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06ene14
La Intervención General del Estado acorrala a Chaves y a Griñán en la trama de los ERE
En la instrucción del caso de los ERE existe un antes y un después del contundente informe que la Intervención General del Estado entregó a la jueza Alaya a mediados del pasado mes de diciembre y que las partes personadas en el caso conocen estos días en toda su integridad. "Al tratarse de una prueba pericial, solicitada por la jueza de instrucción, el informe de la Intervención General del Estado se convierte ahora en la pieza nuclear del caso. El trabajo de las defensas consistirá a partir este momento, y hasta el día de la vista oral, en intentar desmontar todo lo que ahí se afirma", admite a El Confidencial el letrado de una de las partes personadas en el proceso.
De hecho, el informe, de más de 8.000 folios, acorrala a Chaves y a Griñán con el detalle minucioso del cúmulo de irregularidades cometidas, las leyes infringidas y los procedimientos ignorados, para concluir que el reparto de los casi mil millones de euros de fondos de Empleo puede acabar declarado "nulo de pleno derecho".
El informe de la Intervención General del Estado, elaborado durante dos años, responde a un auto de Mercedes Alaya de febrero de 2012 en el que la jueza pedía a los interventores que respondieran a las principales dudas y preguntas del caso de los ERE para obtener así una pericial exógena al proceso y a las distintas versiones ofrecidas por los protagonistas directos, desde los exgobernantes de la Junta hasta los propios órganos de control de la Administración autonómica, como la Intervención andaluza, cuya labor también se ve cuestionada.
En la vertiente exclusivamente política, el informe de la Intervención General desmonta la justificación que hasta ahora habían ofrecido los principales responsables del reparto de los fondos de Empleo, tanto Manuel Chaves, en su condición de expresidente de la Junta de Andalucía, como Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda, y José Antonio Griñán, doblemente afectado por ser exconsejero de Hacienda y expresidente. Hasta este momento, todos ellos habían afirmado que el reparto de los fondos de Empleo no podía considerarse ilegal porque estos se incluían en los presupuestos de la Junta de Andalucía, que aprobaba el Parlamento andaluz y que tiene, como todos, rango de ley.
La Intervención General, sin embargo, niega la mayor: las partidas destinadas a esos fondos se incluían en la memoria anexa, no en el articulado de los presupuestos, y por lo tanto no adquieren fuerza de ley. Por consiguiente, sin el paraguas de legalidad del Presupuesto, las irregularidades cometidas no pueden ampararse en que, en su día, las aprobaron por mayoría todos los diputados. El informe lo señala en dos apartados distintos. El primero, apoyado en sentencias del Tribunal Constitucional, se refiere a la utilización del Convenio Marco de los ERE al margen del articulado del Presupuesto de la Junta de Andalucía.
Más adelante, la Intervención General del Estado exime de toda responsabilidad al Parlamento de Andalucía, que a su juicio actuó correctamente, y centra toda la responsabilidad en el Gobierno autonómico y en la Consejería de Economía y Hacienda como responsable principal de la elaboración de los presupuestos en los que se incluía, camuflada, la 'trampa' de los ERE.
Pero ¿qué es, en definitiva, lo que hizo mal el Gobierno andaluz con el reparto de fondos de los ERE? A juicio de la Intervención General del Estado, durante diez años no se hizo nada bien, comenzando por la propia consignación de los fondos origen de toda la trama, ya que se idea un mecanismo de financiación, con apariencia de legalidad, para eludir cualquier control, cualquier fiscalización. A través de una partida presupuestaria, la 31L, se transfieren anualmente grandes cantidades de dinero a una empresa pública, el Instituto de Fomento de Andalucía o la Agencia Idea, como si fueran partidas destinadas a equilibrar la cuenta de explotación y, sin embargo, se utilizaban para conceder subvenciones. En suma, una operación de 'ingeniería presupuestaria' para que la Consejería de Empleo (CEM) pudiera eludir todo control.
Pero es que, además de todo lo expuesto, de la creación en los Presupuestos de un 'fondo opaco' o 'fondo de reptiles', como lo definió ante la Policía el propio exdirector general de Trabajo, y de la utilización indebida de las transferencias de financiación para pagar subvenciones sin supervisión, la Intervención General del Estado también cuestiona que la Junta de Andalucía tuviera competencias para conceder estas ayudas, tanto porque lo impide la legislación española como porque lo prohíbe la normativa europea, con lo que, sumadas en su conjunto todas las irregularidades, pueden conducir a la nulidad de pleno derecho de todas las subvenciones aprobadas con ese sistema ideado por la Junta de Andalucía. Todo ello conllevaría un conflicto de incalculables consecuencias toda vez que, al margen de los intrusos y los comisionistas, en el conflicto de los ERE también se ven implicados miles de trabajadores, ajenos al proceder del Gobierno andaluz, que se acogieron a las prejubilaciones que ahora están en cuestión.
[Fuente: Por Javier Caraballo, El Confidencial, Madrid, 06ene14]
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