Equipo Nizkor - El delegado del Gobierno, ante la juez: "Yo no he puesto en peligro la vida de nadie".

Tras tres meses de investigación, la juez que instruye el 'caso 8-M' ha escuchado la versión del delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco. El investigado ha negado las conclusiones recogidas en los informes de la Guardia Civil y del médico forense, así como las acusaciones presentadas en la denuncia original. "Yo no he puesto en peligro la vida de nadie", ha insistido.

Según han precisado a Vozpópuli fuentes jurídicas, durante la hora y media de declaración Franco ha defendido que no tiene competencias en materia sanitaria, sólo las respectivas a seguridad ciudadana, y que "no había ningún elemento para prohibir el 8-M".

Las mismas fuentes han asegurado este diario que la juez Carmen Rodríguez-Medel ha dedicado gran parte de su interrogatorio a las conclusiones de la Guardia Civil presentadas en sendos informes al juzgado. A la salida de su comparecencia, Franco ha admitido ante la prensa sus discrepancias con la versión de la Benemérita. "Desde el respeto que tengo a la institución, que es muy grande, no puedo estar de acuerdo con el informe que han hecho. Es una valoración muy subjetiva".

"Apego a la ley"

En declaraciones a la prensa, Franco ha asegurado que su comparecencia "ha consistido en dejar perfectamente claro que la actuación como delegado del Gobierno ha sido siempre con apego a la ley y con arreglo a las noticias que se iban teniendo de los expertos en relación al coronavirus".

Fuentes jurídicas han confirmado que el dirigente socialista ha insistido ante la juez que "no había ningún elemento" que le llevase a "prohibir el ejercicio de un derecho fundamental". "No está acreditado por ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuviesen que ver con la manifestación del día 8. Los técnicos y los expertos sanitarios saben que si se produce el contagio tarda en manifestarse 15 días. Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios", ha dicho Franco.

En el juzgado, preguntado por los correos electrónicos emitidos en la Delegación del Gobierno para la prevención de riesgos laborales, Franco ha hecho hincapié en las diferencias que, a su juicio, supone tomar medidas para que los funcionarios trabajen de cara al público y prohibir el derecho fundamental de manifestación.

Además de la juez, también ha participado en el interrogatorio el letrado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que dirige la acusación popular en la causa. Según han precisado a este diario fuentes presentes en la declaración, ha sido el momento más "tenso". El sindicato ha insistido en el hecho de que se prohibiera la manifestación en el domicilio del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Franco ha alegado que dicha decisión se tomó porque afectaba otro derecho fundamental, en referencia al derecho a la intimidad. "Si la manifestación hubiera sido en el Ministerio, no se habría prohibido", ha asegurado.

El delegado del Gobierno ha comparecido al figurar como principal investigado en la causa por un presunto delito de prevaricación administrativa al permitir la celebración de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo. Ha acudido la tarde de este miércoles, acompañado de su defensa a los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, por citación de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel.

La declaración ha tenido lugar un día después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid acordara seguir con las pesquisas y rechazara la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de archivar las diligencias. Ambas habían requerido el cese de la causa al considerar que no había indicios de delito.

La conclusión de la Guardia Civil

La juez dirige desde el pasado 23 de marzo una investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirusy permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer.

La magistrada intenta determinar si el Ministerio de Sanidad alertó al equipo del delegado de Gobierno en Madrid antes del 8 de marzo. La Policía Judicial ha asegurado en sus informes que el equipo de Franco sí era consciente del peligro. "Se llega a la conclusión de que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento [previo al 8-M] de los informes, recomendaciones y documentación que han sido emitidos (...) así como toda la información que el Ministerio de Sanidad emitía diariamente sobre la crisis de la comida en su página web y en diferentes ruedas de prensa", han apuntado los agentes de la Guardia Civil.

El informe forense

El médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid también ha presentado sus conclusiones en una segunda entrega de su informe. El especialista, encargado de investigar la celebración del 8-M en plena expansión del coronavirus, ha concluido que la Delegación del Gobierno en Madrid "tenía conocimiento de la peligrosidad que entrañaba la covid-19 para la salud de los madrileños" y que no avisó ni a los organizadores ni a los manifestantes. Según su análisis, ya en febrero "había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombesanitaria".

En el documento, el especialista también ha valorado la actuación del delegado del Gobierno en Madrid. Ha precisado que el organismo que dirige había emitido previamente unas órdenes muy claras de protección para sus trabajadores, lo cual contrasta con "haber permitido encuentros masivos de personas". "Es como cuidar a los de casa y menospreciar a los de fuera", ha señalado. Franco se ha defendido de estas alegaciones.

Ronda de testigos

La declaración del delegado de Gobierno en calidad de investigado se suma a la de otros 11 testigos. Tres de ellos han acudido la tarde de este miércoles. Está previsto que los ocho restantes comparezcan este jueves por la mañana en el Juzgado.

En la lista de citados destacan ocho funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid. Cuatro forman parte del equipo a cargo de gestionar las manifestaciones y figuran en el informe de la Guardia Civil en el que se advierte a la juez de "la posible intencionalidad" del delegado de evitar que quedara registro del intento de impedir algunas concentraciones por el brote de la covid-19.

10jun20

El delegado del Gobierno, ante la juez: "Yo no he puesto en peligro la vida de nadie"

[Fuente: Por Tono Calleja y Liliana Ochoa, Vozpópuli, Madrid, 10jun20]

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