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16may17
La Guardia Civil pide investigar a Cifuentes por la financiación ilegal del PP de Madrid pero el juez lo descarta
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir "de antemano". Así lo reflejan los investigadores en un informe que lleva fecha del 1 de marzo, lo que ha inducido a pensar desde el principio que ni el juez ni Anticorrupción están dispuestos a ir más allá y dictar o pedir la imputación de la presidenta madrileña.
De hecho, fuentes jurídicas han asegurado que el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, no tiene intención de proceder contra Cifuentes, ya que ni él ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP. Si aparece en el informe de la UCO es por los cargos que desempeñó durante los años que se investigan, como otras muchas personas, sin que ello signifique que esté involucrada en los hechos.
La Guardia Civil, por su parte, subraya que la presidenta madrileña participó en adjudicaciones a Arturo Fernández al tiempo que éste financiaba a Fundescam, entidad a través de la cual se canalizaron fondos para campañas electorales del PP, y de la que ella era patrona.
En el informe de la UCO que analiza exclusivamente estas adjudicaciones y al que han tenido acceso distintos medios y agencias, se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Según el informe, los contratos de adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".
Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona expresamente está Cifuentes. De hecho, en el informe se destaca que la doble condición de la política madrileña de miembro del comité de expertos y presidenta de la mesa de contratación era una "circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación". "La sitúa además -sigue diciendo- como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria". Es decir, tal y como resume la UCO, Cifuentes presidía las mesas de contratación a la vez que participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores.
Resalta además la UCO que la empresa de Arturo Fernández también optó al servicio de cafetería de la Asamblea en el año 2006, pero no resultó ser adjudicataria. Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado. Dichos donativos (la UCO los cifra en 160.000 euros y el propio Fernández, ante el juez, los situó en 60.000) se produjeron en fechas próximas a la campaña electoral de 2007, concretamente en marzo de ese año.
A Fundescam, la fundación del PP, la investiga el juez Velasco por su vinculación a la financiación ilegal del partido. La UCO asegura que recibía en una cuenta corriente "importantes cantidades de dinero" de empresarios en 2007 que, supuestamente, fueron utilizadas para sufragar "gastos electorales no declarados como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditan cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".
Cuando se produjeron esas aportaciones de Fernández, Cifuentes era patrono de esa fundación, como destaca la UCO en otro informe del sumario, en el que resalta la "coincidencia" de ese cargo con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación cuando se efectuaron las aportaciones económicas. Según la Guardia Civil, hay indicios por tanto de que se favoreció al Grupo Cantoblanco para que se alzase con la adjudicación de los contratos, en vista de esos "importantes" donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación "directamente vinculada con el Partido Popular de Madrid" que sirvió para" financiar de manera encubierta" al mismo "para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización".
Arturo Fernández dijo desconocer que Cifuentes decidía sobre su contrato
El caso es que Arturo Fernández declaró a la Guardia Civil que desconocía que Cristina Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación que decidió la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid a su empresa en los años que se mencionan en el informe, 2009 y 2011. Eso es al menos lo que declaró en marzo ante los agentes de la UCO, a quienes aseguró que su relación con Cifuentes pese a los cargos que desempeñaba en 2007, -miembro del patronato de la fundación madrileña Fundescam, del comité regional de campaña y presidenta de la mesa de contratación de la Asamblea- era "protocolaria".
De hecho, en su declaración ante los agentes dijo que no sabía ni que ella ni que ninguno de los patronos de Fundescam formasen parte del comité de expertos o de la mesa de contratación que finalmente concedió la licitación al Grupo Cantoblanco. "Este contrato lo único que ha hecho es causarme pérdidas. Ha sido perjudicial para mi empresa", lamentó y apuntó al entonces director de los concursos de la Asamblea Juan Pita como la persona que abrió los sobres relativos a a la ofertas económicas de las empresas que optaban al contrato.
En otro momento del interrogatorio y coincidiendo con la declaración que hizo ante el juez, reveló que trasfirió 60.000 euros en fechas próximas a las elecciones autonómicas de 2007 "para contribuir con los fines" de Fundescam, pero que "no pensó que el dinero fuera para sufragar gastos electorales". La investigación ha puesto al descubierto que a esta cantidad se sumaron otros 100.000 euros que también fueron a parar a la citada fundación, si bien en su declaración ante los agentes de la UCO Fernández se mantuvo fiel a su versión y declaró que desconocía ese pago.
Dimite un viceconsejero de Cifuentes imputado por Púnica
Dos horas antes de que trascendieran los informes de la Guardia Civil sobre Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, después de que los agentes registraran su despacho también en el marco del caso Púnica.
El juez Velasco ha ordenado este martes siete registros, entre ellos el del despacho de Miguel Ángel Ruiz, por su actividad cuando estaba en Arpegio, empresa pública cuya sede también ha formado parte de los registros. Tras recibir el auto en el que se le cita como investigado, Ruiz ha presentado su dimisión a la presidenta de la Comunidad, tanto de su cargo como viceconsejero como de secretario de Territorial del PP de Madrid.
Fuentes del Ejecutivo madrileño han subrayado que los hechos por los que Ruiz está siendo investigado no se refieren a sus responsabilidades en el Gobierno de Cifuentes, sino a la etapa en la fue consejero delegado de Arpegio entre 2008 y 2010, época en la que era presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre.
Ruiz ha dimitido de sus actuales cargos en aplicación del código ético de altos cargos de la Comunidad de Madrid, así como el del PP de Madrid.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 16may17]
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