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18dic20
La Audiencia Nacional procesa al abogado Gonzalo Boye por blanquear fondos del narco 'Sito Miñanco'
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y a otras 45 personas por su participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga.
Entre los procesados se encuentra Gonzalo Boye, abogado habitual de Carles Puigdemont y Quim Torra. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 le atribuye un delito de blanqueo de capitales del narcotráfico cometido en el seno de una organización criminal, y un delito continuado de falsificación en documento oficial.
La condena mínima por este tipo de blanqueo superaría los tres años de prisión -lo que implicaría la entrada efectiva en la cárcel- y podría llegar hasta los seis.
En el caso de Boye, la juez estima que intentó recuperar el dinero en efectivo (889.620 euros) intervenido en febrero de 2017 a varios implicados cuando intentaban sacarlo de España por el aeropuerto de Barajas. El destino era Colombia.
Según el auto de procesamiento, Boye se prestó a presentar ante el Servicio de Prevención de Blanqueo documentación que simulara el origen legal de los fondos. El pretendido negocio "no presentaba lógica comercial alguna". Las letras de cambio que exhibió o ya estaban vencidas o tenían una fecha que no era coherente.
"Eran ficticias"
La juez concluye que Boye y otros dos abogados, "conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos [...] y los presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia".
Por ello, la juez procesa a los tres abogados por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.
Además, les exige a cada uno 900.000 euros de fianza para cubrir la sanción que podría corresponderles en caso de condena. En el caso de Gonzalo Boye, ya tiene embargados los bienes por la Audiencia para hacer frente a la indemnización que se le impuso en su día por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla.
Tras conocer el auto, el despacho de Boye ha emitido un comunicado: "Ni por parte de Gonzalo Boye ni de nadie de su despacho, en ningún momento, ha habido blanqueo de capitales. Solo se ha hecho el trabajo que como defensores tal cual lo establece el Estatuto General de la Abogacía Española y lo refuerza la propia ley de prevención de blanqueo de capitales". "La propia ley establece que los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas [...] con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes", se añade.
El auto de la juez Tardón atribuye a los 45 investigados, según su participación en los hechos, delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud pública, concurriendo la agravante de notoria importancia, cometido en el seno de organización criminal y de extrema gravedad; blanqueo de capitales; delito continuado de falsificación de documento oficial; o tenencia ilícita de armas.
Según informa la Audiencia, uno de los investigados, Manuel Pedro González Rubio, tirador profesional, resulta procesado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, un delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones puesto que cuando iba ser detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los agentes de la Guardia Civil, hiriendo a dos de ellos. "Únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba", explica el auto.
131 millones de fianza
La resolución impone distintas fianzas para cubrir las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de los hechos y delitos atribuidos a cada acusado. Así, a Sito Miñanco y a otros 25 procesados por tráfico de drogas les impone una fianza de 131,5 millones de euros.
El auto de la juez, que recoge la solicitud de la Fiscalía Antidroga, explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un párking de esa localidad.
La juez indica que su actividad continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica y la infraestructura personal necesaria, "un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad".
El auto de la juez detalla que a raíz de esta investigación, que se desarrolló durante los años 2016 y 2017, ha sido posible identificar dos operaciones concretas a través de las que Sito Miñanco y su entramado pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España.
Fueron las correspondientes a la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína, y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba otros 615 kilos.
[Fuente: Por Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 18dic20]
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