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28nov12
La 'Operación Mercurio' da la puntilla al actual PSC y complica el futuro a Chacón
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) no gana para sustos. Tras los adversos resultados electorales del 25N, en que bajó de 28 a 20 diputados y se convirtió en la tercera fuerza política, acaba de sufrir un duro revés que se ha llevado por delante al secretario de Organización, Daniel Fernández (es decir, el número 2 del partido), al responsable de Política Municipal y alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, a la concejala de Economía en este Ayuntamiento, Montserrat Capdevila, y a la alcaldesa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, implicados en la Operación Mercurio.
La operación, que se ha llevado por delante a buena parte de los cargos más representativos de la actual dirección socialista, complica sobremanera la continuidad de Pere Navarro, derrotado claramente el 25-N. Pero, además, pone en serios aprietos las aspiraciones 'nacionales' de Carme Chacón, quien ayer mismo, antes de desencadenarse la operación, apoyaba el vídeo de los militantes que piden perdón por los errores de Zapatero.
Bustos era uno de los alcaldes más emblemáticos del PSC y, además, presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Esta asociación agrupa a los ayuntamientos gobernados por los socialistas o por Iniciativa per Catalunya (ICV), mientras que los convergentes forman parte de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Todos ellos han sido suspendidos de militancia, conforme recoge el código ético del partido. "Nadie que resulte imputado puede ostentar ningún cargo orgánico", señala una fuente socialista a El Confidencial.
Montserrat Capdevila también renunció ayer a recoger su acta de diputada, ya que fue elegida en las listas del PSC el pasado domingo. Su escaño será ocupado por la número 15 de la lista, Laia Bonet. Daniel Fernández, que también resultó elegido, ha aplazado su decisión de dimitir como cargo electo a la espera de ver qué ocurre con su caso.
Porque el nombre del secretario de Organización no se vincula, en realidad, a la trama urbanística que se estaba investigando. "Aparecen conversaciones suyas con la alcaldesa de Montcada en las que recomienda a una persona para que fuese contratada por el Ayuntamiento, pero no tiene ninguna relación con el tema de Sabadell", señala una fuente cercana a las investigaciones. Suficiente para imputarle, aunque las acusaciones que pesan sobre él, pues, son sensiblemente menos graves que en los otros casos. Fernández, que ayer se desplazó hasta la comisaría de los Mossos d'Esquadra, debe esperar a que el Tribunal Supremo confirme su imputación debido a su condición de aforado, ya que es diputado en el Congreso.
El abandono de responsabilidades en el partido es consecuencia, según las fuentes consultadas, "del código ético del PSC, que impide ostentar cualquier cargo con una acusación de imputación por medio". Estas fuentes lamentan también "que el tema de Dani Fernández se meta en el mismo saco que el de la supuesta trama, cuando no tiene nada que ver". Al parecer, el teléfono que tenía controlado la Policía era el de la alcaldesa de Montcada y por esa intervención aparecieron las conversaciones del número 2 socialista.
La investigación partió de una denuncia de ICV hace dos años. "En enero del 2010, hubo un robo en nuestra sede y entre las cosas que se llevaron figuraban dos ordenadores. En ellos teníamos una denuncia que nos había llegado sobre corrupción urbanística y estábamos estudiándola para ver si había algo de verdad y lo que debíamos hacer. Hacía referencia a pagos de comisiones a cambio de adjudicaciones", explican fuentes de ICV a El Confidencial. En ella, al parecer, se implicaba directamente al entonces concejal del PP Jordi Soriano, también imputado ayer, en una trama corrupta. Soriano fue defenestrado por su partido el año pasado, que le apeó de las listas y eligió a otro candidato en las municipales.
A partir de esa denuncia, de la que el partido político tenía copia, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar el caso, que se saldó con la detención, ayer, de 12 personas y la imputación de un total de 26.
Un marcaje implacable
"Iniciativa marcaba muy de cerca a Bustos desde hace años y le tenía ganas. En el Ayuntamiento, había pedido responsabilidades muchas veces y había denunciado en varias ocasiones temas de corrupción", señala una fuente bien informada. Otra de las fuentes afirma que "Bustos sabía desde hace meses que le estaban investigando, por lo que estaba preparado". Además, hay rumores de que la jueza que lleva el caso había terminado la investigación hace un par de semanas, pero esperó a que pasasen las elecciones para no interferir en la campaña de las autonómicas.
Según las primeras informaciones sobre el escándalo, los empresarios que querían alguna adjudicación pública debían realizar un depósito a fondo perdido de 120.000 euros. Estos fondos, según las sospechas, eran repartidos más tarde entre políticos y funcionarios municipales.
Pero no se acababan ahí las mordidas: una vez concluidas las obras, debían pagar un 3% del presupuesto final, dinero, que, según la Fiscalía Anticorrupción, terminaba en un despacho de abogados. "En el estado actual de la investigación, se desconoce si ese dinero era colocado en cuentas legales, si se repartía y/o blanqueaba", dice un comunicado de la Fiscalía.
Desde CiU ironizan ahora con el famoso 3% que el expresidente Pasqual Maragall echó en cara a Artur Mas en un pleno parlamentario. "Ustedes [refiriéndose a CiU] tienen un problema, que se llama 3%", dijo entonces Maragall. "Claro que sabía que se cobraba el 3%, porque era su propio partido el que lo cobraba", señala una fuente convergente a este diario.
[Fuente: Por Antonio Fernández, Barcelona, El Confidencial, Madrid, 28nov12]
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