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06jul21
La Generalitat se inventa un fondo de 10 millones para pagar las multas del Tribunal de Cuentas
El Gobierno de la Generalitat cree haber encontrado la fórmula para pagar los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige a 34 ex altos cargos catalanes por la promoción exterior, entre el año 2011 y la del 2017, del referéndum ilegal del 1-O, y sortear posibles sanciones. El Ejecutivo presidido por Pere Aragonès hará, pues, frente a los pagos exigidos través de un "fondo complementario de riesgos", aprobado hoy con urgencia mediante un decreto ley, que pretende cubrir los elementos de "indefensión" que afectan a altos cargos y trabajadores públicos catalanes que no están avalados con las actuales seguros que tiene contratados la Generalitat.
Esta ayuda diseñada a medida, ante el plazo para la liquidación de los pagos del 29 de julio, intenta blindarse ante las advertencias del Tribunal de Cuentas al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que si finalmente ofrece un aval público a los embargados por el procés estaría cometiendo un "fraude de ley".
"Ningún servidor publico debe verse perjudicado por el ejercicio de sus funciones", ha señalado en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà. "Se llama democracia y este fondo ofrece una protección de nuestros trabajadores", ha insistido. Por su parte, el consejero de Economía, Jaume Giró, ha destacado la "solidez jurídica" de una medida sin precedentes, y que será el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) el que gestionará este fondo que nace con una cantidad inicial de 10 millones de euros.
"No hay desplazamiento patrimonial de la Generalitat, no hay malversación de dinero público, porque en el momento en el que haya una sentencia firme, y en ese momento les tocará reponer a aquellos que sean condenados", ha asegurado Giró, quien ha desvinculado este decreto de la "caja de solidaridad" que han puesto en marcha las entidades independentistas para ayudar económicamente a los 34 altos.
El Gobierno catalán argumenta la creación de este fondo de socorro en base al "principio de indemnidad" del funcionario público, según el cual, "todos los funcionarios tienen derecho a una tutela y a un apoyo" por parte de su administración cuando se les acusa de un delito en cumplimiento de sus funciones. Asimismo, sostiene que todas las actuaciones investigadas por el Tribunal de Cuentas forman parte del ejercicio del cargo público, las competencias recogidas en el Estatut y la libertad de expresión.
[Fuente: Por Iñaki Ellakuría, El Mundo, Madrid, 06jul21]
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