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17ene20

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Declaración ante el nombramiento de la Fiscal General del Estado por parte del Gobierno

Visto el alcance y las graves consecuencias para el estado de derecho y, por ende, para las libertades civiles del nombramiento de la Ministra de Justicia en el cargo de Fiscal General del Estado, informamos a la opinión pública lo siguiente:

  • 1) Este nombramiento afecta a las reglas de ética jurídica y morales dado que la justicia debe asegurar que las normas éticas se cumplen en el mundo del derecho.

  • 2) El Gobierno está obligado a garantizar y proteger la ética de los procedimientos como forma de garantizar la discusión pública de las normas jurídicas. El no cumplir con esta condición conlleva necesariamente procedimientos injustos, cuando no ilegales.

  • 3) En este momento crítico para el estado de derecho en España, producido por los efectos del denominado "procés", la señora ministra de justicia tuvo conocimiento de los procedimientos, del fondo de la cuestión, de la documentación judicial y, en nombre del Gobierno, procedió a dar instrucciones a la Abogacía del Estado.

  • 4) Estos hechos producen efectos procesales que afectan al debido proceso y a la igualdad de las partes en el procedimiento; tienen asimismo consecuencias perversas en la defensa de los intereses generales que hacen claramente incompatible su nombramiento con los mismos, contaminan el procedimiento y generan problemas insalvables de legitimidad jurídica.

    Estos efectos no son salvables, ni siquiera con una declaración de limitación como la realizada por el ex Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, respecto de la investigación de la denominada "interferencia rusa", tras su nombramiento por el Presidente Donald Trump.

    De hecho, creemos que el Gobierno español ha copiado el procedimiento y la estrategia "Trumpiana" en este caso, aunque es altamente improbable la Fiscal General adopte la postura de Jeff Sessions.

  • 5) Como no está a nuestro alcance aprehender las decisiones políticas que han llevado a este nombramiento en las circunstancias antes mencionadas y, dando por supuesto que el Presidente del Gobierno es inteligente y ha cavilado suficientemente estas consecuencias, sólo podemos suponer que tiene una estrategia deliberada de obstrucción al funcionamiento de los Fiscales de Sala en el Tribunal Supremo y, por tanto, de obstrucción a los procedimientos judiciales en las altas instancias de los órganos de aplicación de la justicia (cuyo primer efecto se ha visto en la reciente deliberación del Consejo General del Poder Judicial a raíz del nombramiento de la Ministra como Fiscal General)

  • 6) Sabemos que esta declaración no tendrá efecto alguno en la altas esferas de gobierno y que no seremos escuchados. No obstante, consideramos que es nuestra obligación ética hacerla pública.
Equipo Nizkor
En Madrid, a 17 de enero de 2020.
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