14feb01
Debate del Pleno del Congreso sobre la actuación del Gobierno ante la inmigración y seguimiento de los Acuerdos de El Ejido.
(...) - DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERALDE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS RAZONES DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN GENERAL ANTE LA INMIGRACIÓN Y EN PARTICULAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL 12 DE FEBRERO DE 2000 TRAS LOS SUCESOS DEL PASADO AÑO EN EL EJIDO (ALMERÍA). (Número de expediente 172/000062.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la actuación del Gobierno en general ante la inmigración y en particular por el incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero de 2000, tras los sucesos del pasado año en El Ejido. Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señor ministro, usted como nosotros recordará cómo el presidente del Gobierno dijo en su día, refiriéndose a un traslado irregular de inmigrantes desde el aeropuerto de Málaga a diversos países africanos, que existía un problema y que ese problema se había resuelto con la expulsión de los inmigrantes. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Esa parece ser la filosofía que todavía sigue aplicando su Gobierno respecto a la inmigración. Se considera un problema y hay que resolverlo, simple y llanamente, con la expulsión. Además, si se tensa el ambiente y se ganan algunos votos, mejor que mejor. ¿Que en el camino se quedan algunas personas y que se alimentan sentimientos antirracistas en la población? Esos son simples efectos colaterales, como se dice, pero no tiene la menor importancia. Lástima, señor ministro, señorías, que los millones de personas que pasan hambre, que sufren guerras y persecución en sus países de origen no les comprendan a ustedes, que no les llegue clara y nítidamente su mensaje, que no comprendan las bondades de sus leyes, que no aprecien su buena voluntad al gobernar y al final se acaben dejando engañar por mafias que les sacan los ahorros de toda su vida y les hacen jugarse la vida en el Estrecho intentando alcanzar un supuesto paraíso. Si ustedes fuesen capaces de comprenderlos se acabarían de inmediato los encierros, las pateras en el Estrecho y los que ahora vienen a nuestro país se quedarían, eso sí, muriéndose de hambre en sus lugares de origen, esperando que las virtudes del liberalismo les resuelvan los problemas, como nos decía ayer el secretario de Estado para la Cooperación; eso sí, a nosotros dejarían de molestarnos, así como a todos los hombres y mujeres de orden de este país. A pesar de eso quedarían decenas de miles de sinpapeles en nuestro país que ya han llegado. ¿Y a estos qué les decimos? Les podemos decir, siguiendo esa misma política, que sigan trabajando en condiciones difíciles por la comida, que vivan en lugares de miseria pero que no armen ruido, que sigan escondidos, que desaparezcan del mapa a mediodía después de trabajar y nos dejen tranquilos, como tiene que ser.
Señor ministro, como usted comprenderá esa no es la realidad ni va a serla. Usted sabe que la evolución de la situación, tras la aplicación de su ley, ha puesto de manifiesto las políticas del Gobierno al iniciar la contrarreforma legislativa; ha puesto en evidencia la ineficacia en los recursos y ha puesto en evidencia las graves deficiencias e irregularidades en las que incurre el Gobierno. Los efectos de esa incapacidad del Gobierno se demuestran significativamente en estos primeros meses del año para dar una respuesta a la realidad, una respuesta que sea realmente eficaz. Las pateras en las costas andaluzas o en las canarias, los encierros que se suceden en distintos puntos del país, la sobreexplotación, la marginalidad en el trabajo y las pésimas condiciones de vida evidencian que ustedes no van por el camino que sería lógico y deseable. Hay poca credibilidad en su política porque los acuerdos que se firmaron en El Ejido, hoy por hoy, están muy lejos de ser una realidad. Ustedes saben que los jueces solamente han admitido dos de las más de 600 denuncias que en aquellos días interpusieron los abogados de SOS-Racismo. Además, nos preguntamos qué pasa con las teóricas actuaciones de oficio que había que haber llevado, porque nada ha trascendido de las diligencias judiciales abiertas, ni siquiera hemos sabido qué actuación se ha llevado a cabo en torno a la grave agresión que sufrió la máxima autoridad, el subdelegado del Gobierno; no sabemos qué ha pasado, qué medidas han tomado en torno a aquella agresión.
Desde la Subdelegación del Gobierno se habla de constantes gestiones para mejorar la situación de los inmigrantes en Almería, pero lo cierto es que, frente a esas constantes gestiones que dice el Gobierno que realiza, los sindicatos, las ONG, los colectivos de extranjeros coinciden en la apreciación de que un año después no se ha hecho prácticamente nada en El Ejido, que ha sido un año de congelación total y absoluta, como ha dicho el presidente de Atime. En El Ejido, hoy por hoy, la entrada de magrebíes en ciertos bares sigue siendo imposible, sigue siendo vetada. Todavía son marginados los inmigrantes, que viven apartados de los núcleos urbanos ante la imposibilidad de poder alquilar casas en el centro y teniendo que recorrer distancias kilométricas a la hora de ir a comprar o de tramitar alguna gestión. Usted sabe que hace ahora un año se marchó alrededor del 60 por ciento de los inmigrantes que residían en la zona hacia el norte de España, según denuncian los propios colectivos de inmigrantes. En esta situación ustedes siguen empeñados en aplicar su ley, que no solamente es evidente que no resuelve los problemas sino que los está agravando; una ley que nosotros consideramos --y así lo vamos a hacer-- que debe ser recurrida ante el Tribunal Constitucional porque vulnera derechos constitucionales que deben ser reconocidos para toda la población. El proceso de regularización puso en evidencia que las estimaciones que ustedes hacían eran falsas, porque a día de hoy nadie discute que hay más de 100.000 personas --señor ministro, personas-- que no están regularizadas en España, que no tienen papeles, no que sean ilegales. Hay más de 100.000 personas a las que hay que responder, a las que no se puede expulsar de este país yque son necesarias; eso sí, hay que mantenerlas en condiciones humanas, en condiciones dignas y no ser cómplices de que al vivir en unas condiciones tan precarias tengan que se ser pasto de las mafias. Cambiando la ley no se alientan las mafias. Precisamente con leyes más restrictivas las mafias tienen más posibilidades de hacer negocio, cuanto más restrictiva es la ley más se pone a los inmigrantes en sus manos. Con transparencia, con regularización es como las mafias no existirían, pero con su ley, señor ministro, ustedes son cómplices de esas mafias, porque los inmigrantes no tienen otro camino que ponerse en sus manos para alcanzar ese paraíso que se les enseña como si fuese la salvación.
Señor ministro, ustedes no pueden ser ajenos a esta situación, no pueden ser inconscientes ante esta situación. Ustedes son conscientes de cuál es el camino que lleva su ley. Yo no creo que ustedes gobiernen a tontas y a locas. Ustedes gobiernan en función de unos intereses muy concretos, que son los de aquellos que quieren mantener a la inmigración como una mano de obra barata, como una mano de obra al servicio de las mafias. Esa es su mayor responsabilidad, señor ministro. Por eso venimos aquí con esta interpelación a pedirle cuentas, porque creemos que su Gobierno, repito, va por mal camino. Y no se lo decimos solamente desde Izquierda Unida, sino que se lo están diciendo hoy decenas y decenas de colectivos, y por citarle alguno muy cercano, hasta la propia Iglesia católica les dice estos días que están actuando de una forma que no sólo no es justa sino ni siquiera humana. Por eso no puede justificarnos su ley con la necesidad de controlar u ordenar los flujos migratorios. Usted sabe que eso no es verdad, que los flujos migratorios no se controlan con una ley sino de otra manera. No es este el debate pero habría que hablar de la condonación de la deuda externa o de qué hay que hacer para que gran parte de la humanidad no tenga que huir de sus países porque no puede vivir en ellos. Así se controlan los flujos migratorios, no poniendo muros en el Estrecho.
Izquierda Unida no va en solitario, créanos. Nos sentimos muy arropados en este debate por decenas y decenas de personas y por muchos colectivos sociales que están con nosotros. Hoy se ha presentado en Andalucía otra propuesta de recurso de inconstitucionalidad de la ley en el Parlamento andaluz, arropado por sindicatos, por Andalucía Acoge y por otros muchos colectivos. Y vamos a seguir así porque entendemos que la nueva ley no hace más que agravar estos problemas, además de poner en cuestión en nuestro país el respeto a los derechos humanos universales, tal y como recoge nuestra Constitución, y también los derechos sociales y laborales que amparan a los trabajadores en los tratados internacionales. Porque estamos convencidos de eso creemos que es necesario presentar ese recurso, porque es una ley inconstitucional, y lo vamos a conseguir. Sabemos las presiones que está habiendo; sabemos que si no hubiese presiones, entre comillas, razones de Estado, hoy por hoy habría más de 50 diputados y senadores que habrían presentado ya ese recurso. Más de 50 diputados y diputadas de todos los grupos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, están convencidos de que es una ley inconstitucional. Pero a pesar de las trabas lo vamos a conseguir; a pesar de las trabas se va a recurrir la ley y el Tribunal Constitucional pondrá a cada uno en su sitio y dejará claro que su ley es inconstitucional.
También queremos plantear aquí que hay que tomar medidas ya, hay que intentar abrir un nuevo proceso de regularización. Usted, señor ministro, no puede decir que la ley no se puede cumplir y no se va a cumplir. Si la ley no se va a cumplir es mejor cambiarla. Por consiguiente, hay que impulsar ya un proceso claro y transparente. No puede un día decir el delegado del Gobierno en Andalucía una cosa y el delegado en Madrid otra. Eso sí que alienta las mafias, eso sí que produce efectos divergentes. Que el Gobierno de una vez por todas abra un nuevo proceso de regularización y que deje claro que todos los inmigrantes que están en estos momentos en España se pueden regularizar porque hacen falta, señor ministro, y se lo dicen también las organizaciones campesinas y agrarias. Hay que hacer ya ese proceso con transparencia y con buena voluntad, no con las trabas que en algunos sitios se pusieron al anterior proceso, porque no es de recibo que en este momento, mientras por una parte se demandan inmigrantes, por otra el Gobierno saque esa espada de Damocles que es la expulsión con la que ustedes siguen amenazando.
Para terminar, señor ministro, nos gustaría que hoy usted aquí no solamente defendiese, como entiendo debe hacer si está convencido, la ley que ustedes han aprobado, sino sobre todo que se comprometiese con medidas concretas para que se cumpliesen los acuerdos de El Ejido, porque ahí su Gobierno pierde credibilidad; que se comprometiese hoy, y es nuestro planteamiento, a que haya un proceso de regularización de todos los inmigrantes que ahora mismo hay en España con todos sus derechos, porque lo contrario, repito, convertiría a usted y a su Gobierno en cómplices de las mafias ya que pondríamos a esos inmigrantes en manos de las mafias, y eso, le repito una vez más, se llama complicidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señorías, la dificultad de una interpelación a una política de Gobierno, que en mi opinión no tiene nada que ver con la realidad, es ciertamente su dificultad, su máxima dificultad. Usted ha descrito una política que no tiene nada que ver con la política del Gobierno, absolutamente nada, y si usted es adversario de esa política que ha descrito, yo también soy absolutamente adversario de la política que usted ha descrito, y estoy tan en desacuerdo con la política que usted ha descrito como usted, pero hay una diferencia y es que no tiene nada que ver con la política del Gobierno.
La primera consideración que le quiero hacer, señoría, es que cuando le he escuchado he tenido la impresión de que S.S. parece olvidar que la política de inmigración en España no puede ser abordada ni valorada de forma individualizada sin hacer una valoración ni un enjuiciamiento simultáneamente de los criterios políticos que determinan los esfuerzos de la Unión Europea para afrontar la inmigración.
En el marco de la Unión Europea usted sabe, señoría, que las cuestiones migratorias han sido tradicionalmente abordadas por los gobiernos de forma unilateral y han dado lugar a un conjunto de regulaciones diferenciadas en cada uno de esos países. Pero eso es el pasado, no tiene nada que ver ya con la realidad, señoría. Parece usted olvidar que hay un Tratado de Amsterdam que ha previsto lo que es ya una gradual pero inexcusable comunitarización de estas cuestiones, que fija plazos, que fija objetivos y prioridades, de modo que los Estados tenemos que ir sabiendo ceder competencias, soberanía en esta materia y debe trascender ya lo que es una mera cooperación intergubernamental.
No quiero reiterarle los principios no ya del Tratado de Amsterdam, sino de la cumbre de Tampere, pero simplemente los voy a enunciar porque son los tres grandes ejes que está cumpliendo escrupulosamente el Gobierno de España en su política de inmigración. En primer lugar, apertura de un diálogo y colaboración con los países de origen y de tránsito de inmigrantes hacia la Unión Europea. Usted ha hablado de cooperación internacional. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Está empezando a diseñar grupos de alto nivel, entre ellos Marruecos, para afrontar lo que es una medida global respecto de la inmigración en origen. Es un esfuerzo aunque lento que lo tiene que hacer el conjunto de la Unión y que España sola no lo puede hacer. En segundo lugar, ¿qué dice Tampere? Que se integren socialmente en plenitud de derechos todos los que residen legalmente en los Estados miembros de la Unión, y eso es básicamente un principio de nuestra Ley de extranjería. En tercer lugar también dice Tampere, en una marcada diferencia respecto del anterior enunciado, que hace falta una adecuada gestión de flujos para hacer frente a la inmigración ilegal.
Señorías, estos no son sólo principios que están ahí. La Comisión ya ha elaborado un cuadro de seguimiento de actuaciones que debe realizar antes del 1.º de marzo de 2004 y este año, ya en el segundo semestre y en Presidencia belga se va a celebrar una conferencia monográfica sobre el tema de la inmigración, conferencia ministerial, y el propio Consejo Europeo va a tener que evaluar este año los resultados conseguidos en la aplicación del programa de Tampere. ¿Qué quiere decir, señoría? Que en estos momentos en el seno de la Unión Europea, en los consejos donde abordamos los temas de inmigración, estamos tratando de construir una cultura común, una doctrina común, un proyecto y un discurso común en materia de inmigración en el seno de la Unión Europea.
No sólo tenemos que desarrollar nuestra Ley de inmigración en España, en el ámbito nacional, sino que en coherencia con los mismos principios que lo estamos haciendo aquí tenemos que afrontar un reto europeo. Le voy a poner cinco ejemplos, para que vea que no me estoy inventando nada; cinco ejemplos y cinco retos inmediatos. El primero, una directiva europea sobre agrupación familiar simultáneamente con nuestro reglamento de extranjería; está en pleno debate, está en una segunda lectura en el Consejo de Ministros de la Unión. El segundo, una comunicación sobre política de inmigración, que se ha presentado ya y está en pleno debate en el Consejo. En tercer lugar, una directiva europea de armonización de regulaciones nacionales sobre transportistas, sobre lo que significa el grupo de personas que mediante el transporte negocian con inmigrantes, que ya está prácticamente aprobado y sólo falta la aprobación de Suecia. Un cuarto reto: la propuesta directiva sobre el estatuto de extranjeros residentes legales, que aún no ha sido presentado por la Comisión. Y quinto, en lo que estamos trabajando Consejo tras Consejo y creo que estamos ya próximos a alcanzar un acuerdo, es una política común de asilo europeo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, señoría.
Si usted se olvida de Europa cuando habla de regularización, de lo que ha significado esta regularización en el año 2000, yo me preguntaba si estábamos hablando de lo mismo, porque esta regularización que hemos hecho es la más ambiciosa, con diferencia, de toda la democracia española. La suma de todos los inmigrantes regularizados en los tres procesos extraordinarios de los años 1986, 1991 y 1996 sólo representa el 70 por ciento de todo los inmigrantes que van a ser regularizados en este último proceso extraordinario 2000-2001. Que estos procesos de regularización no agotan la inmigración irregular es un dato, pero una cuestión es saber que siempre va a existir una inmigración de carácter irregular y otra bien diferente es que la inmigración tenga una componente esencialmente irregular, que es lo que ha caracterizado a España en estos años y en ese terreno no podemos caer en la resignación, por eso es tan importante fomentar el hábito de la inmigración regular. Ése es el camino más difícil, pero es el camino que ha emprendido el Gobierno.
Además, aquí hay que buscar y encontrar un punto de equilibrio entre lo que es un esfuerzo de legalidad, que debe ser el objetivo de la ley y de aplicación de la ley, con lo que significa la existencia permanente de una determinada inmigración irregular que existe en España, existe y seguirá existiendo en todos los países de la Unión Europea. Pero, señoría, se han presentado 246.599 solicitudes, se van a conceder 200.000; es decir un porcentaje superior al 80 por ciento, y es una quinta parte del conjunto de la inmigración regularizada que tenemos en España. En ese sentido quiero decir que este proceso, que ya se encuentra en su fase final, probablemente va a tener su remate en el Consejo de Ministros del viernes, donde vamos a aprobar el real decreto de revisión que afecta a esos 60.000 inmigrantes pendientes y que evidentemente será aprobado una vez que conozcamos el dictamen del Consejo de Estado. En esa línea, quiero decirle que no ha habido más que objetividad a la hora de abordar la regularización. No es verdad que en Andalucía y en Cataluña haya habido criterios distintos y que por ello las cifras de denegación han sido superiores. No es verdad. Le voy a poner un ejemplo, porque además explica muy bien el fenómeno de la inmigración irregular. Cataluña, por su proximidad geográfica con Francia, constituyó en un momento determinado el objetivo de un importante colectivo de extranjeros que procedían de los países del Este de Europa y de los países asiáticos, pero que se hallaban residiendo irregularmente en Francia y en otros países comunitarios y buscaron en el proceso de regularización una oportunidad para legalizar su situación y ésa es la razón por la que en Cataluña se han presentado 62.000 solicitudes de un conjunto de 256.000.
Tercera consideración que le quería hacer: los incidentes de El Ejido. Señoría, usted se ha referido a un estado de incumplimiento de lo que son acuerdos del 12 de febrero. De todos los incumplimientos a que usted se ha referido ninguno compete al Gobierno. El Poder Judicial tendrá que determinar, en lo que ha significado una agresión al subdelegado de Gobierno, quién es el responsable, pero no es el Gobierno. Cuando usted dice que los inmigrantes en ocasiones tienen problemas para encontrar un factor de convivencia razonable en determinadas ciudades, eso no depende del Gobierno, ésa es una actitud de la sociedad.
Señoría, yo no voy a presumir, porque no hay ninguna razón para presumir de El Ejido. Más bien le quiero decir que soy consciente de que hubo unas causas profundas que ocasionaron aquel lamentable y rechazable episodio; pero eso no es fácil de remediar para resolverlo en profundidad. Cuando la convivencia queda afectada los remedios no son fáciles, señoría, y ello no significa que se pueda hablar de inacción o de incumplimiento del Gobierno, y me remito a las competencias del Ejecutivo en esta materia. Se instalaron inmediatamente por la Dirección General de Protección Civil 42 módulos habitables para proceder al realojamiento de 300 inmigrantes. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha abonado, tal y como se comprometió, 232 indemnizaciones por un valor del 100 millones de pesetas. La Secretaría General de Asuntos Sociales, a través de una resolución del 29 de mayo, publicó las ayudas y subvenciones, al amparo del Fondo de emergencia social, a un conjunto de organizaciones sociales por valor de 300 millones. En el ámbito de la regularización, quiero decirle que hubo un acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, con los sindicatos y al mismo tiempo con las asociaciones, y quiero decirle que el resultado en Almería ha sido que se han regularizado 10.000 inmigrantes en este período de los años 2000/2001. En el programa de vivienda, señoría, se ha suscrito un convenio, al que usted no hace referencia, entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento, que prevé la convocatoria de promoción de viviendas en alquiler, que van a ser destinadas a trabajadores temporales en municipios de alta movilidad temporal.
Señoría, voy acabando pero por último le quiero hacer una reflexión sobre una cuarta idea con dos capitulaciones finales. La cuarta idea es: ¿sabe usted lo importante en la inmigración? Que entendamos que lo importante es fomentar los hábitos de la legalidad. Ése no es un esfuerzo baldío. Vale la pena hacerlo y estamos a tiempo de hacerlo. ¿Un instrumento básico? Para hacer lo que debemos, es de verdad definir, potenciar, actualizar, ordenar el contingente. El contingente debe ser un instrumento básico para una política de inmigración. No puede ser un instrumento de regularización de inmigrantes de carácter irregular en España. Debe ser un instrumento de ordenación en función de las necesidades de nuestro mercado de trabajo en los países donde debemos fomentar el hábito de la legalidad de la inmigración. Tenemos que actualizar el concepto del contingente y que no siga siendo un instrumento, que no debe ser, de regularización de inmigración irregular en España, porque eso es desnaturalizar ese concepto. Por ello, tenemos un gran reto y una gran dificultad a través de cada comisión de trabajo provincial para definir y determinar las necesidades de trabajo que necesita el mercado laboral español.
Termino, señoría. Quiero decirle que todos los responsables políticos europeos en materia de inmigración enuncian exactamente los mismos principios dentro y fuera de los consejos europeos. ¿Qué es un discurso o un proyecto lleno de limitaciones? Sin duda. ¿De imperfecciones? Sin duda. ¿Qué no resuelve todos los problemas? Sin duda, pero tratan siempre de buscar no la satisfacción de una ideología determinada; buscan siempre y en estos momentos, y algunos gobiernos de Europa lo han entendido ya, el equilibrio, lo razonable, lo prudente, el sentido común, porque si este talante resulta indispensable para todos los problemas políticos ante un fenómeno como el de la inmigración, que nadie sabe y en qué grado va a evolucionar en las próximas décadas, todavía hay que poner más el acento en este carácter. Todo aquel que afirme que en una década ya conoce la evolución del fenómeno de la inmigración, por lo menos, señoría, es un insensato.
Lo que nosotros decimos con esta ley y con esta política, es que no nos debe guiar el miedo, pero sí la prudencia; que no nos debe atraer la radicalidad, sino lo que le he dicho antes, la búsqueda permanente de un equilibrio. El Gobierno, señoría, en la elección y en la definición de esta actitud, tiene un gran reto en materia de inmigración. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señor ministro, tengo que reconocer que al principio me ha sorprendido porque yo sé que ustedes han echado la culpa a Europa o a otras zonas de la crisis de las vacas locas, de los carburantes, y creía que también le iba a echar la culpa de todo el problema de la inmigración. Eso ha sido algo cuando menos novedoso en su intervención.
Si hablamos de Europa, podemos hablar de la valoración que han hecho los europarlamentarios que han visitado El Ejido estos días, podemos hablar también de la consideración que su ley ha merecido en diversos gobiernos europeos, y creo que no iban a salir ustedes bien parados porque su ley no es precisamente una ley ejemplo en Europa.
Usted ha planteado algunos temas que yo creo hay que centrarlos en su línea. Usted habla de problemas judiciales. Nosotros creemos que el fiscal general del Estado algo tiene que ver con el Gobierno, y podía y tenía que haber actuado; que el subdelegado del Gobierno algo tiene que ver con el Gobierno, y cuando se le agrede el Gobierno tiene que actuar. Yo quería que usted me hubiese explicado aquí cuál ha sido la actuación del Gobierno en defensa de la autoridad del subdelegado del Gobierno, que en otros casos bien la defienden.
También quería que usted hubiese contestado la pregunta que hoy se hacen los que están encerrados y otras muchas personas en este país preocupadas por el tema, y es qué va a pasar con los inmigrantes que ya están en España y han quedado fuera del proceso, que quedan fuera de esos 60.000 que ustedes dicen que van a legalizar. Efectivamente estamos de acuerdo con lo que dice la Unión Europea, hay que integrar a los que ya están legalmente instalados; el problema es que ustedes no los quieren instalar legalmente. ¿Qué va a pasar con ellos? Solamente hay tres caminos: se les regulariza, se les expulsa o se les deja en manos de las mafias. Yo creo que si ustedes no actúan se convierten en cómplices. Creo que aquí debería quedar claro qué va a pasar, cuál va a ser la actuación de su Gobierno para evitar que caigan en manos de las mafias.
Usted ha dicho que en El Ejido se ha legalizado a 10.000, pero no ha dicho que en El Ejido ha habido un 18 por ciento de denegaciones más que en el resto del Estado; por eso le hemos dicho que no se ha actuado en todos los sitios con el mismo talante. Usted ha hablado de que se han instalado módulos para viviendas, que eran provisionales, que todavía siguen siendo provisionales y nos tememos que lo sigan siendo por mucho tiempo. Usted habla de un convenio, pero un convenio que puede ser papel mojado si no hay terrenos, que puede ser papel mojado si no hay posibilidad de construir viviendas, y esos módulos provisionales se convertirán en eternos, como tantas otras cosas provisionales en este país, y usted también tiene que decir qué va a pasar en ese caso.
Es verdad que el Gobierno central no tiene responsabilidad, pero sí tiene alguna relación con el alcalde de El Ejido y algo le puede decir, porque usted no puede decir que es culpa de la sociedad. El Gobierno tiene que actuar. El Gobierno no puede mirar hacia otro lado y decir que es culpa de la sociedad, como usted ha venido a decir aquí. Alguna autoridad tendrá usted sobre el alcalde de El Ejido. La realidad es que el Ayuntamiento de El Ejido ha entorpecido las actuaciones en este sentido. También ha habido otros ayuntamientos, por desgracia no solamente de su partido, que también han entorpecido la puesta a disposición de terrenos para la construcción de viviendas. No solamente son las ONG o los colectivos los que tienen que hacer campaña, su Gobierno y los ayuntamientos deben hacerla, pero también tienen que actuar para evitar que se consoliden situaciones que todos lamentamos. Señor ministro, la realidad es que no se ha creado ningún albergue ni residencia para trabajadores temporeros. Es una realidad en El Ejido un año después. Por tanto, no puede usted subirse a esta tribuna como si todo fuese muy bien, porque no es esa la realidad.
Para terminar, señor ministro, le repito que la intención de esta interpelación no es criticar la política de su Gobierno, porque en eso a estas alturas tenemos ya poca confianza; queríamos interpelarle para que usted dijese qué va a pasar, porque eso es lo que está pidiendo la gente. La gente no se encierra y se pone en huelga de hambre por gusto; se encierran y se ponen en huelga de hambre porque no ven claro el futuro. Usted tiene la oportunidad de decir qué va a pasar con los inmigrantes que están hoy en España. Por supuesto usted quiere fomentar la legalidad. Señor ministro, eso es relativamente fácil de decir desde esta tribuna y desde nuestra sociedad; pero vayamos a los lugares de origen y vamos a ver cuál es la legalidad en ellos. Es evidente que no hablamos el mismo lenguaje, señor ministro.
Usted habla un lenguaje, que es el mismo que hablaba ayer el secretario de Cooperación, y nosotros hablamos otro lenguaje, que es el de la solidaridad. Como nosotros creemos en la solidaridad, como creemos que hay que devolver solidaridad, y que es la única forma de acabar con las mafias, le vuelvo a interpelar por última vez para que usted diga si están dispuestos a regularizar, a dar derechos a todos los inmigrantes que hoy se encuentran en España. Eso es lo que le demandan no solamente Izquierda Unida, sino las decenas de encerrados, las decenas de colectivos y gran parte de la sociedad de este país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro.El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría, empezando por las cuestiones concretas que usted me plantea sobre El Ejido. ¿Qué tendrá que ver, señoría, El Ejido con la Ley de extranjería? ¡Si la Ley de extranjería ha entrado en vigor el 23 de enero de este año! Ha dicho usted que esta Ley de extranjería produce los efectos de El Ejido y produce una distorsión en Europa. ¿Qué tendrá que ver El Ejido con la ley y con Europa, señoría? ¿Quién puede estar orgulloso de la situación de El Ejido, señoría, de esa situación que hemos vivido en estos últimos años? En mi opinión, ni usted, ni yo, ni el alcalde de El Ejido, ni absolutamente nadie puede estar feliz con esa situación. Quiero recordarle que mi autoridad sobre el alcalde es ninguna; eran otras épocas. Ahora bien, también quiero decirle que no ha habido inacción por parte del Gobierno. Araíz de esos incidentes hubo 200 detenciones a lo largo de esas jornadas. Evidentemente, al final, cuando se producen las detenciones, el Poder Judicial, el juez correspondiente es el que tiene que determinar. Lo mismo le puedo decir del incidente del subdelegado del Gobierno. Si el subdelegado del Gobierno o cualquier otra persona ha sido agredida las actuaciones tienen que estar en función de la investigación que determine un juez, pero no hay una actuación fundamentalmente gubernativa en ese sentido y en ese terreno. Solo quiero decirle que estoy de acuerdo en que tenemos que seguir trabajando en El Ejido desde todas las instancias, porque es un tema que debemos resolver entre todos, pero estoy seguro que ésa es la vocación y la voluntad de todos.
Respecto de la ley, quiero hacer una apreciación: lo importante de la ley es que además de un marco que en nuestra opinión se acomoda bien a la Unión Europea, tiene un conjunto de políticas activas en materia de inmigración que con la ley determinarán, definirán una política de inmigración y eso es lo que habrá que valorar; habrá que valorar esencialmente si ponemos en marcha los mecanismos de legalidad para afrontar la inmigración. Lo que habrá que valorar en unos años es si hemos fomentado un hábito de legalidad en la sociedad española en esta materia. Sin embargo, eso no se puede evaluar el 12 ó 13 de febrero cuando la ley se ha puesto en vigor el 23 de enero anterior.
Quiero decirle que en estos momentos la política de inmigración no sólo es la ley, sino la ley más un conjunto de políticas activas en esta materia. Vuelvo a insistir en la necesidad de la prudencia. Se dice que en Alemania hay más emigrantes que en España. Es verdad. Allí hay el 10 por ciento y nosotros estamos en el 2,5 por ciento; pero quizá nadie sabe que a lo mejor entre los años 1985 y 1999 si ha habido 10,5 millones de inmigrantes nuevos en Alemania, 7,5 millones de personas han salido de Alemania. Quiero decir que esa gran desproporción en estos años en la evolución de la emigración no es tan exacta porque en España durante el período 1985-1999 a lo mejor no hemos tenido una gran diferencia respecto de lo que al final es el neto en Alemania.
¿Por qué tiene que tener España siempre un factor de especial prudencia en materia de inmigración? Porque tiene dos continentes próximos, uno geográfico y otro cultural ¿Quién puede adivinar lo que va a significar dentro de diez años la situación política y social de esos países? Estamos a catorce kilómetros del contienente africano y estamos muy próximos culturalmente de un continente con problemas económicos y sociales que usted bien conoce. Vuelvo a decir que no debe ser el miedo el que nos debe guiar en la política de inmigración, pero sí la prudencia y España principalmente también y dentro de la Unión Europea no tenemos por qué pensar que debemos hacer el discurso más vanguardista de todos los países de la Unión. Hagamos un país de la Unión, una política de la Unión y que España sea un referente riguroso.
Por eso, y con esto termino, más allá de las descalificaciones, de la demagogia de esta materia, nosotros en la inmigración queremos dos cosas: una actitud y una política. Una actitud como antes he dicho, que busque permanentemente el equilibrio, que siempre es difícil, pero es indispensable; que siempre es el camino largo, el que está alejado de la demagogia, pero hace falta una actitud que cale en la sociedad española, no sólo en los miembros del Gobierno o en la oposición, sino una actitud en la sociedad española ante esta materia y siempre en lo razonable, en lo prudente, en el equilibrio.
Hace falta, además, una política. Sin embargo, con lo que usted manifiesta, es decir no diferenciando el inmi grante irregular del legal, diciendo que el inmigrante irregular en cualquier momento puede ser legal, diciendo que no hay ninguna diferencia en el tratamiento de ambos, diciendo que lo humanitario, lo razonable es legalizar a todos los ilegales en España, no habrá nunca política de inmigración; la inmigración será siempre irregular porque será un saco sin fondo. Si usted acostumbra a que aquí el hábito de entrada es la irregularidad, por mucho que regularice vendrá otro tanto de inmigración de carácter irregular. Por eso es un saco sin fondo. Para que haya política tiene que haber inmigración legal y regular y si no, no hay política. Por eso, en esa búsqueda de actitud y en esa política de la inmigración, todas las fuerzas democráticas encontrarán al Gobierno, porque de esta política no sólo queremos hacer una política de Estado, sino como antes he dicho, queremos hacer una política de la Unión Europea. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Voy a tomar la palabra muy brevemente. Debemos esperar a la semana que viene para conocer el contenido de la moción que previsiblemente va a plantear Izquierda Unida.
Queremos hacer algunas consideraciones al hilo del debate al que acabamos de asistir. En primer lugar, para nuestro grupo, a pesar de que no representamos a los ciudadanos de aquella comunidad, la lectura de hace unos días del informe de SOS-Racismo sobre la situación en El Ejido un año después nos preocupa, esa es una primera consideración. Un año después, seguramente buena parte de aquellas medidas, que, como se ha afirmado, corresponden a diversas administraciones implicadas en aquellos lamentables incidentes, no se han desarrollado, y el número significativo de personas aún en situación irregular en la zona del poniente de Almería es significativa e importante, por lo que es bueno que esta Cámara realice un toque de atención sobre esta situación con toda la prudencia necesaria. Segunda consideración: es evidente que el debate hoy sobre las políticas de inmigración tiene una dimensión que supera el estricto ámbito del Estado español. El señor ministro se ha referido a cinco cuestiones del ámbito de la Unión Europea. Y yo aquí sí querría recordar dos cuestiones. En primer lugar, que la comunicación que aprobó la Comisión Europea en noviembre del año pasado al Consejo y al Parlamento introduce un cambio de perspectiva importante en lo que han sido los trabajos políticos y legislativos de la Unión en esta materia.
Una lectura atenta de aquel documento nos hace intuir que en algunos aspectos nuestra legislación se ha quedado quizá corta y que hay un cambio de enfoque que yo creo que va a obligar en los próximos años a España a ir más acorde con una dimensión de la política europea mucho más amplia de la que hasta ahora ha tenido en la Unión.La Unión hasta ahora se ha centrado en sus reflexiones en el ámbito europeo quizá demasiado en los aspectos de control de fronteras, del pretendido control de flujos y menos en una visión amplia del fenómeno de la inmigración. La gran virtud de ese documento de la Unión es que aporta esa visión amplia.
Otra cuestión que afecta al ámbito de las políticas de inmigración pero que afecta a buena parte de las políticas que está desarrollando la Unión, es que la Unión va a elaborar próximamente una directiva sobre agrupación familiar muy terminada, está en marcha la directiva sobre el estatuto de los emigrantes de larga duración y, en general, este Parlamento no está debatiendo casi nada de estas actuaciones legislativas de la Unión Europea. Ahí el déficit democrático de la Unión yo creo que se pone de manifiesto en cuestiones que, como estos días estamos viviendo, tienen una especial trascendencia para el conjunto de la ciudadanía.
Yo pienso, y sugiero al Gobierno, que sería bueno, ya fuese en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, ya fuese en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, hacer algunos debates en profundidad sobre cuál está siendo la política de la Unión en esta materia. Es importante precisamente para buscar la legitimidad política y democrática a esta orientación en este momento en que, insisto, Europa está dando un salto cualitativo en esta materia.
Tercera cuestión, proceso de regularización. Nosotros vamos a ver qué es lo que sucede este viernes con el real decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros, mandato, por otro lado, de la Ley 8/2000, pero yo creo que sería bueno que asumiésemos todos un objetivo que enlaza con una pretensión del ministro. El ministro decía, con razón, que el contingente no puede ser un instrumento para regularizar a aquellos que ya están en España. Pues bien; si queremos de verdad que el contingente del año que viene o el contingente que hubiese este año no sirva para eso, sería muy importante que, de aquí a final de año, procurásemos, en el marco de la actual ley, reducir al máximo el número de personas extranjeras en situación irregular. Si terminamos el año 2001 con una bolsa de inmigrantes en situación irregular importante, va a condicionar negativamente la utilización del contingente orientado a lo que la ley marca y lo que desde el año 1993 marcaba la legislación española, que es un instrumento de regulación de los flujos de carácter regular.
Un comentario más por lo que hace referencia a la provincia de Barcelona y a la cuestión del número ele vado de rechazo de las peticiones de regularización. Desde nuestra perspectiva, nos queda la duda de qué hizo el Gobierno español en todo el período de regularización para impedir que, por la frontera francoespañola, un número tan significativo de ciudadanos de Pakistán y de Irán entrasen en España. Sería bueno recordar que Bélgica, que vivió un proceso de estas características hace un par de años, optó por cerrar sus fronteras.
Es fácil decirlo ahora, y seguramente si el Gobierno hubiese optado por eso hubiese sido objeto de críticas, pero, visto con perspectiva, cuando observamos que en Barcelona una parte significativa de estas personas residían en Francia, indica que alguna cosa no hicimos bien.
Última cuestión, y termino: yo creo que tenemos que ser capaces de orientar estos debates cada vez con una visión más amplia del fenómeno de la inmigración que a una estricta cuestión de regulación de flujos. Este es un fenómeno social de una complejidad absoluta en el que la simplificación de cualquier tipo no ayuda nunca a resolver nada. Esperaremos la moción de este próximo martes y, en función de ella, terminaremos de pronunciarnos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias señora presidenta.
Señorías, la respuesta a la inmigración es, junto al terrorismo, uno de los mayores retos que tenemos los españoles para los próximos años. Y, como bien decía ayer mismo Rosa Montero en su columna de la página final de El País, el problema de la inmigración es la cuestión crucial del siglo XXI.
Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Campuzano finalmente de que necesitamos traer aquí al Parlamento aún más debates, más sesiones, y nosotros entendemos, al menos en el Partido Socialista, que se deben desarrollar desde una óptica realista, solidaria, con voluntad de integración y sentido de la anticipación. Porque, señorías, la inmigración constituye hoy un debate político y social relativamente nuevo en España, pero esto no quiere decir que sea un fenómeno nuevo. El hombre lleva emigrando desde que es hombre, e incluso aquí en España todavía tenemos millones de emigrantes fuera de nuestras fronteras.
Por otra parte, señorías, quisiera decir que no ha habido un efecto llamada. Se demuestra que la anterior ley, señor ministro, no era la ley del efecto llamada, como se mencionó en aquella campaña propagandística del Gobierno contra dicha ley. El único efecto llamada, si es que hay alguno, se deriva de nuestra propia situación de bienestar social y económico, el grado de bienestar de la sociedad española en los últimos quince años ha sido evidente, y, usted mismo lo acaba de decir también, por nuestra situación geográfica, que convierte a España en destino de miles de emigrantes. Acaba de decir usted que estamos próximos a dos continentes. Por tanto, señor ministro, nos encontramos ante un fenómeno que no es nuevo, que no es coyuntural y un fenómeno que no responde al efecto llamada. Igualmente a nosotros nos parece fundamental considerar la inmigración no como un problema, sino
como un fenómeno que se produce históricamente en distintas partes del mundo en función de las situaciones en las que se encuentra. Por el contrario, señor ministro, lo que sí ha existido y sigue existiendo es una mala gestión del Gobierno en la materia de inmigración, que lo trata como una cuestión partidista, como una cuestión simplificadora de la realidad del problema, no regulando adecuadamente los fenómenos migratorios, polarizando el debate entre políticas de puertas abiertas y políticas de control y restricciones de derecho.
Pero lo más lamentable, señor ministro, es que el Gobierno ha rehuido el pacto de Estado ofrecido por el Partido Socialista sobre la base de un consenso político y de un diálogo social porque, quizá, el Gobierno desprecia la trascendencia del fenómeno migratorio. Y es que, señor ministro, señores del Partido Popular, ustedes quizá piensan que sus posiciones y sus iniciativas les pueden ser rentables electoralmente, craso error, mayúsculo error. Buena prueba de ello es la conflictividad social que se está viviendo ya en muchos lugares de España.
En segundo lugar, señorías, quiero decirles que se inicia una nueva etapa con la reforma que ha aprobado el Gobierno y que entró en vigor el 23 de enero. Nosotros pensamos que ni la anterior ley, ni ésta, ni ninguna ley puede olvidar algo que es fundamental: el sentido de la anticipación. Y, señor ministro, ustedes han hecho una ley que se aleja bastante de la realidad social, porque, señorías, compartirán conmigo el criterio de que no podemos estar detrás de una frontera esperando a los irregulares para detenerles o, después de años, regularizarlos.
Por tanto, se debe hacer una política de anticipación que acuda a la raíz de los problemas y no a sus consecuencias, que es la política que está haciendo el Gobierno del Partido Popular y que ha provocado hechos como los que se están sucediendo en distintos municipios de España, como Lorca, Cataluña y Tarifa. Por cierto, señor ministro, aprovecho para decirle que han entrado ya, desde que entró en vigor la nueva ley, más de seiscientas personas, con una falta de acogida y de medios para atenderles impresionante. Se equivocan ustedes si no adoptan, por tanto, una política que aborde de verdad el fenómeno de la inmigración.
En consecuencia, señorías, nosotros entendemos desde el Partido Socialista que deben poner en marcha políticas que anticipen los problemas a los mismos problemas. A nuestro entender, urge un pacto de Estado al margen de las arrogancias de las mayorías de turno, porque esta es una cuestión que debe plantearse, gobierne quien gobierne, con eficacia. Desde el PSOE entendemos que la política migratoria debe afrontarse y hacerse como una cuestión de Estado. Por ello, nosotros proponemos que se afronte este tema con una política en la que se acuerden las directrices, como usted bien decía, de la Unión Europea, pero con medidas efectivas, prácticas y reales.
Señor ministro, yo estoy de acuerdo con usted en que nuestra pertenencia a la Unión Europea y los acuerdos de Schengen nos vinculan, pero también usted tendrá que reconocer conmigo que no sólo se puede aplicar una política de policía excesiva, como lo está haciendo usted en esta materia, poniendo siempre el acento en medidas restrictivas y regresivas, ignorando las políticas de integración, que son las que se están aplicando en esos países de la Unión Europea. Señor ministro, también le digo una cosa con respecto a lo que usted ha dicho: hay que fomentar las acciones en origen. Yo le pregunto, ¿cuánto personal tiene, por ejemplo, en las embajadas y delegaciones para tramitar las demandas de trabajo? ¿Le pongo el ejemplo de Ecuador? Un oficial. ¿Usted cree que así se puede afrontar de verdad la política inmigración?
Señor ministro, ustedes deben darse cuenta de que España precisa una política migratoria proactiva, planificando a medio, a corto y a largo plazo, sin improvisar las respuestas y adelantándose a los acontecimientos y a las necesidades.
Señorías, la integración, la integración, repito de nuevo, debe ser el objetivo esencial de la política migratoria, fomentándose la convivencia pacífica, el respeto de las personas aun siendo diferentes en su lengua, cultura, religión, etcétera, y también disponiendo de medios económicos suficientes para desarrollarla.
Termino ya, señorías, planteándoles que predomine el consenso interno en estos debates que tenemos que llevar a cabo y la coordinación con las instituciones, porque el problema es de enorme envergadura. Por el contrario, señorías, desde la fractura social todos tendremos posibilidades muy negativas, pero a la larga se van a pagar en la sociedad, porque el problema preocupa grandemente a los españoles. Usted sabe que ya se ha convertido en la tercera preocupación de los problemas de los ciudadanos de España.
Tendremos mucho que hablar, tendremos mucho que decir, pero, por favor, hagámoslo desde tres premisas: una, responsabilidad; dos, seriedad; y, tres, realismo. Desde el PSOE, señor ministro, le garantizo que seguiremos hablando sin demagogias, proponiendo acuerdos, pactos, consensos y actuaciones coordinadas con todas las administraciones, que también tienen que verse involucradas en este tema.
Termino haciendo muy brevemente una referencia a El Ejido, porque también se planteaba en la interpelación. Esos acontecimientos merecen el rechazo de todos nosotros, sin excepción, y deben ser el ejemplo de lo que no puede volver a suceder nunca más en España. Es el fracaso de la política de integración y el fracaso de la política de convivencia. Son situaciones delicadas que también pueden verse, como se han podido ver, manipuladas o desvirtuadas, y no pueden ser objeto ni de desvirtuación ni de manipulación, y usted sabe por qué lo digo, señor ministro, por un compañero suyo al que, por cierto, el otro día públicamente le recomendaba la lectura de un libro que le puede venir muy bien para aclarar la empanada mental --perdón por la expresión--, que es la Europa solidaria, editada por el Grupo Socialista del Parlamento Europeo.
Termino diciéndole que es necesario hacer un esfuerzo por todas las administraciones, y, en este sentido, ya que hablo de El Ejido, la Junta de Andalucía lo está haciendo. La Junta de Andalucía está aplicando una política modelo en lo que tiene que ser la atención al inmigrante. La Junta de Andalucía, señora Muñoz, ha destinado 10.000 millones de pesetas, y está publicado. Es la primera comunidad que ha destinado capítulos específicos. Madrid, es la primera comunidad en número de inmigrantes, Cataluña es la segunda, pero Andalucía destina el doble de recursos que esas dos comunidades en todas las materias. Eso es verdad, señora Muñoz, aunque le cueste trabajo creerlo, pero está publicado. Por tanto, tienen un espejo donde mirarse para ver que se está haciendo, desde el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una política de cumplimiento de las directrices europeas, sin olvidar el núcleo gordiano de este fenómeno: la integración y el respeto a los derechos humanos. Y ustedes, con la ley que han puesto en vigor, no hacen ni una ni otra cosa. Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De la Encina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Centella, antes de empezar mi exposición me gustaría hacer una reflexión sobre lo que usted ha dicho aquí. Me imagino que cuando usted trae una interpelación sobre este tema es porque querrá presentar una moción. Y yo le pregunto si de todo lo que ha dicho aquí se puede deducir que su grupo tenga alguna política, algún modelo en cuanto a inmigración se refiere. Porque no ha habido ni una sola de las observaciones que ha hecho que haya podido indicar que su grupo tiene una política de inmigración. Desde luego nuestro grupo sí tiene una clara política de inmigración, que no es otra que la política de integración.
Señor Centella, cuando usted habla, y cito textualmente, de que la ley es errónea y alejada de la realidad, no puede ser más errónea y alejada de la realidad la exposición de motivos de su interpelación. Cuando ustedes hablan de sobreexplotación, de marginalidad o de pésimas condiciones de vida, o cuando dicen que hay dificultades serias para acometer una vivienda digna, una sanidad, una educación o una asistencia social y eso lo atribuyen, como muy bien decía el ministro, a la Ley 8/2000, que lleva en vigor 20 días, ¿creen que con este tipo afirmaciones la opinión pública puede tener una idea clara de qué se está debatiendo en este momento en esta Cámara? ¿Creen ustedes que la opinión pública puede comprender y, sobre todo, aceptar que una ley que acaba de entrar en vigor es capaz de poner en marcha todos estos mecanismos contrarios a la inmigración? Tengo que decir, y seguro que lo sabe, pero creo que es importante volver a repetirlo una vez más, que la Ley 8/2000 lo que da es asistencia jurídica gratuita, asistencia de intérprete, tutela judicial efectiva, asistencia sanitaria, educación a los menores de 18 años y, además (y no diga que no, señor Centella, porque está recogido en la ley), todos los derechos fundamentales para todos, tal como avala el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, independientemente de la situación administrativa. Es más, la Ley 8/2000 sí que acredita un acceso a la vivienda, sí que acredita una asistencia y una protección social, una educación superior y una reagrupación familiar que, siento decirle, no recogía en ninguno de esos aspectos la ley anterior. Es más: esta ley permite luchar de manera muy efectiva contra las mafias y contra aquellos que se lucran con la inmigración irregular, y yo creo que eso es fundamental. Si queremos hablar de explotación, si queremos hablar de marginalidad, hay que hablar de esto, porque esta ley es la que va a hacer posible que no haya situaciones de marginalidad y que se combatan esas situaciones de explotación.
Fue la Ley 7/1985, que se hizo en época del Partido Socialista, la que no reconocía ninguno de esos derechos, y a mí me hubiera gustado que ustedes hubieran hecho aquí esa denuncia tan importante porque, evidentemente, esa ley no recogía ninguno de esos derechos que usted dice que no recoge la ley actual, que sí los recoge. (El señor Alcaraz Masats pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego guarde silencio y permita que continúe el debate.
La señora MUÑOZ URIOL: Y siento decirle, señor Centella, que aunque el Partido Socialista está dividido en este criterio, no va a prosperar su recurso de inconstitucionalidad, porque dependerá de dónde se gobierne. Probablemente, tal como recogía el señor Llamazares y como decía algún representante, hay que valorar la situación política de los parlamentos donde se presenta. Tal vez prospere en Aragón o Baleares; seguro que no prospera en Andalucía, porque tienen mayoría absoluta y ahí no va a prosperar. Pero cuando se habla de ese tipo de actuaciones, me parece que hay que tener planteamientos mucho más sólidos que condicionarlos a tener mayoría en uno o en otro parlamento. Yo creo que es cuestión de criterio, y desgraciadamente el partido que les tiene que apoyar en esta ley en un número de parlamentos no lo tiene. Siento decirle que no tienen ese criterio y que no van a llevarla a cabo.
En cuanto al consenso en el pacto de Estado que mencionaba el señor de la Encina en su intervención, me explicará en algún momento en qué consiste su pacto de Estado y en qué consiste su consenso, porque cuando hay una ley negociada hasta el último minuto, hasta el día anterior, consensuadas todas las enmiendas --y le puedo traer aquí los «Diarios de Sesiones»--, y después cambian radicalmente, eso evidentemente no es un pacto de Estado. Y aquí lo ofreció en su discurso de investidura el presidente Aznar. ¿Qué ustedes han querido hacer de esto un tema de confrontación al Gobierno? Se equivocan; se equivocan profundamente; se equivocan porque es un error y están sembrando una división en la sociedad que no se debe llevar a cabo y que no se debe hacer con criterios políticos. Ahí se equivocan y se darán cuenta de su error cuando probablemente sea demasiado tarde para su grupo. Para nosotros, señorías, es importante que en el plan que está llevando a cabo el Gobierno se recoja que debe existir una regularización para que la persona que acuda a nuestro país lo haga con un salario digno, con un contrato y en unas condiciones que no sean las de extorsión por parte de las mafias, vendiéndoles que España es el país donde es más fácil regularizar su situación, porque evidentemente así fue en el pasado año. La Ley 4/2000 permitía esa regularización permanente, y yo les reto aquí, igual que ha hecho el presidente Aznar, a decir si existe una legislación en la Unión Europea que pueda ser más avanzada en cuanto a derechos que la que tiene actualmente España.
Nosotros necesitamos una planificación, señor Centella. España necesita de la inmigración, pero de la inmigración planificada. Lo ha recogido muy bien el señor ministro: nosotros pensamos que debe haber un consenso con ONG, con sindicatos, con empresarios y con todas las administraciones que haga posible una auténtica planificación en origen, y precisamente por eso estamos trabajando y por eso ahora el secretario de Estado está en Polonia negociando un convenio. Y precisamente por eso el ministro firmó un convenio en Ecuador. Nos parece importantísimo que se haga una planificación en origen, porque eso garantiza los intereses de los ciudadanos.
No quiero dejar de referirme --lo voy a hacer muy brevemente-- al caso de El Ejido. Todos estamos de acuerdo en que se produjeron hechos que no tuvieron que ocurrir y todos esperamos que no vuelvan a ocurrir jamás, pero poner un sello de xenofobia a una población como es en este caso El Ejido no creo que sea la mejor manera de restaurar la convivencia. Para nosotros hay poblaciones de todo el poniente donde también se debe hacer una política de inmigración. Y lo siento, señor de la Encina, pero léase el debate de la semana pasada en el Parlamento de Andalucía: mi grupo, desde el año 1998 --léalo, está en el «Diario de Sesiones»-- lleva pidiendo un plan de inmigración, y el consejero Isaías Pérez Saldaña ha dicho: Lo tengo preparado, lo voy a traer, lo traeré en la próxima sesión. Estamos en el año 2001, y no hay plan de inmigración. No hay. Y el decreto por el cual se comprometía la Junta de Andalucía a cofinanciar la política de viviendas lo sacó hace dos semanas. Dos semanas. Dígame usted si las declaraciones del secretario socialista de Almería diciendo que ellos, como ayuntamiento, no van a poner los terrenos cedidos para que la Junta y el Gobierno puedan cofinanciar esas viviendas, son una buena política de la Junta de Andalucía. Mire usted, Madrid y Cataluña tienen un plan de inmigración con financiación, Andalucía está en pañales. Pide mucho al Gobierno central cuando hace una interpelación o mociones, todo es tirar balones fuera; pero que sepan que las competencias en muchas de esas materias, y fundamentalmente en vivienda, son de la Junta de Andalucía. Ahí tienen un gran suspenso.
Para nosotros esta no es cuestión de partidos, se lo decimos sinceramente, esta y todas las veces que haga falta; es una cuestión de criterio y, para nosotros, además, es una cuestión de interés.
Debo decirle, señor ministro, que para nosotros ha quedado totalmente demostrado que el interés del Gobierno es preparar a nuestra sociedad para esa pluralidad. Como vemos que el Gobierno tiene interés y criterio, además de prioridad, siempre contará con nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Se levanta la sesión.
(...)
Fuente: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados - Pleno y Diputación Permanente - Año 2001, VII Legislatura, Núm. 60 - Sesión plenaria núm. 56 celebrada el miércoles, 14 de febrero de 2001.]
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