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29may13
Bruselas pide a España más presión fiscal y una gran reforma de impuestos antes de un año
El sistema fiscal español vuelve a estar bajo la lupa de la Comisión Europea. Y más en concreto, en todo lo relacionado con el IVA, que, según Bruselas, debe reformarse para sacar más productos del tipo reducido (10%) para llevarlos al tipo normal (el 21%). Esta es una de las nueve recomendaciones que ha presentado este miércoles el comisario Olli Rehn. Como era conocido, Bruselas ha dado hasta 2016 a España (dos años más) para situar el déficit público por debajo del 3%, el umbral de la estabilidad presupuestaria. Pero en lugar de situar el objetivo en el 6,3% para este año, como pedía el Gobierno, lo ha colocado en el 6,5%, lo que da mayor margen a las CCAA y su déficit asimétrico.
La Unión Europea, en concreto, ha pedido a España "una revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014". Y entrando más en detalle, insta a limitar el gasto fiscal (lo que deja de recaudar Hacienda por la política de deducciones) relativo a la imposición directa, explorando "el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos y adoptar medidas adicionales en lo que respecta a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes". Igualmente, recomienda -una manera piadosa de decir obliga- a adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades e intensificar la lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado.
La Comisión parte de una premisa. Pese a que en 2012 se efectuó un reequilibrio de la carga impositiva relativa hacia los impuestos sobre el consumo y el medio ambiente, el ratio ingresos tributarios/PIB "sigue siendo uno de los más bajos de la UE". La eficiencia del sistema tributario, sostiene Bruselas, puede mejorarse, además, "aumentando la proporción de impuestos indirectos más favorables al crecimiento y luchando contra el fraude y la evasión fiscal".
No es esta la única vuelta de tuerca que exige la Comisión. También reclama acelerar la nueva edad de jubilación (67 años). Y en particular, habla de que a finales de 2013, "a más tardar" esté vigente la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones; estableciendo, entre otras cosas, que "la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida".
Sobre el mercado laboral, no hay ninguna novedad. La UE insiste en que hay que profundizar en su reforma, en particular en todo lo relacionado con las políticas activas de empleo (formación), orientándolas a la consecución de resultados. Para lograr ese objetivo, se propone "reforzar y modernizar los servicios de empleo público para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación".
Fin al déficit eléctrico
Bruselas insiste, de la misma manera, con un viejo mantra. De nuevo insta al Gobierno a reducir la tarifa eléctrica y, en concreto, insta a abordar este desequilibrio (unos 28.000 millones de deuda titulizada) "adoptando y aplicando una reforma estructural del sector de la electricidad antes del final de 2013". Y en esta línea, reclama nuevos esfuerzos para completar las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos; además de reducir el pasivo contingente de las finanzas públicas derivado de las infraestructuras de transporte no rentables. Y en este sentido, recomienda "establecer una evaluación nacional independiente de los grandes proyectos de infraestructura futuros". Una evaluación que podría afectar a la construcción de nuevas líneas de AVE.
La UE aborda también la unidad de mercado y reclama, en concreto, aprobar y aplicar "urgentemente" el proyecto de Ley remitido al Congreso, al tiempo que pide garantizar la eficacia, autonomía e independencia del organismo regulador, junto a la aprobación antes de 2013 de la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, reagrupando y concentrando los regímenes de apoyo a la internacionalización de las empresas. Asimismo, reclama reducir el número de procedimientos de concesión de licencias y hacerlos más cortos, también en el caso de las actividades industriales, ampliando el uso del sistema de llamada 'licencia rápida' a actividades que no sean minoristas.
[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 29may13]
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