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06sep13
El principal responsable del saqueo de CatalunyaCaixa no está incluído por la fiscalia en su acusación
La lista de 54 miembros del consejo de CatalunyaCaixa (ahora Catalunya Banc) que pretende imputar la Fiscalía Anticorrupción contiene una ausencia clamorosa: Josep María Loza, el director general de la antigua Caixa Catalunya entre 1998 y 2008 y artífice de la febril expansión territorial y de la ingente exposición al ladrillo, que han terminado con la nacionalización de la entidad y un rescate público de 12.052 millones (de momento), lo cual significa que se librará de las condenas que se puedan imponer en este proceso. Loza se llevó una indemnización superior a 6 millones de euros (algunos medios hablan de 10), parte de la cual está "meditando devolver", aunque no se considera culpable del desastre.
Loza fue señalado como responsable del hundimiento de la antigua caja de la Diputación de Barcelona por dos expresidentes de la entidad que sí aparecen en la lista del fiscal -Narcís Serra y Adolf Todó- en sus recientes comparecencias ante la comisión del Parlamento de Cataluña que investiga la crisis de las cajas. Sin embargo, Anticorrupción sólo ha pedido la imputación de las personas que estaban en el consejo de CatalunyaCaixa en 2010, año en que se fusionaron Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona y recibieron las primeras ayudas públicas (el FROB 1) por 1.250 millones. Loza abandonó la entidad en 2008.
El fiscal Fernando Maldonado denunció ayer a los consejeros que adoptaron los acuerdos del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de 2010, en los que se suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones que pudieron suponer un delito de "administración desleal", según la denuncia. "Retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país" y cuando la entidad había pedido la inyección de dinero público de fondos del FROB, reza su escrito.
Sin embargo, esta práctica era habitual en la entidad en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y de crédito, como evidencia la indemnización de Loza. Es más, si la entidad tuvo que acometer la fusión y pedir dinero público fue a consecuencia de la gestión de los años anteriores, no sólo de lo ocurrido en 2010. Además, las principales pensiones acordadas en 2010, las de Todó y Jaume Massana, no llegaron a pagarse. No obstante, el fiscal no lo ha considerado así y por eso no ha pedido la imputación del responsable de dicha gestión en la década anterior a su hundimiento.
La actuación de Loza
En su comparecencia ante la cámara autonómica el 29 de julio, Loza justificó su inocencia con el argumento de que "la magnitud de la crisis era impensable". Asimismo, sostuvo que él encontró la entidad en situación muy delicada en 1998, ya que había comprado la aseguradora MNA, que provocó un prejuicio a la caja catalana de 210 millones de euros. Por el contrario, los miembros de la comisión de investigación le hicieron cinco críticas: dar hipotecas a familias de rentas bajas o inmigrantes, que luego dispararon la morosidad; tener mala relación con Narcís Serra; depender en exceso de la consultora Boston Consulting; apostar demasiado por el negocio inmobiliario con la creación de Procam, y haber cobrado su indemnización cuando se marchó.
Loza fundamentó el crecimiento de la caja barcelonesa en el ladrillo, y promovió el modelo más peligroso y que más pérdidas ha supuesto para estas entidades: no sólo dar crédito a los promotores, sino participar con ellos en el capital de empresas conjuntas, con lo que el riesgo era doble. Además, en el sector se le ha criticado por hacer la expansión territorial por todo el territorio nacional pero con pocas oficinas por provincia, y por ejecutarla demasiado tarde, con lo que buena parte de su clientela fuera de Cataluña había sido rechazada previamente por otras entidades. Ante eso, Loza defendió la política crediticia de la entidad "porque no podíamos renunciar a nuestra clientela tradicional".
A pesar de no considerarse responsable de la crisis de la entidad, en dicha comparecencia afirmó que "a lo mejor" meditaba devolver parte de la indemnización. Asimismo, negó que esta llegase a los 10 millones, aunque no dio la cifra exacta. Según dijo ante la comisión, esta compensación incluía el salario calculado hasta la jubilación a los 65 años, de 4,1 millones de euros, más una aportación al fondo de pensiones de 950.000 euros y otros 60.000 en concepto de convenio especial. Pero además, "el consejo de administración aprobó por unanimidad una compensación por extinción laboral que interpreté como una prejubilación", que no cuantificó. Algunos diputados la cifraron en otros cinco millones, que cobró pese a marcharse de forma voluntaria.
Serra y Todó sí están en la lista
Hace un año, Narcís Serra aseguró en el Congreso de los Diputados que "hizo lo posible" para reducir la indemnización de Loza y situarle en el límite legal, y que su cuantía fue fruto de decisiones del consejo muy anteriores a su llegada (en 2005). Serra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González, se subió el sueldo respecto al de su antecesor, Antoni Serra Ramoneda, y se nombró consejero de varias empresas donde participaba la caja. Narcís Serra coincidió con Loza y, cuando comenzó la crisis, fichó a Adolf Todó de Caixa Manresa para conducir la "fusión catalana" que al final provocó un agujero mucho mayor. Sostiene que se fue sin indemnización y que la culpa de lo ocurrido la tienen la crisis económica y el paro.
En cuanto a Todó, primero fue director general y después sucedió a Serra en la presidencia. Llegó a cobrar un sueldo de 1,5 millones pero, cuando lo destituyó en mayo de este año, el FROB decidió no pagarle la pensión a la que en teoría tenía derecho, de unos 4 millones. Este ejecutivo está dispuesto a renunciar a la parte que corresponde a su etapa al frente de Caixa Catalunya (desde 2008), pero no a los derechos generados en los 15 años que estuvo al frente de Caixa Manresa, pues entiende que ya están consolidados y son intocables. Esta parte supone unos 2,5 millones.
Su número dos (primero director general adjunto y después director general), Jaume Massana, tampoco cobró nada al ser destituido pese a que tenía firmada una indemnización de 1,7 millones. Massana, que no está en la lista de Anticorrupción, fichó por La Caixa en junio, como adelantó El Confidencial. Sí se pide la imputación para Antoni Llardén, presidente de Enagás, el catedrático y exrector de la UPC, Gabriel Ferraté, y el anterior presidente de Caixa Manresa, Manel Rosell.
[Fuente: Por Eduardo Segovia, El Confidencial, Madrid, 06sep13]
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