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25mar20
Un juzgado investiga si fue delito autorizar el 8M pese al coronavirus
Un juzgado de Madrid ha acordado abrir una investigación penal contra el delegado del Gobierno en la comunidad para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la del 8M pese a los datos sobre la epidemia de coronavirus que con los que ya se contaba en esas fechas. La juez ha adoptado la decisión tras recibir una denuncia en ese sentido de un particular contra todos los delegados de gobierno de España y contra el presidente del Gobierno. La juez asume sólo lo que afecta al delegado en Madrid, José Manuel Franco Pardo, porque no tiene competencia sobre los demás.
La denuncia se basa, según resume la resolución judicial, en que "a pesar de los datos con que se contaba en los primeros días de marzo de 2020 y, singularmente, a pesar del informe del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades del 2 de marzo de 2020 sobre el coronavirus, las reuniones multitudinarias en Madrid de los días 7 y 8 de marzo no fueron prohibidas o restringidas por la autoridad competente, el Delegado del Gobierno de Madrid".
El escrito del particular consideraba que se podía haber cometido un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, la juez duda de que sea la calificación jurídica correcta y sugiere que a ella podrían sumarse "otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional".
"En opinión de esta instructora, y con todas las cautelas propias de esta fase inicial de la investigación, resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de -a la luz de las consideraciones expuestas- clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos".
La juez ordena numerosas diligencias. La primera de ellas, un informe forense que explique "si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración".
En segundo lugar, la juez pide a la Guardia Civil que le informe del curso que se dio "al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en lo que a España se refiere". En concreto, cuál fue el "órgano de recepción oficial de dicho informe en nuestro país, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido)".
La decisión ha sido adoptada por la responsable del juzgado de instrucción 51, Carmen Rodríguez Medel, la misma que instruyó las causas sobre los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
[Fuente: Por Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 25mar20]
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