Equipo Nizkor - La Fiscalía insta a procesar por terrorismo a 13 miembros de los CDR: "Evidencían una gran radicalidad".

Los acusa de estar detrás de la organización de protestas y disturbios así como de planificar la ocupación del Parlament durante una semana o intentar boicotear el traslado de los presos independentistas

"Nos encontramos ante grupos, compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada. Dicha intención se manifiesta a través del rechazo a seguir los cauces legalmente establecidos por el Estado de Derecho para las reivindicaciones políticas y sociales, y la apelación directa a la desobediencia y a la ejecución de acciones de características habitualmente tumultuarias que pretenden imponer una realidad de hechos consumados mediante la toma de control del territorio y la afectación de sectores estratégicos económicos y de abastecimiento".

Con este argumento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 6 procesar a 13 presuntos miembros de los CDR detenidos en 2019. Los acusa de formar parte de una organización terrorista que presuntamente planeó atentados tras el fracaso del 1-O. En este sentido, el escrito fiscal recuerda que en 2017 "se generaron unas expectativas en relación con la consecución de la secesión de Cataluña respecto al Estado Español y la constitución de una república catalana" y que a las tradicionales organizaciones independentistas, apareció "un nuevo actor que se autodenominó CDR" que aportó "gran dinamismo a la movilización callejera, siendo clave para la planificación y ejecución de acciones simples (pintadas) y complejas (huelgas generales, cortes de país, etc.)".

"Tras el 1-O, pasados los días y, tras observar que no se implementaba "el mandato del pueblo del 1-O": constituir Cataluña en una república independiente del Estado Español, en la sociedad con ideales independentistas, se generó un sentimiento de frustración con desigual encaje en función de las características individuales", indica la Fiscalía y añade que estos CDR, "que aglutinaba a los militantes independentistas más dinámicos y activos, dio respuesta a esa frustración organizando numerosos actos y acciones de muy diverso corte por toda la geografía catalana". Alguna de estas acciones tenían "carácter delictivo, existiendo abundantes diligencias penales contra militantes del CDR que habían participado en acciones y actividades ilegales".

Con este contexto, el fiscal, indica que dentro de la estructura organizativa de los Comitès de Defensa de la República, los 13 investigados formaron un "equipo de respuesta táctica" encargado de "acciones más sensibles, siguiendo la línea estratégica de los CDR, que requieren un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución". Considera que son personas "que evidencian una gran radicalidad" y que "la creación de esta célula viene motivada por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR, con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a "la causa", habiéndole sido encargadas la realización de las acciones más sensibles".

En este sentido, el Ministerio Público remarca que presuntamente los investigados buscaban conseguir la independencia, "empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España". Así, señala que los miembros del grupo "han tenido participación activa en la materialización de algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha" como "cortes de carretera, vertido de aceite la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners" o "levantamiento de las barreras de los peajes" entre otras.

Control del Parlament

Además, el escrito fiscal, adelantado por 'El Confidencial', destaca que los acusados asumieron "el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente, todo ello dada la capacidad técnica y humana del citado grupo, debido a que para realizar los mismos, serían necesarias importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización". En este sentido, el plan detallaba que la ocupación se realizaría por la puerta principal del Parlament ya que, supuestamente, se les facilitaría el acceso desde el interior. Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el tal grupo denominado "CNI", y se encargarían del alquiler de inmuebles y locales que les proporcionasen seguridad y el establecimiento de bases de "intendencia", para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros.

"De este modo, los investigados, aprovechándose de los contactos propiciados en el seno de la militancia en los CDR, se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior", señala el fiscal que recuerda que uno de los investigados Ferrán J.G. tenía conocimientos técnicos para garantizar la comunicación entre los integrantes del grupo y fue quien "se constituyó como el iniciador" del equipo. Además, el fiscal considera que los acusados "participaron activamente en las sucesivas acciones que los CDR llevaron a cabo, en ocasiones integrados en sus respectivos CDR y, en otras, conformando dicho" grupo como "un comando autónomo".

Se les sitúa en protestas que se desarrollaron durante la jornada del 21 de diciembre de 2018, con motivo del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, acciones de control del territorio el 1-O de 2018, o el aceite lanzado en la C-55 al paso de los condenados por sedición en su traslado desde el Centro Penitenciario de Lledoners, lo que obligó a la actuación de una dotación de bomberos para limpiarla. El fiscal remarca que los investigados supuestamente "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

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La Fiscalía insta a procesar por terrorismo a 13 miembros de los CDR: "Evidencían una gran radicalidad"

[Fuente: Por Germán González, El Mundo, Madrid, 20ago21]

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