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21nov14
Mas impuso su 'visión partidista' al deber de cumplir la ley, afirma la Fiscalía
El fiscal superior de Cataluña acaba de presentar en el Tribunal Superior de Justicia, por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la celebración de la consulta soberanista prohibida por el Tribunal Constitucional. La querella aprecia indicios de cuatro delitos -desobediencia grave a la autoridad, usurpación, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos- y se dirige también contra la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, "sin perjuicio de que la imputación pueda extenderse a otras autoridades y cargos públicos", afirma.
La querella, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, relata todas las actuaciones desplegadas por los querellados para la celebración de la consulta independentista pese a las dos resoluciones en las que el Tribunal Constitucional la suspendió.
Los acuerdos del TC representaban "una orden absoluta, tajante e inequívoca de abstención de todo acto encaminado" a la celebración de esa consulta.
La Fiscalía recuerda que las resoluciones del Constitucional "son vinculantes para el Gobierno de Ia Generalitat precisamente por su carácter de poder publico, que le convierte en destinatario directo de dichas decisiones, pues conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 de la Ley Orgánica del TC "todos los poderes públicos estarán obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva'".
La querella añade que las providencias en las que el TC suspendió la consulta y el autodenominado proceso participativo ciudadano "no eran de naturaleza declarativa pura, pues disponían Ia nulidad de determinados actos anteriores y coetáneos que habían sido realizados" por la Generalitat, parte en esos procesos. Esas resoluciones "constituían obligaciones de no hacer, específicamente dirigidas a esa parte, que
respondían a una finalidad cautelar evidente: evitar efectos o consecuencias irreversibles -Ia celebración de Ia consulta o proceso de participación- antes de que el propio TC se hubiera pronunciado definitivamente en sentencia sobre el fondo del asunto".
Las decisiones del TC, en juego
El Ministerio Público sostiene en la querella que "lo que está en juego, realmente, es Ia vigencia de las decisiones del TC en el territorio de Cataluña, contrarrestada sin fundamento legal por un ejercicio desviado de las prerrogativas administrativas y de gobierno de las que se hallan investidas los querellados".
Según la querella, Artur Mas,Joana Ortega e Irene Rigau "han obstruido la vigencia de los mandatos del TC en una parte sustancial del territorio nacional".
Las decisiones que adoptaron -el primero como máximo responsable de la Generalitat, la segunda al "oficializar" el desarrollo de la consulta compareciendo ante los medios para dar los resultados, y la tercera por su implicación en la utilización de institutos y colegios como lugares de votación- "confirman Ia persistencia de una voluntad de sobreponer Ia propia visión partidista de Ia realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a Derecho".
[Fuente: Por María Peral, El Mundo, Madrid, 21nov14]
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