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20mar20
Sanidad intenta aplacar a las comunidades tras requisarles material sanitario básico
"Nuestros proveedores nos cuentan que les incautan el material en aduanas y, desde el decreto de alarma, nos llega a cuentagotas. Anoche [por el miércoles] nos llegaron 52.000 mascarillas quirúrgicas cuando la presidenta ha pedido casi 14 millones. Solo en La Paz se utilizan 30.000 en un día". Fuentes de la Comunidad de Madrid denuncian la confusión y el miedo que las incautaciones de material ordenadas por el Ministerio de Sanidad han creado en los proveedores y distribuidores. Hasta el punto de que el ministro tuvo que emitir el pasado martes un 'Criterio interpretativo' por escrito, al que ha tenido acceso este medio, para intentar dar seguridad a los distribuidores y que el material sanitario llegue a los hospitales de toda España.
Un distribuidor de este equipamiento sanitario confirma que en el mercado internacional hay ahora mismo material, pero que la orden de Sanidad del fin de semana amenaza la importación: "Una empresa de Israel me ofrecía un millón de mascarillas con válvula y otro millón sin válvula, y luego podía producir 500.000 diarias. Tenía en 'stock' 10.000 termómetros por infrarrojos, 100.000 monos y ofrecía 20 millones de guantes de nitrilo en 15 días. Ahora mismo hay material en el mercado, pero Sanidad se tiene que poner las pilas para comprar. En unos días lo van a reclamar en otros países y cuando empiecen a comprar EEUU, Brasil, Nigeria o Colombia, no habrá". Este mismo distribuidor alerta ya de que la especulación se ha disparado: los guantes de nitrilo han pasado de 3,8 euros la caja a 11 euros, por ejemplo.
Por ello, y ante las quejas insistentes de las comunidades autónomas --principalmente Andalucía, que fue la primera el martes en exigir por carta que se devolvieran las 150.000 mascarillas incautadas por la Guardia Civil a uno de sus distribuidores en Jaén y que, según la Junta, dejaban sin un suministro comprometido a sus hospitales, y Madrid, cuya presidenta detalló las necesidades de material en la reunión del domingo con Pedro Sánchez y se lo ha vuelto a recordar en una carta este mismo jueves--, el Ministerio de Sanidad tuvo que emitir el documento supuestamente aclarativo para intentar calmar al sector.
La carta "interpretativa" de Illa
En el documento, el ministro Salvador Illa asegura que no se ha "previsto actividad de incautación, confiscación o requisa alguna", sino que la orden dada era que los proveedores españoles dieran "conocimiento a este ministro del 'stock' existente" de los productos para abastecer a los hospitales. Con respecto a las mascarillas, el documento pretendía aclarar que el ministerio, tras el decreto del estado de alarma, solo pretendía "prohibir comercializarlas fuera del territorio nacional" y su "obligación de destinarlas al abastecimiento de centros y servicios sanitarios, con carácter prioritario, no exclusivo", lo que abriría el abanico a, por ejemplo, ayuntamientos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o policías autonómicas.
Por ejemplo, esa inseguridad ha afectado a ayuntamientos como Colmenar Viejo (50.000 habitantes) en el norte de Madrid. Su alcalde, Jorge García, del PP, explica: "Estábamos comprando mascarillas con normalidad para la policía local y protección civil y el viernes pedimos 5.000 unidades más que venían de Israel, donde nos dijeron que fabrican medio millón al día. Pero el lunes, tras el estado de alarma, el proveedor nos dijo que no podía porque se las iban a requisar en la frontera. Desde entonces, llamamos a la comunidad y al ministerio y nadie nos proporciona mascarillas. No lo entiendo".
La poca claridad de la orden del fin de semana ha afectado hasta a las residencias de ancianos, que viven situaciones dramáticas. Como denuncia la adjunta a la dirección de la residencia Madre Maravillas, Lidia Álvarez, "hemos solicitado material de protección a los proveedores habituales. Algunos de ellos están desabastecidos, pero otros nos han comentado que cuando estaban ya en reparto del material a los centros de mayores, los Cuerpos de Seguridad se los han requisado para entregarlos a los hospitales".
Por último, el documento también pretendía aclarar que el ministerio quedaba "habilitado para adquirir y distribuir productos necesarios para la salud sin perjuicio de las facultades que otras entidades pudieran tener al respecto". Es decir, especificaba a los proveedores y distribuidores que el ministerio no tiene la exclusiva de esos productos y que podían venderlos a las CCAA.
Illa intenta calmar: no hay incautaciones
Todos esos argumentos eran repetidos por el ministro Illa en una rueda de prensa en la que el problema de las incautaciones y cómo han podido desabastecer el mercado fue uno de los protagonistas. Illa intentó tranquilizar a los distribuidores y dijo que, pese a las incautaciones que la Guardia Civil y la Policía Nacional han publicitado y que han frenado las importaciones, el Gobierno no quiere quedarse con material de los distribuidores: "Queremos comprar tanto como podamos en cualquier mercado. Esto no excluye que otros actores del sistema sanitario y fuera del sistema sanitario puedan seguir comprando productos".
Illa negó lo que todos los actores del mercado denuncian, las incautaciones, que siguieron ayer mismo: "No hay requisación ni hay impedimento en aduanas", y afirmó que las fuerzas de seguridad solo actúan cuando detectan tráfico ilícito.
En la misma mañana de ayer, la Policía Nacional intervino 19.600 mascarillas, 12.880 botellas de soluciones hidroalcohólicas, 1.280 gafas protectoras, 498.000 guantes de nitrilo, 468 botellas de alcohol y 150 batas desechables. Agentes de la Comisaría General de Policía Judicial --los servicios centrales del instituto armado-- hicieron esta intervención en el polígono industrial Cobo Calleja de la localidad madrileña de Fuenlabrada y en el distrito de Usera, dentro de la capital de España. En la primera localidad, según explican a El Confidencial fuentes del Ministerio del Interior, la Policía intervino el material en un hangar cuando este iba a ser vendido a particulares.
La Policía aclaraba en su nota que seguía la orden del Ministerio de Sanidad, que establece que "todas las empresas privadas y particulares" que dispongan de productos necesarios para la protección de la salud deben "comunicar" al Gobierno "sus existencias y localización". "Estaban haciendo acopio de una gran cantidad de material sanitario y no lo habían comunicado a Sanidad", defiende el comunicado de la Dirección General, que critica que los que poseían los equipos "no facilitaron información sobre el destino que se iba a dar a los artículos".
"O nos llegan ya..."
El documento y la rueda de prensa del ministro, sin embargo, no han servido para 'liberar' el mercado. Fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid insistían anoche en que "o nos llegan ya o se nos acaban las pocas existencias". La presidenta Ayuso, en la carta que ha enviado a Moncloa, estima que la Comunidad de Madrid necesita, para afrontar el "pico de nuevos casos en 20 días", 14 millones de mascarillas, 254.000 batas desechables, 64.000 monos impermeables, 60.000 gafas de protección, 7.000 cajas de guantes, 2.000 trajes 3-B, 65.000 calzas altas, 586 respiradores, 315 monitores y 223 camas, además de solicitar "70.000 kits de detección" del Covid-19.
En la misiva, Ayuso agradece "la colaboración estrecha que estamos manteniendo entre el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid", pero le recuerda que "solo podremos superar esta situación cooperando y manteniendo una visión global de la situación. Espero que podamos seguir trabajando juntos en esto". El ministro Illa se negó a valorar la crítica en la carta de Ayuso: "No voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político".
[Fuente: Por Alberto Pérez Giménez, El Confidencial, Madrid, 20mar20]
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