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14may01
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 184
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles, 14 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps) para informar sobre:
- El contencioso de Gibraltar. A petición propia. (Número de expediente 214/000051.)
- Contenido y consecuencias del acuerdo alcanzado el día 19 de abril de 2000 entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000007.)
Preguntas:
- Del señor Estrella Pedrola (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsiones acerca de la reanudación de las reuniones ministeriales hispano-británicas recogidas en el proceso de Bruselas sobre Gibraltar. (Número de expediente 181/000484.)
- Del mismo señor diputado, sobre consecuencias del acuerdo sobre Gibraltar alcanzado en el mes de abril de 2000 firmado entre España y el Reino Unido. (Número de expediente 181/000485.)
- Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre conclusiones derivadas de la última reunión del comité hispano-británico. (Número de expediente 181/000657.)
Continuación de la comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps) para informar sobre:
- La reparación del submarino nuclear Tireless. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000290.)
Preguntas (continuación):
- Del señor Encina Ortega (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la posibilidad de verificación por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear de las pruebas hidrostáticas de presión, una vez concluida la soldadura en el circuito de refrigeración del submarino HMS Tireless.(Número de expediente 181/000460.)
- Del mismo señor diputado, sobre modo en que se llevará a cabo la puesta en marcha del reactor del submarino Tireless. (Número de expediente 181/000461.)
- Del mismo señor diputado, sobre razones por las que se está realizando la reparación del circuito de refrigeración del submarino nuclear HMS Tireless sin una verificación in situ de técnicos españoles. (Número de expediente 181/000462.)
- De la señora Romero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre opinión del Gobierno acerca del plan de actuación previsto para el Tireless, e información recopilada y facilitada al respecto.(Número de expediente 181/000466.)
- Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre estado del proceso de reparación del submarino nuclear HMS Tireless. (Número de expediente 181/000656.)
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a la firma de las convenciones interamericanas sobre restitución y sobre tráfico internacional de menores. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 181/000514.)
Dictamen sobre:
- Tratado sobre el Estatuto jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000. (Número de expediente 110/000066.) 5442
- Convención sobre las misiones especiales y protocolo facultativo, hecha en Nueva York el 8 de diciembre de 1969. (Número de expediente 110/000067.
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión, agradeciendo la presencia del señor ministro de Asuntos Exteriores. Como cuestión previa quería recordar a SS.SS. lo que la Mesa y portavoces acordamos el último día. En la Comisión de hoy tenemos la presencia del señor ministro para celebrar dos comparecencias sobre dos temas distintos. Como concurre, además, la presentación por distintos grupos parlamentarios de algunas preguntas relacionadas con los mismos temas de las dos comparecencias, la Mesa y portavoces decidió subsumir las preguntas dentro de las comparecencias, de tal forma que en el punto primero empezará el señor ministro con la comparecencia, a petición propia, para informar sobre el contencioso de Gibraltar. A aquellos grupos que habían presentado preguntas referentes a este mismo tema, les rogaría las formulen en su primera intervención. El señor ministro les responderá y daremos un turno de réplica, teniendo en cuenta que ha habido unas preguntas. O sea, que consideraré que es una situación distinta, puesto que no es una simple respuesta a la comparecencia, sino que nos estamos refiriendo a unas preguntas. Lo mismo haremos con la segunda comparecencia, referida a la reparación del submarino nuclear Tireless. También existen preguntas y estableceremos el mismo sistema que en esta primera comparecencia.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (PIQUÉ I CAMPS) PARA INFORMAR SOBRE:
- EL CONTENCIOSO DE GIBRALTAR. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000051.)
- CONTENIDO YCONSECUENCIAS DEL ACUERDO ALCANZADO ELDÍA19 DE ABRILDE 2000 ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000007.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA REANUDACIÓN DE LAS REUNIONES MINISTERIALES HISPANO-BRITÁNICAS RECOGIDAS EN EL PROCESO DE BRUSELAS SOBRE GIBRALTAR. (Número de expediente 181/000484.)
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE CONSECUENCIAS DEL ACUERDO SOBRE GIBRALTAR ALCANZADO EN EL MES DE ABRIL DE 2000 FIRMADO ENTRE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO. (Número de expediente 181/000485.)
- DEL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO),SOBRE CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ HISPANO-BRITÁNICO. (Número de expediente 181/000657.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a los puntos 1 y 2, que son dos comparecencias. La primera del propio Gobierno, para informar sobre el contencioso de Gibraltar, y la segunda del Grupo Parlamentario Socialista, sobre contenido y consecuencias del acuerdo alcanzado el día 19 de abril de 2000 entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido. Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): He solicitado comparecer ante SS.SS. para resaltar las líneas esenciales de la política del Gobierno respecto al contencioso de Gibraltar, al igual que lo hice el pasado 8 de febrero ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, exponiendo unos planteamientos cuyo contenido deseo reafirmar hoy.
Para una España democrática, moderna y dinámica, que ha recuperado su papel en la historia de Europa y que cuenta con un creciente peso internacional, la pervivencia de la colonia de Gibraltar en nuestro territorio, además de la disputa territorial, es hoy en día una situación ya muy difícil de seguir compaginando con el mantenimiento de nuestro interés nacional y de la lógica política de seguridad y económica de nuestro espacio común, tanto en la Unión Europea como en la Alianza Atlántica. Llevamos 289 años soportando una colonia británica en nuestro territorio y en esta legislatura se van a cumplir los 300 años de la ocupación por la fuerza del Peñón. No se trata hoy de volver a convertir a Gibraltar en el centro que era de una política exterior propia de un país aislado políticamente se trata, muy al contrario, de situar el contencioso en los términos en que debemos afrontarlo a principios de este siglo XXI, como un anacronismo difícil de soportar y para el que es cada vez más urgente hallar una fórmula de solución siguiendo los mandatos establecidos para ello por la comunidad internacional. Gibraltar es uno de los últimos contenciosos coloniales que perviven a escala universal cuando ya han desaparecido Hong Kong, Macao o Boa. Esa colonia subsiste precisamente en una de las regiones más civilizadas, más avanzadas y en fase de creciente integración y, más en concreto, en un Estado miembro de la Unión Europea, como es España.
La cuestión de Gibraltar ha sido ya zanjada por Naciones Unidas, inscrita como colonia por el Reino Unido en el Registro de territorios no autónomos de las Naciones Unidas en 1946. El contencioso fue objeto, en la década de los sesenta, de numerosas resoluciones de la Asamblea General, que establecieron de manera inequívoca la aplicación para su solución del principio de integridad territorial. Aún hoy, año tras año la Asamblea General urge, mediante la oportuna decisión, a España y al Reino Unido a continuar las negociaciones para alcanzar una solución definitiva al problema de Gibraltar. Con vistas a ese marco negociador, las posiciones de España acerca del contencioso no han cambiado y han contado siempre con el pleno respaldo de las Cortes, que han adoptado numerosas resoluciones en su apoyo. Así, los sucesivos gobiernos de España han podido defender dichas posiciones, tanto en el plano bilateral como en el multilateral, con la fuerza que supone el respaldo de la institución que por antonomasia representa a la soberanía popular. Ningún gobierno puede hurtarse a las responsabilidades que conlleva la defensa de las posiciones de España en una disputa internacional en cuestiones de soberanía. Hoy, cuando nos encontramos a principios del siglo XXI, el Reino Unido sigue reacio a acometer las negociaciones sobre las cuestiones de soberanía que acordó iniciar con España desde 1980, al tiempo que reclama el diálogo bilateral para abordar temas de cooperación que tan solo pretenden, en muchos casos, reforzar la situación de privilegio y hasta de abuso de la colonia respecto del territorio circunvecino del Campo de Gibraltar.
Con el advenimiento de la democracia a nuestro país y nuestra incorporación a las instituciones europeas y euroatlánticas confiamos en que el diálogo con el Reino Unido daría sus frutos. Los inicios fueron prometedores, primero con la declaración de Lisboa, el 10 de abril de 1980, por la que ambos gobiernos acordaron iniciar negociaciones a fin de solucionar todas las diferencias sobre Gibraltar, sobre la base de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, y posteriormente con la Declaración de Bruselas, del 27 de noviembre de 1984, que al poner en marcha lo decidido en Lisboa reafirmó el tratamiento de las cuestiones de soberanía dentro del proceso negociador. Por vez primera el Reino Unido se comprometía así a negociar las cuestiones de soberanía. Con ilusión y esperanza el ministro de la época, el ministro Morán, presentó sus propuestas en la primera reunión ministerial del instituido proceso de Bruselas en febrero de 1985. Doce años más tarde, en diciembre de 1997, el entonces ministro Matutes presentaría las suyas en un postrer esfuerzo para revitalizarlo. Sin embargo, en estos 17 años el Reino Unido no ha estado dispuesto a iniciar una negociación real sobre la soberanía del territorio; lo digo con la grave preocupación que produce una negativa al diálogo pactado hace 17 años, reclamado año tras año en Naciones Unidas y que es el mínimo exigible a un socio en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea.
Sin duda Gibraltar es un contencioso relativo a una situación anacrónica contraria a la lógica de la historia. No es comprensible que en pleno siglo XXI un país amigo de España mantenga una presencia colonial con quien le une un tratado de defensa y de asistencia mutua y con quien comparte el proyecto de futuro en una Europa unida. No debemos, sin embargo, engañarnos; tenemos un camino difícil frente a este contencioso que hoy se nos sitúa en tres planos. Primero, la negociación con el Reino Unido para la recuperación de la soberanía; segundo, la incidencia que el contencioso tiene en las organizaciones internacionales a las que pertenecemos, en particular en la Unión Europea, por la imposibilidad de llegar a acuerdos con el Reino Unido; en tercer lugar, las relaciones entre Gibraltar y el Campo.
En cuanto a las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar se enmarcan en el proceso de Bruselas. Como es bien sabido, por las declaraciones de Lisboa y Bruselas ambos países acordamos el establecimiento de un proceso negociador en el que serían tratadas las cuestiones de soberanía y la promoción de la cooperación en beneficio mutuo. La última reunión ministerial tuvo lugar en diciembre de 1997. Desde entonces, el Reino Unido ha alegado, primero, sobrecarga de trabajo con motivo de su Presidencia de la Unión Europea, que ejercieron en el año 1998, y un año después la crisis por la pesca en las aguas próximas al Peñón y que SS.SS. recordarán. La realidad, desde mi punto de vista, es más simple: la negativa del Reino Unido a hablar de soberanía con España.
La responsabilidad por la ausencia de resultados incumbe, por tanto, al Reino Unido que pretende privar de sentido y contenido al proceso al querer limitar el diálogo a las cuestiones de cooperación y negarse a abordar las de soberanía escudándose en los pretendidos deseos de la población. Para España, conforme a lo pactado, no puede haber negociación sin hablar de las cuestiones de soberanía en su doble vertiente del Peñón, territorio cedido en Utrecht, e istmo, ocupado ilegalmente por el Reino Unido, a quien no reconocemos título alguno de soberanía, habiendo reconocido la propia Cámara de los Comunes en el año 1981 que existen dudas sobre la soberanía británica del istmo. España ha dado suficientes pruebas de su talante negociador y amplias garantías de su disposición a satisfacer las expectativas de los gibraltareños, pero el Reino Unido, a diferencia de la actitud adoptada en otros procesos de descolonización en los que ha participado como metrópoli, no ha querido colaborar con España en el endoso de estas garantías frente a los ciudadanos de Gibraltar. El Reino Unido debería cumplir con los compromisos que asumió en Bruselas respecto de la soberanía y debería abordar con profundidad las ofertas hechas por España acerca del pleno respeto a las peculiaridades de autogobierno de la población y no debería utilizar a los gibraltareños para, cuando prácticamente ha concluido el proceso descolonizador, justificarse ante la opinión pública internacional por el mantenimiento de una colonia y una base militar en el territorio español a miles de kilómetros del Reino Unido y a la entrada del Mediterráneo.
En cuanto a la participación gibraltareña en las negociaciones, nuestra posición es clara. España desea esta presencia siempre y cuando los gibraltareños, como fue el caso hasta 1987 en la época del Gobierno local de Joshua Hassan, lo hagan dentro de la delegación británica. No somos nosotros quienes hemos cambiado de criterio; en los meses que transcurrieron entre la Declaración de Bruselas, noviembre de 1984, y la primera reunión a nivel ministerial, en febrero de 1985, el Reino Unido aceptó explícitamente ese planteamiento. Queremos que los gibraltareños, con plena libertad y sin trabas, como fue el caso mientras participaron, puedan exponer y defender sus criterios y posiciones, pero la cesión de la soberanía por el Tratado de Utrecht fue entre dos Estados soberanos, España y el Reino Unido, y con un compromiso británico de reintegrar Gibraltar a España el día que abandonara el Peñón. El istmo está ocupado ilegalmente y sin título alguno por el Reino Unido, como ya se ha dicho, y para decidir sobre estas cuestiones de soberanía del territorio no cabe un tercer actor. No es un criterio privativo nuestro, tampoco las Naciones Unidas legitiman al pueblo gibraltareño para ir en contra del principio de integridad territorial y son claras las limitaciones que impone el Tratado de Utrecht al Reino Unido para disponer sobre la soberanía.
Por otro lado, entre dos Estados que cumplen con sus compromisos internacionales no cabe preguntarse sobre la validez del marco negociador que acordaron en Bruselas. Para España, el valor de Bruselas es el de responder al compromiso asumido por el Reino Unido para abordar las cuestiones de soberanía. Lo importante es que finalmente pueda producirse el diálogo sobre eso, sobre la soberanía, y si hasta la fecha no se ha producido no es a causa del tipo de marco, sino a la falta de voluntad política real por parte del Reino Unido para solucionar el contencioso; en definitiva, por falta de voluntad de diálogo, y ello a pesar de que Gibraltar, lamentablemente, es un lastre en nuestras relaciones. Los intereses económicos, sociales y culturales entre el Reino Unido y España funcionan bien, pero a causa de Gibraltar mantenemos, en perjuicio de ambos países, una relación lastrada. El Reino Unido es nuestro cuarto proveedor, nuestro quinto cliente, visitan anualmente nuestro país cerca de 12 millones de turistas británicos y tenemos más de 200.000 británicos residentes; sin embargo, Gibraltar se interpone en nuestras relaciones bilaterales y éstas no alcanzan el nivel de las que mantenemos con otros Estados europeos. Al Reino Unido parece importarle más la base militar que el coste que supone que dos grandes Estados europeos y los 100 millones de personas que sumamos británicos y españoles no podamos desarrollar unas relaciones privilegiadas como es nuestro claro deseo.
A la ausencia de diálogo se añade la perspectiva de una reforma constitucional en la colonia, cuyos primeros pasos se están dando en Gibraltar. El Reino Unido pretende que su alcance sería mínimo. Le hemos hecho saber nuestra frontal oposición a cualquier modificación, por pequeña que sea, del estatus colonial de Gibraltar, de cualquier modificación constitucional en la línea de un mayor grado de independencia o de integración en el Reino Unido contraria al Tratado de Utrecht. De culminarse el proceso España consideraría la reforma como un acto hostil y de gravedad que podría originar, como ya dije en el Senado, un serio deterioro en las relaciones hispano-británicas. Dialogando es posible encontrar soluciones para la población y para la utilización de la base militar. Sin diálogo no cabe flexibilización alguna por nuestra parte y la negación del diálogo no es un concepto propio del tipo de relaciones que ligan a España y al Reino Unido dentro de la Unión Europea y de la OTAN. Como también dije en mi intervención en el Senado, proseguirán nuestras restricciones, en concreto las navales, entre Gibraltar y puertos españoles en ejercicios OTAN y habría que comenzar a replantearse el futuro uso de una base al margen de nuestros legítimos intereses de seguridad, como ha demostrado el caso del Tireless.
Sin diálogo y sin la más mínima evolución en las cuestiones de soberanía no nos queda otra opción que continuar con nuestra política de firmeza, empezando por la defensa de nuestras posiciones en los organismos internacionales --en esto quiero ser meridianamente claro--: siempre los plantearemos, como es lógico, en cualquier organismo internacional, cuando consideremos que nuestras posiciones de principio sobre el contencioso puedan verse afectadas. Lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo. Poco importa que se trate de la puesta en marcha de un cielo único en la Unión Europea, cosa que realmente apoyamos, o de la consideración de Gibraltar como paraíso fiscal en la OCDE, o de su candidatura en la UEFA; no se trata de elevar la solución del contencioso a esas organizaciones, cosa que nunca hemos hecho, pues entendemos que se trata de una disputa bilateral a resolver según el mandato de Naciones Unidas. Se trata tan sólo de evitar que puedan adoptarse decisiones en el seno de dichas organizaciones que dañen las posiciones de España en el contencioso. Desde el año 1992 estamos haciendo frente en Naciones Unidas a las continuas comparecencias, respaldadas por el Reino Unido, de las autoridades locales de la colonia. Los argumentos gibraltareños, como no podía ser de otra manera, no han encontrado eco alguno. Las Naciones Unidas ni han reconocido sus pretensiones sobre el futuro del territorio ni han variado su doctrina a favor de la aplicación del principio de integridad territorial para la resolución del contencioso.
En el marco de la Unión Europea seguiremos especialmente vigilantes para velar por la correcta adopción y aplicación de la normativa comunitaria y para rechazar cualquier intento encaminado a que Gibraltar fortalezca su situación de privilegio y excepcionalidad o adquiera un papel o competencias que como colonia no le corresponden. A este último aspecto responden los acuerdos hispanobritánicos de abril de 2000, también objeto hoy de la comparecencia, con motivo de la incorporación parcial del Reino Unido a Schengen. Su principal valor para nosotros radica en que niegan a las autoridades locales gibraltareñas capacidad de interlocución directa en el ámbito comunitario, algo que según el artículo 299.4 del tratado sólo corresponde al Reino Unido.
Permítanme, señorías, que abra ahora un paréntesis en este sentido para informar sobre el contenido y consecuencias del acuerdo alcanzado el pasado 19 de abril entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido. Los representantes permanentes español y británico ante la Unión Europea firmaron en esa fecha unos acuerdos pragmáticos que dan solución a problemas de carácter técnico pero que en ningún caso tratan cuestiones de soberanía. Estos acuerdos son, en primer lugar, sobre autoridades gibraltareñas y es el más importante de los alcanzados. El punto central del mismo consiste en que comenzará a operar en Londres, en el Ministerio británico de Asuntos Exteriores, una oficina de enlace con las autoridades gibraltareñas que se encargará de asumir y de canalizar las comunicaciones o decisiones procedentes de o dirigidas a ella. Con este acuerdo se pone de manifiesto que las autoridades gibraltareñas carecen de competencia exterior por sí mismas y que es el Reino Unido el que asume su relación exterior y quien se responsabiliza en último término de la actuación de dichas autoridades. Gracias a este acuerdo se han desbloqueado una serie de directivas comunitarias, principalmente en los ámbitos de justicia y mercado interior. En segundo lugar, existe un acuerdo sobre el documento de identidad gibraltareño. El formato de este documento cambiará para ajustarse a las exigencias planteadas por España para que sea considerado como válido a efectos de viaje. La denominación Reino Unido deberá aparecer encima de Gibraltar en la parte frontal del documento y en el reverso, como oficina expedidora, en vez de Gobierno de Gibraltar deberá constar Oficina del registro de civiles Gibraltar, validado a efectos de viaje en la Unión Europea bajo la autoridad del Gobierno del Reino Unido.
A estos acuerdos hay que añadir el acuerdo bilateral de cooperación policial, que fue firmado el 29 de mayo del año pasado por los ministros de Interior español y británico en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, que aprobó la entrada parcial del Reino Unido en Schengen. Consiste en un acuerdo de cooperación transfronteriza a nivel local entre la Policía nacional y la Guardia Civil por parte española y la Royal Gibraltar Police, dependiente del gobernador, por parte británica. El acuerdo prevé la designación de oficiales de enlace y líneas permanentes abiertas telefónicas, de radio y de telex. La colaboración puede abarcar toda clase de criminalidad. Estos acuerdos poco afectan a los controles en la verja, de una parte porque son principalmente de carácter aduanero y de otra parte al haberse autoexcluido el Reino Unido y consiguientemente Gibraltar del espacio único Schengen de supresión de controles.
En todo este contexto debo decirles que tampoco aceptaremos que en un foro internacional nuestras posiciones de principio en el contencioso puedan verse afectadas o devaluadas. Ello está afectando estos días, como SS.SS. conocen perfectamente, a la propuesta de futura normativa comunitaria para la reglamentación del llamado cielo único europeo, del que España, como ya he dicho, es firme partidaria. En 1987, con motivo de la adopción por la Unión Europea del primer paquete de normas de transporte aéreo, España y el Reino Unido alcanzamos el acuerdo sobre el aeropuerto de Gibraltar y pactamos con tal motivo la inclusión de dos cláusulas en las normas comunitarias, imprescindibles para evitar prejuzgar sobre el contencioso de soberanía del istmo. Tampoco aquí hemos sido nosotros quienes hemos cambiado de opinión. Después de incluirse estas cláusulas, con el asentimiento de España y del Reino Unido desde 1987, en un total de ocho reglamentos, directivas y decisiones del Consejo sobre transporte aéreo, formando por ello parte del acervo comunitario en la materia, el Reino Unido desde hace dos años objeta su inclusión sin base alguna para ello, pues no ha habido la más mínima evolución respecto de la disputa territorial en cuestión. Debe recordarse a este respecto que el propio Tribunal de Justicia de la CEE ha reconocido que esta disputa supone un obstáculo objetivo a la aplicación del derecho comunitario al aeropuerto del istmo y que justifica la inclusión de las cláusulas. Ante la oposición británica a la inclusión de las mismas, la normativa aérea europea amenaza con verse de nuevo bloqueada y la Comisión ha optado por aplazar la propuesta sobre el cielo único europeo. Esperamos que el Reino Unido reconsidere su posición.
En cuanto a las relaciones entre Gibraltar y el Campo, un incremento de la cooperación haría que las poblaciones de uno y otro lado de la verja tuviesen intereses compartidos; esa convergencia de intereses ayudaría a desdramatizar el contencioso, enfocándolo de una manera más natural. El Reino Unido y Gibraltar, sin embargo, entienden por cooperación algo muy distinto: mecanismos para consolidar e incrementar la situación de privilegio y excepcionalidad de la colonia a expensas de España y en especial de la zona circunvecina del Campo, sobre la que ejerce un efecto negativo al impedir la existencia de un marco económico homogéneo en el que se desarrolle la economía de las localidades del Campo sin sufrir las limitaciones y la competencia desleal desde la colonia de Gibraltar.
La primera medida de la llamada cooperación fue la apertura de la verja para el tráfico peatonal en diciembre del año 1982, al amparo del nuevo clima bilateral con el Reino Unido, con quien dos años antes, en Lisboa, habíamos acordado iniciar las negociaciones para solucionar nuestras diferencias. Debo recordar que fue una concesión unilateral que obedeció por nuestra parte a razones humanitarias, las mismas que 100 años antes nos movieron a dar facilidades de asentamiento en la zona del istmo ante las epidemias que padecía la colonia.
Desde la apertura de la verja han transcurrido casi 20 años y el resultado es que nuestros gestos de buena voluntad no se han visto correspondidos ni siquiera con la apertura del diálogo sobre la soberanía. Gibraltar ha logrado no sólo ser autosuficiente sino incluso próspero, muy próspero económicamente y el Reino Unido ha conseguido disponer de una base militar sin coste alguno.
Cuando en el año 1976 el Reino Unido se incorpora a la entonces Comunidad Europea negocia para Gibraltar un régimen especial en su acta de adhesión, en virtud del cual se excluye al territorio gibraltareño, entre otros, de la Unión Aduanera, del IVA y de la política fiscal armonizada. Ahora bien, una cosa es que los ciudadanos de Gibraltar no paguen aranceles o que no paguen el IVA por los productos que no puede producir y necesita consumir y otra muy diferente es que se aprovechen de esta situación de excepcionalidad para ejercer sobre el territorio limítrofe una competencia desleal en proporciones que no son justificadas ni razonables, todo ello afectando a las posibilidades de que un mayor bienestar económico pueda llegar al Campo y a los ingresos fiscales de la Hacienda pública española. Durante 1999, por ejemplo, fueron despachadas en la aduana de la verja, procedentes de España y con destino a Gibraltar, 23 millones de cajetillas de tabaco y 27 millones de litros de carburante para automóviles. Es evidente que son volúmenes que no se corresponden con los cerca de 30.000 habitantes de la colonia y menos aún en lo referente al carburante teniendo presente el reducido parque automovilístico local y el espacio de que disponen los vehículos para circular. Ello, como es natural, afecta al número de gasolineras o al número de estancos en la zona del Campo.
Las cifras hablan por sí solas. Antes de la apertura de la verja, el 60 por ciento del presupuesto gibraltareño provenía de los gastos militares del Reino Unido; éstos apenas representan hoy un 3 por ciento. En 1982, la renta per cápita era de 3.330 libras esterlinas; hoy se ha multiplicado casi por cinco y está próxima a las 15.000, es decir, cerca de un tercio superior a la media de España y más del doble que la media de Andalucía. La renta del Campo de Gibraltar no ha seguido en modo alguno dicho proceso. Sin embargo, todavía eso parece poco y el Reino Unido apoya la idea de que la Comisión estudie a España por los controles que tenemos en la verja, a pesar de que son proporcionados, no obedecen a motivaciones políticas sino a obligaciones comunitarias por el hecho de que Gibraltar está fuera del IVA y del territorio aduanero de la Unión Europea. Si de algo pecan es más bien de cierta laxitud. Además, no fuimos nosotros quienes erigimos la verja en el año 1908, ni quienes excluimos al territorio gibraltareño de la Unión Aduanera o del espacio único Schengen. Por lo demás, la atracción de estas ventajas es clara: el año pasado cruzaron la verja siete millones de personas, un 19 por ciento más que en el año 2000.
Otro ejemplo de cooperación en desigualdad lo tenemos en telefonía. España, con 40 millones de habitantes, dispone de 17 millones de líneas telefónicas fijas. Gibraltar, con 30.000 habitantes, nos solicita un millón de líneas adicionales a las que ya generosamente les concedimos en el año 1986, igualmente sin contrapartidas. La petición es a todas luces desorbitada. Se explica, sin embargo, al comprobar que las comunicaciones telefónicas en Gibraltar no están gravadas con el 16 por ciento del IVA, como sucede en España. En resumen, se pretende ejercer de nuevo una competencia desleal y además, en este caso, que seamos nosotros quienes les proporcionemos los medios. Sin duda, los ciudadanos de Gibraltar viven muy bien, como hemos dicho, gracias a su gigantesco duty free, que sirve básicamente a una población española de 250.000 personas en un radio de siete kilómetros, gracias a su paraíso fiscal, gracias a sus 85.000 sociedades inscritas y también a su entramado logístico de tráficos no lícitos, que desgraciadamente aún subsisten.
Pero, ¿de qué vive Gibraltar? No vive del Reino Unido que, desde hace años, se ha desentendido económicamente de su colonia. Gibraltar vive gracias a nuestra permisividad y buena vecindad y más concretamente a costa del Campo de Gibraltar y de la Hacienda pública española. Y cooperar es algo muy distinto de lo que nos quieren hacer creer tanto el Reino Unido como Gibraltar. Cooperar es generar condiciones de cooperación económica más homogénea y de beneficio mutuo; es terminar con el trato discriminatorio que reciben nuestros pensionistas españoles ex trabajadores de la colonia; cooperar es que el Reino Unido asuma su cuota de responsabilidad y ponga fin a la opacidad societaria y financiera existente hoy en la colonia; cooperar es que el Reino Unido trasponga al territorio gibraltareño la normativa comunitaria en materia de medio ambiente para recuperar y preservar para nuestros hijos el entorno de la bahía de Algeciras; cooperar es imponer la lógica del sentido común y evitar que el aeropuerto de Gibraltar continúe suspendido del régimen europeo de aviación civil por bloqueo del acuerdo bilateral de 1987 y en perjuicio principalmente de la propia población y de la economía de la colonia.
No queremos en absoluto penalizar a los gibraltareños y deseamos sinceramente la cooperación a ambos lados de la verja, pero no podemos permitir ni un menoscabo de nuestras posiciones sobre el contencioso ni un aumento de los actuales desequilibrios entre Gibraltar y el Campo. Por nuestra parte continuaremos impulsando en el Campo de Gibraltar todas aquellas actuaciones, principalmente en materia de infraestructuras y equipamientos, y aquellas iniciativas que favorezcan su desarrollo para paliar e incluso para llegar a revertir el flujo de la actual dependencia. Somos los primeros en desear el bienestar económico de Gibraltar y de los gibraltareños, pero sobre bases sanas y en modo alguno aspiramos a hacer españoles a los gibraltareños. Nuestra reivindicación afecta sólo a las cuestiones de soberanía del territorio. Ahora bien, cooperación y soberanía son dos elementos concatenados según el proceso de Bruselas. Existen márgenes suficientes para el entendimiento. Los hubo cuando negociamos el acuerdo sobre el aeropuerto, en 1987, el entendimiento sobre la pesca, las aguas próximas al Peñón, en el año 1999, y el acuerdo mencionado sobre autoridades en el marco de la Unión Europea, CEE, y tratados conexos en el año 2000. Gibraltar, en lugar de ser el punto de desencuentro que es hoy, podría convertirse en nexo de unión entre el Reino Unido y España, en beneficio de la población del conjunto de la zona del Campo, pero debe imponerse el realismo. Y este realismo nos dice que al margen de las razones jurídicas que nos asisten no es posible un Gibraltar independiente que, al amparo de su régimen especial en la Unión Europea, está siendo financiado indirectamente por el presupuesto español y la competencia desleal, y de ello debe ser consciente el Reino Unido.
Es también absolutamente irrealista pretender mantener sin cambios una base militar instalada en un entorno urbano de las más de 250.000 personas del Campo de Gibraltar, sin ningún tipo de participación del Estado responsable de la seguridad de sus ciudadanos. Queremos llegar a una solución del contencioso y queremos llegar en términos de buen entendimiento. España sólo pide al Reino Unido lo que es natural entre dos Estados europeos socios, aliados y amigos: diálogo, que en una contradicción flagrante se reclama para las llamadas cuestiones de cooperación pero se niega para las de soberanía. Entenderíamos que en este contexto el Reino Unido nos hablase de su responsabilidad sobre los gibraltareños, pero no entendemos que siga pretextando los deseos de los gibraltareños para negarse al diálogo. España, como ya he dicho, ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de garantizar los intereses y derechos legítimos de la población gibraltareña, sus costumbres, sus instituciones, su régimen de autogobierno, y hemos dado sobradas pruebas de flexibilidad, incluso temporales, en términos de períodos transitorios de administración conjunta de la soberanía. La última vez que lo hicimos fue en las llamadas propuestas Matutes, presentadas en 1997, como documento de trabajo para iniciar una negociación.
El Gobierno, de conformidad con la proposición no de ley de 24 de febrero del año 1998, no escatimará esfuerzos para que el diálogo hispano-británico finalmente se produzca. Ello requerirá, por nuestra parte, perseverancia en la firme defensa de nuestras posiciones y continuidad en nuestra política. Mantengamos nuestro consenso y cohesión en este tema de Estado, que a todos nos afecta por igual, y transmitamos, desde la amistad más profunda, al Reino Unido nuestra voluntad, la de todos, de mantener una relación cada vez más estrecha y mutuamente fructífera. Ojalá eso sea posible. Mientras tanto el Reino Unido debe saber que Gibraltar es un obstáculo real.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. Señorías, al existir un grupo que ha solicitado la comparecencia y tener dos preguntas sobre la materia, en primer lugar, tiene la palabra este grupo proponente, en la persona de su portavoz, don Rafael Estrella Pedrola.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor ministro, me alegro de que la iniciativa del Grupo Socialista haya servido para que el Gobierno haga una declaración sobre su posición en relación a Gibraltar, posición que evidentemente no ha cambiado pero en la que el ministro ha introducido los nuevos elementos de análisis, porque Gibraltar, como ha dicho el propio ministro, es una realidad cambiante.
Querría hacer una serie de afirmaciones, que también se desprenden de la intervención del ministro, en las que creo que estamos todos de acuerdo. En primer lugar, la posición inalterable en cuanto a la reivindicación de la soberanía sobre Gibraltar, sin ningún tipo de matices, sin ningún tipo de fisuras.
En segundo lugar y coherente con ello, la oposición absoluta a cualquier posible alteración del statu quo de Gibraltar. No tiene viabilidad alguna cualquier discusión que pueda llevar a contemplar como posible la alteración de ese statu quo. Por la vía de la modificación de la llamada Constitución de 1969, por la vía de un supuesto proceso de autodeterminación, no cabe eso en el Tratado de Utrecht y, por tanto, cualquier paso que diera en ese sentido, cambiando la posición mantenida hasta ahora por el Gobierno británico, supondría una ruptura muy seria en el marco de las relaciones hispano- británicas, y creo que es importante que esto lo sepan los ciudadanos de Gibraltar, que están viviendo un proceso en el que les han embarcado sus dirigentes políticos, en el que aparece una tercera vía o una cuarta opción que no existe, porque solamente hay dos opciones para Gibraltar: el mantenimiento del statu quo actual o la aplicación de las cláusulas previstas en el Tratado de Utrecht. Creo que no debe llevarnos a más discusión el debate, que apasiona a algunos, que se está produciendo estos días en Gibraltar. Pero sí es importante, y el ministro ha hecho referencia a algunas resoluciones y algunas manifestaciones del Parlamento británico, que esto lo conozca el Gobierno británico, que lo conozcan los ciudadanos gibraltareños y sus autoridades y que también el Parlamento británico conozca todos los elementos. Probablemente usted todavía no dispone de la transcripción de las actas de la comparecencia del señor secretario de Estado, el señor Keith Vaz, el pasado día 7 de marzo, en la Comisión de Asuntos Exteriores, donde ha habido un debate sobre algunos de los elementos a los que usted se ha referido, y a ellos me referiré yo también.
La tercera cuestión es que --y lo ha dicho el ministro -- Gibraltar es mucho más que eso que el presidente del Gobierno definió como un grano, después de una entrevista con John Major. Creo que es mucho más que un grano, es un serio obstáculo para el mantenimiento de una relación normal entre el Reino Unido y España. Además, es un obstáculo creciente, porque esas relaciones se están viendo atravesadas, sobre todo desde el momento en que compartimos ámbitos multinacionales, por la cuestión de Gibraltar: en la Unión Europea, en nuestras negociaciones para la reforma de la estructura de mandos de la OTAN, etcétera, y en otros organismos a los que el ministro se ha referido. Por tanto, contamina el conjunto de nuestras relaciones, y deben ser conscientes el Parlamento y el Gobierno británicos de que esto no se puede mantener. También debe ser consciente, por supuesto, el presidente del Gobierno, señor Aznar, porque durante la legislatura pasada no parecía ser consciente de ello.
En cuarto lugar --y lo ha dicho el señor ministro-- existe una manifiesta falta de voluntad política por parte del Gobierno y del Parlamento británicos de abordar seriamente la cuestión de Gibraltar. Hasta ahora, la cuestión de Gibraltar no ha sido un problema para los británicos, pero deben asumir la realidad y abordarla como un problema, porque lo es.
En quinto lugar, que el marco para abordar las relaciones entre España y el Reino Unido con relación a Gibraltar, en todo lo que afecta a Gibraltar, existe, son los acuerdos de Bruselas. Hay un proceso existente, que puede ser modificable y perfectible, pero es el marco que hay y no puede ser sustituido por la nada. Por tanto, sería necesario volver al proceso de Bruselas y sería deseable que dentro de la delegación británica estuviera presente Gibraltar; creo que le hacen un flaco favor sus representantes al practicar la política de silla vacía.
Finalmente, estamos dispuestos a mantener y reforzar esta política de consenso, que no es un consenso meramente retórico sino que se tiene que basar en compartir análisis sobre las realidades y en compartir algo que difícilmente podemos hacerlo en un espacio abierto como éste, que es el diseño de estrategias, y a eso mi grupo va a estar siempre dispuesto, estrategias que a veces nos han separado. No voy a entrar a juzgar ahora la política seguida por su antecesor, por el ministro señor Matutes, en la que se pusieron en marcha lo que se llamaron medidas de retorsión. Creo que no merece mayor comentario, pero con su intervención y en líneas generales mi grupo se puede sentir bastante cómodo. Ha hecho el ministro referencia a esos cambios en la estructura de los medios de vida y de los medios económicos de Gibraltar y yo añadiría algunos. Gibraltar en los últimos años se ha convertido en el gran centro de apuestas del Reino Unido, es decir, las grandes casas de apuestas del Reino Unido se han trasladado a Gibraltar por una razón fiscal. Primero fueron a Irlanda, luego a Gibraltar y ahora parece ser que van a volver al Reino Unido. Hay 200 personas que viven de eso, que trabajan para eso en Gibraltar. Se habla ahora de que muchas de las empresas, no sé si son 70.000 ó 80.000 como dijo usted en el Senado u 85.000 como ha dicho ahora, podrían marcharse a las Malvinas ante la presión de la OCDE. Sería interesante que nos comentara algo sobre esto. Señor ministro, usted es dueño de sus actos, es dueño de sus palabras, también lo son los responsables del Gobierno británico, pero lo que les pediría a ambos es que lo que es patrimonio de todos, que es la información que avala esos actos y esas palabras, la recibiéramos con la mayor concreción posible. En esa comparecencia un diputado que no hizo lo que es práctica habitual en el Parlamento británico, como es declarar sus intereses, le llamaba a usted mentiroso. Se desprende más tarde que este señor parece tener algunos intereses en Gibraltar. Le llamaba mentiroso a cuenta de una afirmación que hizo usted en el Senado sobre que Gibraltar no estaba aplicando las directivas comunitarias. El diputado le dijo al señor Vaz: para mí esto es mentira y el señor Vaz afirma: lo que yo sé es que Gibraltar está haciendo sus esfuerzos para aplicar las directivas comunitarias. Le pediría que bien en este acto o bien ulteriormente tuviéramos información detallada de qué directivas se han traspuesto a lo largo del último año y medio o dos años, qué directivas no se han traspuesto, cuáles de las traspuestas no se están aplicando y qué consecuencias e implicaciones tiene eso.
Ha hecho el ministro referencia a las pensiones. Le pediría que nos dijera qué ha hecho el Gobierno para resolver este problema y para que los pensionistas puedan cobrar sus pensiones íntegramente desde España. Se ha referido el ministro a una economía parasitaria. Ya va siendo hora de que todos, y la sociedad española que en algún momento es quizá demasiado tolerante con ciertas prácticas, conozcan los elementos de eso que usted denomina economía parasitaria ¿Cuántas empresas españolas están establecidas en Gibraltar? ¿Cuántas entidades financieras están establecidas en Gibraltar? ¿Forman parte de esa economía parasitaria o no? ¿Qué inversiones se han realizado en España desde Gibraltar? ¿Podemos conocer a los españoles que han comprado casas en el Campo de Gibraltar o en la provincia de Málaga a través de inversiones opacas desde Gibraltar? Todo esto nos ayudaría bastante no solamente a situar lo que es Gibraltar, sino al daño que implica para España y para la economía española. En ese contexto, ¿en qué situación se encuentra, con relación a Gibraltar, la iniciativa de la OCDE sobre las prácticas dañinas? ¿Ha contestado Gibraltar o el Gobierno británico como responsable, a las peticiones de la OCDE o no?
El ministro ha hecho alusión a los teléfonos. Si realmente ha habido una petición formal de un millón de líneas, me llevo las manos a la cabeza a la vez que el ministro. Un millón de líneas, aproximadamente, es lo que tiene asignado la provincia de Cádiz ¿Para qué es ese millón de líneas? Si se trata de cooperar con la población, de facilitar que la población se comunique, mi grupo estaría de acuerdo en que el Gobierno tuviese un gesto y buscase la manera de mejorar esas líneas de teléfonos. Ahora, si se trata de establecer un dumping económico aprovechando que en Gibraltar no se paga el IVA, España no debe favorecer eso. Sería conveniente que lo conociera el Parlamento británico porque desde hace una semana ha jaleado a su Gobierno exigiéndole firmeza en el tema de los teléfonos, pero no veo en los documentos del Parlamento británico ninguna cifra. Sería bueno saber no sólo la cifra, sino también para qué se pretenden esas líneas. El Gobierno va a tener nuestro apoyo si se opone a que se establezca un distintivo o un código de área específico en la medida en que eso se pueda interpretar como un avance por parte de los gibraltareños en materia de soberanía. Mi grupo se va a oponer a cualquier cambio en el statu quo que afecte a cuestiones de soberanía.
Ha hablado del cielo único europeo y lo ha explicado claramente. Lo que me sorprende es que eso no haya tenido cauce a través del acuerdo sobre Schengen, porque éste no era solamente para Schengen, sino que se decía que se aplicaría esa fórmula de autoridad responsable a otros acuerdos en el ámbito comunitario y fuera de él incluso. Me sorprende esa situación, pero me gustaría que el ministro dejara claro si eso es lo que impide que haya un acuerdo sobre cielos abiertos en Europa o si existen otras dimensiones como, por ejemplo, la no disposición de la OTAN a ceder espacio aéreo del que tiene asignado para vuelos comerciales.
El acuerdo sobre Schengen tiene que ver, como toda la problemática de la verja, con la libre circulación. España tiene que mantener, aplicando el principio de libre circulación, un control sobre la verja, dada la especificidad de que Gibraltar es una zona que está fuera de la Unión Aduanera. Esos controles aduaneros tienen que perseguir el tráfico de productos que entren en España sin haber pagado el IVA. Sería importante, señor ministro, que quedara claro la mayor o menor dureza de los controles de la verja. En el Parlamento británico se publica una relación de la espera que existe que va de 30 minutos a 180 minutos ¿Persiguen controlar esos posibles tráficos ilícitos o constituye una medida de retorsión?. Si constituye una medida de retorsión quien la sufre no son los dirigentes de Gibraltar, no son las personas que se están beneficiando de los flujos de capital hacia Gibraltar; todos estos tienen sus barcos y yates y se van a Sotogrande y no pasan por la verja. Los que pasan son los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar y los gibraltareños que en su inmensa mayoría viven de otras actividades que no tienen nada que ver con actividades financieras. Por eso me alegro de que el ministro en su intervención haya hecho referencia a la población de Gibraltar.
Ha hecho mención de la zona y me alegro de que por fin la semana pasada, después de dos años y medio, el Gobierno se haya puesto las pilas y haya empezado a hablar con los alcaldes de la zona sobre posibles actuaciones concretas después de las grandes promesas que se hicieron en su momento y que se habían incumplido. Es importante que el Campo de Gibraltar reciba atención y apoyo por parte del Gobierno.
Señor ministro, no existe esa dicotomía entre cooperación y soberanía. Son cosas distintas, pero cuando se ha producido un avance en cooperación ha sido posible porque sin alterar el statu quo se ha dejado aparcada la soberanía. Repito literalmente las palabras que escribí hace dos años y medio y las palabras que pronunció el ministro Matutes al presentar el acuerdo sobre Schengen. Decía: Ha sido posible porque hemos aparcado la cuestión de la soberanía. Lo mismo cabe decir sobre el acuerdo para la creación del mando subregional de la OTAN, que ha sido posible porque España, sin renunciar a su soberanía, y el Reino Unido igual, han aparcado la soberanía para llegar a un acuerdo que convenía a ambas partes. Y no digamos ya el acuerdo de 1987. España no renunciaba a su posición, pero se buscaba un acuerdo.
En consecuencia, cualquier cooperación que no pueda ser esgrimida como avance en materia de soberanía ayudará a que se produzca esa integración sobre poblaciones a la que usted se refería, ayudará a que los ciudadanos gibraltareños perciban un horizonte distinto que el de seguir en la situación actual o el que les están ofreciendo, utópico e irreal, de integrarse en el Reino Unido. Hay posibilidad de cooperación y no se entiende, señor ministro, que a estas alturas, y esto no es culpa de este Gobierno sino de todos nosotros, por ejemplo no se haya desarrollado una mayor cooperación en materia de medio ambiente para evitar vertidos, algo se está haciendo; no se entiende que los jóvenes de Gibraltar en un mundo donde la comunicación es cada vez más fácil vayan a universidades lejanas en lugar de insertarse en universidades de su entorno geográfico. Yo creo que hay bastantes cosas que hacer en ese ámbito; o como en el ámbito de la cooperación en materia de prestaciones sanitarias, en donde se podía hacer perfectamente un convenio que no afectase a cuestiones de soberanía y que no se presentase como tal.
En definitiva, señor ministro, yo creo que aquí se inicia una nueva etapa de reflexión sobre el futuro de Gibraltar. En el Parlamento británico el otro día un diputado, criticando desde su perspectiva lo que usted había dicho en el Senado, decía con muy buena fe que estaba convencido de que Gibraltar sólo puede tener una solución regional, y está claro lo que eso implica; hay otras personas en el Parlamento británico que tienen otra actitud muy distinta. Yo creo que hay que volver al proceso de Bruselas, que hay que diseñar una estrategia española de relación con Gibraltar, coherente con el objetivo que tiene nuestro país, y en eso va a contar con todo el apoyo del Grupo Socialista. Probablemente necesitaríamos seguir este diálogo, y no sólo en este ámbito sino fuera de él. Le preguntaría, señor ministro, si ha solicitado usted o va solicitar formalmente al Gobierno británico una reunión del proceso de Bruselas en que se pudieran abordar todas estas cuestiones con claridad. Evidentemente, en la firmeza que ha señalado el ministro, va a contar con todo el apoyo del Grupo Socialista pero, insisto, firmeza llena de contenidos, y contenidos que tendríamos que trasladar --y esa puede ser la contribución de esta Cámara-- a nuestros homólogos en el Parlamento británico.
Esa es la posición del Grupo Socialista, a la que añadiría una reflexión. Da la sensación de que uno de los obstáculos para que se reuna la mesa de Bruselas es la existencia de un documento del Gobierno español, las llamadas propuestas Matutes, y que el Gobierno británico tendría que responder en la primera reunión de esa mesa de Bruselas. Yo entiendo que ese documento, que es formal, que es oficial, debiera tener un carácter de documento de trabajo, no es, en absoluto, aunque así se planteó inicialmente, una propuesta para decir sí o no, como se interpretó desde Gibraltar. Declarar formalmente su carácter de documento de trabajo, no retirarlo, probablemente permitiría volverse a sentar en Bruselas.
La señora PRESIDENTA: Hay otro grupo que también ha presentado una pregunta sobre este mismo tema. Para su presentación tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular en esta cuestión, señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Mi grupo, en primer lugar, señor ministro, quiere felicitarle por los acuerdos alcanzados. Creo que es importante señalar la trascendencia y la profundidad de los mismos y diferenciar muy claramente, o quizá discrepar sólo en ese punto con mi amigo el señor Estrella, que no se ha hecho renuncia alguna a la reclamación de la soberanía para poder llegar a estos acuerdos. La posición española siempre ha sido muy clara: la recuperación de la soberanía sobre el Peñón y la recuperación del istmo ilegalmente ocupado. La política española en materia de Gibraltar, y sobre todo relacionada con Europa, ha sido siempre muy clara y muy activa, y ha tenido la virtud de poder evitar goles que los británicos han intentado colarnos siempre utilizando la ventana o los resquicios que puede llegar a producir la política europea.
Para glosar un poco los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno español con las autoridades británicas a mí me gustaría decir con toda claridad que el acuerdo sobre autoridades tiene una trascendencia muy especial. Ha sido criticado tantas veces el famoso conceptode buzón, de mail box, por parte de los británicosdiciendo que era una cuestión menor y, sin embargo, la aceptación de este principio del mail box supone unavance sustancial en las posiciones españolas y una aceptación clara por parte de los británicos de nuestrastesis. Yo creo que además es importante recordar que las autoridades locales gibraltareñas han hecho ingentes esfuerzos para presentarse en el mundo y en Europa como autoridades competentes, y hay que recordar los contenciosos en torno a dos convenciones singularmente polémicas cuando se discutieron en el ámbito del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, y recuerdo especialmente el caso de Eurodac, que estuvo bloqueado durante muchísimo tiempo por culpa de una cuestión de autoridades, o la designación de autoridades competentes en materia de cooperación judicial.
Como veremos más adelante en la exposición de mi grupo, esta contaminación de las cuestiones europeas ha sido, por desgracia, una constante en las relaciones bilaterales entre nuestros dos países afectando además, también por desgracia y para irritación de muchos de nuestros socios, al resto de las cuestiones europeas.
En cuanto al documento de identidad, quiero señalar una cosa muy importante, y no voy a escatimar la crítica diciendo que hubo un intento torticero --y subrayo torticero-- por parte de las autoridades locales gibraltareñas de intentar presentarse ante la Unión Europea y el mundo como autoridad competente para expedir títulos de viaje para sus habitantes. Esto, gracias a la negociación llevada a cabo por su departamento, señor ministro, ha sido evitado, y hubiese tenido unas consecuencias realmente desastrosas para la posición española en torno a Gibraltar. Por eso yo creo que hay que recordar a todos los grupos que el Reino Unido carece de documento de identidad con fotografía y que, por tanto, la sola aceptación de que las autoridades británicas pongan bajo autoridad de su Gobierno el documento de identidad gibraltareño es un avance extraordinario en la posición y en la filosofía política de ese país, y además eso supone que nuestro Gobierno ha sabido imponer, contra su propia filosofía política, un documento de identidad bajo autoridad británica que ha abortado ese torticero intento de las autoridades locales gibraltareñas.
En cuanto al acuerdo policial, creo que es de una trascendencia que no hemos percibido aún. En Gibraltar, como ha dicho el señor ministro, hay 85.000 sociedades inscritas, de las cuales más de 70.000 tienen categoría de offshore. Obviamente hablar de lasitud fiscal sería ser muy blandos, sería una expresión realmente insuficiente para calificar lo que esta ocurriendo en el Peñón y en su sistema bancario; es indudablemente una ventana por la que puede colarse, si no se ha colado ya, cualquier forma de crimen organizado. Por tanto, en interés de las propias autoridades policiales británicas, que fueron las solicitantes, quiero recordarlo. También hay que hacer una loa, sin duda, a los beneficios de la cooperación policial que se han logrado en el marco del Tratado de Schengen que ha demostrado, contra viento y marea, su eficacia, y justamente por esa eficacia el Reino Unido, que era escéptico, recordémoslo, sobre la vigencia y validez del Tratado de Schengen, decidió que quería una entrada parcial en el mismo. Quiero decir que la libre circulación no estuvo en ningún momento sobre la mesa de la negociación, puesto que fueron los propios británicos los que dijeron que se excluían de su ingreso parcial en Schengen en la libre circulación, por aquella teoría que ellos siempre han mantenido de su insularidad y de la necesidad de mantener los dobles controles en su frontera; ha sido el gran problema de la convención de fronteras exteriores de la Unión Europea que tantas veces se ha achacado injustamente a España por cuestiones de Gibraltar, cuando eran los británicos los que, empeñándose en mantener la teoría de los dobles controles, habían bloqueado ese mismo convenio de fronteras exteriores y que habría sido bloqueado por ellos aunque nosotros hubiésemos levantado nuestras reservas sobre cuestiones de Gibraltar.
Desde luego el artículo 10 del Tratado de Utrecht establece una especie de derecho de tanteo y retracto, por ponerlo en términos de derecho privado de reversión a la soberanía española del Peñón si el Reino Unido decide dejarlo. Eso también incluye cualquier maniobra para dotar de una mayor independencia y cuasi independencia, podríamos decir, al Peñón.
Quiero decir, además, por entrar ya en las cuestiones de fondo, que la relación bilateral española está marcada, contaminada, como bien decía el señor Estrella, por este anacrónico tema colonial de Gibraltar, el único que queda en Europa y uno de los únicos que quedan en el mundo, con la particularidad de que se trata, si no nos falla la memoria, del único que no es un caso de isla, el único que tiene una vinculación a tierra firme. Además, es una cuestión completamente incomprensible que el Tratado de Utrech sea el cuerpo legal del siglo XVIII más citado y, por desgracia, el único que seguramente sigue siendo aplicado una y otra vez correctamente por una de las partes y no tan correctamente por la otra. Somos socios y aliados del Reino Unido y eso hace incomprensible para nuestro grupo político, para la opinión pública española, esta situación. Es incomprensible, ilógica, anacrónica. No podemos entender esto con nuestras excelentes relaciones políticas, logradas a pesar de Gibraltar, no olvidando Gibraltar; a pesar de Gibraltar, hemos construido estas relaciones y hemos conseguido una unidad de criterio en cuestiones europeas y en otras cuestiones estratégicas y fundamentales para la política exterior española; y cito como ejemplo las cuestiones sociales en el ámbito europeo o la preparación del trascendental Consejo Europeo extraordinario de Tampere, en octubre de 1999. La posición española siempre ha sido firme y la posición de este Gobierno ha sido siempre firme también. Nosotros queremos felicitarle, señor ministro, a usted y a su departamento, por mantener con toda claridad esa postura tradicional ya y, además, haber subido un escalón en esa reivindicación. Quisiera recordar que la parte británica ha desoído reiteradas veces la doctrina manifestada y mantenida por Naciones Unidas. Los esfuerzos españoles --lo ha citado el señor ministro-- son obviamente importantes; lo que nos parece más incomprensible es que, por desgracia, las reuniones tradicionales entre ministros de Asuntos Exteriores no se hayan celebrado en tanto tiempo. No parece excusa suficiente el que haya habido una sobrecarga de trabajo en la Presidencia de la Unión Europea. Es un tema que ha contaminado las relaciones bilaterales y que ha afectado seriamente las cuestiones europeas, también a muchos otros Estados miembros.
En cuanto a los problemas que se han derivado de los últimos acontecimientos en Gibraltar, obviamente está el que acabamos de citar sobre la implantación de la criminalidad organizada, la laxitud fiscal, puesto que es un paraíso fiscal, la presencia de esas empresas offshore. Pero mi grupo quiere hacer especial mención a la preocupación que nos producen esos nuevos intentos, realmente incomprensibles, por parte de las autoridades locales gibraltareñas de lograr una reforma constitucional que les permita un estatuto de cuasi independencia, aparcando las competencias del gobernador británico y, así, convertirse de facto en un Estado independiente. Para mi grupo eso es absolutamente inaceptable y yo estoy convencido de que de la comparecencia del señor ministro se desprende que el Gobierno español no va a aceptar este tipo de cuestión bajo ningún concepto.
Nosotros consideramos que esta es una cuestión profundamente desestabilizadora de las relaciones bilaterales, que es perturbadora. Nos topamos con este problema en cada esquina de nuestras relaciones bilaterales y en las cuestiones europeas más variopintas. Yo quisiera hacer una petición al Gobierno del Reino Unido: que deje de utilizar la política europea como una forma de tratar de meter goles al Gobierno español en cuestiones relacionadas con Gibraltar y lograr así algún tipo de aquiescencia o de ventaja que acabe demostrando que hay una posibilidad cierta de que Gibraltar se convierta --y no lo vamos a permitir, espero -- en un Estado independiente. La opinión pública no lo entiende. Los argumentos esgrimidos por el Reino Unido durante la dictadura no tienen validez. Somos una democracia plena, garantista y una de las más avanzadas del mundo; por tanto, no hay nada que temer respecto a la libertad y absoluta garantía de derechos y libertades para la población del Peñón. Nosotros pedimos que las relaciones bilaterales tengan un desarrollo normal, pero que no se olviden de la cuestión de Gibraltar. Hemos visto con preocupación cómo ha habido problemas en los ámbitos del tercer pilar, del primer pilar, en cuestiones de transporte aéreo, en el convenio ya citado de fronteras exteriores, y es evidente que tenemos el problema de presentarnos ante nuestros socios europeos como un país obsesionado con la cuestión de Gibraltar. No es una obsesión, es una justa reivindicación que, por desgracia, se hace presente por una estrategia política del Gobierno británico de intentar utilizar la política europea como una forma de consolidar su posición en torno a Gibraltar. Es evidente que esta cuestión impide una relación bilateral que podría ser realmente notable, por no decir excelente; podría ser una de las mejores relaciones en el marco de la Unión Europea. Tenemos intereses complementarios, tenemos tamaños similares, tenemos puntos de vista muy parecidos sobre muchas cuestiones. No es comprensible que esta cuestión, después de tantísimo tiempo, siga existiendo. Nosotros le pedimos al Gobierno británico una mayor flexibilidad en esta cuestión y, señor ministro, una vez más queremos felicitarle y animarle a que siga en esta línea.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Arístegui. Señorías, interrumpimos brevemente la sesión.
(Pausa.)La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión. Antes de dar la palabra al señor ministro, me gustaría saber cuáles son los grupos que desean intervenir.
(Pausa.)Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el representante del Partido Andalucista.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor ministro, ha hecho usted una exposición clara y contundente (que la exposición se haya hecho con calma no significa que no fuera clara y contundente) sobre la situación actual respecto del contencioso de Gibraltar; incluso ha descrito los distintos escenarios. Cuando observamos este problema desde Andalucía, concretamente desde el Campo de Gibraltar, siempre vemos esos dos planos o niveles que usted ha citado en muchas de las consecuencias del contencioso, por un lado el plano España- Reino Unido respecto a Gibraltar y, por otro, Peñón- Campo de Gibraltar; es decir, las consecuencias de la interacción que existe en el área del Peñón y en el Campo de Gibraltar. No es una relación de burbuja del Peñón respecto al Campo de Gibraltar, sino que, como usted ha descrito, señor ministro, hay una especie de entramado o red que mezcla los intereses y la superestructura de otras cuestiones que existen en el entorno de Gibraltar, a veces de forma neutra, a veces de forma positiva --en muy pocos aspectos-- y a veces de forma negativa. Hay otros dos niveles, que usted también ha descrito: una cosa es la población gibraltareña y otra el entramado de empresas, casi escenario de paraíso fiscal, en que se ha convertido el Peñón.
Señor ministro, nosotros coincidimos con el planteamiento que usted ha hecho de soberanía/cooperación; una soberanía de diálogo interrumpido en la que no se avanza y con una actitud del Reino Unido de evadir el encuentro y la conversación, mientras que se avanza en el sentido de llegar a acuerdos como el que nos ha descrito, de abril de 2000, sobre las autoridades de Gibraltar, la cooperación policial o el formato del documento de identidad, que nos parece una estrategia interesante para alcanzar la integración, que es lo que todos buscamos. El aspecto de la soberanía, con las dificultades que tiene, con la contundencia con que hemos de manifestarnos, con no dejar mover ficha al adversario para que adquiera mejores posiciones, no puede llevarnos al estancamiento respecto al avance de la integración y la cooperación.
Me gustaría, señor ministro, que si pudiera me ampliara una cuestión que ha citado y sobre la que podría avanzarse en paralelo a la otra importantísima de la soberanía: la utilización conjunta del aeropuerto. No se nos alcanza por qué se bloqueó esta cuestión. En algunas manifestaciones del Reino Unido se justifica por la falta de aprobación del acuerdo por la Asamblea gibraltareña, aunque cuando interesa se dice que en esta cuestión la Asamblea gibraltareña no deja entrar, y cuando hablamos del puerto o del Tireless --lo haremos a continuación-- no pesa tanto la Asamblea gibraltareña y el Reino Unido decide libremente lo que quiere hacer. Debiera avanzarse, señor ministro, en la dirección de desbloquear este importantísimo punto para el área de utilización conjunta del aeropuerto, que estaba bien resuelto en el acuerdo de no entrar en la cuestión de soberanía pero sí de algo que puede tener una influencia muy positiva en la economía del área que, como usted sabe, vive de forma importante no sólo del gran tinglado del puerto de Algeciras --puerto estratégico de los más importantes del sur de Europa-- sino del turismo, por su proximidad a una parte importante de la Costa del Sol, a Cádiz y a toda la zona del Campo de Gibraltar. Quisiera conocer su opinión sobre si se avanza en este sentido o si está paralizado el tema de la utilización del aeropuerto. Las consecuencias de las actitudes legítimas del Gobierno español y del Reino Unido respecto del contencioso provocan muchas veces un daño clarísimo en la economía del área y son absolutamente necesarias acciones directas, de choque, del Gobierno español sobre la economía de esa zona para compensar en cierta manera la situación que produce esa burbuja que no sabemos muy bien cómo terminará, sobre todo a corto y medio plazo, pero que distorsiona gravemente la economía, la población y el empleo del área.
Sólo quiero agradecerle su intervención y manifestarle el apoyo de los andalucistas a las tesis claras y contundentes del Gobierno en el planteamiento de la soberanía sobre Gibraltar.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Bienvenido, señor ministro de Asuntos Exteriores. Una vez más le ofrezco el agradecimiento de mi grupo por la información de la situación del contencioso con Gibraltar y sobre todo por el dato de la referencia al acuerdo técnico, como bien lo ha calificado el señor ministro, firmado el día 19 de abril del pasado año. Lo ha calificado el señor ministro de informe técnico y es cierto. Pero quiero adelantar la posición de mi grupo de apoyo al Gobierno español en cualquier momento y en cualquier circunstancia acerca de la política que está desarrollando sobre el contencioso de Gibraltar, dicho esto desde una concordancia de reivindicaciones y de ideas, porque coincido plenamente en la descripción jurídicohistórica que usted ha hecho al principio --es un anacronismo, es la situación de un territorio colonial ilegalmente ocupado-- y dicho también desde el escepticismo. Creo que no hay en el «Diario de Sesiones » del Congreso de los Diputados desde que existe --siglo XIX-- un tema tan recurrente, tan recurrido y tan presente. Tan es así que el tema es anterior al propio «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados del siglo XIX y, cualesquiera que hayan sido los foros, a España, al Gobierno español, desde principios de dicho siglo al día de hoy, no ha faltado esta palabra reivindicativa. De ahí que nuestra situación, dentro del escepticismo, sea la que expongo.
En la sesión de hoy se han dicho cosas interesantes, y mi grupo y yo pensamos que en cuanto se aparque la cuestión de la soberanía en toda negociación es por sistema un tanto que se apunta el Gobierno británico. Si ellos consiguen que el tema de la soberanía se aparque y se hable de otro cualquiera, ya en ese momento tienen un plus de seguridad de lo que se ha venido en llamar un no problema, basado muchas veces en la exquisitez de la diplomacia española, su prudencia, su sensatez y a situarnos en un terreno de reivindicación jurídica. Pero sigamos en ese terreno, señor ministro. No cabe otra solución entre países aliados como no sea la violenta, que no es de recibo ni ha lugar y ni siquiera goza del favor de la opinión pública española. Este es el drama de la diplomacia española en este tema en el que muchas veces se ve desasistida. Decía usted que de qué vive Gibraltar y aplicaba dos verdades objetivas: de la Hacienda pública española por un lado --una auténtica defraudación-- y de nuestra permisividad por otro. En la permisividad está la gran pregunta, porque muchas veces la diplomacia española y la reivindicación política se ven imposibilitadas por esta permisivilidad, porque los orígenes, razones y raíces de la permisividad son muy complejos.
¿Por qué hablo desde este escepticismo en mi memoria histórica de un tema que decía recurrente? Usted ha dado hoy aquí unas cifras, señor ministro, que definen verdaderamente cuál es la patología del problema hoy en día. Decía el ministro que puede haber una contradicción porque al Reino Unido le importa más la base militar que otras consideraciones. No lo creo. Pero si le importara la base militar y dado que el señor Estrella ha hecho un ofrecimiento de todas las fuerzas políticas de apoyo al Gobierno, tal como apoya mi grupo su política, señor Piqué, de diseño y de buscar en todos los foros posibles una estructura española propia del tema, hagámoslo verdad. Me alegro de que esto lo haya dicho el señor Estrella, en quien coincide --y le felicito por ello-- su condición de presidente de la Asamblea de Parlamentarios del Atlántico Norte. Digámoslo en todos los foros, sobre todo si hay un valor que supuestamente tienen los británicos, que en este momento se olvidan de que son miembros asociados con España del Atlántico Norte en igualdad de derechos. A cualquier foro que vayamos los parlamentarios españoles digámoslo, y desde mi grupo pequeño le brindo al señor Estrella que sume su valor no solamente testimonial sino eficaz a que en todos esos foros, sobre todo en la OTAN, se denuncie lo que el señor ministro ha denunciado aquí, en lo que ha habido concordancia, como bien ha dicho el señor Estrella en que no le molestaba la estrategia y la información que ha traído el señor ministro, sino todo lo contrario.
Señor ministro, ha dado usted una cifra verdaderamente significativa respecto al gasto militar, a raíz de la importancia como base militar. Pero inmediatamente la descalifica con exactitud diciendo que el gasto militar y lo que significa en cuanto al producto interior bruto de Gibraltar ha pasado del 60 al 2 por ciento; que la renta per cápita de Gibraltar no es que supere la de Andalucía, pero ahí está; que han cruzado la verja siete millones de personas; que la cifra de líneas telefónicas pedidas ha aumentado considerablemente. Todo esto, señor ministro, nos tiene que llevar a una nueva consideración del escenario. Gibraltar no es una base militar sino financiera. Este es el grave problema actual. Si Gibraltar fuera solamente una base militar el tema estaría resuelto, pero se mezcla con algo importante. A mi grupo Gibraltar no le importa como base militar, pero es que se trata de una base financiera. Si atraviesan la reja siete millones de personas, si el número de líneas telefónicas pedidas es tan significativo, si estamos poniendo encima de la mesa un contencioso sobre el cielo único europeo, hay que decir que el cielo por quien está ocupado actualmente no es por las líneas aéreas sino por las ondas de los teléfonos móviles, que es por donde se hacen todas las transacciones económicas y comerciales. Esa es la realidad de la tecnología moderna. La banca española tiene acciones en la banca británica. El Royal Bank of Scotland, por ejemplo, tiene sucursal abierta en Gibraltar. Ahí creo que está el meollo y la cuestión de este problema. La hipocresía diplomática británica nos molesta a los canarios --y hablo como diputado de Coalición Canaria--, pues hemos visto las trabas que el ministro de Economía, de Finanzas o del Tesoro ha puesto al régimen fiscal de Canarias. El Gobierno español ha tenido que hacer verdaderos esfuerzos para que se pudiera aprobar por la Unión Europea la zona especial canaria, haciendo incluso recortes, dado que se ha imposibilitado que la zona especial canaria, aprobada por la Unión Europea, fuera no un paraíso fiscal, sino que tuviera unas consideraciones armónicas con el régimen fiscal de Canarias, cuyo competidor inmediato es la base financiera de Gibraltar. La Unión Europea nos ha dicho que en la zona especial canaria no podemos tener ningún tratamiento financiero, sino productivo, industrial y además limitado. Esto es un agravio comparativo que usted puede utilizar, señor ministro, frente a los colegas británicos. No se puede limitar la zona especial canaria a 10 ó 15 años llevando 300 denunciando el Tratado de Utrech y, en cambio, transformar una base militar en una base financiera por vía de la tecnología moderna, de los circuitos financieros, de la economía globalizada. En este momento es prácticamente imposible para la diplomacia y para la política española erradicar y situar esas raíces en un cierto contexto y nos tenemos que manejar con una figura cínica en toda nuestra relación. Ya va siendo hora de que tengamos una estrategia común en todos los extremos.
Señor ministro, esta historia interminable debe servirle de aliciente, igual que a la política del Gobierno español. Sean cuales sean los parámetros pragmáticos y reivindicativos, nos debemos mantener en esa línea de reivindicación que al menos nos honra en cualquier confrontación internacional, aunque los resultados sean otros, pero no serán debidos a ninguna espuria intención del Gobierno. Tenemos que seguir reivindicando, aunque sea una obligación histórico-política en esta cuestión y que sean otros escenarios financieros los que permitan buscar una solución. Por lo demás, nuestra coincidencia con el trazado que usted ha hecho, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Por el grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor ministro, por su intervención, en la que sin ningún matiz le diría que estoy absolutamente de acuerdo; incluso le felicito por el tono, por el fondo y por la forma. Creo que el tono de su intervención, por su claridad y por la firmeza con la que se ha planteado, es exactamente la forma como hay que afrontar este tema. Desde el punto de vista de mi grupo, quiero que sepa-- y empiezo con ese pronunciamiento nítido-- que tiene el más absoluto apoyo de este grupo parlamentario en lo que es un cierto renacimiento o reaparición de la conflictividad en el ámbito de Gibraltar, en lo que es el conflicto histórico de Gibraltar. Nosotros entendemos que un supuesto y aparente derecho a la autodeterminación choca aquí --supuesto, porque habría que ver cuál es el pueblo que pretende autodeterminarse -- con un clarísimo principio de integridad territorial. Por tanto, no nos dejamos engañar por supuestos planteamientos de puro Derecho internacional clásico. En cambio, compartimos absolutamente, sin ningún matiz, sin ninguna nota a pie de página, toda la crítica que ha formulado en su intervención sobre lo que supone tener una economía parasitaria, sobre lo que supone tener una base militar que le está saliendo gratuita a un socio y que sin embargo ese socio no permite que el Estado que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de sus ciudadanos vele por la seguridad de aquellos que podrían verse afectados por esa base; un socio que de hecho está despreciando, tanto en el marco de la Alianza Atlántica como en el marco de la nueva política europea de seguridad y defensa, un marco normal de confianza respecto de esas instalaciones militares, como se demuestra en ese episodio específico que no es objeto de esta comparecencia pero que evidentemente flota en todas nuestras intervenciones, aunque será objeto de la comparecencia siguiente. Por tanto, creo que hay que ser muy firmes y muy coherentes. Sepa que tiene nuestro apoyo en la firmeza y en la coherencia. En la firmeza porque las anunciadas reformas constitucionales en Gibraltar pueden abrir un momento de crisis de enorme calado. Usted tiene que saber que tiene todo el Parlamento detrás, tiene claramente a este grupo parlamentario, y creo --por lo que deduzco de las intervenciones -- que también tiene a los demás. Por tanto, es necesario la firmeza. No se trata de entrar en planteamientos militares ni de hacer grandes retóricas, pero sí de que al Reino Unido no le puede estar saliendo gratis este tema. Usted ha ido denunciando todas las medidas unilaterales adoptadas por España desde el año 1986 básicamente, obteniendo nada a cambio por parte del Reino Unido. Yo no las voy a repasar ni voy a decir si fue correcto o no tomar las decisiones que usted ha ido enumerando en distintos frentes. Simplemente creo que es necesario transmitir al Reino Unido no una revocación o revisión de esas medidas, desde la verja hasta otras que hay sobre la mesa, sino una posición clara de firmeza del Reino de España; es decir: hasta aquí. Porque o se empieza a parar hoy la situación en lo que supone una plaza parasitaria financiera pegada a nuestras fronteras, que no sólo es parasitaria en términos de competencia desleal sino que causa un grave perjuicio a la Hacienda pública española, que es de todos --también es evidentemente la nuestra-- o sólo puede ir a más. No hace falta pensar en Mónaco y Francia y las dificultades que le está planteando en este momento para saber a dónde podemos llegar si no empezamos hoy a actuar con firmeza. Evidentemente, Francia tiene sobre Mónaco la llave del control y, sin embargo, no la puede ejercer de hecho. Nosotros ni siquiera tenemos esa llave, y no la tendremos el día que de repente descubramos que tenemos un problema gravísimo en términos financieros y en términos de competencia desleal. Por ejemplo, ese millón de líneas telefónicas que hoy se está pidiendo a España es posible que en cinco años no se las tengan que pedir, es posible que por vía satélite sencillamente pueda hacerse. No lo sé, no quiero entrar en términos tecnológicos. Sólo digo que la dependencia tecnológica de España, las armas, entre comillas, que hoy puede tener España para intentar frenar o limitar el establecimiento y el desarrollo de esa plaza financiera en Gibraltar, en grave perjuicio de los intereses españoles, hay que aprovecharlas. En el futuro tendrá cada vez menos y, sin embargo, el perjuicio será cada vez mayor. Por tanto, hay que tener absoluta firmeza y al mismo tiempo absoluta coherencia. Hay que explicar de qué estamos hablando. En su momento, en alguna comparecencia con el ministro Matutes, incluso con el ministro del Interior, este mismo portavoz puso sobre la mesa lo que entonces fue una cierta contradicción, que por un lado se nos estuviera denunciando --y yo así lo creo, porque creo al Gobierno en este punto-- esa situación de parasitismo por parte de determinadas sociedades y que, sin embargo, la Agencia Tributaria, el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil, el Sepblac, el Servicio de prevención de blanqueo de capitales del Banco de España, no actuaran en correspondencia. Si de verdad nos creemos el discurso, vamos a poner todo el aparato del Estado al servicio de esto. Efectivamente, ahí sí se puede cerrar esa verja. No se puede cerrar la verja de los trabajadores, de los ciudadanos de a pie, porque causaría un grave perjuicio a ciudadanos que nada tienen que ver, o tienen que ver indirectamente, pero que no son los primeros responsables de esta situación. Pero hay una verja virtual que sí está en sus manos cerrar o limitar, aunque efectivamente pude causar perjuicios incluso a intereses financieros españoles que a través de inversiones indirectas se están aprovechando de la situación de Gibraltar. Ahí sí tiene no tanto su ministerio, sino otros ministerios de su Gobierno, muchos más instrumentos de los que hoy se están poniendo en práctica.
Aceptando su discurso y compartiéndolo absolutamente, lo que apoyaremos, más que exigirle, asumiendo el apoyo que se le va a dar, es la coherencia que supone pasar a otros departamentos ministeriales las consecuencias reales de lo que usted ha dicho hoy aquí. Porque la realidad es que en la Agencia Tributaria Gibraltar no es un dossier de primer orden, y no lo es en la Guardia Civil, y no lo es en la Dirección General de Registros y del Notariado, y no lo es en tantos y tantos departamentos ministeriales que podrían tener un dossier de Gibraltar y que si lo tuvieran habría unas verjas que se estarían cerrando y estarían causando un legítimo perjuicio, y valga la contradicción, a intereses financieros espurios que sólo se están elaborando a costa nuestra.
Finalmente, junto a ese apoyo, la única sugerencia que me atrevería a hacerle, por una cierta experiencia a base de participar en foros internacionales, es que el Gobierno español perfeccionara un poco la imagen en este tema. Porque aquí todos sabemos de qué estamos hablando, pero en París y en Estocolmo no lo tienen en absoluto claro. Por tanto, es muy importante que un sueco entienda --y cuando digo un sueco digo un ciudadano sueco, un empresario sueco o un parlamentario sueco-- por qué España bloquea y no proteste porque se bloquee, por ejemplo, el espacio aéreo único que estaba impulsando Loyola de Palacio (y que ya veremos si se bloquea del todo, está por ver, pero en todo caso ha podido quedar aplazado, y la prensa internacional hace dos días ya lo daba por bloqueado y por muerto) cuál es la situación del aeropuerto de Gibraltar.
Todo eso no lo podemos take for granted, si me permite la expresión. Hay que gastar dinero, hay que gastar recursos, hay que poner a las embajadas, y no sólo a las embajadas, a explicar en Europa, a todos nuestros actuales socios y a los creadores de opinión, que esto no es un conflicto pueblerino entre dos socios, que esto no es un perfecto conflicto entre Villarrubias de Arriba y Villarrubias de Abajo sobre quién es el dueño de tal granja, sino que estamos ante un problema de colonialismo, que estamos ante un problema de violación del Derecho internacional que está causando un perjuicio a todos nuestros socios en la Unión Europea. Por tanto, desde el pleno apoyo, sí les pido más esfuerzo de imagen, más esfuerzo de explicación, porque si no la batalla de la imagen, aunque sólo sea --y perdón por la tontería -- por razones lingüísticas, la va ganando el Reino Unido, por una cosa tan tonta como que la prensa británica se lee directamente en todas las cancillerías y en cualquier creador de opinión y, sin embargo, la prensa española no. Parece una pequeña tontería, pero a la larga no lo es. Es un detalle. Por tanto, más esfuerzo. Pero más que un tema de reforzamiento de imagen, sepa, insisto, y acabo como empezaba, que tiene usted todo nuestro apoyo en la firmeza que probablemente habrá que ejercer mucho más a partir de ahora si las reformas constitucionales van en la línea que parece que van, y le pido que anime a sus compañeros de Consejo de Ministros a aplicar, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, las consecuencias que para cada uno de ellos tiene aquello que hoy ha dicho usted aquí.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, tiene la palabra para responder a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señorías. Lo primero que quiero hacer es agradecer el apoyo de todas las personas que han intervenido en representación de sus respectivos grupos. Es algo muy reconfortante para el Gobierno y para el ministro que les habla porque estamos ante un tema de Estado, ante un tema en el que una posición única por parte de España es especialmente importante; y es especialmente importante porque todo este tema tiene muchos matices y muchas derivaciones, pero también hay algo que es evidente. Antes el señor Estella hacía referencia al debate en la Comisión de Exteriores de la Cámara de los Comunes del pasado día 7 de este mes de marzo, y las expresiones que se utilizan en el Parlamento británico --y puedo incluso comentarles algunas-- nos indican que hace falta un esfuerzo también del Parlamento español en ese sentido. Cito literalmente: Afirmó que el actual Gobierno británico estaba descuidando el tema de Gibraltar y que le importaba más su buena relación con España que sus obligaciones hacia los gibraltareños, leales súbditos de Su Majestad británica, por lo que consideraba que la actitud del Gobierno británico hacia España era excesivamente blanda.
Otro parlamentario le indicó al secretario de Estado, señor Vaz, que con la actitud de la Administración británica se estaba alentando la actitud desafiante de España, que siempre sacaba algo a cambio. Le respondió el secretario de Estado diciendo que la diplomacia británica estaba sabiendo seguir la tradición británica de su política exterior de no dar nada por nada y sacar siempre algo a cambio. Y así sucesivamente. Al final el presidente de la Comisión terminó la sesión subrayando que era opinión unánime de la misma que la actitud española con Gibraltar en cuanto a retrasos en fronteras, líneas de teléfonos, comunicaciones marítimas y aéreas, etcétera, era inadmisible, que la actitud del Gobierno británico al respecto no era lo suficientemente robusta, que para la Comisión las injusticias que España estaba cometiendo con Gibraltar tenían tanta importancia como las buenas relaciones que pudiera haber entre el Reino Unido y España, y que el Gobierno británico debía dar a la Comisión todo tipo de seguridades de que defendería los intereses gibraltareños.
Podría hacer alguna cita más, pero creo que son suficientes como reflejo de que estamos ante un problema --y lo expresaba muy bien el señor Guardans-- también de batalla por la opinión pública y de explicación, de pedagogía. Debo decir que la situación de España no es mala, y no es mala porque año tras año todas las pretensiones de las autoridades locales gibraltareñas, del propio Reino Unido, en el sentido de modificar el entramado internacional en Naciones Unidas que legitima plenamente la reivindicación española acaban en sonoros fracasos. Eso quiere decir que la opinión pública internacional en general conoce bien la naturaleza de la reivindicación española y la apoya. Pero puedo estar de acuerdo en que en determinados ámbitos ese esfuerzo tiene que incrementarse, sobre todo en términos de opiniones públicas concretas o de determinados líderes de opinión. Efectivamente, tenemos la barrera objetiva del idioma, que puede influir, pero hay que decir, en honor a la verdad, que en líneas generales la reivindicación española es bien entendida. Es cierto, no obstante, que en algunos momentos puede cuajar la idea de que España utiliza el tema de Gibraltar para bloquear determinadas iniciativas a nivel europeo. Por eso he insistido mucho en que somos firmes partidarios, por ejemplo, del tema del cielo único, del cielo abierto y hemos tomado la iniciativa que usted apuntaba, pero que ya está en marcha, y es que en el momento en que se produce esa decisión de retirada por parte de la comisaria De Palacio de su proyecto ante la Comisión, inmediatamente movilizamos a todas las embajadas en la Unión Europea para que informaran a sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores de cuál es exactamente la posición de España y en qué se sustenta. Ese tipo de labor se hace. Estoy dispuesto a aceptar que hay que seguir por ese camino e intensificar ese esfuerzo; me parece una buena sugerencia y vamos a meditar cómo hacerlo. También que todo el planteamiento que yo he trasladado a la Comisión debe guardar coherencia con la actitud del conjunto del Gobierno. En ese sentido también se está trabajando, pero creo que es uno de los puntos clave para que la firmeza de la posición española no sólo sea bien entendida sino que sea bien interpretada por parte de todos los actores en presencia. Yo agradezco, por tanto, el comentario.
El señor Mardones ha comentado algo que me parece que merece unas palabras por mi parte y es, aparte de recordarme la posición del Gobierno británico en relación con la zona económica de Canarias, que me parece sugerente y que con su permiso utilizaré, el tema de la base militar en relación con la base financiera. Es cierto que durante muchísimos años, hasta hace relativamente poco, Gibraltar vivía fundamentalmente de la base militar y, por tanto, había una dependencia de la población gibraltareña de la base. Lo que sucede ahora es que el Gobierno británico ha roto esa dependencia pero a base de darle otros medios de vidas, de propiciar otros medios de vida muchísimo mejores a los ciudadanos gibraltareños, de tal manera que están satisfechos con el nuevo statu quo y, por tanto, no es fácil que mientras tanto pongan en cuestión la permanencia de una base militar en su casa, porque estamos hablando de una base militar que está en casa de los gibraltareños, no es una base militar que esté en las afueras. Por tanto, creo que este es un tema de reflexión para combinar la voluntad británica de seguir disponiendo de una base militar en Gibraltar y, al mismo tiempo, la puesta en marcha de esa base financiera a la que el señor Mardones, con mucho acierto, hacía referencia.
Al señor Núñez también le agradezco su intervención y quiero decirle que estoy completamente de acuerdo con sus reflexiones en relación --y se ha referido también a eso el señor Estrella-- con tener una actuación muy contundente en el Campo y de apoyo al desarrollo económico del mismo. Ese es un tema del que se está hablando desde hace muchísimo tiempo, yo diría que décadas, y que cuesta mucho que cuaje, probablemente con el añadido ahora de que la propia singularidad de la economía gibraltareña actúa en términos parasitarios de absorción de la capacidad de desarrollo del Campo, razón de más, por tanto, para ponerse a trabajar aún más. Como recordaba también el señor Estrella ha habido una reunión con los alcaldes de la zona y se está actuando sobre cosas concretas y sobre presupuestos concretos que espero que puedan tener sus efectos de manera muy rápida.
En cuanto a algunos de los comentarios que se han hecho tanto por el señor Estrella como por el señor Arístegui, quisiera hacer una reflexión inicial, porque alguien se podría preguntar por qué el Gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores hace poco en el Senado y ahora en el Congreso, vuelve a poner el tema del contencioso de una manera clara y decidida no encima de la mesa, que lo ha estado siempre, sino encima de la mesa pública, por qué vuelve a llamar la atención de la opinión pública a través de las intervenciones en el Parlamento, que es como normalmente y de forma seria hay que hacerlo. Creo que hay una doble respuesta. Que nadie busque intereses oportunistas o circunstancias de la vida política del día a día que condicionen una actuación de fondo por parte del Gobierno español; eso constituye un profundo error.
Hay dos elementos que justifican el porqué el Gobierno español está haciendo lo que está haciendo. El primero es que no podíamos dejar que calara la sensación de que el proceso de Bruselas estaba muerto: en el año 1998 por la sobrecarga de trabajo alegada por los británicos, en el año 1999 por el conflicto del Piraña, el conflicto pesquero alrededor de las aguas de Gibraltar, en el año 2000 porque hay un cambio de Gobierno en España y mientras tanto ya se verá. Al final, para decirlo en términos jurídicos, lo que no podíamos hacer era dejar de interrumpir la prescripción del proceso de Bruselas. Por eso me parecía absolutamente importante que quedara claro en estos momentos que el proceso de Bruselas para España sigue siendo estando vivo y que hay que reiniciarlo. En ese sentido le puedo confirmar al señor Estrella que en torno a mi intervención en el Senado --no recuerdo si un poco antes o un poco después -- le mandé una carta a mi homólogo, al señor Cook, para pedirle formalmente reanudar las conversaciones de Bruselas, carta a la que todavía no he tenido respuesta. La segunda razón por la cual el Gobierno lo está planteando en estos términos es porque se están produciendo movimientos muy preocupantes en el sentido de avanzar hacia la autodeterminación --entre comillas, si se quiere-- de los gibraltareños, con las modificaciones constitucionales a las que desde el Reino Unido se les quiere quitar importancia pero que desde Gibraltar son claramente interpretadas como un avance hacia la autodeterminación, cosa que España, evidentemente, no permitir. Es claro que hay que transmitir un mensaje nítido a los gibraltareños de que si se sigue por esa vía van a entrar directamente, todavía más, en confrontación con España, que no puede hacer otra cosa que oponerse a esas pretensiones. Por ello hay que tratar este tema ahora, aprovechando el clima que siempre ha existido en la Cámara de unanimidad en torno a estas cuestiones, para hacer llegar al Gobierno del Reino Unido, al Parlamento del Reino Unido, a las fuerzas políticas, a los medios de comunicación y en general a la opinión pública británica que estamos ante un tema que para España es absolutamente esencial y que si para el Reino Unido en muchos momentos ha existido la tentación de considerar que era un no problema, para España es siempre un problema, y conviene que se sepa.
Algunas cosas concretas se han expresado como que las directivas no se cumplen, que básicamente son de medio ambiente, y en materia de sociedades y servicios financieros, cuestiones relacionadas con balances societarios y publicidad. En cuanto al tema de las pensiones a ex trabajadores españoles en Gibraltar, lo que sucede es que no han sufrido incremento en los últimos años y, en cambio, las de ex trabajadores gibraltareños sí gozan del complemento de un fondo especial que las hace, por tanto, más sustanciosas. Además, hay una circunstancia muy anómala que hemos puesto de manifiesto, y es que las autoridades locales de Gibraltar no quieren transferir por banco las pensiones a nuestros ex trabajadores, derecho que por otra parte se reconoce a todo trabajador de la Unión Europea, con lo cual tienen que ir a cobrar sus pensiones a las entidades financieras gibraltareñas. Son ejemplos de anomalías evidentes que debemos ver si se pueden ir corrigiendo, en la medida en que podamos disponer de esa información a la que hacía referencia el señor Estrella. Hay una información que es de carácter societario, tributario, fiscal, etcétera, que por su propia definición tiene el carácter confidencial de este tipo de información, pero hay otra información que puede ayudarnos a conocer la magnitud del problema y que yo me comprometo, en su caso, a ir trasladando a la Cámara porque creo que es bueno que todos los grupos parlamentarios dispongan de la misma información que el Gobierno. Respecto a las líneas telefónicas no tengo nada que añadir. Desde luego, estamos siguiendo el tema del prefijo con muchísimo interés; para nosotros es absolutamente esencial.
Es cierto que se está hablando de si al final el tema de la OCDE pudiera avanzar. Hace unos días estuve visitando oficialmente Chile y Argentina y en Argentina me preguntaron sobre el posible traslado de sociedades desde Gibraltar a Malvinas. Desconozco si esa circunstancia puede ser posible, pero creo que es bueno que Argentina conozca de primera mano nuestra experiencia respecto a lo que ha sido la transformación de Gibraltar para que pueda actuar, en su caso, sobre Malvinas de acuerdo con el apoyo tradicional que le hemos prestado, también en cuanto a su reivindicación sobre las islas.
Celebro que los grupos hayan interpretado que la posición del Gobierno es la que se debe mantener. Vamos a ser, por tanto, absolutamente coherentes con esa posición unánime. Estoy de acuerdo en que no sé si estamos abriendo un nueva etapa de reflexión, pero en cualquier caso sí creo que puede ser el punto de partida para reflexionar más a menudo sobre esta cuestión en la Cámara y, desde luego, para el Gobierno y entiendo que para el Parlamento todo lo que signifique avanzar hacia la reanudación del proceso de Bruselas debe ser en estos momentos, sin ninguna duda, el camino. Reiterando mi agradecimiento, no tengo nada más que añadir.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Está claro que es una aspiración irreal pretender cambiar el statu quo de Gibraltar y que, por tanto, España no puede permanecer cruzada de brazos. Ese impulso se está produciendo desde el año 1997. Naturalmente, es un tema entre el Reino Unido y su colonia, pero como afecta directamente a los intereses de España es algo que España tiene que abordar con el Reino Unido en todos los ámbitos, político y parlamentario, porque son los dos ámbitos donde se va a debatir en el Reino Unido, y no puede haber actitudes que permitan contemporizar con esa posible aspiración que, insisto, no tiene cabida en el marco del Tratado de Utrecht y que no sólo afectaría gravemente a los intereses españoles sino que, entiendo, abriría una brecha en las relaciones hispanobritánicas. De hecho, en esa comparecencia a la que usted y yo hemos hecho referencia, un diputado de un comité muy selecto, porque está formado por 10 miembros, decía (se supone que es una persona informada) que todos tendríamos que aplicar el principio de consentimiento si así lo deciden los gibraltareños, el Reino Unido (el Parlamento británico y su Gobierno) el Reino de España y la Unión Europea. Evidentemente, esto necesita mucha información, mucha clarificación, mucha firmeza y quizá no demasiada retórica. Es cuestión de poner las cosas muy claras; como también se deben poner claras en todo lo que afecta a los intereses económicos de España. Si en Andorra, por ejemplo, por su estatuto especial, se producen actividades que perjudican a los intereses económicos de España se actúa en cooperación o a través de los medios propios. Lo mismo ocurre con Gibraltar; es así de sencillo. Desde Gibraltar no se pueden adoptar prácticas que perjudiquen, más allá de su especificidad, a la normativa europea sobre mercado interior o sobre la competencia, y no se puede seguir manteniendo unas prácticas de opacidad fiscal. Entiendo que en eso el Gobierno está siendo activo en el marco de la OCDE, en una iniciativa que no persigue tanto combatir la competencia a través de la fiscalidad, sino evitar la opacidad y los tráficos ilícitos de capitales. Eso me parece bastante importante.
Yo creo, señor ministro, que es pertinente recordar que en las propuestas Matutes, que eran muy generosas, se ofrecía mantener el estatus actual de Gibraltar desde el punto de vista de su especificidad financiera y fiscal. Quizás esa es una razón más para que ese documento pase a ser un documento de trabajo. Incluso alguna expresión que se refería a la voluntad de los ciudadanos de Gibraltar, algo que el ministro Matutes introdujo en su declaración, es importante que se tenga en cuenta y podemos abrir un debate sobre ello, pero fue una actuación quizás excesivamente unilateral y poco meditada. La realidad es que, según interpreto de lo expresado por usted hoy aquí, existe no un cambio sino una nueva reflexión por parte del Gobierno, acabada ya por extinción la etapa de confrontación que vivimos en la legislatura pasada con el Reino Unido, que llevó a la más grave crisis de la historia de nuestras relaciones con el Gobierno británico sobre Gibraltar con la incomunicación absoluta entre los dos ministros, y entramos en otra vía donde el Gobierno define unos objetivos, que son los mismos pero acompañados de unos datos, de unos elementos de tensión, de unos elementos de distorsión que son los que están ahora encima de la mesa y que creo que si se explican suficientemente hablan por sí solos. Ahora sólo se necesita mayor información y mayor explicación a todas las partes interesadas, dejando claro que no va contra los ciudadanos de Gibraltar, que no es en absoluto una acción dirigida contra los ciudadanos que viven en Gibraltar, de sus puestos de trabajo, del comercio, etcétera, ni contra los trabajadores españoles, un millón aproximadamente de esos siete millones que cruzan cada día la verja de Gibraltar, sino que va dirigida contra unas formulaciones políticas que intentan galvanizarlos en torno a aspiraciones que son irreales. Porque lo que es penoso es que el debate en Gibraltar hoy sea en torno a esa aspiración y no en torno a la realidad de su convivencia con España, de su interrelación con España y de su interdependencia de España. Esos son los elementos que tendremos que abordar y sería importante que en esa reflexión y en ese diseño de estrategias hubiera una dimensión muy clara dirigida a la sociedad gibraltareña, a los ciudadanos gibraltareños, no a sus dirigentes, que también, sino a la sociedad, que también contribuye a conformar la posición de sus dirigentes. Yo estoy seguro de que muchos de los ciudadanos de Gibraltar no ven un horizonte de futuro en lo que le están planteando sus dirigentes, lo que pasa es que no tienen delante otro horizonte de futuro; nadie les da otro horizonte. Por tanto, creo que hay una labor que tenemos que hacer entre todos.
En cuanto al tema de la base, si me lo permite, entiendo que no estamos hablando de un problema de soberanía, que es permanente, sino que estamos hablando ante todo de una cuestión de seguridad y de transparencia y cooperación entre aliados. Creo que si lo abordamos y lo planteamos en esos términos estaremos en condiciones de hacerlo.
Queremos dejar claro que si a la España de Franco se le pudo dar una bofetada con la llamada constitución de Gibraltar, a la España democrática no se le puede hacer eso. Esto lo tiene que entender el Reino Unido, lo tiene que entender el Parlamento británico y será labor de todos nosotros hacerlo. Hemos perdido una oportunidad en esa dimensión de relación con la sociedad en los últimos meses. Por primera vez en muchos años la población a un lado y a otro de la verja ha estado unida en una actitud común de rechazo a la presencia del submarino Tireless en Gibraltar. Yo creo que es un ejemplo de que las poblaciones de los dos lados comparten problemas comunes y tienen un futuro común. Es una base sobre la que quizá tendríamos que trabajar.
Finalmente, señor ministro, después de esta comparecencia, creo que tiene usted una plataforma para seguir defendiendo los intereses de España y hacerlo de una manera inteligente, de manera serena, sin retórica, y de manera sólida y coherente en la que, desde luego, va a contar con el apoyo del Grupo Socialista.
CONTINUACIÓN DE LA COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (PIQUÉ CAMPS) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA REPARACIÓN DEL SUBMARINO NUCLEAR TIRELESS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000290.)
PREGUNTAS (CONTINUACIÓN):
- DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSIBILIDAD DE VERIFICACIÓN POR LOS TÉCNICOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR DE LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE PRESIÓN, UNA VEZ CONCLUIDA LA SOLDADURA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL SUBMARINO HMS TIRELESS. (Número de expediente 181/000460.)
- DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODO EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA PUESTA EN MARCHA DEL REACTOR DEL SUBMARINO TIRELESS. (Número de expediente 181/000461.)
- DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RAZONES POR LAS QUE SE ESTÁ REALIZANDO LA REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL SUBMARINO NUCLEAR HMS TIRELESS SIN UNA VERIFICACIÓN IN SITU DE TÉCNICOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 181/000462.)
- DE LA SEÑORA ROMERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL PLAN DE ACTUACIÓN PREVISTO PARA EL TIRELESS, E INFORMACIÓN RECOPILADA Y FACILITADA AL RESPECTO. (Número de expediente 181/000466.)
- DEL SEÑOR ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ESTADO DEL PROCESO DE REPARACIÓN DELSUBMARINO NUCLEAR HMS TIRELESS. (Número de expediente 181/000656.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Comparecencia del señor ministro, a petición del Grupo Parlamentario Mixto, para informar sobre la reparación del submarino nuclear Tireless.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué Camps): Señorías, comparezco nuevamente ante ustedes para informar sobre el estado de la reparación del Tireless, y lo cierto es que en esta ocasión es poco lo que puedo añadir sobre lo ya difundido por los continuos comunicados del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear sobre este tema.
La actuación del Gobierno en este caso ha estado marcada por todas las limitaciones derivadas del atraque del submarino militar británico en una base de una colonia cuya soberanía reivindicamos y cuyas actividades no controlamos, lográndose a pesar de ello un nivel satisfactorio de información y de garantías de seguridad. Como ya he reiterado, en estas circunstancias, la prioridad absoluta del Gobierno, que ha primado sobre cualquier otra consideración, ha sido y continúa siendo lograr por todos los medios a su alcance la máxima seguridad de la población y el medio ambiente. Como no podía ser de otro modo en materia nuclear, esta seguridad ha sido confiada al máximo organismo oficial competente en la materia, el Consejo de Seguridad Nuclear español, cuyo asesoramiento y seguimiento técnico puntual de la reparación nos permite afirmar que la seguridad ha estado garantizada desde la llegada del Tireless a la colonia. En ningún momento a lo largo del proceso de reparación ha existido riesgo para la población española del Campo de Gibraltar o para el medio ambiente. El Consejo de Seguridad Nuclear ha podido avalar hasta qué punto no se ha dado ningún paso en el proceso de reparación sin que se haya exigido al Gobierno británico estrictas medidas de seguridad, cuyo contenido ha sido puesto a disposición por las autoridades británicas y han sido contrastadas por los propios técnicos españoles del citado organismo de seguridad nuclear. El reactor está parado en condiciones seguras y con una muy baja tasa de generación de calor residual y no ha habido emisión radiactiva alguna. Los ciudadanos del Campo de Gibraltar pueden tener la absoluta garantía de que si en algún momento se hubiera dado una situación de riesgo, incluso de duda sobre las medidas de seguridad adoptadas, el Gobierno hubiera sido el primero en haber exigido la inmediata detención de la reparación, el traslado del submarino y su retirada de nuestras costas.
El Gobierno es consciente de que todo lo nuclear genera temor y también inquietud y tiene muy presente la preocupación de la opinión pública, en especial la del Campo, por la presencia del Tireless, pero no hay motivos reales para la inquietud social. Ciertamente, el Gobierno hubiera preferido que el Tireless no estuviese en Gibraltar y es el primer interesado en poner fin cuanto antes a esta presencia, pero, lejos de cualquier tipo de voluntarismo, las decisiones deben adoptarse de forma rigurosa y tratándose de un tema tan complejo como el de la energía nuclear ello sólo puede lograrse apoyándose en la opinión cualificada de expertos independientes del organismo de seguridad nuclear por antonomasia, que es el Consejo, y es lo que el Gobierno ha venido haciendo. Toda otra valoración, sin contar con el debido aval y el soporte técnico de un organismo como el Consejo de Seguridad Nuclear, carece de rigor y de la suficiente seriedad y no resulta responsable, sólo puede producir alarma social entre nuestros ciudadanos.
Por todo ello, el Gobierno ha actuado con toda seriedad y con responsabilidad, reclamando con insistencia todas las medidas de información necesaria al Gobierno británico, respetando en todo momento la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear, apoyando sus demandas y asumiendo sus dictámenes y sin inmiscuirse en los ámbitos de competencia que le son propios a este organismo.
El Gobierno ha mantenido la debida insistencia para exigir y lograr que el Gobierno británico suministrara información completa, continua, transparente y a satisfacción de nuestros expertos del Consejo de Seguridad Nuclear, según consta en los distintos comunicados emitidos por este organismo. Se ha establecido un grupo técnico hispano-británico que ya se ha reunido en siete ocasiones y con una periodicidad quincenal. La próxima reunión está prevista para el próximo viernes, en Madrid. Además, el contacto es permanente entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Panel Regulador Nuclear de la Armada británica. Nuestros técnicos han recibido información puntual sobre la avería y sus causas, el estado del reactor del submarino, los programas diseñados para la reparación del circuito de refrigeración, los trabajos acometidos y los resultados de las pruebas efectuadas sobre la fiabilidad de las distintas fases de la reparación ya ejecutadas.
Se ha logrado hasta la fecha, en definitiva, obtener transparencia informativa por parte británica, de cuyos datos se ha rendido regularmente cuenta a nuestra opinión pública. Semanalmente se publican en la prensa los informes sobre el estado de la reparación, además de los que se difunden por el portavoz del Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear, cada vez que hay reuniones del grupo técnico hispano-británico.
El proceso de reparación avanza con normalidad y dentro de los plazos previstos. A mediados de febrero se completó la soldadura de la nueva pieza de conexión a la tubería del circuito primario y se realizaron los controles de calidad con resultados satisfactorios. Esta semana está previsto que finalicen las actividades de mecanizado y de pulido de la parte interior de la soldadura. Cuando éstas terminen se realizarán los ensayos mediante radiografías y otros procedimientos, para determinar su estado final y, a continuación, según el programa establecido, se llevarán a cabo las tareas necesarias para la preparación de la prueba hidrostática que tendrá lugar, aproximadamente, a finales de este mes.
En relación con el arranque, según nuestros técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, al estar el reactor del Tireless frío, pues se encuentra parado desde mediados del año pasado, se precisará una fuente fiable y suficientemente potente de alimentación eléctrica, que sólo se puede proporcionar desde el puerto en condiciones de seguridad. Según el Consejo de Seguridad Nuclear, arrancar el submarino utilizando los generadores diesel de que dispone supondría un riesgo, dado que cualquier fallo en los mismos dejaría al submarino sin posibilidad de arranque nuclear y podría llegar a comprometer su capacidad de propulsión auxiliar. Por supuesto, cuando el reactor del submarino se detiene en alta mar, como fue el caso del propio Tireless antes de arribar a Gibraltar, se acude a estos generadores diesel, pero en estos casos no se requiere una fuente eléctrica potente, toda vez que no se precisa un calentamiento previo, al estar todavía caliente tanto el reactor como el refrigerante primario.
Respecto a otra posibilidad que se ha mencionado, la de utilizar un buque nodriza, los representantes de la Armada española consultados consideran que sería una temeridad, al tratarse de un buque nuclear y no poderse descartar un riesgo de colisión. En todo caso, el arranque sólo se realizará una vez se haya comprobado de forma absolutamente fehaciente la integridad de todos los sistemas del buque y haya resultado plenamente satisfactoria la prueba hidrostática. Para nuestros técnicos, superada con éxito la prueba hidrostática, el arranque del reactor es una mera operación de rutina, habitual en los controles de los países como el nuestro, que utilizan la energía nuclear para muchos usos. Según nuestros técnicos, la prueba hidrostática es, en definitiva, el momento crucial, ya que permite comprobar la integridad del circuito y, consiguientemente, su adecuado funcionamiento, la total estanqueidad, incluso en condiciones de temperatura y presión superiores a las normales, del funcionamiento del reactor, evitando todo riesgo en el momento de arranque del mismo. Por lo demás, la prueba hidrostática no reviste en sí misma peligro alguno, al realizarse con el reactor frío y apagado. En estos momento, y a petición del Consejo de Seguridad Nuclear, seguimos estudiando con el Reino Unido la fórmula para asegurar el seguimiento directo de la prueba por parte española.
También se ha suscitado el temor de que la base naval de la colonia de Gibraltar pueda convertirse, en el futuro, en una instalación permanente para la reparación de submarinos nucleares. Aeste respecto, el Reino Unido nos ha asegurado que se trata de un mero acondicionamiento temporal y que los equipos adicionales enviados se retirarán una vez que se efectúe la reparación del Tireless. Cualquier eventual incumplimiento futuro de este compromiso británico recibiría la adecuada respuesta por parte del Gobierno español.
Igualmente, una vez finalizada la reparación, el líquido extraído en su día del circuito de refrigeración, que se encuentra almacenado en contenedores especiales en el puerto de Gibraltar, será transportado al Reino Unido por el buque auxiliar Rosalie, atracado en la colonia. Prueba de la ausencia de riesgos efectivos por la reparación del Tireless es que nuestras autoridades de Protección Civil y del Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo la normativa vigente, no consideraron necesario adoptar un plan de emergencia y se inclinaron por un llamado plan de actuación que está plenamente operativo. Este plan de actuación es, según el Consejo de Seguridad Nuclear, coherente con los elementos de planificación del plan básico de emergencia nuclear de España y con el plan de emergencia nuclear de la Armada española, y es acorde con las recomendaciones internacionales en la materia.
Para el Consejo de Seguridad Nuclear, fuera del área circular de dos kilómetros en torno al submarino, no es precisa la consideración de medidas protectoras urgentes, salvo la previsión sobre la vigilancia radiológica hasta un radio de 10 kilómetros. Esta estricta vigilancia radiológica se estableció desde el pasado 19 de mayo de 2000, en la zona del Campo, como refuerzo del programa habitual establecido de forma permanente por el Consejo de Seguridad Nuclear. El plan es público y se ha dado a conocer tanto a los alcaldes de la zona como a las organizaciones ecologistas, a la opinión pública y a los distintos colectivos del Campo de Gibraltar y se encuentra a disposición de cualquier particular que lo solicite. De acuerdo con la vigilancia radiológica establecida, el Consejo notifica diariamente los resultados de los análisis de muestras tomadas. Hasta la fecha todos ellos han sido normales y no se han detectado, desde la llegada del Tireless a Gibraltar, valores de radiactividad por encima del fondo habitual en la zona.
En definitiva, nos encontramos ante una situación de ausencia de riesgo y el Gobierno seguirá velando por que se continúen adoptando las medidas de seguridad más rigurosas y para que no haya motivos de inquietud ciudadana hasta la partida definitiva del submarino. En todo caso, nos hallamos confrontados con una realidad derivada de una situación anacrónica y colonial que España aún padece a principios del siglo XXI, dado que la arribada y presencia del Tireless en Gibraltar son la consecuencia del ejercicio por parte del Reino Unido de una soberanía sobre una colonia que aún pervive, a pesar de los mandatos internacionales para su solución negociada y cuya reivindicación constituye, como se ha visto esta misma mañana en esta Cámara, un objetivo permanente e irrenunciable de España.
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, solicitante de la comparencia, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: No me engañan mis sentido, porque por la vista y por el oído estoy observando al mismo ministro que intervino en el punto anterior, pero si me hubieran dado el texto, hubiera creído que había intervenido otro ministro y que estaba sosteniendo otras tesis.
En esta historia del Tireless no cuadra mucho el argumento del ministro con la historia anterior de cómo nos posicionamos ante Gibraltar, a pesar de que tal vez se pudiera hacer una disertación sobre el Tratado de Utrecht y el Tireless, que a lo mejor cuadraba la historia.
Señor ministro, son ya muchos asaltos los de este combate. Desde el primer asalto de acogida al submarino; el segundo si se va a reparar, no se va a reparar o se lo llevan; el tercero, sobre cómo se lo pueden llevar o cómo no se lo llevan; el cuarto, si tiene dos milímetros o si tiene cuatro; el quinto, si está reparado o no lo está. Y quedan varios asaltos, usted ha descrito hoy algunos: el asalto de terminar, el asalto de arrancar el reactor y el asalto de largarse. Y un último asalto, el de si va a haber más asaltos de otros submarinos.
La argumentación que se emplea por el Gobierno, desde el punto de vista de los andalucistas, produce dos actitudes; por un lado, la impotencia ante el Reino Unido, que hace y deshace como le da la real gana, por otro lado, el desamparo que sentimos en Andalucía de un Gobierno que no defiende nuestras tesis. Otra cosa es que consiga los objetivos, pero no defiende nuestras tesis. Y esa impotencia ante el Reino Unido o este desamparo ante el Gobierno de España no nos va a producir ni pasividad ni resignación.
Creo que es fundamental que nos movamos en todos los campos. Los ciudadanos se han movido hasta el culmen de esa manifestación, en la que muchas decenas de miles de ciudadanos manifestaron su rechazo absoluto a la permanencia del submarino en el puerto, y aquí en el Parlamento nos vemos las caras de vez en cuando con preguntas, proposiciones y comparecencias que trasladan a la opinión pública nuestra opinión.
Nosotros no podemos estar de acuerdo con un Gobierno que dice que comprende y comparte la inquietud, pero que inmediatamente justifica toda la posición del Reino Unido ante el submarino. Justifica de forma errática porque erráticos son los hechos. Es decir, mientras pasan más cosas nuevas más justificaciones proceden. Hoy he escuchado sus palabras, algunas de ellas señalando que estamos ante un procedimiento casi de rutina con el arranque. Si es una rutina, que procuren hacerla en su territorio y no en territorio andaluz.
Este quinto o último asalto, que decíamos que ya no más, si el argumento que está sosteniendo el señor ministro es que no hay ningún riesgo, es que es lo mejor, es que es lo más cauto, es que no hay otra solución, ¿me puede usted contestar qué haremos cuando se escacharre otro submarino en el Mediterráneo? ¿No hay mejor solución que llevarlo a Gibraltar, no hay cosa más segura que arreglarlo allí; no hay cosa más segura que arrancarlo allí y no hay cosa más segura que aguantarlo? O, cuando se lleven éste, ya no admitimos más y, por tanto, no es bueno que esté aquí, ya no dejamos que se arregle aquí y, por consiguiente, no es tan seguro que se arregle aquí. No podemos transmitir a la población lo que usted y yo queremos, que es tranquilidad y que no haya alarma. Nosotros no transmitimos la alarma, me cuido muy mucho de eso, de que allí hay una bomba que puede explotar mañana, pero sí que hay riesgos y no hay ningún argumento dialéctico para que esos riesgos tengan que estar en nuestras cabezas.
Hemos hablado en el punto anterior de nuestro concepto de territorio y soberanía y las cabezas de los andaluces del Campo de Gibraltar no tienen que estar corriendo el más mínimo riesgo por las averías de los buques radiactivos británicos que, por otra parte, casi son sistémicas. Ha habido muchos más submarinos estropeados. Algunos se arreglan en Devenport, pero no voy a repetir la historia de los asaltos pasados, me voy a remitir al presente.
No hay información fidedigna, como usted dice, del Consejo de Seguridad Nuclear. No la hay porque ésta es una especie de partida donde el locutor es británico y al Consejo de Seguridad Nuclear le han dado una radio, pero no le dejan asomarse al partido para ver si hay falta o no, sino que toda la información que tiene dice: según los informes británicos, pensamos que está pasando esto. Se basan en creer lo que digan los informes británicos con la tapadera --entre comillas-- de que por seguridad militar no se puede visualizar, no se puede entrar o no se puede comprobar. Por tanto, no hay comprobación directa in situ de nuestros técnicos, al menos eso es lo que ha salido en los medios de comunicación. Hay rumores o noticias en paralelo, de faltas de seguridad, de que se va a producir al rearme o a la sustitución del armamento del buque en el puerto; ha habido hasta un accidente, que usted conocerá, fruto del viento de la zona cuando se desprendió una pancarta y varios tripulantes cayeron al agua; noticias que implican la seguridad de acceso sobre el submarino de cualquier atentado que pudiera haber sobre el buque. Es decir, hay noticias que flotan y un riesgo que, según usted, está medido y que el Gobierno mide, y la mejor manera de asumir ese riesgo es que aquello permanezca allí, que es un riesgo escaso, que si el Gobierno tuviera noticias de un riesgo mayor tomaría medidas. No faltaría más que si el Gobierno tuviera noticias de un riesgo mayor no tomara medidas. En definitiva, no cogemos el toro por los cuernos.
Señor ministro, no sé si es aficionado a los toros. Había una suerte antigua, ya desaparecida, que era la suerte de don Tancredo. Era un señor que se sentaba en una silla en medio de la plaza, se maquillaba y se quedaba muy quieto, de forma que el toro pasaba, lo olía, lo miraba, lo quitaba y teóricamente no tenía por qué pegarle cornadas. Desapareció, entre otras cosas, porque hubo muchos don tancredos que acabaron en el hospital corneados. Ante este tema del Tireless, ante los riesgos, no se puede practicar la posición dontancredista que es quedarse quieto, no moverse. El riesgo está allí y ya veremos si nos pilla el toro o no. Desearíamos que el Gobierno, como ha dicho usted en su intervención anterior, no sólo compartiera la lógica preocupación, sino que se moviera en la dirección de conseguir el traslado; que se moviera en la dirección de algo muy importante ahora: ¿Ya está reparado? Sí. Pues que lo arranquen fuera, que lo trasladen.
Hemos oído en esta misma Cámara, hace unos meses, un argumento suyo de que no se podía trasladar, entre otras cosas, por riesgo de tormentas y porque no era la época adecuada del año. Ya mismo vamos a hacer el cumpleaños, el 19 de mayo, y ya tendremos otra vez buen tiempo y buenas aguas para que se lleven el submarino por el método que sea. Aquí cualquier argumento que emplean es que o es muy caro o es muy sofisticado o tiene riesgos. Parece que nunca llegan a la conclusión de que una vez arreglado el submarino, si está arreglado, y una vez hechas las pruebas hidrostáticas y técnicas que requiera el submarino, pueda ser trasladado.
Usted expuso la otra vez las tres formas posibles de trasladarlo: con su motor diesel, con un remolcador o de la forma que sea. Usted puso todas las pegas: con el diesel no porque no tiene suficiente; necesita ahora mismo una fuente de energía eléctrica importante para el arranque. Supongo que esa fuente existe en el puerto de Devenport. A lo mejor hay allí suficiente energía para que al enchufarlo lo arranquen. No pueden venir con el diesel, pero pudo venir de Sicilia a Gibraltar y, sin embargo, no puede ir de Gibraltar en adelante. ¿Había mal tiempo? Ya hay buen tiempo. No nos da usted más salida que no estar de acuerdo con el planteamiento pasivo del Gobierno de ratificar con el Consejo de Seguridad Nuclear los informes que le van pasando los técnicos de la Armada británica sobre lo que está sucediendo y lo que habría que hacer.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Socialista ha presentado cuatro preguntas sobre esta misma materia. Voy a dar la palabra a las dos personas del Grupo Socialista que han solicitado formular estas preguntas para que compartan su tiempo.
En primer lugar, tiene la palabra el señor De la Encina, que compartirá su tiempo con la diputada Romero López.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Después de escuchar su intervención en el punto primero relativo al contencioso de Gibraltar, tengo mis serias dudas de que usted y el Gobierno hubieran mantenido la misma postura que han tenido en relación al Tireless si el submarino, en vez de entrar en Gibraltar el 18 de mayo de 2000, lo hubiese hecho el 18 de mayo de 2001. Tengo mis serias dudas después de oírle esta mañana, porque usted en su fuero interno, y el Gobierno también, tiene la absoluta convicción de que se equivocaron asumiendo la decisión del Reino Unido de trasladar el submarino a Gibraltar. Se equivocaron cuando ustedes aceptaron, de manera incomprensible, sin hacer la más mínima protesta, la recalificación del puerto de Gibraltar de la noche a la mañana sin adoptar ninguna postura en cuanto a la habilitación de ese puerto para reparar submarinos de ese tipo, calificando el puerto en lugar de z en x. Usted sabe en su fuero interno que se equivocó también, y se lo hizo constar por escrito en una carta que usted mismo dirigió al ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, cuando se revela que la avería es mucho mayor, que ya no era banal, y que además se detecta la misma avería en otros tantos submarinos de la Royal Navy. Usted le escribe una carta a su homólogo en ese momento manifestándole su temor por la situación. También ahora usted sabe que se equivocó no manteniendo esa postura, sino asumiendo de nuevo las tesis del Reino Unido. Usted sabe también que se equivocó no siendo más enérgico cuando se negó la información puntual que se pedía inicialmente por parte de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. Sin embargo, ahora estamos en una fase distinta. Estamos en una fase en la que usted está a tiempo de rectificar, es la del comienzo de las reparaciones sin la supervisión de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, que se inició en el mes de febrero y que van a concluir con el arranque del reactor nuclear.
Señor ministro, yo se lo pido porque creo que en su fuero interno sabe que lo tiene que hacer es impedir que se sigan realizando esas pruebas sin una presencia in situ de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, porque toda la información que viene, por mucha fiabilidad que le queramos dar, no es una información contrastada por nuestros técnicos. Le pregunto: ¿por qué no se ha exigido formalmente al Reino Unido la comparecencia in situ de nuestros técnicos para el seguimiento de esos trabajos, o lo ha solicitado formalmente? Me gustaría que me contestara a esta pregunta. ¿Ha habido respuesta del Reino Unido? ¿Ha planteado usted propuestas al Reino Unido para que los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear puedan llevar a cabo esa verificación in situ y puedan asistir a los ensayos que van a determinar si la reparación es satisfactoria y si se puede encender el reactor? Porque yo no es que desconfíe de la palabra del Reino Unido, pero están pasando muchas cosas que nos deberían hacer desconfiar, y usted sabe a qué me refiero. No nos vale que nos diga secretos militares o cualquier otra cuestión de ese tipo, porque usted sabe que hay formas que podrían posibilitar que nuestros técnicos pudieran seguir in situ la verificación de esas pruebas, ya sea instalando instrumentos derivados que indiquen la presión del nivel de agua, ya sea instalando una caseta desde el muelle de Gibraltar que pueda, a través de un circuito de televisión interna, seguir lo que se está haciendo a través de imágenes, etcétera. De lo contrario, señor ministro, el Reino Unido, a pesar de que es un socio y un aliado, seguirá manejando los datos a su antojo y trasladando la información que quiere trasladar, que luego es verificada, pero la que nos trasladan ellos, no la que nuestros técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear ven y siguen.
Por otra parte, señor ministro, la puesta en marcha del reactor nuclear en sí, como usted mismo ha dicho, no debe de entrañar riesgos si las pruebas hidrostáticas se revelan cruciales y sin problemas, pero no cabe ninguna duda de que lo deseable sería que el reactor nuclear se arrancara fuera de Gibraltar. Usted ha dicho en su intervención que, según los informes técnicos, el arranque necesita una fuente de electricidad muy potente, que hacerlo en alta mar entraña riesgo, etcétera. Yo tengo que recordarle, aunque usted lo ha dicho también muy brevemente, que ya se encendió el reactor nuclear en alta mar, lo ha explicado usted antes pero sin ningún tipo de convencimiento, lo mismo que, de haberse entrado en Gibraltar el 18 de mayo de 2000 a haberlo hecho en 2001, yo dudo, después de su intervención, que usted hubiera mantenido la tesis que sigue manteniendo. Yo le pregunto: Si entonces se encendió el reactor nuclear en alta mar, si la Royal Navy se vio obligada a hacerlo en el Mediterráneo, ¿por qué ahora, con garantías técnicas de apoyos suficientes, que las hay, no se hace? Señor ministro, yo también me río cuando usted en la sesión de control del 7 de febrero me dice: Todos los expertos nos dicen que lo más seguro sin ningún género de duda es ponerlo en marcha en Gibraltar. Y añade: Imagínese usted que yo le hiciera caso, se pusiera en macha en alta mar y hubiera un incidente.
Ahora le devuelvo la pelota y le digo: imagínese usted que el reactor se pone en marcha en Gibraltar, no en alta mar, y hay un incidente. ¿Qué prima más para usted, el incidente en el medio ambiente en alta mar o el que pueda ocurrir en Gibraltar? Imagíneselo, porque yo sí me lo he imaginado, y me gustaría que usted me contestara.
También me gustaría que me dijera qué va a pasar si se demora aún más, usted ya dijo que era el 15 de marzo, ahora dice el 15 de abril. Qué va a pasar si al final se demuestra que esta historia no sale bien, que no se verifica, conforme a lo que se prevé, la puesta en marcha del reactor y hay problemas. Si ocurre eso, ¿van finalmente a trasladar el submarino, ya sí va a caber el traslado del submarino? No crea que esta es una cuestión de los socialistas, ni de 60.000 ciudadanos que por un bocadillo y un paseíto en autobús van y se manifiestan, sino de su propio partido en Andalucía. Doña Teófila Martínez, presidenta del Partido Popular en Andalucía, ni más ni menos que lleva a su ayuntamiento (porque es alcaldesa de Cádiz, y aprueba con los votos del Partido Popular lo que estoy diciendo aquí) que el arranque del reactor nuclear se haga en alta mar, y además dice que coincide con Chaves en que es posible hacerlo en alta mar. Por tanto, no es una confabulación de los ciudadanos de aquella zona, de los andaluces, de los socialistas, etcétera, sino de doña Teófila Martínez, lo dice el diario ABC, y usted lo sabe.
Me gustaría que me contestara, porque usted nos ha descalificado a mí y a mi partido en numerosas ocasiones, algunas veces incluso teniéndose que retractar, y otras, como hoy lo ha hecho, diciendo que no es serio. ¿Qué pasa, que el Partido Popular de Andalucía no es serio, que doña Teófila Martínez no es seria, por eso están hablando ya ustedes de buscarle otro candidato? De lo contrario, yo creo que sus palabras quedan muy en entredicho.
Me gustaría que me contestara sobre todo a estas preguntas y a algunas más, porque usted nos descalifica a los demás diciendo que usted es licenciado en ciencias económicas, lo dijo en la primera comparecencia cuando se refirió a mí, pero usted luego viene aquí y no aporta ningún dato. ¿Cuáles son los registros gráficos de la soldadura de la pieza de conexión del circuito primario? ¿Cuáles fueron los resultados de la última revisión que se hizo de la cara interior de la soldadura? También queremos que usted suministre esos datos. Le recuerdo que en su primera comparecencia, en el mes de noviembre, ante una intervención que yo hice, me contestó que yo decía estupideces, me dijo en la respuesta lo que le acabo de decir, no se eche las manos a la cabeza; luego rectificó.
Yo esperaba de usted no sólo palabras sino hechos, pruebas concretas, realidades, porque de lo contrario usted mismo se está descalificando y al Partido Popular de Andalucía le está poniendo en una situación inexplicable, pues su presidenta regional se ha sumado ni más ni menos que a una petición ciudadana. Aclárenos todas estas cuestiones, porque de lo contrario tendremos que poner en duda sus palabras, máxime después de su primera intervención esta mañana. Le reitero que estoy seguro que, de haber entrado el submarino en Gibraltar en vez del 18 de mayo de 2000 un año después, hubiera actuado totalmente distinto a como lo ha hecho.
La señora PRESIDENTA: La señora Romero López tiene la palabra.
La señora ROMERO LÓPEZ: Entiendo que el tiempo que compartimos no me hurta el tiempo reglamentario al que cada diputado tiene derecho en la formulación de la pregunta y que se refería, señora presidenta, a la respuesta a la intervención del señor ministro. Hecha esta aclaración, quiero preguntarle al señor ministro acerca de una inquietud que la población sigue teniendo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por aparentar tranquilidad.
Señor ministro, esta diputada recibió el 28 de noviembre una respuesta acerca del plan de emergencia previsto para Gibraltar y para la zona del Campo de Gibraltar con motivo de la reparación del submarino, y en ella se hablaba del plan de actuación que posteriormente hemos conocido, no directamente por las múltiples reclamaciones que hemos hecho, sino de una manera totalmente azarosa, cosa que no parece ser muy habitual entre las relaciones entre un Gobierno y un Parlamento. Aparte de esa información a la que hemos tenido acceso, en la respuesta se hablaba de que estaba prevista la constitución de un comité, cuyo director sería el subdelegado del Gobierno, y que se reuniría periódicamente con una serie de autoridades, entre ellas los alcaldes de los municipios de la zona. Desde el 16 de septiembre, en que efectivamente hubo una primera reunión sobre este plan que teóricamente no existía pero que después sí existió, no ha habido ningún contacto entre el director del plan y los alcaldes directamente afectados, como sabe, señor ministro, de la zona 2, de la zona española. Eso es así porque el Gobierno hasta el 10 de septiembre tampoco tiene información; en esa fecha han pasado tres meses y el Gobierno todavía no ha requerido al presidente del Panel la información sobre las posibles repercusiones que pueda tener la avería del submarino, tres meses estuvo el Gobierno sin tener información, y a estas alturas los alcaldes de la zona todavía no saben cuáles pueden ser las posibles repercusiones.
La pregunta no se haría si la población no estuviera intranquila, y la población no estaría intranquila si este asunto no se hubiera llevado desde el principio como un rosario de torpezas. Y negamos la mayor, señor ministro, no es cuestión de voluntarismo sino de una falta de capacidad de presión de nuestro Gobierno para que fuera reparado en una base acondicionada del Reino Unido. No es el resultado de la soberanía de Gibraltar, sino de la debilidad del Gobierno español, sea del ministro de Defensa, del ministro de Exteriores o del Gobierno en su conjunto.
No aceptamos la puesta en marcha en Gibraltar. Aquí se han dado suficientes motivos, que, por otra parte, ustedes mismos han expresado dentro del rosario de contradicciones al que nos han tenido acostumbrados con este asunto. Y el arranque no es una mera operación de rutina, porque existe ese plan de actuación. En las respuestas que me daba el Gobierno se decía que este plan estaría vigente hasta que el submarino Tireless abandonara el puerto de Gibraltar, salvo que el Consejo de Seguridad Nuclear determine otra cosa. El Consejo de Seguridad Nuclear no ha tenido información, salvo la que le proporciona el Panel. Estamos en un mar de confusiones. Usted no se puede ir hoy de aquí, señor ministro, sin decirnos en qué fecha se activa el plan, en qué fecha se reúne el subdelegado del Gobierno con los alcaldes de la zona, si tienen derecho a conocer esa coordinación existente entre el plan de emergencia de la zona 1 y el plan de actuación de la zona 2 y qué medidas tiene que conocer la población. A estas alturas, el oscurantismo es negativo.
Se ha publicado el plan de emergencia en los medios de la zona y ahora ustedes tienen una doble tarea: en primer lugar, corregir las torpezas habidas hasta este momento y, en segundo lugar, tranquilizar a la población, tratándolos como ciudadanos y no como súbditos, porque ahora no estamos en aquella época en la que valía bañarse en Palomares, como lo hizo el ministro Fraga.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Obviamente, discrepamos de lo que se ha dicho hasta aquí y no sólo porque seamos el grupo que apoya al Gobierno, sino porque, además, estamos convencidos de lo que a continuación vamos a decir.
Queremos agradecerle, señor ministro, el esfuerzo de transparencia y de difusión que ha hecho el Gobierno y usted mismo en sus múltiples comparecencias ante esta Cámara y muy especialmente las explicaciones que nos ha dado esta mañana aquí, en la Comisión de Asuntos Exteriores, que consideramos completas y exhaustivas.
Todos hemos seguido con enorme interés la información que han facilitado el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear y también los esfuerzos inmensos que se han hecho para garantizar plenamente la seguridad de la población, el medio ambiente y no dejar que este asunto enturbiase otras cuestiones relacionadas y, sobre todo, el seguimiento exhaustivo que se ha hecho de este asunto. Los planes de actuación --se han diseñado tres-- han sido seriamente elaborados, con rigor, con la responsabilidad propia de un Gobierno. Se han hecho aportaciones por parte de expertos de reconocida competencia y cualificación; se ha puesto en marcha un programa de vigilancia radiológica ambiental en la zona y, como decía usted, señor ministro, en su comparecencia, no hay ningún síntoma de alarma. Si no hay síntoma de alarma, si no se ha recogido ninguna medición anormal, no hay por qué aumentar la alarma social que este asunto ya ha provocado. Nosotros queremos diferenciar claramente entre preocupación y alarma. Preocupación tenemos todos, pero no hay que dar el salto de la preocupación a la alarma social. Mi grupo reafirma su apoyo al Gobierno, como no podía ser menos, pero, además, lo reafirma porque cree que se ha actuado con seriedad, con responsabilidad y con rigor. Hay que destacar, quiero decirlo con toda claridad, la buena fe del Gobierno. El Gobierno es el primer interesado en garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población. ¿Cómo se puede dudar eso? El Grupo Popular, que apoya al Gobierno, no puede pensar que el Gobierno pudiera esconder la más mínima sospecha de riesgo para la población; eso sería una inmensa irresponsabilidad que estamos seguros que no se ha cometido ni se va a cometer. El Gobierno es el máximo responsable y está haciendo gala de ejercer como debe sus competencias en esa materia. Nuevamente tengo que recurrir a las palabras rigor, seriedad y responsabilidad. Esta cuestión se ha abordado haciéndose asesorar por el Consejo de Seguridad Nuclear, por los expertos más cualificados, exigiendo con firmeza información y garantías al Gobierno británico. Ahondaré en esta cuestión más adelante, pero ahora quiero que se sepa que la percepción de la actitud del Gobierno es distinta entre los distintos grupos. Nosotros sí creemos que el Gobierno ha sido firme en la defensa de los intereses de la población de nuestro país. Estas máximas garantías se han exigido por las vías más normales, aplicando nuestras buenas relaciones políticas, sin interferir en otras cuestiones, pero es que firmeza no significa histrionismo; al Gobierno no podemos pedirle histrionismo, sino firmeza y esa firmeza sí la ha ejercido.
Es una reparación compleja, ya que se trata de un submarino nuclear. Como decía el ministro en su comparecencia, eso ya genera inquietud, pero, justamente porque se trata de una cuestión tan compleja como un submarino nuclear, ha de ser abordada con sosiego, con calma y con rigor. Compartimos la preocupación de otros grupos; la compartimos plenamente porque también es nuestra. Se ha citado la opinión de la presidenta del Partido Popular de Andalucía, que no hace sino subrayar lo que pensamos todos, pero volvemos a señalar la diferencia entre preocupación y alarma. Es una cuestión tan delicada como ésta no creo que sea adecuado alarmar a la sociedad. Quiero decir con claridad que nuestro grupo es absolutamente favorable a que el submarino se vaya. Por supuesto; pero que se vaya en condiciones de total seguridad. Para nosotros el objetivo es la seguridad, no la presencia del submarino. Es importante que se garantice la seguridad y que si el submarino se va, lo haga con seguridad, no de cualquier manera. Si nos están diciendo que el submarino se tiene que reparar en Gibraltar, que se tiene que poner en marcha el reactor en el puerto y cuando se garantice la seguridad se marchará, perfecto. Mientras no se demuestre lo contrario, ésa es la tesis que prevalece, según los expertos.
No quiero entrar en polémica, pero creo que se ha buscado el rédito político a corto plazo y me gustaría que en una cuestión de este calado estuviéramos en una posición más homogénea, más de consenso. Acabamos de tener otra comparecencia en la que se ha puesto de manifiesto el apoyo de todo el arco parlamentario cuando, además, estamos viendo que el eje central de esta cuestión, y siento discrepar de la señora Romero, sí es la soberanía del puerto. Si la soberanía no estuviese en manos británicas, no estaríamos hoy hablando de esta cuestión. Obviamente, el submarino Tireless no habría entrado en un puerto bajo soberanía española.
Concluyo. Nuevamente, quiero poner de manifiesto nuestro apoyo al Gobierno y nuestra discrepancia en cuanto a la actitud del Gobierno. Es evidente que esa firmeza, podríamos decir que tranquila, responsable, es la que ha hecho que el Gobierno británico haya proporcionado todos los datos e informaciones precisas al Consejo de Seguridad Nuclear y al Gobierno de la nación para que todos hayamos podido enterarnos, por boca de los máximos responsables, de todos los detalles que conciernen y preocupan a la opinión pública española.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, es su turno para responder a las observaciones y preguntas que le han sido formuladas.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Creo que la intervención del señor Arístegui ha situado el tema en sus justos términos, términos de firmeza, de rigor y no de histrionismo, utilizando su propia palabra.
El elemento que ha guiado permanentemente la actuación del Gobierno ha sido la seguridad de los ciudadanos, no puede ser de otra manera. Sobre esa base ha estado actuando desde el primer día: tomando medidas, exigiendo información, forzando la constitución de un comité mixto, poniendo en actuación desde el primer día al Consejo de Seguridad Nuclear, poniendo en marcha los planes de actuación, que son absolutamente públicos y conocidos, como he tenido ocasión de explicar, y que basta con leérselos y así sucesivamente. Por lo tanto, no he hecho de don Tancredo, sino todo lo contrario. Don Tancredo no se mueve y el Gobierno se ha movido desde el primer día con esa guía. Es muy fácil hacer juicios de valor y expresar deseos, pero, al final, quien debe tomar las decisiones tiene que hacerlo con consistencia, con coherencia, con sustancia y con conocimiento.
Yo no recuerdo haber utilizado nunca mis títulos académicos para nada, excepto para poder decir que no soy experto en técnicas nucleares. Soy economista y no ingeniero nuclear. Esto es lo que quise decir, como es natural. En ese sentido, lo lógico, lo coherente, lo serio y lo responsable es que el Gobierno siga con las directrices, los consejos y las posiciones de los que realmente entienden de seguridad nuclear, porque, si hiciera lo contrario, podría responder a actitudes populistas o podría intentar quedar bien a corto plazo, trataría de contrarrestar hipotéticos réditos políticos que se intentan conseguir legítimamente por otra parte, por parte de la oposición, pero no haría lo que un Gobierno serio debe hacer, que es prestar atención a los que saben. Por eso le digo que no es lo mismo que ocurra un incidente, que no tiene que ocurrir y además estoy seguro que no va a suceder, si se siguen las recomendaciones de los técnicos que si no se siguen. No es lo mismo. Si se produce un incidente por no haberse seguido las recomendaciones de los técnicos, la responsabilidad política es evidente.
Podemos hacer todos muchísimos juicios de valor. Cuando se explican las razones por las que hay que poner en marcha el reactor en alta mar, lo único que se le ocurre a la persona que pone eso en cuestión es que no he sido suficientemente convincente. Pues muy bien, podemos seguir actuando y argumentando de esta manera, pero a mí eso no me impresiona nada. Yo puedo volver a repetir las razones por las que en un momento determinado se tenía que poner en marcha en alta mar y los motivos por los que ahora no es tan seguro hacerlo ahí. Lo puedo volver a repetir y estoy dispuesto a hacerlo las veces que haga falta, de la misma manera que estoy dispuesto a repetir las veces que haga falta por qué entienden nuestros expertos --yo endoso esa opinión, como no puede ser de otra manera-- que es más seguro hacerlo en el puerto y que las posibilidades alternativas no son válidas. Apesar de eso, se puede seguir pidiendo el traslado porque agrada a los oídos de la gente. Pues muy bien, que se siga pidiendo el traslado y que se sepa que hoy por hoy, si las cosas van bien, el traslado implicaría que el submarino debería estar en Gibraltar bastante más tiempo que si se puede ir una vez reparado, que se sepa. Ahora bien, se puede seguir pidiendo. Y se puede seguir pidiendo que se arranque fuera, aunque todos los técnicos digan que es mejor hacerlo dentro. Se puede seguir pidiendo, pero eso no modificará ni la actitud ni la posición ni el comportamiento del Gobierno, que seguirá teniendo como guía central la seguridad de los ciudadanos en todas y cada una de las fases de este proceso. Les puedo asegurar que hoy el Gobierno actuaría exactamente igual que lo ha hecho, en el sentido de conocer permanentemente lo que está pasando. Se están cumpliendo los plazos, se va a acabar la reparación, se va a poner en marcha el reactor, el submarino se va a ir y todos aquellos que han estado haciendo catastrofismo desde hace muchísimo tiempo o han utilizado expresiones histriónicas tendrán que reconocer que al final se ha cumplido con lo que se ha dicho, ha pasado lo que hemos dicho que tenía que pasar y nada más, porque en definitiva lo que hemos hecho ha sido hacer caso a aquellos que saben y no dejarnos llevar por sentimientos. Prefiero expresarme en estos términos y no en otros.
La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, tiene la palabra.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Efectivamente, señor ministro, lleva usted razón. Don Tancredo se mueve de una forma muy extraña, porque, en vez de hacerlo para sacar el toro de la plaza, se mueve para explicar a la plaza lo que está haciendo el toro. Y el toro le va a pillar, porque se mueve continuamente para explicar las constantes operaciones dialécticas de los británicos, siempre oscuras y nada transparentes. No es posible, no nos cansaremos de decirlo, ver el partido, y nos tenemos que tragar cómo lo radian sus locutores. No podemos verlo, luego no lo comprobamos.
Con respecto al último argumento que ha empleado usted, tengo que decir que a mí me ha pasado algo parecido como profesional. Recuerdo una vez que tuve que diagnosticar un edificio ruinoso e impedir un acto, ya que había peligro de que se derrumbase. Pues bien, esa tarde no se cayó, y se me echaron encima al día siguiente diciéndome que no llevaba razón y que no se había derrumbado. En fin, si yo llego a estar seguro de que esa tarde se cae, hubiese mandado a la Guardia Civil. Una cosa son los riesgos y otra las certezas. Y usted nos dice que lleva razón porque ha finalizado el arreglo y no ha ocurrido nada. Es decir, que es bueno que un submarino nuclear se estropee en Sicilia y se arregle en Gibraltar. Pues bien, la flota británica está ahí, por lo que, cada vez que se estropee uno, diremos que es muy bueno que esté aquí, que es lo más seguro y que para qué lo vamos a llevar a Davonport si en el océano hay tormentas y es muy caro el traslado. Señor ministro, esto es muy sencillo. El submarino arreglado, que no queríamos que se arreglase allí, hay que trasladarlo y llevarlo a otro sitio para arrancarlo. Eso se sostenía aquí el año pasado y se manifestaban las dificultades, habiendo surgido hoy una nueva, como es que su traslado va a conllevar más tiempo que si se arranca. Bueno, pues permanecerá un tiempo sin arrancarse. Por lo menos habrá menos riesgo, puesto que está arreglado y no se arranca. A ver si ahora vamos a utilizar el recurso del tiempo para que de nuevo vengan los malos tiempos.
Señor ministro, a lo mejor, como usted ha dicho, ha habido hoy aquí oportunismo político, incluso en la intervención del grupo que sustenta al Gobierno, en el sentido de que se ha mezclado el culo con las témporas, así como el necesario apoyo de toda la Cámara para el contencioso de Gibraltar con otra cuestión, como es el necesario rechazo de la Cámara a la permanencia y reparación del submarino nuclear en Gibraltar. Es perfectamente compatible darle todo nuestro apoyo en relación con la tesis sobre la soberanía española en Gibraltar y manifestarle nuestra intención de proponer en este Parlamento que de una vez por todas se vaya el submarino y no vuelva nunca más otro a este puerto, algo que desde luego está ligado también al tema de la soberanía. Si las circunstancias fuesen otras, no se estaría arreglando allí.
En síntesis, señor ministro, no nos convence su continua justificación ni que usted sea el valedor de los argumentos británicos. Sería más firme y tendría más rigor si el Gobierno mantuviera la tesis española de que no debe arreglarse allí el submarino y no la tesis británica de que es la forma más segura y eficaz de arreglarlo sin riesgo para los ciudadanos del Campo de Gibraltar.
La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: En primer lugar, señora presidenta, me va a permitir que me dirija al señor Arístegui para decirle que, cuando habla de alarmismo, supongo que lo dirá por el señor ministro, ya que fue él quien en una carta --se lo he dicho antes, pero parece ser que usted no lo ha cogido-- que envió a su homólogo británico, Robin Cook, expresó su preocupación y alarmismo por la situación. Por tanto, cuando usted habla de alarmismo, estoy convencido de que se refiere a la situación que describe el propio ministro de Asuntos Exteriores de España. Sí, señor Piqué, usted lo tiene que recordar, aunque quizá se haya olvidado de aquella carta porque le interesa hacerlo. El propio presidente del Gobierno le desautorizó a los pocos días, quitando hierro a dicha carta de una manera jocosa, en una rueda de prensa inolvidable junto a Tony Blair, con aquella frase de yellow submarine. ¿Se acuerda, verdad? Usted escribió esa carta, está ahí y es pública y calificó la situación de alarmante. Por tanto, no imputen ustedes ahora a los demás lo que ustedes mismos han asumido como tesis, trasladándola incluso por escrito a su homólogo. Lo contrario es querer desvirtuar la realidad, como ustedes intentan hacer en este tema permanentemente.
Y cuando usted dice, señor ministro, así como el portavoz del Partido Popular, que algunos han buscado réditos electorales, me imagino que se estará refiriendo a doña Teófila Martínez cuando lleva al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz la petición de que el Gobierno exija al Reino Unido que el arranque del reactor nuclear no se haga en Gibraltar. ¿Está haciendo populismo también doña Teófila Martínez en Andalucía cuando dice que coincide con Chaves en que es posible hacerlo en alta mar? ¿Está descalificando usted a sus compañeros de Andalucía? ¿Son también alarmistas? ¿Son populistas? ¿Buscan réditos electorales? Contésteme a eso, por favor.
Firmeza, rigor y responsabilidad, tres palabras que en esta historia que dura casi como un parto ya, nueve meses, no he parado de oírle. Vamos a aclararlo. Firmeza, la que tuvo Portugal cuando un submarino similar a éste se introduce en sus aguas y en nueve días, con diálogo, no con guerras y declarando a ningún país amigo y aliado ninguna confrontación, con sentido común, que es lo que le ha faltado al Gobierno en este tema, con voluntad de entendimiento con un país que es socio nuestro, con esa firmeza y con esas características, Portugal consiguió que en nueve días saliera un submarino de sus aguas con una avería similar. Eso es firmeza. Rigor. ¿Quién contestó por escrito con la firma del ministro de la Presidencia a una pregunta que formulé a principios de junio, a los 20 días de entrar el submarino, diciendo textualmente que Gibraltar no reunía la capacidad necesaria para reparar un submarino de esas características y con esa avería? Usted, señor ministro, a través del Ministerio de la Presidencia. Está escrito, igual que su carta. ¿Eso es ser riguroso, cuando cambia posteriormente sus planteamientos, incluso acepta la calificación del puerto de Gibraltar como x, de la noche a la mañana, sin ningún tipo de reparación? Cuando usted califica la avería de banal y resulta que es una avería alarmante, ¿eso es ser riguroso? Y responsabilidad. Dígale al señor Aznar si tuvo responsabilidad riéndose de todos los españoles en aquella famosa rueda de prensa. ¿Eso es ser responsable?
Termino diciéndole lo que me parece que usted todavía no ha sido capaz de entender o quiere desvirtuar. Aquí nadie ha dicho jamás, al menos desde mi partido, que vaya a pasar. Consulte las hemerotecas. Sí hemos dicho que existe un riesgo potencial, y eso no lo niega ni el ministro de Defensa. Ante esa situación evitable, se debe aplicar lo que defendió muy bien en un artículo nuestro portavoz en esta Comisión, Manuel Marín, el principio elemental de precaución. No sé si usted lo conoce, pero en esta situación se podría haber aplicado ese principio. Por eso hemos pedido en una iniciativa algo que se debatirá próximamente y que esperamos que lo apoyen definitivamente, después de ese cambio de posición que le he observado esta mañana en el punto primero respecto a Gibraltar: que el arranque del reactor se produzca fuera de la base de Gibraltar cuando se hayan realizado todas las pruebas necesarias para confirmar su seguridad, siempre que los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear lo verifiquen in situ, no de oídas, y hayan tenido toda la información para ver el alcance y el contenido de esas reparaciones, incluida la prueba hidrostática.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor ministro, quisiera insistir en la pregunta que le he formulado, y que no ha respondido, respecto a en qué fecha se activa este plan, en qué fecha se reúne el subdelegado con los alcaldes y qué medidas tiene que conocer la población. Comprenderá que sin esta respuesta no se puede generar ninguna tranquilidad. Le he citado anteriormente que desde el 16 de septiembre no se produce ninguna reunión con los alcaldes y, por lo tanto, no tienen ninguna información más de la tuvieron en esa primera reunión que, por cierto, fue muy deficitaria. Necesitan conocer no sólo aquellas medidas que afectan a la zona 2, sino las que afectan a la zona 1. No es posible conocer las medidas comprendidas en el plan de actuación y no conocer las medidas comprendidas en el plan de emergencia de la zona 1. No es posible que a estas alturas no tengan ninguna información más que la contenida en aquella primera reunión. Si se produjera algún incidente, no pretenderá, señor ministro, que el director del plan se dirija a la población por medio de la radio y la televisión y pida la colaboración a unos alcaldes que no han sido informados y que no tienen ninguna noticia de cuáles son las medidas a emprender en el supuesto, que sabe que puede ser posible, de un incidente o de un accidente con motivo de la puesta en marcha del reactor.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor Encina, no sólo le oigo, sino que le escucho y además con mucho respeto. Quiero que sepa que me reafirmo en la diferencia que hace mi grupo entre alarmismo y preocupación. Ustedes están preocupados por la situación en la zona circunvecina del Peñón; nosotros también. Lo que no vamos a hacer es alarmismo y no creo que ni el Gobierno ni el señor ministro lo hayan hecho. Por mucho que cite usted la carta cien veces, los hechos son los hechos, y lo que hizo fue trasladarle la preocupación de la opinión pública española y del Gobierno de España a su homólogo británico. Eso no es hacer alarmismo, eso es ejercer responsablemente la labor de gobierno.
Dice usted que hemos hablado de populismo. Tengo mucho respeto parlamentario como para utilizar con un compañero de escaño la palabra populismo. No lo voy a hacer nunca. Pero sí creo que usted o su partido han creído encontrar un filón electoral y lo están explotando. Me reafirmo en ello, pero no voy a acusarle de populismo.
Señor Nuñez, el argumento de la soberanía lo hemos empleado nosotros primero. Es evidente porque está unido al problema de la soberanía. El submarino está en el puerto de Gibraltar porque la soberanía del puerto está en manos británicas. Usted también lo ha empleado. Me temo que tanto usted como yo confundimos las mismas cosas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Señorías, yo también voy a ser muy breve porque el tema está suficientemente planteado por todas las partes, aunque no quisiera dejar sin respuesta algunas de las cosas que se han dicho. Un comentario adicional al tema de la soberanía. Supongo que el señor Nuñez habrá tenido ocasión de leer las opiniones al respecto del señor Caruana, muy resaltadas por la prensa británica y coincidentes con buena parte de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Venía a decir que España no tenía el menor derecho de interferirse en esta cuestión. ¿Por qué? Porque se trata de un buque británico en una base naval británica, que está reivindicada por España, pero bajo soberanía británica. Esa es la posición de partida de las autoridades locales gibraltareñas. En principio también es la posición del Reino Unido, lógicamente modulada por el hecho de que somos países amigos y aliados. Por eso el Reino Unido, a pesar de conocer esa opinión de las autoridades locales gibraltareñas y la opinión de muchos responsables políticos del Reino Unido, ha actuado con transparencia, desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista de las actitudes, perfectamente razonable y de agradecer. Quiero decir esto con toda claridad, porque también he dicho lo que pienso de la actitud del Reino Unido en otros ámbitos y no puedo dar una opinión tan positiva. Conviene no olvidar esto, porque si se habla de Portugal sin recordar que en Portugal no hay colonias británicas, nos confundimos todos. No es lo mismo el puerto de Lisboa que el puerto de Gibraltar. Podemos utilizar todos los argumentos que se nos ocurran , pero como no son iguales y homogéneos, desde el punto de vista de su solidez argumental no son adecuados.
Respecto a las cuestiones relativas al plan, quiero repetir lo que ya he dicho. El plan es público, se ha dado a conocer a los alcaldes, a los grupos ecologistas, a las distintas organizaciones del Campo, está a disposición de cualquier persona que quiera consultarlo. Se han desplazado técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear para informar a la Junta de Andalucía, incluso representantes de la embajada británica. A todos ellos se les ha ofrecido la oportunidad de celebrar cuantas reuniones consideren necesarias y nadie ha solicitado nuevas reuniones. Si se solicita, la disposición de las autoridades es total, porque es lógico y normal. Es un plan de actuación coherente con los elementos de planificación del plan básico de emergencia nuclear de España, que es algo perfectamente público y conocido, con el plan de emergencia nuclear de la Armada española y acorde con las recomendaciones internacionales en la materia. Si el director del plan no les ha convocado es porque la información ya está ahí y no cambia nada porque no ha cambiado nada a lo largo de este tiempo, absolutamente nada. Por tanto, si pasara algo, que no creo que vaya a pasar, ya se sabe lo que cada uno tendrá que hacer. Claro que hay un riesgo potencial y por eso hay un plan, pero nada más. Ahora bien, si lo que quiere el Grupo Socialista es decir: Ustedes vayan más allá de lo que dice la normativa internacional y los planes vigentes aprobados y así podremos decir que el riesgo es alto, no lo vamos a hacer. Lo que hacen las autoridades competentes es lo que tienen que hacer, poner en marcha un plan de actuación de acuerdo con el nivel de riesgo potencial que existe que es muy bajo, y punto; ya está y no hay que darle más vueltas. Que un grupo ecologista y los alcaldes de la zona quieren volver a tener otra reunión, simplemente que la pidan y la tendrán, así de claro. Lo que pasa es que no ha surgido la necesidad de pedirlo porque todo el mundo sabe que el riesgo potencial es muy bajo y que con los planes de actuación que están en marcha ya vale. (Rumores.) A partir de ahí, que cada uno asuma sus responsabilidades y que entienda lo que deba hacer.
Le pediría al señor Encina que me dijera en qué momento he introducido la palabra alarmismo en alguna circunstancia o carta. Lo que le manifesté al señor Cook es que, habida cuenta de la información que se estaba recibiendo en aquellos momentos de que era un problema que podía afectar no sólo al Tireless sino a otros submarinos, el Gobierno británico tenía que responder a esa preocupación que se había generado. Lo hizo inmediatamente y ya está.
En cuanto a que me desautorizara el presidente del Gobierno, celebro que no me diera cuenta porque, si no para mí hubiera sido un poco complicado. No me di cuenta de esa desautorización. Espero que no fuera porque no estaba al tanto, sino porque no creo que se produjera.
Lo que sí le quiero decir es que me ha gustado mucho más el tono de su intervención cuando hablaba de qué es lo que debemos hacer para que las pruebas hidrostáticas se hagan en condiciones que nos permitan estar seguros y convencidos. Ha hablado S.S. de diferentes fórmulas. Le puedo decir que estamos trabajando en fórmulas. Sobre esta vía constructiva y positiva de hacer aquellas cosas que podemos hacer y que nos den la garantía a todos de que la seguridad está efectivamente garantizada --valga la redundancia--, estoy seguro de que el espíritu de consenso que antes hemos conocido también lo podríamos tener, sobre la vía de trabajar sobre cuestiones concretas, con criterios técnicos y sobre posibilidades reales. Si después queremos seguir pidiendo todos cosas que sabemos que son contrarias a los criterios de los técnicos, nos podremos
seguir divirtiendo mucho, vendré muy a menudo por aquí --lo hago encantado--, pero no llegaremos a conclusiones distintas, señoría.
La señora PRESIDENTA: Finalizados los puntos del orden del día que requerían la presencia del señor ministro, vamos a despedirle no sin antes agradecer muy sinceramente su presencia esta mañana en esta Comisión, sobre todo por las explicaciones que nos ha dado a temas que eran del interés de todas SS.SS. Continuaremos la sesión con el punto siguiente. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA FIRMA DE LAS CONVENCIONES INTERAMERICANAS SOBRE RESTITUCIÓN Y SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL DE MENORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIAI UNIÓ). (Número de expediente 161/000514.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, el punto siguiente del orden del día hace referencia a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a la firma de las convenciones interamericanas sobre restitución y sobre tráfico internacional de menores. Para su defensa, tiene la palabra la representante del Grupo Catalán.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para defender la proposición no de ley que hemos presentado ante esta Comisión con la finalidad de instar al Gobierno a que firme la convención interamericana sobre restitución internacional de menores, hecha en Montevideo el 15 de julio de 1989, y la relativa al tráfico internacional de menores, hecha en Méjico el 18 de marzo de 1994.
Nuestra proposición no de ley --y con ello salgo al paso de parte de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular-- solicitaba que esta Comisión instara al Gobierno a suscribir y ratificar estas convenciones que he mencionado. La enmienda del Grupo Parlamentario Popular pone de relieve que esta Cámara puede únicamente instar al Gobierno a suscribir, puesto que la ratificación es competencia de estas Cámaras. Anuncio desde ahora que vamos a admitir esta modificación puesto que, al introducir las palabras firmar y ratificar, nuestra proposición quería instar --mal dicho, lo reconozco-- a comenzar el proceso de firma y ratificación de estos convenios.
Dicho esto, y retomando el hilo de la defensa de la proposición que nos ocupa, añadiré que la finalidad de la misma es dotarnos de un nuevo instrumento que resulte eficaz para hacer frente a las retenciones y sustracciones parentales, que en muchas ocasiones se realizan con traslado del menor de un Estado a otro. El secuestro parental de menores es un fenómeno desgraciadamente cada vez más frecuente en nuestra sociedad y, además, al decir de los afectados, es de difícil solución con los instrumentos legales de que disponemos hasta el momento. El secuestro parental, como SS.SS. conocen, implica que uno de los progenitores, conculcando los derechos y deberes inherentes a la patria potestad y, en muchas ocasiones, conculcando también incluso resoluciones judiciales de guarda y custodia, se toma la justicia por su mano y desplaza al menor de su domicilio habitual, normalmente cambiándolo de Estado para impedir o dificultar su localización, y todo ello con el efecto de impedir el contacto con el otro progenitor.
Para hacer frente a este fenómeno, desde nuestro punto de vista es imprescindible contar con instrumentos eficaces para, en primer lugar, localizar al menor y, en segundo lugar, instar su restitución. Para conseguir instrumentos eficaces en la localización del menor, el Pleno de la Cámara aprobó, el pasado mes de junio, dos proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Popular que tenían como finalidad la modificación del Código Penal para definir un nuevo tipo de secuestro parental que tuviera pena suficiente como para permitir la emisión de una orden de detención internacional. Esto no se conseguía con el Código Penal actual, ya que los tribunales, por razones técnicas, han excluido la aplicación para estos casos de los tipos actualmente vigentes que llevan aparejada pena superior a un año y que, por tanto, permiten la emisión de una orden de detención internacional y, por el contrario, aplican el delito de desobediencia a la autoridad judicial que, como SS.SS. saben, conlleva una pena inferior a un año, con lo cual se imposibilita esta orden que es vital para la localización del menor. Cuando finalmente se apruebe esta modificación del Código Penal, que está actualmente en ponencia, tendremos una nueva tipificación que, como digo, será un instrumento eficaz en la localización del menor.
Como ya he dicho --y aquí entra la justificación de la presente iniciativa--, una vez localizado el menor entran en juego los procedimientos civiles de restitución del mismo. El más importante de todos ellos es efectivamente el Convenio de La Haya, ratificado por España en mayo de 1987. Hay otros como el Convenio de Luxemburgo, pero reitero que el más importante de todos ellos es efectivamente el de La Haya. Digo efectivamente porque la literalidad de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular está encaminada también a subrayar la importancia del citado convenio. Pues bien, reconozco que es muy importante, el más importante, además desde mi experiencia puedo decir que funciona razonablemente bien, con un comportamiento diría que impecable por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español.
La importancia de este convenio, la existencia de otro convenio también importante como el de Luxemburgo, no impide la firma de convenios bilaterales o multilaterales en la línea de lo recomendado por la Convención de los Derechos del Niño, hecha en Nueva York en noviembre de 1989 y vigente para España desde enero de 1991, que justamente invita --a pesar de que el Convenio de La Haya ya está vigente cuando se firma esta declaración-- a suscribir convenios bilaterales o multilaterales acerca de este tema. Esta invitación nos parece muy interesante porque la virtualidad de estos convenios bilaterales o multilaterales es doble: en primer lugar, acercarnos a países que no han suscrito el Convenio de La Haya; en segundo lugar, la firma de estos acuerdos bilaterales o multilaterales ha de permitir dotar de mayor agilidad que la que tiene el Convenio de La Haya a estos trámites de restitución. Esta finalidad no es baladí ya que una de las causas que se admiten normalmente para oponerse a la restitución del menor es que se haya arraigado ya en el nuevo país de residencia. Es evidente que para enervar esta causa de oposición a los trámites de restitución, cuanto más ágiles sean estos trámites será mucho mejor para la finalidad que nos ocupa.
El Estado español, en sintonía con los dispuesto en esta Convención de los Derechos del Niño, suscribió con Marruecos, en mayo de 1997, un convenio sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de menores. Ésta, que es una buena iniciativa, supone una aproximación hacia los países árabes, hacia un país cercano geográficamente al nuestro, en donde se hallan algunos de los casos más difíciles de resolver, ya que hasta la firma de este convenio no había trámite legal para obtener el retorno, sobre todo si el menor ostenta la nacionalidad marroquí. Lo que pretende nuestra iniciativa es avanzar en este camino, que es un camino muy bien acogido, tanto por los afectados por estos problemas como por la doctrina, que también invita a seguir suscribiendo acuerdos multilaterales.
Proponemos ahora la firma de estos convenios multilaterales iberoamericanos con países que, si bien no están próximos geográficamente, sí lo están en lengua y cultura, por lo que también son destino muy frecuente de estos secuestradores parentales, por las facilidades que se dan en los mismos para una rápida adaptación, tanto de los secuestradores como de los menores. Por lo demás, algunos de estos países han firmado el Convenio de La Haya y otros todavía no. Si prospera esta iniciativa --y finalizo solicitando el voto afirmativo a la misma-- la restitución de los menores a su entorno habitual contará con un nuevo instrumento, con un instrumento eficaz para luchar contra la retención y traslado de niños a países que son destino de un porcentaje importante de los casos que nos ocupan.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señor Castro Masaveu.
La señora CASTRO MASAVEU: Quiero comenzar diciendo que después de la completa e importante intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), simplemente voy a precisar una serie de aspectos.
La protección de los derechos del niño es una constante en las iniciativas legislativas del Grupo Popular, especialmente en lo que respecta a la sustracción internacional de menores, como no podía ser de otra forma. La lamentable situación en la que se encuentran muchos niños, la mayoría de las veces como consecuencia de una ruptura de la relación de sus progenitores, en la que son considerados más como un objeto de cambio o incluso de coacción que como seres humanos, hace necesario que extrememos nuestros esfuerzos en dar soluciones a todos estos hechos. Señorías, la proposición no de ley que nos ocupa tiene como objeto --como lo ha manifestado ya la portavoz del Grupo Catalán-- la adhesión de España a las convenciones interamericanas sobre restitución internacional de menores, hechas en Montevideo en 1989 y en México en 1994. Aunque vamos a apoyarla, es necesario precisar una serie de cuestiones previas a las que posiblemente ya también se hizo referencia. La mayoría de los países iberoamericanos signatarios de estas convenciones se han adherido ya, o están tramitando su adhesión, al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de La Haya de 1980, del que España es parte. Países como Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela, han suscrito ya su adhesión y otros, como Brasil, Costa Rica, Trinidad y Tobago o Uruguay, están tramitándolo, de forma y manera que sus adhesiones entrarán en vigor en estos países el 1 de mayo de 2001.
Precisamente es el Convenio de La Haya el que cubre todos los aspectos recogidos en las ya citadas convenciones en relación con el secuestro de menores. No obstante, y precisamente por tratarse de un tema del que mi grupo es especialmente sensible, es por lo que hemos presentado una enmienda para concretar el convenio y matizar el párrafo que se refiere a la ratificación que, como ya se mencionó, no compete al Gobierno sino a esta Cámara. Lo que pedimos es que se inicien los trámites para la firma de estas convenciones por el Gobierno de España y que se añada la Convención de La Haya, porque consideramos imprescindible que conste en el texto de la proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: No es ninguna sorpresa --lo hago con gran satisfacción-- adelantar ya que la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante esta iniciativa va a ser de total apoyo. Es una iniciativa necesaria porque, desgraciadamente, encontramos con demasiada frecuencia --como ya se ha dicho aquí-- casos de retención de menores, infracciones del derecho de custodia, de visitas, etcétera, que se acompañan de desplazamientos o traslados forzados de los mismos a otros países, cuando la pareja --los padres o tutores-- son de diferente nacionalidad o no digamos ya de diferente cultura o religión. La consecuencia directa o indirecta siempre es la misma: la utilización de los menores que son literalmente secuestrados, convirtiéndose en las principales víctimas de las desavenencias familiares o culturales.
Estoy segura de que no exagero si decimos que cuantos aquí nos encontramos hemos conocido, con mayor o menor proximidad, algún caso de esta naturaleza, para el que se nos ha solicitado información, apoyo, orientación, etcétera, y para los que con demasiada frecuencia también nos hemos encontrado sin instrumentos legales. Es cierto que estas retenciones de sustracciones de menores no reparan en acuerdos o convenios, puestos que no reparan en resoluciones judiciales previas, pero la existencia de dichos convenios hará al menos posible la búsqueda y restitución del menor a quien tuviera la custodia y hará posible, igualmente, el cumplimiento de las leyes de nuestro Código Penal más allá de fronteras. Lo que sí es claro es que sin estos acuerdos no se podrían afrontar los desplazamiento ilícitos de menores, las retenciones, los traslados de un Estado a otro, como ocurre de hecho con la mayoría de países árabes.
Compartimos con el resto de los grupos que el motivo fundamental que debe mover a los Estados --y que de hecho nos mueve-- en la cooperación internacional es el de proteger al menor de los efectos perjudiciales que puede ocasionarle un traslado o una retención ilícita. Por ello existen ya importantes convenios en materia de sustracción internacional de menores, que ya se han mencionado aquí, como los extraordinariamente importantes de La Haya y de Luxemburgo.
Nosotros también queremos conceder una especial importancia al último convenio suscrito por España con Marruecos, en mayo de 1997, por lo que supone de diferencia cultural y de sistema jurídico. Creo que puede ser un hito, la puerta que permita ampliar al resto de países árabes acuerdos de esta naturaleza. Nuestro país ha logrado avances importantes en la suscripción y ratificación de toda clase de instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos y, por supuesto, de protección de menores. Debemos continuar en esta línea, pero no solamente por lo ya apuntado en convenios como el de Nueva York, que en su artículo 11 de la Convención sobre derechos del niño cita expresamente que los Estados parte promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes en otros países. No solamente porque figura ya en todos esos instrumentos que hemos suscrito y ratificado. Deseo reiterar hoy aquí las conclusiones o recomendaciones de la subcomisión de derechos humanos de la anterior legislatura, conclusiones aprobadas como proposición no de ley, en las que se insta al Gobierno a continuar en esta línea de suscripción de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, como lo son en este caso los instrumentos que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la protección de los derechos de niñas y niños.
El Convenio de La Haya supuso para España un amplio espacio de seguridad importante. Es verdad que también lo han suscrito algunos de los países iberoamericanos que presentan ahora estos dos convenios, pero veinte años después de la firma del Convenio de La Haya --en octubre de 1980, si bien España no lo ratificó hasta 1987-- nuestra sociedad es bien diferente, es más abierta, más internacional, más multicultural y mucho más interrelacionada, si cabe, con los pueblos iberoamericanos. Y en la medida en que el espacio es más abierto, más sin fronteras, mayor debe ser también el espacio de las normas de protección de los ciudadanos. De ahí la necesidad y la oportunidad de ampliar la suscripción de convenios con más países para preservar los derechos de los nacionales, en este caso, de los niños y niñas que son utilizados en litigios familiares y sufren sus consecuencias. Por tanto, apoyamos esta iniciativa en los términos que ha considerado oportuno el grupo proponente.
La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, aunque creo haber entendido de sus palabras su aceptación a la enmienda del Grupo Popular, le agradecería que pronunciase cuál es su decisión.
La señora PIGEM I PALMÉS: Efectivamente, aceptamos la enmienda que nos propone el Grupo Parlamentario Popular. Agradezco el contenido de las intervenciones de las portavoces de los grupos parlamentarios Popular y Socialista y celebro la sintonía que hay entre todos los grupos de la Cámara en la resolución de estos temas que afectan a los menores.
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar a la votación.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
DICTAMEN SOBRE:
- TRATADO SOBRE EL ESTATUTO JURÍDICO DE EUROFOR, HECHO EN ROMA EL 5 DE JULIO DE 2000. (Número de expediente 110/000066.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Dictamen sobre el tratado sobre el estatuto jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000.
¿Algún grupo desea fijar su posición?
Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
- CONVENCIÓN SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES Y PROTOCOLO FACULTATIVO, HECHA EN NUEVA YORK EL 8 DE DICIEMBRE DE 1969. (Número de expediente 110/000067.)
La señora PRESIDENTA: Por último, Convención sobre las misiones especiales y protocolo facultativo, hecho en Nueva York el 8 de diciembre de 1969. ¿Algún grupo desea intervenir?
Pasamos a la votación de esta Convención.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad el último punto del orden del día. Señorías, se levanta la sesión.
Era la una de la tarde.
Este documento ha sido publicado el 19sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights