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27ene21
Bruselas advierte: "La mitad del Poder Judicial debe ser elegido por los propios jueces"
La vicepresidenta de la Comisión Europea reitera que "los Estados miembros deben tener en cuenta las normas europeas para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida".
El Gobierno español deberá garantizar que la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial tenga en cuenta las "normas europeas", como que "no menos de la mitad" de sus miembros "deben ser jueces elegidos por sus pares", recordó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.
En una carta en respuesta a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, en la que esta le expresaba su preocupación, la también comisaria de Valores y Transparencia le responde que la Comisión pidió a las autoridades españolas que el Consejo General del Joder Judicial "no sea percibido como vulnerable a la politización".
Hecha pública este martes en Bruselas por Ciudadanos, la respuesta de Jourová coincide en el tiempo con el debate en el Congreso de los Diputados este jueves sobre enmiendas a la reforma del órgano de gobierno de los jueces.
PP, Vox, Ciudadanos y JxCat, del grupo Plural, han presentado enmiendas a la totalidad a la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que busca impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice nombramientos en funciones.
Un portavoz de la Comisión precisó a EFE, "para que quede claro", que en esa carta de Jourová a Pagazaurtundua "no hay nada nuevo" y que en ella reitera la posición del Ejecutivo comunitario, que es "bien conocida".
En la misiva, Jourová reitera que "los Estados miembros deben tener en cuenta las normas europeas para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida", y que cuando reforman su poder judicial "debe hacerse en consulta con todas las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia".
La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario recuerda que el informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea publicado en 2020, la Comisión subrayó "la importancia de reducir la influencia de los poderes legislativo y ejecutivo sobre el poder judicial para reforzar la independencia judicial".
Ese informe, que repasó la situación del Estado de Derecho en los Veintisiete, indicaba en el capítulo dedicado a España que uno de sus "retos" a los que se enfrenta el Consejo del Poder Judicial era que los nuevos miembros "aún no han sido nombrados".
El informe, continúa Jourová en su respuesta a una carta de Pagazaurtundua del 16 de octubre pasado, se refería a la importancia de "garantizar que el Consejo español no sea percibido como vulnerable a la politización, como también señaló el Consejo de Europa".
"La Comisión es consciente de que, el 22 de octubre de 2020, el Gobierno español anunció su intención de suspender la propuesta, y que el 2 de diciembre de 2020 un nuevo proyecto de ley para modificar los poderes del Consejo mientras siga en funciones 'ad interim' fue presentado en el Parlamento", constata Jourová.
Y añade que Bruselas "está siguiendo la evolución de este proyecto de ley y en general, colaborará con las autoridades españolas en el seguimiento de las conclusiones del capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho correspondiente a España".
"Tenga la seguridad -concluye la responsable europea de Valores y Transparencia- de que la Comisión sigue comprometida con la defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial en todos los Estados miembros, y continuará supervisando la situación de cerca la situación".
Este lunes, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, mantuvo una reunión telemática con Jourová para trasladarle la preocupación de Cs respecto a la independencia del Poder Judicial en España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido de forma reiterada que el "el PP se debe sentar ya con el Gobierno para renovar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha recordado que lleva dos años esperando al líder del PP, Pablo Casado, para ello.
Sánchez ha explicado también que las iniciativas legales que el Ejecutivo ha puesto en marcha tienen como objetivo regular cuál es la capacidad que tiene el gobierno de los jueces para acordar nombramientos durante un periodo en el que está en funciones.
[Fuente: República de las ideas, Efe, Madrid, 27ene21]
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