Equipo Nizkor - La justicia cerca a un diputado de JxCAT integrado en el núcleo de confianza de Borràs.

A la presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, se le complica la legislatura. Aparte del problema que tiene encima por una investigación por corrupción iniciada hace años (está acusada de haber adjudicado irregularmente contratos por más de 260.000 euros a un amigo suyo), uno de los cargos de JxCat de su máxima confianza, el diputado Francesc Dalmases, puede verse en aprietos próximamente, ya que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha decidido enviar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un amplio informe como paso previo para la petición del suplicatorio, y así, poder investigarle. Los delitos a los que se enfrenta son los de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

Dalmases compartió en la cámara legislativa la 'war room' ('habitación de la guerra') con el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, con Laura Borràs y con Josep Costa, exvicepresidente del Parlament. Era un despacho de JxCAT de donde salían ideas radicales e iniciativas para acorralar al Estado español. Luego, cada uno tuvo distintos grados de responsabilidades y el despacho dejó de funcionar como tal. Pero para entonces, la causa contra Borràs ya estaba instruyéndose, lo mismo que el germen de la investigación que puede llevar a Dalmases al banquillo de los acusados.

En las últimas primarias de JxCAT, Dalmases obtuvo unos exiguos resultados, que normalmente le hubieran supuesto ir en un número muy bajo de la lista, sin posibilidades de resultar elegido: candidatos con mejor puntuación que la suya ocuparon un lugar cercano al 40. Pero Borràs, que era la cabeza de lista, hizo valer su poderío y encumbró a Dalmases al número 15 de la lista por Barcelona, puesto en el cual tendría posibilidades de salir elegido. JxCAT sacó 16 diputados. Objetivo cumplido.

Este madrinazgo, sin embargo, le puede servir de muy poco ante la causa que se le viene encima: Dalmases era socio de Víctor Terradellas, quien fue detenido y acusado de cobrar millones de euros en subvenciones públicas que desviaba hacia actos relacionados con el proceso independentista. Fue responsable de relaciones internacionales de CDC e intentó establecer relaciones con el Kremlin para que Rusia apoyase la independencia de Cataluña. Ambos eran socios en la Fundación Catmon y la Asociación Igman.

El diputado de JxCAT, además, tenía salario fijo de la primera y cobraba diversas cantidades de la segunda a través de una empresa propia, Discatimat. Otras empresas a nombre de su esposa, Gemma Pedró, también cobraron miles de euros en facturas a esas entidades. De ese modo, las subvenciones públicas se convirtieron en la principal fuente de ingresos de Dalmases durante años.

Mimado en la Diputación

La investigación de Catmon e Igman fue la que desencadenó luego la operación Voloh, que dirige el magistrado Joaquín Aguirre. En esa operación fueron detenidas una veintena de personas, entre ellas el exdirigente de CDC David Madí, el exsecretario de Organización de ERC, Xavier Vendrell, el presidente de la Plataforma Pro- Seleccions Esportives Catalanes, David Vinyals, así como los empresarios Oriol Soler, Toni Fusté y Roc Aguilera y varios altos cargos de la Generalitat, al estar supuestamente en connivencia con los principales detenidos, facilitándoles los recursos de la Administración para sus intereses. La Guardia Civil, para entonces, ya tenía en el punto de mira a Dalmases.

Cobraba 3.687,41 euros mensuales de salario por la dirección de la revista 'Catalan International View' (CIV), para lo que giraba facturas a Catmon (propietaria de la revista). Esas facturas eran aportadas luego como justificantes de subvenciones que teóricamente debían haber servido para proyectos en el exterior. La Guardia Civil descubrió que esas facturas fueron rechazadas por los técnicos de la Diputación de Barcelona, al ser ilegal una justificación de ese calibre.

En el sumario, se adjuntan declaraciones de empleados de la Administración en la que acusan a ese alto cargo de presionarles y narraban cómo habían tenido episodios de ansiedad y bajas por la presión a la que eran sometidos. Cuando comenzó la investigación, Castells fue apartado de su cargo de la Diputación, pero JxCAT lo recolocó como subdirector general de Cooperación Local, encuadrado en Presidencia de la Generalitat.

Un informe del Instituto Armado señala que Dalmases percibió por dirigir CIV, entre 2014 y 2017, "un total de 139.826,40 euros, es decir, el equivalente al 23,79% de las subvenciones percibidas por la fundación Catmon". Ese salario era sufragado por Catmon, pero, paralelamente, también tenía otros ingresos de Igman.

En busca de dos millones

Las irregularidades eran múltiples: desde facturas presentadas para justificar subvenciones en varios expedientes (era corriente que una misma factura le sirviese para justificar gatos en las subvenciones de la Diputación, pero también de la Generalitat) hasta facturas emitidas por la empresa Discatimat por conceptos idénticos a otras facturas emitidas por personas físicas. En ocasiones, las facturas llevaban fecha posterior a las transferencias bancarias.

Por si fuera poco, la mayoría de los expedientes tuvieron informes negativos de los técnicos de la Diputación, que de poco sirvieron porque luego sus jefes pagaron igualmente los supuestos proyectos de Catmon e Igman. Respecto a uno de los expedientes, la Guardia Civil señala que Dalmases respondía a los técnicos de la Diputación con todo tipo de justificaciones "e incluso declaraciones juradas faltando a la verdad. El destino de los fondos subvencionados fue a parar a un círculo muy concreto de personas vinculadas a las entidades ya especificadas, entre las que se incluye Discatimat, empresa del propio Francesc Dalmases".

También recogen los informes policiales que los fondos de las subvenciones acababan sufragando "adeudos en tarjetas de crédito, gastos personales como parking de vehículo a nombre de Víctor Terradellas y a nombre del partido CDC, o pagos de restauración en el negocio de la pareja de Francesc Dalmases, según el análisis de las cuentas bancarias".

Facturas de 10.000 euros al mes

En uno de los informes que constan en el sumario, los investigadores señalan que "Francesc Dalmases factura a la Fundación (Catmon) más de 40.000 euros anuales, contraviniendo el artículo 19 de los estatutos de Catmon y el artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones". Además, afirman, en relación con la fundación Catmon, que "se ha detectado un comportamiento anormal en relación con su operativa comercial y a su dinámica de ingresos y gastos, ya que recibe la totalidad de sus ingresos de organismos y corporaciones públicas, repartiendo sus operaciones de gastos entre Discatimar, Xargar Travel y La Garriga Girac (vinculadas a Francesc Dalmases y Gemma Pedró, su pareja). Dicha operativa se observa igualmente en Igman".

En ese mismo informe se detallan los pagos (sufragados con subvenciones) de Catmon a Discatimar: en 2012, Dalmases cobró 24.790 euros de Catmon en facturas personales, pero también se hizo con 107.853 euros cobrados en facturas de Discatimat y 3.484 euros facturados a través de Xargar, una de las empresas de su esposa. Eso implica que durante ese ejercicio su compañía facturó a la fundación Catmon casi 10.000 euros mensuales. Una extraña forma de utilizar las subvenciones, dado que la entidad había recibido ingresos ese año por 194.4376 euros y, de ellos, más de 135.000 euros se canalizaron hacia las cuentas de Dalmases o sus empresas.

En 2013, el diputado cobró personalmente más de 44.000 euros y otros 30.000 euros a través de su empresa, a los que hay que sumar un donativo de 34.000 euros más. En 2014, presentó facturas personales por casi 42.000 euros y Discatimat cobró 26.000 euros, mientras que la sociedad familiar Garriga Girac facturó 3.823 euros. Al año siguiente, Discatimat canalizó más de 24.000 euros y Garriga Girac otros 3.775 euros.

24abr21

La justicia cerca a un diputado de JxCAT integrado en el núcleo de confianza de Borràs

[Fuente: Por A. Fernández, El Confidencial, Madrid, 24abr21]

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