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16ene07
La Audiencia Nacional vuelve a dictar orden de detención de tres militares de EE.UU. por la muerte de Couso
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz volvió a ordenar la busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, de los tres militares estadounidenses imputados por la muerte, el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad (Iraq), del cámara de Tele 5 José Couso.
Pedraz adoptó esta decisión en una providencia en la que además solicita al fiscal que le informe sobre la posibilidad de decretar el embargo de bienes de la Administración estadounidense para responder de las eventuales responsabilidades civiles subsidiarias derivadas del proceso.
En concreto, el abogado de la viuda de Couso, Leopoldo Torres, solicitó al juez que solicitara un millón de dólares a los tres militares e idéntica prestación de fianza por parte de la Administración Federal de Estados Unidos como medida cautelar dirigida a la reparación e indemnización efectivas de las responsabilidades pecuniarias y civiles derivadas de la muerte del cámara.
Respecto a las tres órdenes de detención, Pedraz ya las había dictado por primera vez el 19 de octubre de 2005, pero su decisión quedó sin efecto después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara el pasado 10 de marzo archivar la causa al considerar que se trató de un "acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado" y que España no era competente para juzgar a los militares norteamericanos.
Finalmente, el pasado 14 de diciembre, el Tribunal Supremo resolvió que la Audiencia Nacional era el tribunal competente para investigar estos hechos, fundamentalmente, porque la nacionalidad de Couso, muerto en Bagdad (Irak) por disparos de un tanque estadounidense, supone un plus de legitimación para que la Justicia española -y concretamente la Audiencia Nacional- investigue el caso.
Así dispuso remitir la causa al instructor, que hoy reactivó, vía Interpol, las órdenes internacionales de detención de los tres militares: el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp.
Tras la decisión del Supremo, el abogado de la viuda solicitó la pasada semana al juez que volviera a ordenar estas detenciones y que decretara la prisión incomunicada y sin fianza de los militares, al entender que fueron ellos los que dieron la orden o dispararon desde el tanque causando la muerte de Couso.
El abogado indicó, tras hacer estas peticiones, que de no prosperar lo solicitado o en el caso de que Estados Unidos no extradite a los tres militares, la familia de Couso y él están dispuestos a recurrir a otras instancias, como a la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 23 de diciembre.
En octubre de 2005, Pedraz consideró los hechos constitutivos de delito y solicitó la colaboración de las autoridades americanas para tomar declaración al sargento, al capitán y al teniente coronel.
El departamento de Justicia de EE.UU. rechazó ejecutar el auxilio judicial solicitado alegando que el Comando Central de Estados Unidos ya investigó los hechos y concluyó que fue una respuesta justificada y proporcionada acorde con las reglas de la guerra.
[Fuente: La Vanguardia, Madrid, Esp, 16ene07]
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