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01oct14
El Govern presenta los recursos para el inmediato levantamiento de la suspensión de la consulta
El gobierno de la Generalitat ha presentado este miércoles ante el Tribunal Constitucional la solicitud para que se levante la suspensión automática cautelar tanto de la ley de consultas como del decreto de convocatoria del 9 de noviembre firmado por Artur Mas. El recurso avisa que mantener paralizada la ley tendría consecuencias imprevisibles y perjuicios "de carácter irreversible y no reparable".
La solicitud de la Generalitat incluye como argumentos a favor de levantar la suspensión de la ley la Constitución Española, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Macedonia, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía del Parlament, las consultas normalizadas en países europeos y hasta las encuestas del CIS, sin olvidar las masivas manifestaciones en Catalunya a favor de la consulta. La conclusión del Govern, es que el recurso del Ejecutivo central sólo responde a la "cerrazón" en la lectura de la Constitución, denota "solipsismo" y "parece un puro ejercicio de autoridad, carente de razón y de fundamento, y fuera de lugar del contexto de tantos otros estados democráticos de nuestro entorno".
El recurso de la Generalitat sostiene que la ley de consultas pretende "dar efectividad al principio democrático que emerge de la Constitución" e "incrementar la calidad democrática del sistema de instituciones de Catalunya". Defiende que la Constitución prevé "instrumentos de participación de expresión de la democracia directa" pero estos "por el momento todavía no se han habilitado" y avisa que, 35 años años después de la aprobación de la Constitución, "sus preceptos ya no pueden ser leídos e interpetados del mismo modo que en el momento original de su entrada en vigor".
Así, se sostiene que "resulta manifiestamente inconstitucional que desde instancias estatales se siga negando todavía hoy la posibilidad de celebrar consultas de ámbito autonómico", dejando claro que se trata de consultas "jurídicamente no vinculantes".
Por el contrario, se recuerda que entre Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suiza y Suecia se han realizado más de 99 consultas sobre cuestiones de alcance institucional o constitucional, 45 de los cuales han implicado posteriormente reformas del Estado correspondiente.
El recurso también cita las encuestas del CIS y los "grados verdaderamente alarmantes de insatisfacción y desafección" de la ciudadanía con la política, así como recomendaciones del Consejo de Europa a favor de que las autoridades locales y regionales puedan impulsar iniciativas consultivas;y la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998. De estas citas se desprende que "cuando la Constitución reconoce la libertad y el pluralismo político como valores superiores de su ordenamiento" y se prevé la posibilidad de plantear una reforma constitucional a las asambleas de las comunidades autónomas, "no puede negarse a la Generalitat de Catalunya la legitimidad de una ley que sirve para encauzar la expresión de las ideas y las aspiraciones políticas de los ciudadanos de Catalunya".
Sobre la posibilidad de que la ley genere perjuicios, el recurso considera que "no hay perjuicio alguno para la ciudadanía del conjunto del Estado, ni para las instituciones del Estado", sino al contrario. El perjuicio, sostiene el recurso, es para la Generalitat, los entes locales y los catalanes, que se quedarían sin ley de consultas y conduciría al sistema de gobierno "más al modelo que Han Kelsen calificó de democracia limitada".
Además, avisa el documento, esos "perjuicios tendrían carácter irreversible y no reparable". "Si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, tal como demandan tantos ciudadanos de Catalunya, es difícil prevér las consecuencias". En ese punto se cita uns resolución del Consejo de Europa del 2003 en el que se alerta que si los ciudadanos ven privado su derecho a participar en la toma de decisiones políticas "se tiende a alimentar el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia".
[Fuente: La Vanguardia, Barcelona, 01oct14]
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