría a Franco del Valle de los Caídos, el Gobierno ha vivido una sucesión de equívocos, rectificaciones, matizaciones, retrasos y dado explicaciones entre opacas, confusas y cambiantes. Sánchez anunció que Franco saldría de Cuelgamuros antes del verano y ya entonces la ministra de Defensa, Margarita Robles, jueza de formación, declaró a este diario que eso no era tan sencillo. El presidente admitió después que había pecado de ingenuidad, había topado con los límites del Ejecutivo, como le ocurrió con la publicación de la amnistía fiscal y con la retirada de la medalla de Billy el Niño —pendiente de un decreto ley y que abrirá la retirada de condecoraciones a policías como el comisario José Manuel Villarejo—.

La familia Franco no dio facilidades y el Gobierno terminó por decretar la ilegalidad de la tumba a finales del agosto. La medida cuenta con un gran respaldo popular y solo obtuvo dos votos en contra en el Congreso. El PP, que al principio amagó con recurrir el decreto ley al Constitucional, finalmente no hará nada. Al aprobar la medida, Calvo insistió en presentar un panorama en el que los Franco tendrían todas las facilidades. "La familia, naturalmente, podrá disponer, repito, trasladar los restos de Franco, al lugar que puedan indicar". "La familia puede disponer, evidentemente, hacerse cargo de los restos de su familiar y llevarlo al lugar que consideren oportuno". El decreto ley no incluyó ninguna cautela sobre el destino de los restos.

Lo que no había previsto el Ejecutivo es que desde los años ochenta los Franco tienen cuatro tumbas en la cripta de la catedral de la Almudena,en pleno centro de Madrid, a unos metros del Palacio Real. Allí fue enterrada hace menos de un año Carmen Franco, la hija del dictador. El Gobierno contaba con que los Franco, aunque se resistieran, mandarían el cuerpo del dictador a Mingorrubio, un discreto cementerio de prebostes del franquismo en El Pardo, un lugar recogido alejado de los focos donde está enterrada Carmen Polo en el panteón familiar.

Pero los Franco son correosos y en sus alegaciones avisaron de que si no podían frenar la exhumación, lo llevarían a la Almudena. Sacar a Franco de la sierra para enterrarlo en la catedral de Madrid era un movimiento difícil de aceptar. El Gobierno ya había concedido que el Valle no sería un memorial ni sacaría a Primo de Rivera, pero esto iba más allá. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, apuntó que no podía negarse a enterrar a Franco allí: "En la cripta hay una propiedad de la familia Franco y como cualquier cristiano tiene derecho a poder enterrarse donde crea conveniente". La cripta es una propiedad privada y el equipo de Sánchez no vio forma de impedirlo. Oficialmente, el Gobierno tragó saliva y mantuvo que no podía hacer nada para evitarlo, que la Iglesia se iba a retratar si lo aceptaba y que sería un problema mundial para su imagen.

Calvo tenía previsto un viaje a Roma y en los días previos desmintió insistentemente que fuese a tratar el tema del enterramiento de Franco. "¿Tú crees que la Iglesia con lo que es no sabe lo que quiere o no quiere, puede o no puede, debe o no debe? ¿Yo voy a decirle a la Iglesia lo que puede o no puede? No puedo", declaró a los periodistas en la fiesta nacional del 12 de octubre. La estrategia de engaño deliberado y continuo a la opinión pública pretendía rebajar las expectativas. Que si Calvo no sacaba nada en Roma, al menos no pareciese un fracaso. Pero obviamente era un punto destacado en la agenda.

El Gobierno, además, tiene muchas palancas en su mano para suavizar al Vaticano, desde las inmatriculación, el IBI del que están exentas las confesiones religiosas aunque usen los locales como negocios. El PSOE lleva desde 2012 impulsando el cobro de este IBI pero el pasado mes de julio Hacienda afirmó a este diario que no pensaban reformar la ley de mecenazgo, que también bonifica el IBI de fundaciones y partidos políticos. Calvo dijo anoche que el Gobierno quiere implantarlo ahora.

En la reunión celebrada el lunes con el número dos del Papa, el cardenal Pietro Parolin, este dio buenas impresiones sobre la exhumación. Al menos así lo reflejó el comunicado que emitió el Gobierno. Parolin, decía la nota de Vicepresidencia, "ha garantizado a la vicepresidenta del Gobierno español que no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Respecto a la inhumación, ambos han coincidido en la necesidad de buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo". En Madrid se celebró el encuentro como un éxito y Vicepresidencia dio ese comunicado, que, según Calvo, estaba pactado con el Vaticano, algo reservado a los encuentros del Papa con jefes de Estado.

Pero el martes por la mañana, antes de comparecer en el Congreso, Calvo fue más allá: "Lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la Iglesia, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena". Era un escalón más que "buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo" de la nota inicial.

Primero fue el arzobispado de Madrid, dirigido por Carlos Osoro, el que negó que hubiese tal acuerdo. Y después llegó lo insólito. El Vaticano emitió un desmentido público. "El cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación". "Es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Al cardenal secretario de Estado le pareció oportuna esta solución".

Es decir, que el Vaticano no está cómodo con Franco en el valle ni en la Almudena —son los benedictinos los que más pegas han planteado a la exhumación—, pero no pactó nada de la inhumación allí o en otro sitio y además pide "diálogo con la familia" cuando el puente entre el Gobierno y los Franco está roto. Vicepresidencia rebajó la importancia del desmentido. Hizo hincapié en que Parolin señala que le parece oportuno que no vaya a la Almudena, y después de la rectificación Calvo insistió en que tenían un acuerdo y por la noche en la Cadena SER apuntó que si Franco va a La Almudena sería un problema para la Iglesia.

Sin embargo, no hay precedentes de un desmentido público del Vaticano al Gobierno. "En cinco años que estuve de embajador ante la Santa Sede no vi una aclaración desmintiendo el contenido de una reunión, no de España, sino con ningún otro Estado", señala por teléfono Francisco Vázquez, exalcalde socialista de A Coruña, embajador ante el Vaticano con el Gobierno de Zapatero y hoy alejado de la línea oficial del PSOE. Este considera que la actuación de Calvo es más que un error. "Es más que una torpeza, es un abuso de confianza hacer una interpretación torticera de esa reunión".

Andrea Torinelli, director de Vatican Insider de 'La Stampa', reputado periodista con años de experiencia cubriendo la Santa Sede, coindice en que las palabras de Calvo dejaron sin opción al Vaticano. "El Gobierno español quería un apoyo a su posición, pero la Santa Sede no se puede poner en contra del Arzobispado de Madrid. Parolin invitó al diálogo, dijo que no tenía ningún problema en el traslado, pero nada más. No se puede usar la palabra de Parolin como un apoyo a la acción del Gobierno y en contra del Arzobispado o de la familia, como se presentó en un primer momento".

Un diplomático nada sospechoso de tener ganas al Gobierno coincide en que la nota es una aclaración de calado. Otro ex alto cargo del PSOE destaca la torpeza de forzar al Vaticano a publicar ese comunicado: "La Iglesia hace las cosas a su manera, discretamente, pero si les pones en una posición así...". Un vaticanista con años de experiencia en Roma considera que "es muy inusual, realmente rarísimo, que el Vaticano responda a un interlocutor que lo que ha comunicado no fue lo acordado".

En el Grupo Socialista, algunos diputados asistían con estupor a "la torpeza" de Calvo. No se explicaban cómo se había producido un "insólito" comunicado lanzado desde Roma, enmendando la plana a otro Estado. Algunos parlamentarios creen que la vicepresidenta se precipitó, que fue más impetuosa de la cuenta, que no calibró el impacto de sus palabras. "Quizá lo que le dijo Parolin fue simplemente que comprendía la preocupación del Gobierno, y ella se lanzó a hablar de acuerdo", observaba un miembro del grupo con experiencia en las relaciones internacionales.

Para otros diputados socialistas, era más que "esperable" la respuesta de la Santa Sede, habida cuenta de la rotundidad que había empleado Calvo. "Aunque haya habido un pacto con la Iglesia, la Iglesia está obligada a desmentir que lo hay para no comprometerse con la familia. Tiene que dejar claro que el problema es del Gobierno, que es quien ha decidido exhumar a Franco", sentencia uno de los más veteranos, que señala que todo el lío con Roma es fruto de la "imprevisión": el Ejecutivo, cree, "lanzó la piedra" de la exhumación sin tener todo amarrado y el terreno listo, y ahora se ha encontrado con más obstáculos de la cuenta en el camino, informa Juanma Romero.

Tras la nota de Vaticano, el Gobierno mantuvo que ahora sí tiene argumentos para evitar que Franco acabe en la Almudena. Alude a la Ley de Memoria Histórica, de 2007, que señala que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". La ley lleva 11 años vigente y el Ejecutivo señalaba hace solo unos días que el texto no bastaba para evitar el entierro en la Almudena.

El decreto ley de exhumación de Franco se está tramitando como ley para introducir novedades en el texto —donde podría ir el veto al entierro en la Almudena—, pero tardará meses si es que sale adelante. Mientras, el procedimiento de la exhumación se ha ido retrasando. Justicia está encontrando problemas en el desarrollo de la ley y aunque oficialmente Vicepresidencia mantiene que Franco saldrá antes de final de año —la fecha deseada era antes del 6 de diciembre, 40 aniversario de la Constitución—, fuera de ese departamento pocos apostarían una comida. El caso de Franco está afectando en clave interna a Calvo. Moncloa vive sus propias "intrigas palaciegas", como las llama un miembro del Ejecutivo. Entre Calvo e Iván Redondo, jefe de Gabinete del presidente, hay cortocircuitos que difícilmente mejorarán con la gestión del asunto Franco.

31oct18

La gestión de la exhumación de Franco y el desmentido del Vaticano acorralan a Calvo

[Fuente: El Confidencial, Madrid, 31oct18]

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