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04nov16
El juez abre juicio oral contra Chaves y Griñán por el caso de los ERE
El juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis exconsejeros, y ha impuesto a Griñán una fianza de 4.214.702 euros. En su escrito, el juez explica que Griñán, presidente entre 2009 y 2013, será juzgado por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación, mientras que su antecesor, que fue presidente 19 años, entre 1990 y 2009, lo será solo por prevaricación.
En un auto fechado el 3 de noviembre, el juez abre juicio oral contra los expresidentes y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza 'política'.
El juez, que abre juicio oral por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, acuerda crear una pieza separada de responsabilidad civil y requiere a Griñán y a Martínez Aguayo para que presten una fianza de 4.214.702 euros; a Viera para que lo haga en la cantidad de 6.229.108 euros, mientras que a Vallejo le pide una fianza de 3.763.332 euros, apercibiéndoles de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas, se procederá a decretar el embargo de bienes.
Según explica el juez, "para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario".
Asimismo, "se ha ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el diez por ciento de la cantidad cuantificada por el Ministerio Fiscal en cada ejercicio, lográndose así la suma total que se exige afianzar a cada acusado".
El procedimiento, que se aplicó entre los años 2000 y 2011, tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía", según explicó el juez en el auto de procesamiento.
De este modo, se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros, indica el juez tras señalar que el manejo del dinero se hizo pese a las indicaciones contrarias recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado, de la Intervención andaluza, del despacho Garrigues y de la auditora Price-Waterhouse.
Hasta ocho años de cárcel
El escrito de apertura de juicio oral recoge las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de las partes personadas -PP, Manos Limpias y Junta de Andalucía-, cuyas peticiones oscilan desde la cárcel para ambos al archivo de la causa.
La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.
Para Chaves pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicita ocho años de prisión para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
Por su parte, Manos Limpias se adhirió a sus peticiones de cárcel y recordó que aún está pendiente que la Audiencia resuelva el recurso por el que pretenden incluir entre los procesados quince exaltos cargos de la Junta que fueron exculpados por el juez.
En el informe de la Junta se pide el archivo de la causa, al sostener que no aprecian prevaricación o malversación y "no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones".
El Partido Popular solicita dos años de cárcel y doce años de inhabilitación contra Chaves y Griñán al considerar que ambos y los otros 24 encausados han cometido un delito de "asociación ilícita".
[Fuente: República de las ideas, Agencia, Madrid, 04nov16]
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