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03oct14
El juez Ruz propone juzgar al ex presidente y al ex director de Caja Castilla-La Mancha por su gestión
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dado el primer paso para juzgar al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general, Ildefonso Ortega, por delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales y de administración desleal.
Por el contrario, el magistrado ha archivado la causa respecto de los otros siete ex directivos imputados en la causa: Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Fernández Gutiérrez, José María Fresneda Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante -todos ellos antiguos miembros de la Comisión Ejecutiva de CCM-, y el secretario José Fernando Sánchez Bódalo.
Según el auto, en el que modifica la causa a procedimiento abreviado, Ruz considera acreditada la existencia de una serie de operaciones de captación de crédito, que integraron unas directrices comunes en la gestión financiera de la entidad, que se caracterizaban por presentar "una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".
En su auto, en el que describe todas las operaciones y los perjuicios económicos causados en la caja castellano-manchega, que el Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros, Ruz considera indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de captación del crédito en los que se constata "una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".
Las operaciones analizadas son créditos concedidos en 2007 y 2008 a las sociedades Grupo Luis Portillo (59 millones), Renovalia (56,3 millones de euros de deuda por pérdidas de 54,6 millones), Naropa-Fermoselle (9,9 millones), Grupo Lábaro (9,3 millones), Whiteness y Promogedesa (15,3 millones), así como Grupo T-Solar, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.
Falsearon las cuentas
Los imputados, que con su actuación causaron "un perjuicio económico" a la entidad, según Ruz, llevaron a cabo prácticas orientadas a falsear la "imagen fiel contable y de riesgos" de la entidad como consecuencia de "la ocultación de la morosidad y el nivel de concentración de riesgos".
El auto describe que Ortega, "siguiendo instrucciones" de Hernández Moltó, "máximo responsable del cumplimiento de las directrices impuestas por el Banco de España a la entidad para que sus cuentas reflejaran la imagen de la misma", elaboró y presentó "una cuenta de resultados con beneficios" a pesar de que ambos eran "conscientes" de que la entidad tenía "pérdidas".
No obstante, el juez subraya que la investigación, que ha analizado el patrimonio de los imputados, no ha podido determinar la existencia de "connivencia" por parte de los beneficiarios de los créditos ni que aportaran alguna "compensación económica como contraprestación a supuestos tratos de favor.
Trato de favor
En concreto, los peritos del Banco de España apuntaron que en la práctica totalidad de las "operaciones singulares" analizadas se realizaron préstamos "sin observar las reglas de la práxis habitual bancaria y de la propia normativa interna de la entidad respecto a las garantías exigibles" para su autorización.
Esta actuación provocó, según el juez, "un trato de favor" hacia los deudores, que obtuvieron sus préstamos "sin las adecuadas garantías y valoración", con la "liberación de obligaciones o la pérdida de avalistas sin contrapartida" y la consecución de "importantes ventajas en las renegociaciones posteriores", tales como la aceptación de daciones en pago de deuda o de activos sin "una adecuada valoración económica". Como resultado, los préstamos resultaron "total o parcialmente impagados" y las garantías prestadas "resultaron insuficientes para su recuperación".
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 comenzó a investigar estos hechos en 2010 después de que seis ex consejeros de la caja presentaran una denuncia contra Hernández Moltó.
El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.
Y ello con "manifiesto incumplimiento de los estándares normales en la concesión de riesgos y derivando perjuicio económico para la caja", ejecutando determinadas prácticas con "incidencia o afectación sobre la imagen fiel contable y de riesgos, como consecuencia de ocultar la morosidad y el nivel de concentración de riesgos de la entidad".
El delito de falseamiento de las cuentas se sustenta, según el juez, en los estados financieros correspondientes a 2008 que presentaron al Banco de España por parte de los imputados, en donde presentaron una cuenta de resultados con beneficios, "siendo ambos conscientes, por el contrario, de que la entidad en realidad había incurrido en pérdidas en el citado ejercicio".
[Fuente: El Mundo, Efe, Madrid, 03oct14]
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