Equipo Nizkor - El mundo judicial quiere «blindar» al fiscal antes de que asuma la investigación.

Aunque todavía queda un largo camino por delante, entre la tramitación parlamentaria y el periodo que será necesario para ponerlo en marcha, el Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ya solo está a la espera de luz verde para su aprobación inminente por el Consejo de Ministros. El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, pondrá así la primera piedra de un nuevo modelo que no estará exento de polémica, pues, en la línea de otros países europeos, pretende que sea el fiscal, y no el juez, quien instruya los procedimientos penales. Si en condiciones normales ya se venía alertando de lo que esta modificación implica si antes no se reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotarle de una verdadera autonomía, ahora ya sí que se disparan todas las alarmas. Los estrechos vínculos de la actual fiscal general, Dolores Delgado, con el Ejecutivo y los intentos del Gobierno de Sánchez de controlar el poder judicial con iniciativas tan polémicas como la supresión de la mayoría calificada en la elección de los vocales del CGPJ, planean sobre una reforma que abre un intenso debate sobre la necesidad de dotar al Ministerio Público de herramientas suficientes para lograr una autonomía y una independencia real.

A ello se suman los límites a la acusación popular que el borrador del Gobierno plantea, pues impide que los partidos políticos puedan ejercer la acusación popular si no lo hace el Ministerio Público. Jueces y fiscales se han mostrado en reiteradas ocasiones favorables a que se establezcan límites a este ejercicio por cuanto consideran que en muchas ocasiones se hace un uso fraudulento de la misma. Sin embargo, supeditan la nueva regulación que de ella se haga a ese blindaje de la Fiscalía para que no haya la mínima duda de que la razón de no actuar se basa en razones exclusivamente jurídicas.

Junto con los partidos y sindicatos, el borrador del Gobierno excluye de este ejercicio de la acción popular también a los condenados por sentencia firme, a los miembros de la carrera judicial y fiscal, a los gobiernos centrales y autonómicos, a los órganos de gobierno del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo.

El modelo procesal propuesto no es nuevo. De hecho el comité de expertos al que Campo ha encomendado la redacción del texto se ha apoyado fundamentalmente en el Anteproyecto del ministro Francisco Caamaño, cuyo testigo recogería luego, ya con el gobierno de Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón. Si bien jueces y fiscales coinciden en la necesidad de dar una respuesta a las nuevas formas de delincuencia y de una instrucción más ordenada y ágil (la ley actual data de 1882), no todos comparten que sea el fiscal el que lleve las riendas de la investigación. Al menos no en las condiciones actuales.

Confianza en la justicia

Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su presidente, Manuel Almenar, considera que el actual sistema de instrucción por parte de los jueces «ya da adecuada respuesta al equilibrio entre las necesidades de investigación y las garantías constitucionales». Prueba de ello, dice, es que con ese modelo se han sentado en el banquillo «desde exministros hasta presidentes de comunidades autónomas pasando por personas próximas a la Familia Real, lo que demuestra que es un modelo que garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley». Desde su asociación se oponen a cualquier modificación que implique sustituir la figura del juez por la del fiscal, porque «sin cuestionar en absoluto la independencia y profesionalidad de todos y cada uno de los fiscales de este país individualmente considerados, la actual estructura del Ministerio Público, dirigido por quien pasó directamente del Ministerio de un gobierno a la Fiscalía General del Estado, nos genera serias dudas tanto sobre los verdaderos propósitos de esa reforma como sobre la capacidad de esta estructura para salvaguardar los principios de independencia y de credibilidad».

Recuerda Almenar, magistrado en la Audiencia de Pontevedra, que la justicia necesita como presupuesto para funcionar que la sociedad crea en ella, «y no podemos confiar la instrucción en quien ha pasado directamente desde el gobierno». Tampoco cree que sea una prioridad en este momento y sí abordar la modernización proceso penal, la ampliación de plantillas, la digitalización de la justicia o la distribución competencial.

El fiscal tiene «la llave de paso»

Desde Francisco de Vitoria, su portavoz nacional, Jorge Fernández Vaquero, reconoce que la reforma de la ley procesal es necesaria porque «tiene tantos parches que es muy difícil manejarla en el día a día». «Todo está demasiado apegado a prácticas del siglo XIX y se requiere la presencia judicial para casi todo». Sin embargo, ve «inoportuno» el momento en el que se aborda este cambio de modelo. «Si ya ha habido un sector de la población que ha puesto en duda la imparcialidad de la Fiscalía con el nombramiento de la fiscal general, esas dudas estarían más fundamentadas con el otro modelo, en el que el fiscal tiene la llave de paso». Recuerda que la Fiscalía ejerce la política criminal del Gobierno. «Pero una cosa es coordinación y otra dependencia», dice. A su juicio, habría que introducir cambios en la elección del candidato a fiscal general para eliminar toda sombra de sospecha, tales como que su mandato no coincida con el del Ejecutivo, o que el CGPJ pueda ejercer un verdadero control de idoneidad. «El modelo que se plantea exige solidez de la institución, la función de imparcialidad que nosotros no tenemos precisamente por el nombramiento de la cúpula», señala. Advierte, además, del impacto económico y presupuestario que implica esta reforma, pues habría que «duplicar o triplicar plantillas» o readaptar sedes y equipos entre otras cuestiones.

Y es que una de las consecuencias de esta reforma es que habrá una descompensación entre las plantillas de las carreras judicial y fiscal porque, aunque serán necesarios jueces de garantías (para dar luz verde a diligencias que impliquen afectación de derechos fundamentales), no serán precisos tantos como jueces de instrucción hay y, sin embargo, sí serán necesarios muchos más fiscales de los que hoy desempeñan sus funciones en el Ministerio Público. En este sentido, desde la mayoritaria Asociación de Fiscales y desde la Unión Progresista de Fiscales proponen arbitrar una suerte de pasarelas que permitan la «reconversión» de los profesionales.

Un momento «complicado y convulso»

No obstante, la Asociación de Fiscales considera que es un momento «complicado y convulso» para presentar esta reforma como un «proyecto estrella». Su portavoz, Cristina Dexeus, sí está de acuerdo con el cambio de modelo y cree que los fiscales están capacitados para afrontarlo pero siempre estableciendo antes un blindaje, contrapesos que desvinculen al fiscal general del Ejecutivo. «Aunque profesionalmente seamos capaces, si en la cúpula se nombra a una persona sin la apariencia de imparcialidad necesaria, esa duda se extiende al resto de la carrera». Además de ser partidaria de que los mandatos de Ejecutivo y fiscal general no coincidan y de dar más poder al Consejo Fiscal en la toma de decisiones, Dexeus alerta de la necesidad de que la Fiscalía goce de autonomía preupuestaria y que no tenga que depender del Ministerio de Justicia.

Para Teresa Peramato, portavoz de la UPF, lo deseable es una Fiscalía desvinculada del poder Ejecutivo y en este sentido es partidaria de arbitrar mecanismos como la regulación de las puertas giratorias, que ponen en entredicho la apariencia de imparcialidad de las instituciones, o los mandatos que coinciden con los del Ejecutivo. Pero ese es otro debate, dice, que habría que abrir para ver qué modelo de elección de fiscal general queremos. No obstante, advierte de que hoy la autonomía del Ministerio Fiscal está absolutamente garantizada en lo que se refiere a su independencia respecto al Gobierno, pues el fiscal general no puede recibir órdenes ni requerir información relativa a asuntos concretos. Augura un periodo de vacatio muy amplio para el desarrollo de esta ley por todo lo que implica en cuestión de medios materiales y personales. Como Dexeus, propone un sistema que permita el trasvase entre jueces y fiscales teniendo en cuenta la descompensación de plantillas que va a haber.

Un debate «de gran alcance»

Desde Jueces para la Democracia, su portavoz, Ascensión Martín, supedita el cambio de modelo procesal a que haya un juez de garantías que acompañe la instrucción del fiscal. Comparte con sus compañeros la necesidad de reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal para poner en marcha esta reforma. En este sentido augura un debate «de gran alcance» porque sí es cierto que «en la Fiscalía hay una relación jerárquica que no existe en el caso del juez instructor». De cualquier forma, y aunque cree que es «un momento complicado en el que todavía estamos pendientes de la renovación de órganos constitucionales», es necesario acometer esta reforma ya ante una normativa procesal que ha quedado obsoleta.

18nov20

El mundo judicial quiere «blindar» al fiscal antes de que asuma la investigación

[Fuente: Por Nati Villanueva, ABC, Madrid, 18nov20]

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