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05nov20
Un comité de Moncloa vigilará a los medios y perseguirá lo que considere "desinformación"
El Gobierno pone en marcha su procedimiento de actuación contra la desinformación. Una materia que preocupa y ocupa en Moncloa. El propio Pedro Sánchez ya anunció en su discurso de investidura que sería una prioridad para su gabinete. Presidencia del Gobierno y la Secretaría de Estado de Comunicación llevarán las riendas de este plan que considera "imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España".
Este procedimiento fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y se publica este jueves en el BOE. Las riendas del mismo las llevarán dos hombres de Moncloa: Iván Redondo, jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. La orden señala como "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas" la "información veraz y diversa", pero advierte de la amenaza que supone "la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
Para hacer frente y combatir la desinformación, el Ejecutivo crea una Comisión Permanente contra la desinformación, cuyo objeto será el de "asegurar la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la desinformación". Este órgano será coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación y presidida de forma ordinaria por el director del Departamento de Seguridad Nacional, que a su vez ejercerá las funciones de Secretaría.
El Gobierno hace suyas las líneas estratégicas del European Democracy Action Plan que, con el "objetivo de atajar la desinformación y reforzar la resiliencia de las sociedades europea", contempla, entre otras cosas, incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos; fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil.
También expone la necesidad de abordar la desinformación de "manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la Covid-19".
Cuatro niveles de actuación
El procedimiento, según queda establecido en la orden publicada en el BOE, establece cuatro niveles diferentes de activación con los que Moncloa quiere detectar tanto campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas.
Entre la medidas de actuación que pondrá en marcha el Gobierno figuran, según el nivel que se imponga, la monitorización y vigilancia para la detección, alerta temprana, notificación y análisis; la participación en el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (RAS) y activación de los protocolos; así como la activación, en su caso, de una célula de coordinación contra la desinformación activada ad hoc por el director del Departamento de Seguridad Nacional, pasando por la realización de una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de la campaña de desinformación.
Niveles de activación
Nivel 1: Nivel con capacidad para actuar a nivel técnico de detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia.
Nivel 2: Nivel con capacidad para apoyar la coordinación, sincronizar y priorizar todos los esfuerzos en la lucha contra la desinformación
Nivel 3: Nivel en el que se adoptan decisiones y marcan objetivos de carácter político-estratégico con el objeto de hacer frente a una campaña de desinformación.
Nivel 4: Nivel de gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional.
En su planteamiento, el Gobierno sitúa como "fundamento de la resiliencia de nuestras sociedades frente a los desafíos", "la libertad de expresión y la libertad y pluralidad de los medios de comunicación", y apela a estos últimos para colaborar en su plan.
El Ejecutivo podrá solicitar la colaboración del sector privado, esto es, medios de comunicación, plataformas digitales, asociaciones, las ONG y aquellas personas en su condición de expertos, cuya contribución se considere relevante para llevar a cabo "acciones como la identificación y no contribución a la difusión de la desinformación, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación en el entorno digital, entre otras".
[Fuente: Por Raúl Piña, El Mundo, Madrid, 05nov20]
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