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06may20
La mayor asociación de fiscales pide a Delgado que aclare los plazos de instrucción
La Asociación de Fiscales (AF) ha enviado una carta a Dolores Delgado para que aclare cómo quedan los plazos de instrucción tras el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 28 de abril. La petición llega después de que la secretaría técnica de la Fiscalía enviara un informe sobre este decreto que, en principio, neutraliza el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se establecen los plazos máximos de instrucción. La AF tacha este documento de ambiguo y pide mayor concreción a la fiscal general del Estado para evitar malentendidos.
"Por la importancia del derecho que resulta afectado por el contenido del artículo 324 LECrim, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas de relevancia constitucional, esa derogación deberá ser expresa y por tanto alejada de interpretaciones, más o menos alambicadas, que a la postre puedan determinar que el proceso y el ejercicio de la acción penal se vean frustrados. Y es que en Derecho los atajos conducen siempre a resultados indeseados", critica la asociación, de corte conservador y mayoria en la carrera.
El artículo en cuestión fue aprobado con el Gobierno de Mariano Rajoy y establece un plazo máximo de seis o 18 meses para asuntos complejos. Su derogación ha sido defendida por los partidos que ahora forman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pero no pudieron hacerlo en la legislatura pasada. Pese a ello, el decreto aprobado el 28 de abril parece acabar con ese artículo al hablar de que los plazos se "reiniciarán" tras el coronavirus, referencia que invita a pensar que el contador volverá a cero en cuanto a los tiempos de investigación.
"Es posible que a través de dicha interpretación se pretenda aliviar la presión que impone el precepto en el trabajo diario de todos los fiscales de España en el control de los plazos de instrucción de unos procedimientos sobre los que apenas tienen conocimiento. Son esas las razones por las que la Asociación de Fiscales ha insistido siempre en la derogación del artículo 324", reconoce la AF. El modo en que se ha hecho, sin embargo, es lo que motiva la carta, para lo que la asociación señala que el informe de la secretaría técnica "contribuye a esa situación de confusión".
"Llama la atención del referido informe que se emita, según reza el mismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.3 del EOMF por cuanto la regulación que ofrece este precepto no parece estar orientada a la comunicación directa entre la Secretaría Técnica y la Carrera y porque, sin lugar a dudas, carece del valor vinculante propio de la Instrucción o Circular causando con ello un notorio perjuicio al principio de unidad de actuación que siempre debe regir nuestra función", denuncia la AF. "Puede generar una mayor confusión entre los fiscales y ser fuente de inseguridad jurídica al no ser herramienta idónea para la búsqueda del principio de unidad".
Tras exponer estos argumentos a lo largo de dos páginas, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales solicita entonces "la emisión del instrumento estatutario necesario que garantice el principio de unidad de actuación y que al mismo tiempo ampare a los miembros del Ministerio Fiscal ante eventuales acciones legales que puedan generarse como consecuencia de un criterio que cuando menos es discutible jurídicamente".
[Fuente: Por P.G., El Confidencial, Madrid, 06may20]
This document has been published on 10May20 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |