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08may11
La Escuela Andaluza de Salud Pública inhabilitada por el BID a causa de contrataciones irregulares
En la denuncia que el español José Castro presentó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contra el yerno del ex gobernador José Manuel de la Sota, Carlos Laje, el médico Enrique Rozenblat y la Escuela Andaluza de Salud Pública (Easp) en febrero de 2008, se menciona que los por entonces funcionarios cordobeses ocultaron su condición de contratados por la entidad española para evitar ser cuestionados al contratar después ellos mismos los servicios de la Easp desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
El texto de la denuncia apunta a que Laje y Rozenblat cometieron una irregularidad al contratar siendo funcionarios del Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (Proaps) del Gobierno de Córdoba a la entidad andaluza, y por eso fueron luego sancionados por prácticas fraudulentas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiaba el programa de salud.
En el escrito al que accedió este diario, Castro relata que en una ocasión en la que –en su condición de representante de la Easp– se reunió con Laje con motivo de la adjudicación de la consultoría, éste le pidió que no mencionara el vínculo contractual que lo unía con el organismo andaluz, porque en Córdoba no se conocía.
Advirtió Castro que una de las personas que desconocía esa situación era la por entonces asesora legal de la Sub Unidad Ejecutora del Proaps que coordinaban Castro y Rozenblat, abogada Carolina Avellaneda.
Consultada por este diario, Avellaneda respondió que ni Laje ni Rozenblat le comunicaron que habían sido contratados por la Easp en carácter de consultor y profesor asociado. “No, no sabíamos nada –dijo la letrada–. Ni él (por Laje) ni Rozenblat nos habían dicho que estaban contratados. Si lo hubieran hecho, les habría señalado que era una incompatibilidad”.
Avellaneda recién se enteró de la irregularidad meses después, cuando fue contactada por abogados del BID que llegaron a Córdoba para investigar la denuncia de Castro.
Este diario llamó en reiteradas ocasiones al Observatorio de Salud de la Provincia de Córdoba para contactarse con Laje, pero nunca lo encontró. Se le enviaron consultas por escrito, a sus direcciones de correo electrónico personal y funcional, pero nunca respondió. Y también se lo intentó contactar a través del teléfono celular de su pareja, una hija de José Manuel de la Sota. Pero tampoco hubo respuesta.
Reuniones sospechosas.
En la denuncia, Castro relata lo ocurrido en una serie de reuniones ocurridas entre 2005 y 2006 –que documenta con actas oficiales de la Easp–, en las que se advierte de los contactos poco claros entre los funcionarios del Proaps y de la Easp.
Dichos encuentros ocurrieron en noviembre de 2005 (Buenos Aires), mayo de 2006 (Buenos Aires), septiembre de 2006 (Montevideo) y marzo de 2007 (Montevideo), donde según la denuncia las autoridades de la Easp le pidieron a Castro que renovara el contrato de Laje, y el de Rozenblat, que seguiría por un año. Para entonces, ambos habían contratado ya a la Easp desde el Ministerio de Salud de Córdoba.
“Dado lo irregular de la situación –señaló Castro en la denuncia ante el BID–, decidí no firmar los nuevos contratos que se me proponían. Esta negativa provocó que durante la visita que realicé a Córdoba el 19 de abril de 2007, con el expreso objetivo de aclarar la situación, Carlos Laje me expusiera que el contrato que me había negado a firmar era parte del acuerdo alcanzado con personal de la Easp, por el que él mismo y Rozenblat serían contratados a cambio de que Proaps seleccionara a la Easp para el proyecto de evaluación de la canasta básica y otros futuros proyectos”. Y agregó: “Siendo que este acuerdo se veía frustrado (Laje) me exigió, a modo de comisión, el pago del equivalente del contrato que me había negado a firmar”.
En el punto octavo de su denuncia ante el BID, Castro aseguró haber comunicado a la Dirección de la Easp, “por escrito y verbalmente”, la gravedad de la situación y su negativa “a pagar cualquier tipo de comisión ilegal”, así como la necesidad de abrir una investigación al respecto. Semanas después lo despidieron.
El caso, paso a paso
Denuncia.
El 15 de febrero de 2008, el abogado español José Castro envió a Alan Siegfried, auditor general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la denuncia de lo que le había ocurrido durante su gestión como director de la sede Montevideo, Uruguay, de la Escuela Andaluza de Salud Pública (Easp), entre 2006 y 2007. Esos hechos, que él describió como irregulares, involucraron a los médicos argentinos Enrique Rozenblat y Carlos Laje, coordinadores del Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (Proaps), un proyecto financiado con un crédito multimillonario del BID, durante la gestión delasotista.
Sanción.
A raíz de la denuncia, ambos médicos y el organismo español terminaron sancionados e inhabilitados para la gestión de proyectos y recursos del BID.
Respaldado.
A pesar de la sanción por supuestas irregularidades mientras fue funcionario de José Manuel de la Sota, Laje sigue teniendo funciones oficiales y fue respaldado en su cargo actual de director del Observatorio de Salud de la Provincia por el ministro Oscar González, con el argumento de que la sanción administrativa no había tenido un correlato judicial. Cuando lo tuvo, González dijo que lo que se le había atribuido a Laje no era “nada raro”.
Consecuencias.
Este diario accedió recién ahora al texto completo de la denuncia de Castro ante el BID. Esa presentación tuvo ecos en la Justicia española, donde la Fiscalía de Granada abrió una causa por presunta corrupción, y en el fuero Penal, Económico y Anticorrupción de Córdoba, donde se abrió una causa de oficio que hasta ahora no ha arrojado resultados.
[Fuente: La Voz del Interior, Córdoba, 08may11]
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