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30sep14
Artur Mas da un paso atrás y pasa el relevo a la 'sociedad civil' para que agite la calle
El Gobierno catalán ha cumplido. No es una frase hecha. Es la consigna que se lanza desde la cúpula del Ejecutivo catalán y desde Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Artur Mas cumplió su palabra, los compromisos adquiridos con sus socios y las promesas del programa electoral: ha convocado una consulta para el 9 de noviembre. "Nadie nos podrá reprochar nunca que no cumplimos nuestra palabra", dice a El Confidencial un alto dirigente convergente que prefiere guardar el anonimato.
A partir de ahora, y para no caer en ilegalidades, será la "sociedad civil" quien tome la iniciativa, porque el proceso y la transición nacional no se paran. La calle hervirá las próximas semanas. Cierto que el Gobierno catalán seguirá manteniendo la alerta "por si en cualquier momento se produce un fallo y se permite seguir con el proceso de la consulta, ya que consideramos que tanto la Ley de Consultas como el decreto de convocatoria son plenamente constitucionales y por ello levantará la suspensión". Pero la punta de lanza del desafío se traslada ahora a otros actores.
Serán los partidos políticos que apoyan el referéndum (CiU, ERC, ICV y la CUP), juntamente con las organizaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, quienes toman a partir de hoy el relevo para inundar las calles de lo que se ha acuñado ya como "marea amarilla". Lo que también es una incógnita es el papel que jugará la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), estructura potenciada por el Gobierno catalán para tejer el apoyo municipal a su estrategia. Al ser Administración, el papel de alcaldes y concejales, como cargos públicos, pueden incurrir en delitos que no afectan a los integrantes de asociaciones cívicas privadas.
De todos modos, los soberanistas ya han anunciado para la tarde de este martes concentraciones en las plazas mayores de los pueblos de Cataluña para protestar contra la suspensión del proceso por parte del Constitucional. Y los convocantes, todo el bloque soberanista, han pedido a la gente que se vista de amarillo, que además es el color corporativo de la ANC. Las presidentas de las dos principales entidades civiles, Carme Forcadell (ANC) y Muriel Casals (Òmnium), estarán en le plaza de Sant Jaume, en Barcelona.
Una opción evidente
La secretaria general de Esquerra y el secretario general adjunto, Marta Rovira y Lluís Salvadó respectivamente, se adelantaron a los acontecimientos, previendo la respuesta del TC, y presentaron ayer por la tarde su campaña Vull ser lliure, vull un nou país (Quiero ser libre, quiero un nuevo país). "Es nuestra respuesta a las acciones de prohibición del Estado", justificó Salvadó. "Ante la prohibición, apelaremos a la libertad. Ante la intolerancia, normalidad democrática. Ante el estado de excepción, campaña y debate de ideas", añadió.
Marta Rovira, por su parte, ya anunció que los republicanos no se quedarán de brazos cruzados. Ahora es cuando empieza verdaderamente la guerra contra España. "Si hemos de escoger entre obedecer el mandato democrático de la ciudadanía de Cataluña o bien obedecer una sentencia del Tribunal Constitucional o un proyecto sin contenido, que nadie tenga ninguna duda de que obedeceremos el mandato democrático de los catalanes y daremos una oportunidad a este mandato". Lo dice un partido que obtuvo 496.000 votos, que evidentemente se han de sumar a los 1.112.000 de CiU, los 358.000 de ICV y los 126.000 de la CUP. En total, pues, 2.092.000 votos sobre 5.257.000 ciudadanos con derecho a voto. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
La campaña de ERC se enmarca dentro de otra más general que también presentaron ayer la ANC y Òmnium, bajo el lema Ara és l'hora (Ahora es la hora). Estas dos organizaciones quieren movilizar a 100.000 voluntarios para realizar una campaña puerta a puerta en toda Cataluña. De momento, ya han conseguido 25.000.
CiU también hará campaña con la sociedad civil. Ayer, el coordinador general de CDC, Josep Rull, subrayó que "es la primera vez en la historia que el Consejo de Estado se reúne en domingo y también es la primera vez en la historia que el TC convoca un pleno extraordinario y urgente". Claro que obvió que también es la primera vez que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publica dos ediciones en fin de semana (una para la Ley de Consultas y otra para el decreto de convocatoria del 9-N de Artur Mas).
Tensiones en ICV
En este marco no ha de pasar desapercibida la huida por el foro de ICV, que ayer reunió a su consejo nacional. Este partido ya fue el gran ausente en la protocolaria firma del decreto de Artur Mas el pasado sábado en el Palau de la Generalitat. El debate en ICV fue intenso. Tanto que su líder, Joan Herrera, no tuvo más remedio que ceder y admitir que los ecosocialistas apoyarán el referéndum y que votarán sí a la primera pregunta (¿Quiere que Cataluña sea un Estado?) y dejarán libertad de voto en la segunda (De ser así, ¿quiere que sea un Estado independiente?). Y es que, ya en anteriores reuniones, las tensiones en ICV afloraron, puesto que un porcentaje nada desdeñable de su militancia está en contra de la independencia. ICV no hará campaña con el resto del bloque, ante la amenaza de ruptura de esta formación.
Además, los partidos favorables al referéndum (CiU, ERC, ICV y CUP) pactaron ayer el nombre de los 7 integrantes de la Comisión de Control del 9-N, formado por los politólogos Mercè Barceló, Joaquim Brugué, Alfons González, Miquel Martin, Marc Marsal, Jordi Matas y Benet Salellas. Todos ellos han estado políticamente vinculados a opciones independentistas. Queda en el aire la incógnita de si llegarán a reunirse, puesto que la suspensión del TC debería dejar también inhabilitado cualquier acto relacionado con la consulta, al menos por parte de la Administración. Y no hay que olvidar que esta Comisión de Control haría las funciones de Junta Electoral.
De todos modos, la comisión ha de ser ratificada en el Parlamento y algunos grupos de la oposición considerarían que con una ley en suspenso y un decreto igualmente no legalizado, la cámara legislativa no podrá tomar una determinación al respecto. "Si la ley está suspendida, todo lo que tenga que ver con ella también está suspendido", afirma a este diario una fuente del PP catalán.
Posible querella contra Artur Mas
En los próximos días, sin embargo, se despejará esa incógnita, aunque fuentes convergentes señalan a este diario que el Gobierno catalán "ha terminado ya su cometido". Serán ahora los partidos y las asociaciones cívicas los que continúen con las movilizaciones en las calles. Pero los populares examinarán con lupa las acciones del Ejecutivo catalán y de Artur Mas. "O paran de inmediato los preparativos de la consulta o se encontrarán con una querella por prevaricación, malversación de fondos y desacato", advierte a este diario una fuente cercana al Gobierno central. Esta fuente recalca que "los soberanistas están alargando todo lo que pueden la mano, pero el Gobierno español no va a ceder en este juego. Que lo tengan claro".
Aun así, el propio Mas, mientras el Constitucional tomaba la decisión de admitir a trámite los recursos del Ejecutivo central y, por tanto, dejaba en suspenso su ley y su decreto, aseguraba que con la interposición del recurso, el Gobierno de Rajoy adoptaba "una postura claramente hostil hacia la voluntad de la mayoría del pueblo de Cataluña". Lo dijo en la presentación del Libro Blanco del proceso, que no es más que la compilación de los 18 informes elaborados a lo largo del último año por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), que preside el exvicepresidente del TC Carles Viver Pi-Sunyer.
[Fuente: Por A. Fernández, Barcelona, El Confidencial, Madrid, 30sep14]
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