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20nov13
Los partidos no consiguen un acuerdo completo para renovar el CGPJ
Los principales partidos políticos no consiguieron ayer un acuerdo completo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y únicamente nombraron a los ocho vocales juristas, es decir, los que no son miembros de la carrera judicial. Los otros doce deberán ser elegidos antes del martes que viene, cuando se acaba el plazo. Si no llegan a un pacto, tendrán que prorrogar el plazo para las negociaciones.
Los más optimistas esperaban que todos los vocales fueran elegidos antes de que se produjera la próxima intervención quirúrgica del Rey este jueves para que pudiera llevarse a cabo el nombramiento. La semana pasada ya parecía que estaban los nombres cerrados, pero el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitó al CGPJ una nueva prórroga que finalizaba ayer a las ocho de la tarde.
Apurando el plazo, los partidos registraron los nuevos vocales, eso sí, sólo los ocho juristas, dejando de lado a los doce vocales judiciales. La gran novedad en este Consejo será que Izquierda Unida estará representada por un vocal. De los hasta ahora elegidos, hay además tres vocales del PP, dos del PSOE, uno de CiU y otro del PNV.
Para los próximos cinco años, el órgano que regula a los jueces tendrá dos vocales con experiencia en el Congreso de los Diputados. Se trata de Álvaro Cuesta (PSOE) y Mercedes Pigem (CiU). Abogados, catedráticos, secretarios judiciales y hasta una abogada del Estado forman parte de ese órgano, que comienza con unas competencias más rebajadas de lo que hasta ahora estaba acostumbrado, tras la última reforma del poder judicial aprobada por Alberto Ruiz-Gallardón.
Este nuevo Consejo sólo tendrá cinco vocales permanentes que se irán rotando. El resto seguirá en sus puestos de trabajo y acudirá a los plenos y reuniones que tenga, compaginando las dos actividades.
Por ahora, el nombre del próximo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo es un secreto bien guardado. Con la nueva reforma, es de obligado cumplimiento que sea magistrado del Tribunal Supremo. En los últimos días suena con más fuerza el nombre de Carlos Lesmes, la apuesta de Ruiz-Gallardón, aunque en la carrera judicial está opción se acepta con reservas. Otro de los magistrados que podrían sustituir a Gonzalo Moliner es Juan Saavedra, actual presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, seguido de Ángel Calderón, magistrado de lo militar.
Con la reforma aprobada, el Consejo se cubre de que no ocurra lo sucedido con el expresidente Carlos Dívar, quien tuvo que dimitir por haber pagado viajes privados con dinero público. Su nombramiento fue muy criticado dentro de la carrera judicial porque Dívar no era magistrado del Supremo ni tenía categoría para serlo y de repente se convirtió en el jefe de todos los magistrados, algo que fue muy mal recibido por sus compañeros.
Los ocho nuevos vocales fueron elegidos cuatro por el Congreso y otros cuatro por el Senado. De la Cámara baja salieron Nuria Díaz Abad, Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Enrique Lucas.
Álvaro Cuesta (PSOE)
Exdiputado asturiano por el PSOE, es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Actualmente ejerce como abogado desde que abandonó la presidencia la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados. El año pasado su nombre sonó como candidato para magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ocupando la Secretaría de Política Municipal y Libertades Públicas. Ha sido presidente de distintas Comisiones Parlamentarias y secretario General Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista. El exparlamentario socialista es el más conocido de todos los vocales por haber sido diputado desde 1982 a 2011 y haber ocupado cargos de responsabilidad en la ejecutiva socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Nuria Díaz Abad (PP)
Es abogada del Estado y subdirectora general de Asuntos de la Unión Europea e Internacional. Fue la encargada de solicitar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea defender a las diputaciones vascas en el proceso judicial que se abrió tras la demanda de la CE contra España por entender que las diputaciones vascas no han recuperado las ayudas a empresas vascas concedidas en los años 90, también conocidas como vacaciones fiscales, y que Bruselas declaró ilegales. En alguna de sus conferencias, ha criticado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene un enorme problema lingüístico, porque funciona con doce lenguas oficiales y ningún país quiere renunciar a tener su idioma como lengua de procedimiento judicial.
María Concepción Sáez (IU)
Es secretaria judicial y miembro de la plataforma "Otro derecho penal es posible". Ha instado en varias conferencias a la abogacía y al resto de los operadores jurídicos a librar batalla y a alzar la voz frente a la reforma del Código Penal que impulsó el Gobierno actual, por considerar que muchas de las medidas y, especialmente la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad "son muy regresivas". Es coautora de distintas publicaciones sobre justicia restaurativa y derecho penal y gran detractora del sistema penal vigente. También es miembro del equipo de investigación de "Ius puniendi e inmigración irregular".
Enrique Lucas (PNV)
Actualmente es socio del despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo, aunque durante veinte años ha trabajado para el Gobierno vasco, para el que llegó a ser jefe de los servicios jurídicos. También ha sido presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el órgano consultivo superior de la comunidad autonomía. Nació en Salamanca, aunque criado en Bilbao, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2011 es catedrático de Derechos Constitucional y es funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (1984).
De los cuatro del Senado, han sido elegidos:
Vicente Guilarte (PP)
Es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid desde 1991, donde ha desarrollado toda su carrera universitaria, que ha compatibilizado con el ejercicio de la abogacía. Es autor de varios libros como Gestión y responsabilidad de los bienes gananciales, Legalidad urbanística, demolición y terceros adquirientes de buena fe y El procedimiento registral y su revisión judicial. Es miembro de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de dicha ciudad y director editorial de Lex Nova. En los últimos años ha defendido en el ámbito jurisdiccional los intereses del colectivo de los registradores siendo autor de recientes monografías vinculadas con dicha función.
María Ángeles Carmona (PP)
Secretaria Judicial y coordinadora contra la violencia de género de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Ha defendido la lucha contra la violencia a la mujer y mantiene la necesidad de que las víctimas estén respaldadas por las instituciones. Según ha afirmado en público, los medios de comunicación no siempre ofrecen lo que hay en los juzgados, aunque han contribuido a visualizar lo que estaba oculto.
Mercé Pigem i Palmés (CiU)
Actualmente es diputada de CiU y abogada desde 1977, especializada en Derecho Matrimonial y de Familia, tanto civil como canónico, con despacho propio. Fue diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Barcelona de 1988 a 1991, y ha sido miembro de la Asociación Española de Canonistas, de la Asociación Española de Abogados de Familia y de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia. Ha sido diputada del Congreso desde la VII Legislatura, en la que fue portavoz de la comisión de Reglamento, de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, vicepresidenta segunda de la Comisión Mixta para la Unión Europea y vocal de la Comisión de Justicia e Interior, entre otros cargos.
María del Pilar Sepúlveda García de la Torre (PSOE)
Abogada en Sevilla desde 1988 hasta la actualidad, con numerosas actuaciones profesionales en órganos jurisdiccionales de las Audiencias Provinciales de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, y ante el Tribunal Supremo (Madrid). Experta en víctimas de delitos sexuales y ponente en múltiples cursos de formación impartidos a profesionales como en el propio Consejo General del Poder Judicial, además de en el Consejo de la Abogacía, Madrid, Junta de Andalucía, o en la Universidad de Sevilla en materia relacionada con la victimología, y la Violencia contra mujeres, menores y ancianos.
[Fuente: Por C. Guindal, El Confidencial, Madrid, 20nov13]
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