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14abr15
Chaves llega al Tribunal Supremo para declarar como imputado por el caso ERE
El ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves declara hoy voluntariamente como imputado ante el juez que instruye el caso ERE en el Tribunal Supremo, quien decidirá en función del interrogatorio y otros eventuales indicios si es o no oportuno solicitar el suplicatorio para actuar contra él.
Alberto Jorge Barreiro, el magistrado instructor, ha citado durante el mes de abril ante el Supremo a cinco aforados -que lo son por ser parlamentarios-, quienes comparecen como imputados pero voluntariamente antes de que se decida si existen o no indicios para encausar a alguno de ellos.
El primero de los citados, el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, negó la semana pasada haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas investigada en el caso de los ERE en Andalucía y atribuyó la responsabilidad a sus subordinados.
Por su lado, el también ex presidente de la Junta y además ex consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, admitió durante su comparecencia, celebrada el pasado jueves ante el magistrado Barreiro, que en la gestión de los ERE hubo un gran fraude, pero no que estuviera planificado.
Negó asimismo haber recibido ningún informe de la intervención de la Junta alertándole de las irregularidades que se cometieron en la gestión de una parte de las citadas ayudas públicas y también apuntó que su departamento financió, pero no adjudicó las ayudas, y precisó que fue en este segundo punto en donde se produjo el fraude.
Además de Viera, Griñán y Chaves, en los próximos días comparecerán también ante Barreiro los ex consejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos como imputados.
Para poder interrogar a Zarrías, el instructor ya tiene sobre la mesa el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) sobre Zarrías y la senadora Mar Moreno, cuya comparecencia cerrará la ronda de declaraciones en el alto tribunal.
La investigación de la UCO se centra en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía y que pueden estar relacionados con los hechos que son objeto de la causa que le fue remitida por la juez de Sevilla Mercedes Alaya.
La ley permite que los diputados y senadores implicados en una causa penal se presten voluntariamente a ser interrogados como imputados para dar la oportunidad de que se despejen sospechas y no sea necesario pedir el suplicatorio contra ellos.
También puede suceder lo contrario y que el juez, después de su comparecencia, decida que sí corresponde pedir permiso a las Cortes para investigarles en relación con un determinado delito o delitos.
¿Prevaricador? ¿Malversador?
Con respecto a Chaves -que ha llegado puntual esta mañana al Supremo- al igual que el resto de aforados fue citado en calidad de "imputado" en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas".
En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez de Sevilla que investiga la matriz de esta causa acusa indiciariamente a los aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.
A Chaves se le cita en relación a actos realizados como presidente de la Junta Andaluza y previsiblemente se le preguntará en relación con el informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgar las ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado "transferencias de financiación".
Lo que dicen los peritos
En su informe pericial, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas.
De esta ayudas se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.
Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la ex ministra Magdalena Álvarez, el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.
[Fuente: El Mundo, Ep y Efe, Madrid, 14abr15]
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