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20nov18


El juez Marchena renuncia a presidir el Supremo y el Poder Judicial y frustra el pacto PP-PSOE


Los atisbos de una injerencia directa del poder ejecutivo en el judicial que se han sucedido en los últimos tiempos han culminado este martes en una noticia inesperada: la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial, cargo para el que había sido propuesto a raíz de un pacto entre el PP y el PSOE. La gota que ha colmado el vaso ha sido un whatsapp del portavoz ‘popular’ en el Senado, Ignacio Cosidó, dando a entender que la designación de Marchena le garantizaba a su partido el control de la Sala del Tribunal Supremo que controla las causas abiertas contra los aforados. No ha sido lo único que ha precipitado la decisión de Marchena pero sí lo más reciente y el PP, en lugar de asumir responsabilidades, ahonda su estrategia de confrontación con el Gobierno y rompe el pacto para la renovación del poder judicial.

El juez Marchena ha anunciado su renuncia a presidir el CGPJ en un comunicado en el que defiende su independencia y se desliga del pacto político entre los partidos. “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, recalca el magistrado en ese texto con el que pretende salir al paso de las interpretaciones que se han dado a su designación, desde que se trata de poner el voto de calidad del presidente del poder judicial en manos de un magistrado conservador frente a la mayoría progresista del Consejo hasta que se le ha elegido para evitar que siguiera presidiendo el tribunal que juzgará a los líderes del ‘procés’ por su notoria defensa del delito de rebelión que el Gobierno podría tener la tentación de querer suavizar.

Frente a todas estas especulaciones, Marchena asegura que su desempeño como magistrado del Tribunal Supremo es “la mejor muestra” de que “jamás” ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas. “Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, proclama y continúa: “El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo -de forma esencial como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados- es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado”. Y concluye el comunicado de esta manera: “Por todo ello anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso de que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”.

La renuncia de Marchena se produce después de que saliese a la luz un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un chat interno de WhatsApp de los senadores de la formación, publicado por el diario ‘El Español’, en el que defiende el pacto con el PSOE para renovar el CGPJ y elegir a Marchena como presidente del Consejo y del Supremo, “controlando la sala segunda desde detrás” y cuando están en juego “centenares de nombramientos en el poder judicial”. Cosidó pidió poco después “disculpas” por el lenguaje “coloquial” usado en su mensaje, pero sostuvo que “en ningún momento se habla de ningún intento de control del poder judicial”, sino “con más o menos fortuna” de recalcar que la elección de Marchena ayudaría a que las decisiones del CGPJ fueran lo “más unánime” posibles.

No lo interpretaron de la misma manera otros representantes de la carrera judicial y de los partidos pero, pese a todo, el PP ha optado por no asumir ningún tipo de responsabilidad. Es más, prefiere atribuírsela a su principal interlocutor en el proceso para renovar el poder judicial, y ha anunciado que suspende el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es más, los ‘populares’ tratan de desviar el foco y lo sitúan en la filtración del nombre de Marchena y no en los intentos de controlar y manipular a los nuevos responsables del poder judicial. De la filtración culpa a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y exige su dimisión para poder retomar la negociación. Así lo ha señalado en declaraciones a varios medios el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.

“Si yo fuese Marchena, hubiera adoptado la misma decisión”, ha asegurado Maroto en RNE, donde ha dicho también que la decisión del Gobierno de hacer público su nombre sin elegir a los vocales ha hecho un “daño irreparable”. Según ha denunciado, se ha puesto en cuestión su imparcialidad y la responsabilidad institucional del PP y se ha tratado de presentar la renovación del CGPJ como “algo oscuro”. Ha recalcado que el PP entró por responsabilidad en la negociación con un gobierno que les “asquea” y con una ministra “mentira” cuya dimisión ha insistido en pedir. “Mientras Delgado esté en el Gobierno, el PP no tiene interlocución con el Gobierno en una cuestión como ésta”, ha subrayado.

Sobre Cosidó, ha dicho que él no habría mandado un mensaje así “en ningún caso” y ha asegurado que la dirección del partido no comparte ese menaje y considera que acciones de ese tipo no van por el buen camino. Preguntado por si debería reconsiderarse su continuidad en el Senado, se ha limitado a decir que “son cuestiones paralelas” y que la labor que está haciendo como portavoz en esta cámara es “encomiable”.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la decisión de Marchena, pero ha dicho comprenderla “perfectamente” porque considera que se ha puesto en duda su independencia. El presidente también ha pedido al PP que no dé por rota la negociación para la renovación del poder judicial. “Comprendo perfectamente la renuncia de Marchena, cuando se pone en cuestión la imparcialidad de un juez como Marchena es comprensible que haya tenido que dar paso atrás”, ha asegurado Sánchez a su llegada a un acto en Madrid.

Este es el comunicado íntegro del juez Marchena:

“Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me obligan a hacer las siguientes precisiones:

1.- Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.

2.- Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.

3.- El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del TS -de forma especial, como Presidente de la Sala de Admisión de las causas de las causas contra aforados-, es la mejor muestra que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado.

4. -Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido. para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”.

[Fuente: República de las ideas, Madrid, 20nov18]

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