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18mar14
El Gobierno afila sus armas contra la independencia: supresión de la autonomía, delito de rebelión o estado de excepción
La visión que en estos momentos se tiene en el Gobierno sobre el juego que se trae entre manos el presidente de la Generalitat, Artur Mas, conduce a pensar que el diálogo sigue roto y que desde La Moncloa no se moverá pieza hasta que el proceso soberanista avance. La novedad procede del enfado con el que Esquerra Republicana ha reaccionado a la amenaza de Mas de recurrir a una declaración unilateral de independencia si ve cegadas todas las vías para la celebración de la consulta. ERC ve en esta amenaza una torpeza porque con ella CiU está enseñando su patita: no confía, en realidad, en que el referéndum llegue a celebrarse. Es casi en lo único en que coincide con el Gobierno, convencido de que la consulta no llegará a oficiarse.
Oriol Junqueras (ERC) le ha pedido a Mas que no se despiste y está decidida a situar todo el foco sobre el referéndum del 9 de noviembre. Mañana miércoles, su portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, preguntará a Mariano Rajoy qué piensa hacer para impedir la votación. Mientras tanto, el Gobierno tiene a punto su munición para responder cuando haga falta a cualquier ilegalidad, incluida una declaración unilateral de independencia. "No hay vértigo", aseguran fuentes gubernamentales, "porque hay varios procedimientos que harían descarrilar esta declaración y están en la Constitución, el Código Penal y la ley de Transparencia".
La primera vía, quizás la más agresiva, consistiría en suprimir la autonomía catalana utilizando el artículo 155 de la Constitución. Reza así: "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
El Código Penal abre otros caminos igual de efectivos. Con el argumento de que el objetivo de la declaración unilateral es la formación de un Estado catalán independiente, una actuación contraria al ordenamiento vigente, el Gobierno podría aplicar el título XXI del Código que regula los delitos contra la Constitución y, en concreto, el que tipifica el de rebelión. Este procedimiento no estaría exento de controversia en su interpretación jurídica, pues hay expertos que para su empleo ven necesario que exista violencia.
Dentro del mismo Código Penal figura la vía del artículo 544, pensado para quienes, al margen de las normas legales, impidan la aplicación de las leyes a cualquier autoridad.
Entre las armas procesales para evitar también la independencia de Cataluña consta la declaración del estado de excepción, regulada desde 1981 por ley orgánica. Su utilización estaría justificada si el Gobierno considera que la Generalitat altera de forma grave el normal funcionamiento de las instituciones. En este supuesto, CiU podría argumentar que la declaración de independencia forma parte del mismo puzzle que incorpora como pieza básica la celebración de un referéndum por vías democráticas.
Por último, el Ejecutivo dispone de una herramienta mucho más novedosa que el Código Penal o la propia Constitución para combatir la declaración de independencia. Llegaría de la aplicación de la ley de Transparencia aprobada el pasado noviembre, que contiene un régimen sancionador que incumbe a todas las administraciones públicas. En ella se consideran faltas muy graves la falta de respeto a la Constitución y la adopción de acuerdos ilegales que perjudiquen a los ciudadanos. No solo eso, en el Gobierno se pone en valor también el expediente sancionador que podría incoársele a la Generalitat por incumplir el principio de estabilidad presupuestaria incrustado en la Constitución desde agosto de 2011, falta que llevaría aparejada la inhabilitación durante un máximo de 10 años de los cargos públicos involucrados en la declaración de independencia.
El juego secesionista se ventila a varias bandas mientras el Congreso se prepara para el debate que afrontará a finales del mes que viene sobre la delegación de competencias a la Generalitat para celebrar la consulta. Artur Mas maneja también la carta de buscar el blindaje del referéndum a través del Consejo de Garantías Estatutarias si el Gobierno, como es más que previsible, decide recurrir la futura ley de Consultas, todavía pendiente de aprobación, al Tribunal Constitucional.
[Fuente: Vozpópuli, Madrid, 18mar14]
 | This document has been published on 24Mar14 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |