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28jul21
La Fiscalía abre una investigación por el aval de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas
La Fiscalía ya ha abierto una investigación sobre los avales que la Generalitat ha presentado ante el Tribunal de Cuentas a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El órgano fiscalizador avisó este martes sobre sus dudas respecto a la maniobra del Govern y, tras la denuncia presentada por Ciudadanos, el Ministerio Público va ahora un paso más allá al incoar diligencias. Las pesquisas se centran en si la Generalitat ha podido incurrir en una ilegalidad al avalar las fianzas de los investigados a través del ICF, pero las fuentes consultadas insisten en que por ahora no se plantea un delito concreto ni se investiga a los presuntos responsables de este ardid.
El aval ideado por la Generalitat para cubrir las cantidades exigidas terminó por hacer agua la pasada semana. El Gobierno autonómico aprobó a comienzos de mes un decreto ley por el que establecía un mecanismo que en un primer momento preveía que una entidad bancaria avalara las fianzas, pero finalmente no le quedó más remedio que asumir que ese apoyo no iba a llegar. El plan pasó entonces a respaldar el dinero a través del Institut Català de Finances (ICF) o, lo que es lo mismo, utilizar fondos del Gobierno autonómico para cubrir el presunto uso irregular de dinero público. Todo ello, además, cuando el Ejecutivo se erige precisamente como supuesto perjudicado.
De los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas, 29 se acogieron a este aval de la Generalitat, entre ellos Oriol Junqueras, Artur Mas o Carles Puigdemont. Por el momento, la instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno ya ha mostrado sus dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de esta maniobra y el martes pidió a la Abogacía del Estado que emita un informe al respecto, pero la investigación por parte de la Fiscalía abre ahora un nuevo frente al gobierno autonómico. Como ha adelantado 'Europapress' y confirman a El Confidencial desde el Ministerio Público, las diligencias van a llevarse a cabo en la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Contra el ICF y el Govern
En su denuncia, Ciudadanos carga contra la Junta de Gobierno del ICF y contra el Govern al considerar los avales una "absoluta ilegalidad". Su relato pasa por que el ICF aprobó cubrir a los encausados después de que el gobierno autonómico sacara adelante su Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros, una actuación que no dudan en tachar de "operación fraudulenta". De esta manera, el partido apunta de forma directa al Govern, pero desde el Ministerio Público señalan que se ha acordado archivar la denuncia para las personas que puedan verse afectadas. La Fiscalía de Barcelona se centrará por ahora en la maniobra, no en sus responsables.
En cualquier caso, en lo que se refiere al ICF, cabe señalar que tres de sus consejeros independientes dimitieron por desavenencias con el mecanismo empleado. Como adelantó El Confidencial, su marcha extendió además la duda sobre la reunión en la que se resolvió proceder a dichos avales, pues no se habría producido el 'quorum' necesario. Esta es otra de las cuestiones que la Fiscalía tendrá ahora que revisar.
Cautela en el Gobierno
Este martes, tras conocerse la decisión de la instructora de consultar a la Abogacía del Estado sobre la legalidad del aval, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pasó de puntillas en rueda de prensa y evitó aclarar si el Ejecutivo comparte las "dudas" que se plantea el Tribunal de Cuentas. No "es un asunto pacífico jurídicamente", se limitó a decir. Su homóloga en el Govern, Patrícia Plaja, defendió por su parte que se trata de un aval "sin dudas de la legalidad", pero esta afirmación queda ahora la espera del informe que presenten los servicios jurídicos del Estado, de la decisión de la instructora del Tribunal de Cuentas y de las propias diligencias que arrancan en la Fiscalía.
[Fuente: Por Pablo Gabilondo, El Confidencial, Madrid, 28jul21]
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