| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
07jul23
El Gobierno negó 3 años la ayuda al eurodiputado que impulsó la retirada de inmunidad a Puigdemont
Solo ante el peligro. Así, como Gary Cooper, ha estado el secretario general de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, en su odisea para conseguir que se cumpla la ley y se retire la inmunidad a Carles Puigdemont. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha denegado el recurso del expresidente catalán y dos de sus consejeros contra la retirada de su inmunidad como europarlamentario, decisión tomada por el Parlamento Europeo a instancias de Vázquez. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ministra de Justicia, se congratulaba de la decisión, pese a que su Gobierno desoyó durante tres años las solicitudes de ayuda del eurodiputado de Ciudadanos.
"Ha sido un trabajo solitario de 4 años. El Gobierno no ha ayudado en nada. Estaba clarísimo que había un pacto entre el PSOE y los fugados. Hemos estado tres años pidiendo ayuda al Ministerio de Justicia y no nos ha hecho ni caso", afirma Vázquez en declaraciones a Vozpópuli.
Vázquez ha lamentado que haya sido la justicia europea la que haya hecho "el trabajo que no ha querido hacer el Gobierno de España". La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y otros eurodiputados advirtieron al expresidente de la Eurocámara en su día, David Sassoli, que estaba concediendo "el acta de eurodiputados a tres personas -Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí- que no habían cumplido con las exigencias de la ley española, que les daba el acta de forma fraudulenta". "El Gobierno de España decidió por interés electoral y político no recurrir esa decisión", ha expuesto.
Hay que recordar que el fallecido David Sassoli pertenecía al grupo parlamentario europeo de los socialistas y contaba con una relación personal muy estrecha con Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno. Vázquez fue quien dio el aviso a Sassoli. Puigdemont, huido de España desde noviembre de 2017, incumplía la ley electoral española porque, aunque fue elegido en los comicios de 2019, ni juró ni prometió acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC) (al encontrarse fugado).
El Gobierno español tuvo dos meses para recurrir la decisión de Sassoli y la Abogacía del Estado quedó de brazos cruzados. Sassoli argumentó a Vázquez que el Parlamento Europeo contaba con un informe jurídico que avalaba la toma de posesión de Puigdemont como eurodiputado de pleno derecho. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo lo solicitó en múltiples ocasiones y no se lo dieron. La llegada de Roberta Metsola a la Presidencia de la Eurocámara cambió las cosas, y el informe jurídico emitido el año pasado fue clarísimo en favor de la Junta Electoral español
El largo camino hasta la sentencia del TGUE
La lucha para que se cumpla la justicia española (la sentencia del juez Pablo Llarena) está siendo más complicado que una misión de Indiana Jones, y Vázquez lo ha vivido en primera persona. "La ley electoral nacional prima en estos casos, pero Sassoli hizo caso omiso a nuestras advertencias y el Gobierno se quedó de brazos cruzados". Durante meses, el expresidente del Parlamento Europeo se negó a reunirse con Vázquez.
Posteriormente, trató de paralizar el procedimiento de supresión de la inmunidad que el eurodiputado de CS quería tramitar desde la Comisión de Asuntos Jurídicos. Sassoli argumentó que los procedimientos de inmunidades y las audiencias de comisarios se debían llevar a cabo bajo el reglamento de confidencialidad del Europarlamento. En plena pandemia de covid, estos trámites debían hacerse online, "por lo que no se podía garantizar la confidencialidad, según se nos trasladó".
Ante la cerrazón de los socios de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, Vázquez probó otra estrategia. "Mandé una carta para solicitar el nombramiento de un nuevo comisario europeo por vía telemática y Sassoli dio su visto bueno. Eso abrió la veda a que también pudiéramos tramitar la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí", explica.
Presiones y amenazas
En este punto, se produjo una explosión de reacciones, presiones y amenazas. El mismo jefe de Gabinete de Sassoli llamó encolerizado a Vázquez. "Hemos sufrido intoxicaciones, presiones, amenazas, presión sin precedentes en la historia de esta casa en un suplicatorio. Aun con todo, la sentencia confirma lo que sabíamos, que el proceso de levantamiento de la inmunidad ha sido impecable y realizado con todas las garantías, como no podía ser de otra forma".
Pacto de Puigdemont con el PSOE
Tras la sentencia del TGUE, Puigdemont ha anunciado que recurrirá el fallo a la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Puigdemont y los consejeros cuentan con dos meses para presentar el recurso y la justicia europea dispondrá de seis para tomar la decisión.
El propio Puigdemont ha asegurado este jueves que personas vinculadas al PSOE lo invitaron a explorar la posibilidad de obtener uno de los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a los presos del 1-O. Es más, afirma que le ofrecieron el indulto en varias ocasiones a cambio de pasar un tiempo en prisión.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha desmentido a Puigdemont, pero tal y como publica hoy Vozpópuli, el PSC reconoce que mantuvo conversaciones con el expresidente catalán.
[Fuente: Por Borja Negrete, Vozpópuli, Madrid, 07jul23]
Radio Nizkor
 | This document has been published on 21Mar24 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |