Equipo Nizkor - Bruselas apoya en el TJUE las tesis de Llarena sobre las euroórdenes contra los fugados del procés.

La Comisión Europea aseguró este martes que "no existe un problema sistémico de Estado de derecho en España", en la vista que se está celebrando este martes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que enfrenta al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena con la justicia belga.

La Gran Sala del TJUE, compuesta por 15 jueces, analiza este martes las preguntas que le planteó Llarena después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazara entregar el año pasado al exconsejero catalán Lluis Puig, por entender que el TS no tiene competencias para asumir la causa del 1-0, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Justicia belga descartó también la extradición al considerar que España puede violar los derechos fundamentales de Puig, especialmente la presunción de inocencia, en base al informe que publicó en 2019 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

El abogado de la Comisión Europea en esta vista, Julio Baquero Cruz, argumentó que para valorar si un Estado puede violar los derechos fundamentales, hay que analizar si existe "un riesgo sistémico" en el país en cuestión y, en "una segunda etapa del análisis, ver cuáles son las consecuencias de las posibles deficiencias sistémicas para el asunto individual".

Durante su intervención, Baquero Cruz aseguró que "no existe un problema sistémico de Estado de derecho en España" y, que si "no hay deficiencias sistémicas o generalizadas, (...) será innecesario en la mayoría de los casos pasar a la segunda etapa del análisis".

Por contra, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguró que en España existe una "persecución, absolutamente infame, por motivos políticos" contra los líderes independentistas. Algo que negó la Abogada del Estado Andrea Gavela, que negó que los políticos independentistas sean "un grupo individualizado" contra el que se vulneran los derechos fundamentales en España.

"Ilógico y absurdo que Bélgica cuestione la competencia de Llarena"

Por su parte, la fiscalía Tribunal Supremo, a cargo de Fidel Cadena, ha tachado este martes de "ilógico y absurdo" que Bélgica cuestione la competencia de Llarena para emitir las euroordenes, asegurando que esto supondría que el país receptor de una petición de entrega controle las normas procesales del país emisor. En la vista para examinar la cuestión prejudicial remitida por Llarena, la fiscalía ha centrado su argumentación en que los jueces belgas no puede cuestionar su competencia para emitir la euroorden y negar la extradición basándose en ello.

Cadena ha recordado que el TS y el TC en España ya indicaron que Llarena era competente para pedir la entrega a Bélgica y por ello "no puede haber duda". "No tendría sentido que se debatieran esas normas o fueran interpretadas por parte de otro Estado distinto al que se han forjado esas normas", ha subrayado.

Así ha recalcado que la competencia penal la determinan los jueces españoles, respaldándose en el derecho explícito, y que sería "ilógico y absurdo" que el país receptor de la euroorden controle las normas procesales del país emisor.

También ha cargado contra las dos opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), aducida por los jueces belgas para rechazar la entrega de Puig, al señalar que este informe "no es de ninguna manera valida" porque no se basa en cuestiones objetivas, "ni puede elevarse sobre la opinión del Supremo", que ya indicó que no existe vulneración de los derechos fundamentales. "No son vinculantes y no aportan ningún dato objetivo. La mera existencia del informe no es un dato objetivo", ha explicado el fiscal del Supremo.

La "persecución política" de Llarena

Por su parte, el abogado defensor de Carles Puigdemont y de varios exconsejeros, Gonzalo Boye, ha defendido ante el TJUE que Llarena usa las euroórdenes de forma política y pretende encarcelar a los líderes independentistas "sin juicio, durante meses y años" impidiéndoles realizar su actividad parlamentaria.

Boye ha afirmado que sufren una "persecución infame" por motivos políticos. "Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí", ha dicho a los jueces europeos.

Así, el letrado ha expuesto que sus defendidos se han enfrentado a tres peticiones de entrega por los mismos hechos. "Llarena ha ido emitiendo y retirando las euroórdenes por motivos estratégicos y políticos. Esto suscita dudas sobre el derecho de libertad y libre circulación", ha defendido. Según Boye, se trata de una actuación desproporcionada que el exconsejero Lluis Puig se pueda enfrentar a una cuarta petición de entrega.

Al respecto de las opiniones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), referidas a los ya condenados Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que hablan de una posible vulneración de la presunción de inocencia, el abogado ha defendido que esta vulneración se tiene en cuenta siempre que haya "motivos serios y acreditados" y que lo que debe tenerse en cuenta no es la existencia de deficiencias sistemáticas y generalizadas sino el riesgo serio de que pueda haberlas.

Para la defensa de Clara Ponsatí, el magistrado del Supremo trata de usar al TJUE como una Cámara de Casación en el caso de Puig, cuya entrega a España fue rechazada en firme y es "definitiva e inapelable".

Así, la abogada Isabel Elbal ha señalado que la pregunta al TJUE sobre una decisión judicial en firme "desnaturaliza" el proceso de la cuestión prejudicial. "Cualquier motivo de denegación podría ser invocado por la orden de emisión y ser esto una Cámara de apelaciones intraeuropea", ha argumentado. Sobre la opción de enviar otra orden de entrega, Elbal ha recalcado que introduciría un "marco de arbitrariedad" que "no puede permitirse la UE porque generaría efecto de desaliento".

En su intervención el abogado de la dirigente de ERC Marta Rovira, Andreu van den Eynde, ha recordado la sentencia del TJUE sobre la condición de eurodiputado de Junqueras para asegurar que el Supremo "desoyó" dicha sentencia, no le dio efecto, y se aparta de resoluciones europeas.

05abr22

Bruselas apoya en el TJUE las tesis de Llarena sobre las euroórdenes contra los fugados del procés

[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 05abr22]

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