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14jul20
El móvil de Roger Torrent fue espiado por un programa que solo se vende a los Gobiernos
El teléfono móvil del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, fue víctima de Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden adquirir Gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad con el objetivo de combatir el crimen y el terrorismo. En una declaración institucional, horas después de salir a la luz la información, Torrent ha afirmado que el espionaje al que fue sometido a través de su teléfono es "impropio de un Estado democrático", ha anunciado acciones legales, y ha exigido al Gobierno español que "se investigue y se depuren responsabilidades", sugiriendo que el Ejecutivo central está detrás de lo ocurrido, porque "en el Estado español se practica el espionaje".
Según una investigación de El País y The Guardian, el móvil de Torrent fue atacado en 2019 con Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.
En una declaración institucional realizada desde su despacho del Parlament, Torrent ha considerado que se trata de un asunto "muy grave" y que sirve para constatar que en el Estado español "se practica el espionaje contra la disidencia política".
Según una investigación de 'El País' y 'The Guardian', el smartphone fue atacado en 2019. Un fallo de seguridad en WhatsApp entre abril y mayo permitió instalar en el terminal de Torrent y otros 1.400 móviles del mundo el programa.
El 'malware' de NSO Group logra transmitirse al dispositivo de un usuario de WhatsApp cuando este recibe una llamada de voz por la aplicación, incluso en los casos en que el usuario no responde. Las llamadas maliciosas a menudo desaparecían del registro de llamadas.
La vulnerabilidad de WhatsApp se descubrió en mayo cuando un abogado británico especializado en derechos humanos fue atacado a través de su teléfono utilizando la herramienta NSO Group.
Citizen Lab, un grupo de ciberseguridad canadiense, investigó el fallo para WhatsApp, que se solucionó mediante una actualización, y descubrió que los números asaltados correspondían a Torrent y cientos de personas de la sociedad civil. Además, avisó a las autoridades de EEUU para que abriesen una investigación.
En concreto, la compañía cifra en 130 los activistas que han sido víctimas injustificadas del programa de NSO desde 2016.
Junto al presidente del Parlament, Pegasus también habría apuntado al móvil de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, según su abogado, Olivier Peter.
Amnistía Internacional ha denunciado en múltiples ocasiones el uso de esta herramienta de espionaje antiterrorista por parte de "gobiernos hostiles" para vigilar a ONG y activistas.
Gracias a Pegasus, los atacantes pueden escuchar conversaciones, acceder a mensajes, hacer capturas de pantalla e incluso controlar de forma remota la cámara y el micrófono para ver y oír lo que hacía su víctima.
En la época de espionaje, Torrent declaró como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio del 1-O. "Notaba cosas extrañas. Se me borraban mensajes de WhatsApp y los historiales de las conversaciones. A la gente de mi entorno no le pasaba", ha dicho Torrent a 'The Guardian' y 'El País'.
De momento, el Gobierno y el CNI se han desmarcado de estos hechos. NSO se niega a aclarar si España figura en su cartera de clientes
Torrent: "En el Estado español hay espionaje"
Por su parte, Torrent ha considerado que lo ocurrido se trata de un asunto "muy grave" que sirve para "constatar" que en el Estado español "se practica el espionaje contra la disidencia política".
Según el presidente del Parlament, hace unos días tuvo conocimiento a través de dos periodistas de 'The Guardian' y 'El País' de que había sido espiado. Esto permitió a quienes encargaron el espionaje "capturar mensajes y conversaciones" y, según Torrent, su caso sirve para confirmar lo que "diversos organismos internacionales ya han denunciado, y es que algunos estados están utilizando este software para la persecución de la disidencia política".
"Hoy sabemos que, entre estos Estados, figura el español", ha lamentado Torrent, antes de precisar que no sólo él ha sido víctima de espionaje, sino también la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, así como un miembro de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
El presidente del Parlament ha señalado que, aunque ya se sospechaba que había "guerra sucia" contra el independentismo, "es la primera vez que se acredita con pruebas fehacientes", y ha advertido que utilizar "el espionaje contra adversarios políticos es de una gravedad extraordinaria".
Esto "vulnera mi derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y mi derecho a defender un proyecto político sin sufrir persecución", por lo que ha anunciado que emprenderá acciones legales y políticas para llegar "hasta el final" de este asunto.
"Se evidencia -ha dicho- que hay una causa general contra el independentismo que degrada la democracia en el Estado español y que tendría que preocupar a todos los demócratas, sean o no independentistas", una causa, ha añadido, que "es la misma que hace que haya presos políticos y exiliados".
Roger Torrent se ha preguntado "cuánta gente más está siendo espiada en estos momentos", una pregunta que ha trasladado al Gobierno tras recordar de este último presume de ser "el más progresista de la historia".
Según el presidente del Parlament, el Gobierno podía conocer que era espiado, y en este caso sería cómplice, o lo desconocía, y esto también "sería un síntoma preocupante" porque implicaría que ha habido negligencia.
Ha exigido, en este sentido, que "se investiguen los hechos y se depuren todas las responsabilidades", además de poner fin "a la guerra sucia contra el independentismo".
ERC ha presentado este martes mismo en el Congreso una petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para "dar explicaciones en relación a los presuntos espionajes e intromisiones a la intimidad de líderes políticos catalanes por parte de estructuras gubernamentales".
También JxCat ha registrado en el Senado y prevé hacerlo en el Congreso una petición de comparecencia de Grande-Marlaska por este mismo asunto.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 14jul20]
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