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29jun21
El Tribunal de Cuentas reclama más de 1,9 millones a Junqueras y Puigdemont y 2,8 a Mas-Colell
El Tribunal de Cuentas ha fijado en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que reclama al presidente de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, con el objetivo de promocionar internacionalmente el 'procés', según el acta de liquidación. Ya más en concreto, y tal y como informa 'El País, el Tribunal de Cuentas reclama 1.981.453 euros a Puigdemont y 1.932.323 euros a Junqueras, El órgano fiscalizador hace recaer en el expresidente Artur Mas y en el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell la cantidad más elevada: 2.803.115 euros. Un poco menos tendrá que pagar el exconsejero de Acción Exterior, Raül Romeva, con una cantidad de 2.108.818 euros.
Según el documento, del importe total, 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.
La responsabilidad de todos los implicados es solidaria en relación con los daños causados, aunque varía según la responsabilidad contable de las distintas administraciones, y deberán hacer frente al pago si no quieren sufrir el embargo de sus bienes hasta cubrir la cantidad reclamada.
El Tribunal de Cuentas ha citado este martes por la mañana a los implicados, junto a la Generalitat, a Diplocat (el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña), a los Abogados Catalanes por la Constitución, a Sociedad Civil Catalana, a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal.
Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados, ya que éstos no tienen obligación de comparecer personalmente, se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas.
Quejas de los abogados
El primero de los abogados en acudir a la sede de la calle Torrelaguna, 79, en Madrid ha sido el letrado del expresidente catalán huido Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
"Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha dicho en declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegrará la "indefensión" ante la que dicen encontrarse.
En este sentido ha denunciado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".
Francesc Homs, otro de los letrados en el procedimiento, que además está también investigado, también ha reprochado que los abogados enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa.
Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.
Hay que recordar que los condenados por el 'procés' ya abonaron 4,1 millones de euros de fianza por el dinero malversado para el referéndum unilateral del 1-O, pero solo para evitar el embargo de bienes, ya que todavía habría que pagar las responsabilidades contables.
Tras ello, quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, cuestión que se abordará en la comparecencia de este martes.
Las diligencias se enmarcan en una instrucción sobre el alcance contable de la acción exterior para promover el proceso independentista a través de las llamadas "embajadas catalanas" y la celebración de un referéndum que llevó a cabo el Diplocat.
Esta instrucción, que deriva de un informe de fiscalización, estaba pendiente de conclusión y ahora el Tribunal de Cuentas hará un acta de liquidación complementaria a la anterior, para la investigación de los hechos derivados del citado informe que no coincidan con los analizados en la liquidación practicada.
Informe fiscalizador
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de marzo de 2019 un "informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017", a instancia de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Dicho informe revela que se detectaron gastos no justificados, subvenciones 'a dedo' y contratos fraccionados para eludir controles. El órgano fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.
El Tribunal Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.
De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las 'embajadas' por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 29jun21]
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