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10jun20
El delegado del Gobierno responderá a las preguntas pese a creer que la causa es nula
La causa del 8-M llega este miércoles a su punto álgido en medio de una batalla campal. El episodio del cese del coronel Pérez de los Cobos, los errores y 'lagunas' del informe de la Guardia Civil, el duro cruce de escritos entre la Abogacía del Estado y la instructora, Carmen Rodríguez-Medel, han ido precalentando el ambiente. Solo unas horas antes de la comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, la magistrada ha rechazado suspender su interrogatorio y el del resto de testigos citados en las próximas horas. Pese a considerar que el procedimiento es nulo de pleno derecho, Franco, imputado por un delito de prevaricación administrativa, contestará a las preguntas que le formulen todas las partes durante su declaración, informan fuentes de su entorno.
La actividad vinculada al procedimiento ha sido frenética en los últimos días. Tras el primer polémico informe del instituto armado, vino un segundo en el que se mantenían las mismas tesis que, a grandes rasgos, se resumen en que el Gobierno era consciente antes de la manifestación del Día Internacional de la Mujer del peligro de contagio. También el forense adscrito al juzgado ha aportado su análisis ampliado, en el que llega a conclusiones parecidas. La Fiscalía se posicionó por primera vez, poniéndose del lado de los servicios jurídicos del Estado, que llevan la defensa de Franco. Ambos han solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que cierre el procedimiento.
En dos meses, las diligencias ya acumulan 2.500 folios. Documentación procedente de Sanidad, la propia Delegación u organismos como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón, dos informes de Policía Judicial y dos del forense. El último de los escritos que engrosan su magnitud es el auto dictado por la jueza en el que rechaza todos los motivos alegados para que archive y asegura que ha encontrado reticencias en la entrega de estudios por parte del CCAE.
En medio de tanta tensión, la declaración está fijada a una hora peculiar, las 15:30 en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid. Se celebrará de forma presencial y frente a varias acusaciones populares, personadas tras aportar fianzas de 1.000 euros. La primera de ellas en cumplimentar los trámites fue la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional que ostenta, por ello, la dirección letrada. También acudirán el Sindicato Manos Limpias y Vox.
Entre las preguntas que afrontará Franco, estará el conocimiento previo del riesgo del que disponía la Delegación antes de la manifestación. La Guardia Civil asegura que sabían que era peligroso desde "mediados de febrero", cuando los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales ya comenzaron a reunirse para adoptar medidas concretas para evitar contagios entre el personal. El organismo defiende, sin embargo, que no tuvo ninguna noticia o alerta sobre el riesgo de contagio por el virus hasta el pasado 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria.
Además de la declaración de Franco, el Juzgado 51 ha fijado otras comparecencias. Declararán el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, en calidad de testigos. Ya el jueves están citados cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativas del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz, y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.
Después comparecerán tres promotores de manifestaciones: Javier Gómez Ochoa, de CCOO, Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de Anonymus for the Voiceless Animal Save, y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja. Las declaraciones continuarán por la tarde, cuando acudirán a la sede judicial los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran. Son: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon, y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.
[Fuente: Por Beatriz Parera, El Confidencial, Madrid, 10jun20]
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