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28feb20
El TSJC procesa a los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y les impone una fianza millonaria
La magistrada instructora Maria Eugènia Alegret Burgués de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado un auto este viernes en el que procesa a los diputados de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Además, el tribunal les impone medidas cautelares entre las que figura una fianza de responsabilidad civil de 2.889.000 euros en el caso de Jové, y de 1.635.000 euros en el caso de Salvadó, y les cita para declarar el próximo 11 de marzo.
En el auto, la magistrada decreta la libertad provisional de ambos parlamentarios, pero les impone la personación periódica mensual, la retirada de pasaporte y prohibición de salida del país, y justifica el procesamiento y las fianzas millonarias por la cuantía "de los gastos públicos que se han realizado o comprometido para la celebración del referéndum del 1-O y para implementar estructuras de Estado".
Jové "tuvo una participación activa en la preparación del referéndum" y en "otros actos ilícitos para conseguir la financiación
La instructora argumenta el procesamiento de forma particular según la actuación de cada uno en los hechos imputados. En el caso de Jové, exsecretario general del Departament de Vicepresidència, Economía i Hisenda que en la actualidad forma parte de la delegación catalana de la mesa de negociación con el Gobierno del Estado, sostiene que "tuvo una participación activa en la preparación del referéndum" y en "otros actos ilícitos para conseguir la financiación".
En su caso, la magistrada procesa a Jové por un delito de prevaricación por la firma de un convenio con el Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT) con el que se consiguieron los datos personales del registro de población y el de catalanes en el exterior, con la finalidad de contar con un censo para el 1-O. En este sentido, considera acreditado que el dirigente obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, para lo que no disponía de competencias y que "desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional interviniendo activamente en la búsqueda de locales donde debía llevarse a cabo el referéndum".
Según el auto, Jové era un "responsable destacado en la búsqueda de los locales donde instalar los colegios electorales", y por eso "realizaba las oportunas gestiones para lograr esta cesión, interesándose por instalaciones alternativas en previsión de que algún municipio no prestase ese apoyo". Era el "coordinador de las actividades ejecutivas del referéndum", y como tal "conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal, sin poder descartar otros", en una cantidad superior a los 2.100.000 euros".
Obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados y le achaca gastos relativos a la preparación del 1-O
Estos gastos se basan en las anotaciones del dirigente en su agenda Moleskine y en el documento 'Enfocats'. La magistrada señala los relativos a la campaña de publicidad y difusión del referéndum, por importe de 277.804,41 euros sin IVA, los correspondientes al suministro de papeletas, al censo electoral y a las citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizados por Unipost (980.312 euros sin IVA). Los de cartelería y propaganda (51.750 euros sin IVA), los del desarrollo de la campaña del registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto (314.451,99 euros sin IVA), y los de la campaña 'Conéctate al voluntariado' (133.318,74 euros sin IVA).
En cuanto a Salvadó, la magistrada señala que "tenía como función hacer efectivas las estructuras de la Hacienda de la Generalitat", pero esta era una labor conjunta con Jové. Ambos "venían dedicándose desde hacía tiempo, al menos desde finales del año 2015, conforme a los planes directores del partido político en el que militaban, a estudiar cómo crear estructuras de Estado para cuando llegase la hipotética independencia de Catalunya", indica el auto.
Salvadó ideó un "instrumento informático capaz de recaudar y gestionar y ejecutar los impuestos propios, cedidos y aperiódicos, e impuestos masivos y periódicos, para los que no se tenían competencias"
Sobre Salvadó, la magistrada destaca que se le interceptaron correos de los que se infería que "se hicieron presentaciones ante otros Estados y organismos de los que se pretendía obtener recursos económicos". Además, se pretendió dotar a la Agencia tributaria "de un instrumento informático (sistema e-SPRIU) capaz de recaudar y gestionar y ejecutar no solo los impuestos propios y cedidos y aperiódicos sino impuestos masivos y periódicos, para los que no se tenían competencias" (IRPF, el IVA, el impuesto de Sociedades y otros especiales).
Además, la magistrada atribuye al diputado republicano que "ideó el programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público de la Generalitat al Estado", un sistema preparado para hacer la "tramitación automatizada de los impuestos de más de 1.000 entidades públicas, unos 2,5 millones de euros, más 3 millones de cotizaciones sociales que tramitaría el Departament de Treball".
El fin era "centralizar la información y el pago de los tributos competencia del Estado"
Este sistema, que fue aprobado por el Govern pero no fue publicado oficialmente ni comunicado a la autoridad competente, implicaba que la Agencia Tributaria de Catalunya "se erigiese en representante voluntaria de determinadas entidades del sector público de la Generalitat, de entidades locales, universidades e incluso de la misma Generalitat", con el fin de "centralizar la información y el pago de los tributos competencia del Estado".
El programa tuvo un costo de más de 1.226.089,12 euros, que incrementada en un tercio arroja la cifra de 1.634.785,49, la fianza interpuesta.
Tras difundirse el auto, Jové se ha quejado a través de las redes sociales por que el TSJC no le haya notificado su procesamiento antes de informar a los medios de comunicación. Con ironía, el dirigente ha comentado: "¡Caray qué eficiencia! Antes por aquí que notificarlo a los afectados. ¡Qué valientes! ¡Hasta la victoria!".
Desde ERC también han reaccionado denunciando que "la causa general contra el independentismo continúa", tras lo que han expresado "todo el apoyo" a los dos diputados.
[Fuente: Por Luis B. García, La Vanguardia, Barcelona, 28feb20]
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