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07abr13
Los sindicatos ofrecieron una fiesta de homenaje a Javier Guerrero cuando abandonó la Junta
Dirigentes de UGT y de Comisiones Obreras organizaron y brindaron un homenaje de despedida al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, cuando éste abandonó la administración andaluza. Se da la circunstancia llamativa, además, de que el homenaje se celebró en el restaurante Río Grande de Sevilla, que fue una de las primeras empresas que fueron investigadas por recibir subvenciones a cambio de tramitar falsos Expedientes de Regulación de Empleo, con intrusos incluidos.
La historia, que se conoció de forma tangencial al principio de la instrucción del caso de los ERE, adquiere ahora una relevancia especial, tras conocerse las últimas líneas de investigación de la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, y que apunta, precisamente, a la desviación de grandes sumas de dinero a los intermediarios, uno de los estamentos de los que se compone la pirámide de responsabilidades en la que se puede encajar visualmente la trama de los ERE. Entre los intermediarios, se encontrarían los propios sindicatos que cobraban comisiones, según la jueza, gracias a la capacidad de influencia y la información privilegiada de la que gozaban ante la Junta de Andalucía. Los principales dirigentes de UGT y de CCOO, como veremos luego, han desmentido estos extremos, pero detengámonos ahora en el momento en el que Javier Guerrero abandona la Junta de Andalucía.
Por lo que se supo nada más estallar el caso de los ERE, en el Gobierno andaluz y en el propio PSOE andaluz se conocía desde hacía tiempo los desmanes de Javier Guerrero en su vida privada, su adicción a las drogas y al alcohol. De hecho, en cuanto trascendió la existencia de los primeros intrusos en los ERE (personas que se incluyeron para cobrar la prejubilación sin haber trabajado jamás en esas empresas) la justificación que se ofreció en el PSOE fue esa, la adicción a la cocaína del que había sido durante tantos años director general de Trabajo. También se conoció que, desde 2007, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, había intentado destituir a Guerrero, pero que se encontró con la oposición frontal del poderoso secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, también exconsejero de Empleo, y de los sindicatos, con gran poder de influencia en el Gobierno andaluz. Ni uno ni otros querían que Guerrero dejara el cargo en el que estaba y desde el que repartía decenas de millones a su antojo, sin el menor control.
La situación personal de Javier Guerrero, sin embargo, siguió deteriorándose y finalmente, tras ingresar incluso en una clínica de desintoxicación, acabó abandonando el cargo en abril de 2008. Fue entonces cuando los sindicatos, que habían defendido su gestión con todas sus fuerzas, le organizaron un homenaje de despedida. Del acto festivo se tiene constancia judicial porque, para más inri, se celebró en un restaurante investigado por los falsos ERE. El 16 de septiembre de 2011, la propietaria del restaurante Río Grande, María del Carmen García, se vanaglorió ante la juez Alaya de que en su establecimiento acudían, "gracias a dios, muchos políticos y muchísima gente", y puso como ejemplo que fue allí donde UGT y CCOO organizaron la fiesta de despedida de Javier Guerrero.
En aquella declaración, de la que la propietaria de Río Grande salió imputada de varios delitos, se conocieron, además de aquel homenaje de los sindicatos, algunos detalles de la trama de los ERE, entre chuscos y grotescos, como la existencia de una peluquera, a la que se había incluido como prejubilada intrusa del restaurante, para que prestara su cuenta corriente, de donde el dinero de la prejubilación entraría y saldría cada mes. Cuando sacaron todo el dinero "me dieron 1.700 euros para que me tomara una cerveza", contó la peluquera. El restaurante recibió mucho más, una subvención de un millón y medio de euros a pesar de que el año anterior había declarado beneficios superiores al millón de euros y que ni siquiera había presentado una solicitud para acogerse a los ERE.
Pero si tenía beneficios y ni siquiera había presentado una solicitud, ¿cómo llega ese restaurante a beneficiarse de las subvenciones del fondo de reptiles? Por lo que conocemos ahora, ése era, precisamente, el trabajo de los sindicatos: captar empresas para que se acogieran a los ERE. Luego, la Junta de Andalucía aprobaba la subvención y las consultoras y los bufetes de abogados se embolsaban la correspondiente comisión, de hasta el 25% (la comisión a precio de mercado no llegaba al 1%), y abonaban a los sindicatos su parte alícuota.
Como se decía antes, esto es lo que sospecha la juez Alaya, porque así lo han expresado varios implicados, pero los sindicatos lo desmienten. Ayer mismo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, lo negó con rotundidad y, más allá, afirmó incluso que los sindicatos son "víctimas" del fraude de los ERE. Cándido Méndez se remitió luego a las explicaciones que ya han ofrecido los dirigentes sindicales en Andalucía. Manuel Pastrana, por ejemplo, es secretario general de UGT de Andalucía y, desde hace meses, combate con todos sus medios las acusaciones que se realizan. A su juicio, "UGT Andalucía no ha recibido ni un céntimo que tenga que ver con los ERE. Ni legal ni ilegalmente. Ni directa ni indirectamente". "Nuestro papel no ha ido nunca más allá de la firma de protocolos con las empresas, si existía, y las administraciones afectadas dispuestas a colaborar en la búsqueda de soluciones a empresas en crisis. Nunca hemos formado parte de ningún proceso de negociación de un ERE porque, según los estatutos de UGT y nuestro organigrama interno, esa responsabilidad corresponde a las Federaciones estatales que poseen personalidad jurídica propia y capacidad para actuar con total autonomía en el ámbito de sus competencias", afirmó.
Esa es la explicación que ofrece UGT y, como se puede observar, a quien exculparía, en todo caso, es a las direcciones regional y federal de los sindicatos, pero no a las personas que sí negociaban los ERE en nombre de los sindicatos. De hecho, la juez Alaya habla en sus autos de "los entornos de los sindicatos", en referencia a particulares y a algunas empresas participadas por ellos, que se habrían beneficiado con cerca de cinco millones de euros. De la participación de los sindicatos en la trama se tiene constancia, además, por varios testimonios. El exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, le dijo a la juez Alaya que "los sindicatos cobraban una comisión por la negociación que llevaban en los conflictos laborales". Y más tarde, el ex director de una de las consultoras, Vitalia, Antonio Albarracín, también declaró que el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, que también pasó por prisión, me manifestó que "él hacía las pólizas con quien le decían los sindicatos".
Todo ello sin contar, obviamente, con que el propio Lanzas, uno de los principales imputados de la trama, estuvo más de veinte años en UGT y que durante más de una década ocupó cargos de responsabilidad, con lo que la conexión con el sindicato es evidente. Si quedaba alguna duda de la implicación directa o indirecta de los sindicatos en la trama de los ERE, sólo faltaba recordar aquel homenaje en Río Grande para cerrar el círculo de sospechas. Si como dice Cándido Méndez, UGT es víctima del fraude de los ERE, parece claro que lo es por culpa de algunos de sus propios dirigentes.
[Fuente: Por Javier Caraballo, El Confidencial, Madrid, 07abr13]
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