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26may20


La Guardia Civil concluye que la delegación desoyó nueve alertas sanitarias antes del 8-M


El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pasaron por alto nueve alertas sobre el coronavirus antes de que se celebrara la manifestación del 8-M. Esa es una de las conclusiones que recoge la Guardia Civil en el informe que ha remitido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, que ha citado a declarar como imputado a Franco el próximo 5 de junio por un presunto delito de prevaricación por permitir la celebración de concentraciones masivas en los días previos a que se decretara el estado de alarma.

El análisis de la Guardia Civil, que este domingo llevó al Ministerio del Interior a cesar al coronel de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por negarse a anticipar su contenido, recoge una serie de advertencias que se produjeron antes de que se prohibieran manifestaciones como la del 8-M o actos como el de Vox en Vistalegre. Estas alertas llegaron tanto de instituciones internacionales como de españolas, pero ninguna de ellas se tomó lo suficientemente en serio como para prohibir la celebración de esas concentraciones: "No recomendamos a nadie nada", argumentó Simón un día antes de que se produjera el 8-M. "Si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera".

La primera alerta que la Guardia Civil recoge en su informe es la que lanzó la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 29 de enero de 2020. Según explica el instituto armado, en ese momento ya se recomendó "evitar las aglomeraciones y no permanecer con frecuencia en espacios cerrados y abarrotados", así como "mantener al menos un metro de distancia de cualquier persona con síntomas respiratorios de infección" o "lavarse las manos frecuentemente". Un día después, la Guardia Civil apunta a que la OMS calificó el brote como pandemia y declaró una "emergencia de salud pública de importancia internacional", pero se trata de un error: la OMS no calificó el brote como pandemia hasta el 11 de marzo.

Una vez expuestos estos dos primeros avisos, el informe subraya cómo la OMS avisó en febrero de que Europa era "el epicentro de la pandemia": el 16 de febrero, publicó un documento "recomendando a las autoridades de salud pública de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres internacionales, establecer planes y medidas de contingencia", y el 24 de febrero, otro en el que hacía referencia a "la prevención de eventos de amplificación de transmisión del virus".

La Guardia Civil incide además en las alertas que llegaron también por parte del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que el 2 de marzo señaló que "España, al igual que el resto de Europa", se encontraba "en un escenario 1", apuntando así a una "transmisión local limitada" del coronavirus. en el que se recomendaba una "contención del brote" y "evitar o retrasar la propagación y la sobrecarga del sistema sanitario". Otro de los consejos que lanzaba entonces el ECDC era "asegurar la comunicación e información a todos los ciudadanos, de forma que el público en general sea plenamente consciente de la gravedad del COVID-19", logrando así "la aceptación de las medidas puestas en marcha (incluyendo el distanciamiento social que es la más restrictiva)".

Tras repasar estos cinco avisos internacionales, la Guardia Civil apunta a otros cuatro que se produjeron a nivel nacional antes del 8-M. El primero tuvo lugar el 6 de marzo, cuando la Consejería de Sanidad de Madrid emitió una nota sobre medidas preventivas en las que apuntaba a "reforzar la protección de los profesionales sanitarios" y recomendaba evitar "los lugares con aglomeración de personas". Ese mismo día, la Dirección General de Salud Pública de Madrid emitió dos resoluciones con las que se suspendían "las prácticas que se realizan en cualquier centro sanitario" y se ponían en marcha una serie de restricciones en los centros de ancianos.

El último aviso antes del 8-M que destaca la Guardia Civil llegó desde el propio Ministerio de Sanidad, que el 6 de marzo "recomendó el aplazamiento de la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2020, en atención a la incidencia que estaba teniendo el contagio del coronavlrus y el volumen de solicitantes extranjeros que se desplazarían a España". Apoyándose en estos avisos y en el análisis de la Guardia Civil, que ocupa 81 páginas, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel interrogará el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en Madrid, investigación en la que, al menos desde el instituo armado, también se apunta ya a Fernando Simón.

[Fuente: Por Nacho Abad y P. Gabilondo, El Confidencial, Madrid, 26may20]

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