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09ene14
El Estado castiga la apuesta de EPPK arrestando a ocho interlocutores
El Estado español se repite a sí mismo sin remedio. La decisión de EPPK de explorar las vías legales ha sido contestada con la detención de ocho de sus interlocutores en el exterior, y todo ello a tres días escasos de la movilización de Tantaz Tanta en Bilbo. El arresto castiga la actividad totalmente pública que venían realizando. La redada se realizó al tiempo que Mariano Rajoy era cuestionado en la Ejecutiva del PP por no impedir la rueda de prensa de Durango.
El grupo de personas, entre ellas abogados y expresos, que vienen ejerciendo la necesaria función de mediadores externos de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa desde hace ya año y medio ha sido golpeado con una redada policial. Aunque fuentes cercanas al Gobierno español trataran de disociar ambos hechos, las ocho detenciones han sido interpretadas generalizadamente como el precio de la decisión dada a conocer por EPPK el 28 de diciembre y de la comparecencia realizada el sábado pasado en Durango por un nutrido grupo de veteranos exprisioneros en apoyo a esa apuesta. De hecho, en esa rueda de prensa estuvieron presentes la mayor parte de los arrestados ayer.
La operación arrancó en un despacho de abogados de Bilbo, donde fueron detenidos por la Guardia Civil -con el apoyo logístico de la Ertzaintza- Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Aintzane Orkolaga, Aitziber Sagarminaga, Jose Campo, Egoitz López de Lacalle y Mikel Almandoz. La captura de Asier Aranguren se produjo en Iruñea.
Nada nuevo bajo el sol en lo que respecta a las acusaciones. Se les liga a ETA y la redada la ordena la Audiencia Nacional. A última hora de la tarde, agencias españolas que citaban fuentes policiales comenzaban a desinflar la redada, afirmando que no se había hallado la documentación voluminosa que la Guardia Civil pretendía encontrar, por lo que se les acusaba ahora de que «podrían haber destruido pruebas».
Los arrestados no están incomunicados, según indicó una abogada desplazada a la calle Elkano de Bilbo.
A las detenciones, contestadas inmediatamente con concentraciones en todos los lugares como ocurriera ya en la redada de setiembre contra Herrira, les sucedieron numerosos registros. La irrupción de Bilbo fue seguida por otra en otro despacho de abogados de Hernani. Y desde allí la Guardia Civil se desplazó a los domicilios de Egoitz López de Lacalle en Atxuri (Bilbo), Jon Enparantza en el Antiguo (Donostia), José Campo en Lasarte, Arantza Zulueta en Lekeitio, Mikel Almandoz en Burlata, Asier Aranguren en Buztintxuri... Sobre este último, medios estatales remarcaron profusamente que es el coprotagonista de ``Asier eta biok'', película elaborada el año pasado que ha recibido premios y en la que el cineasta Aitor Merino reflexiona sobre su amistad con Aranguren en la época en que sí era militante de ETA.
Tampoco cabe olvidar que este grupo de mediadores estaba plenamente activo y tenía una misión inmediata, adelantada en el comunicado de EPPK: buscar acuerdos en Euskal Herria para llevar a la práctica su decisión de explorar las vías legales para lograr salidas escalonadas e individualizadas para los presos vascos.
Lakua y Gipuzkoa
La redada desató una cascada de críticas en Euskal Herria. No está entre ellas la del Gobierno de Lakua, que si bien «muestra su estupor ante las confusas y contradictorias informaciones emitidas» sobre la operación, asegura que esperará a tener más datos.
«El Gobierno vasco espera que esta operación policial esté plenamente justificada en un momento en el que en Euskadi se está viviendo un nuevo tiempo en un proceso complejo de construcción de paz, ilusión y esperanza», indica la nota.
Los dos máximos mandatarios de Gipuzkoa, el diputado general, Martin Garitano, y la presidenta de las Juntas Generales, Lohitzune Txarola, sí se implicaron. Los dos cargos de EH Bildu acudieron a supervisar el registro del Antiguo, donde Garitano reclamó explicaciones a los guardias civiles que mantenían cortada la calle. Y censuró que «queda otra vez en evidencia quiénes están en contra de una paz basada en la libertad».
Interior avanza la redada, se retracta y luego la ejecuta
«La Guardia Civil detiene a varios presuntos miembros de ETA en el País Vasco y Navarra». Así se encabezaba la nota de prensa enviada por el ministerio español del Interior a las 15.06, que venía acompañada por un tuit de la cuenta oficial del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
No se aportaban más datos, más allá de señalar que los arrestos se produjeron «mientras se celebraba una reunión orgánica en el interior de una de las sedes de los abogados». A esa hora, los uniformados ya habían comenzado los preparativos de la redada. Sin embargo, esta no se había iniciado. Ante las sucesivas llamadas, Interior cayó en la cuenta de su error: había avanzado las detenciones a la prensa antes de ponerlas en práctica.
De hecho, para entonces, en «El Mundo», ya daban los nombres de seis de los arrestados. A las 15.34, una segunda nota desdecía la anterior, señalando que «la información enviada sobre esta operación antiterrorista queda anulada a todos los efectos».
En todo este tiempo, desde el ministerio se había intentado, vía telefónica, que diversos medios retirasen la noticia de sus ediciones digitales, donde ya ocupaba un lugar principal en portada. Por la sucesión de los hechos, parece ser que Interior tenía tanta prisa por hacer propaganda de la redada que la publicitó antes de efectuarla.
Un supuesto error al que no se refirió el ministro, que se encontraba en un almuerzo en Barcelona. A las 15.00 horas anunció que haría declaraciones, sin especificar el motivo. Luego se corrió el rumor de que se suspenderían. Finalmente habló, aunque sin aceptar preguntas. Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere investigar el hecho.
«Tentáculos» para impedir decisiones ya anunciadas
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, justificó las detenciones asegurando que los arrestados «integran el grupo de coordinación que es el tentáculo que permite a ETA controlar al grupo de presos de la organización que están cumpliendo condena en las prisiones».
Según el titular de Interior, su objetivo sería «controlar a sus presos, someterlos a su tiranía e impedir que, en la medida en que lo consideraran oportuno y en el marco de la legislación, el código penal y la ley penitenciaria, se pudieran acoger a las medidas que contempla en orden a permisos, beneficios penitenciarios o reinserción individual».
Una afirmación difícilmente sostenible si se atiende al comunicado hecho público recientemente por el EPPK en el que el colectivo se mostraba dispuesto a «tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial» y que fue ratificado en la comparecencia del sábado en Durango donde, precisamente, estuvieron varios de los detenidos.
Al margen de estas consideraciones, el ministro, que no dio pie a explicar las filtraciones a prensa, se refugió en su discurso habitual de rechazo a la negociación, asegurando que la redada es «un paso más en la disolución definitiva de ETA».
Previamente, el conflicto vasco había estado presente en el Comité Ejecutivo del PP a través de Mariano Rajoy, que insitió en defender el inmovilismo como estrategia, y de Esperanza Aguirre, que abogó por cambios legislativos para «impedir» comparecencias como la de Durango.
[Fuente: Gara, Donostia, 09ene14]
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