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20dic19
La decisión de la UE agrava la grieta entre el Supremo y la Fiscalía por el 'procés'
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha agravado la grieta que se originó tras la sentencia del procés entre los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron por sedición a los líderes independentistas, y los fiscales encargados del juicio, que apostaron por la rebelión, según confirman a Vozpópuli fuentes del caso.
Y este distanciamiento ha aumentado al considerar desde el ministerio público que la cuestión prejudicial elevada por el tribunal del procés, cuya petición la llevaron a cabo los magistrados sin estar obligados, fue como meter ellos mismos "la cabeza en la boca del lobo", indican a Vozpópuli las citadas fuentes, que lamentan que esta decisión ha provocado "un desastre", aunque en principio sin efectos en la sentencia firme.
Sin embargo, entre los fiscales de Sala del Supremo insisten en que la sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras no obliga a los magistrados a pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo, sino que simplemente habría que comunicar a Bruselas que ya está condenado.
Fuentes del Tribunal Supremo explican a este diario que decidieron preguntar a la Justicia europea los interrogantes que planteó el abogado del exvicepresidente de la Generalitat, Andreu van den Eynde, porque no tienen nada que temer de Luxemburgo.
Las fuentes consultadas destacan que los componentes del tribunal están seguros de la legalidad de las decisiones adoptadas y de la sentencia. En el mismo sentido, explican que tarde o temprano el asunto habría llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que las críticas de la Fiscalía no tendrían sentido.
La rivalidad se hizo pública tras filtrarse a los medios de comunicación que los procesados iban a ser condenados por sedición, una situación que el ministerio público ha llegado a calificar como "lamentable", asegurando que esto provoca "una pérdida de confianza en la Justicia".
Al hacerse oficial la condena por el delito de sedición, las críticas veladas de los representes del ministerio público se hicieron todavía más evidentes, hasta que los propios fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno incluyeron en sus respuestas a los incidentes de nulidad de los condenados, su convicción de que en la vista oral se vieron pruebas suficientes para condenar por rebelión.
"Aún cuando el tribunal haya considerado que los hechos cometidos no tuvieron suficiente eficacia lesiva para el orden constitucional, es lo cierto que el propio relato de los hechos probados acredita el desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismo en la ejecución de algunos de los elemento típicos de la rebelión", indicaron en concreto los fiscales sobre la actividad durante el procés de los condenados Jordi Sànchez, Joaquim Forn y Josep Rull.
Esta decisión del tribunal, junto a la conclusión de que el procés había sido en realidad una "ensoñación", hizo aflorar el distanciamiento de los fiscales con el tribunal, liderado por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
"Es una realidad"
Y una prueba de esta resquemor se pudo ver en una conferencia en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en la que el fiscal Fidel Cadena volvió a criticar el fallo. Y lo hizo en su nombre, pero también en el de sus compañeros allí presentes: Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno.
Y entre las objeciones a la sentencia del procés, Cadena aludió a la supuesta ensoñación que el tribunal achacó a los condenados: "Se dice que todo fue una ensoñación y no una rebelión [...]. La declaración de independencia y la derogación de la Constitución ocurrieron, y eso es una realidad [...]. Entendemos que es una realidad", dijo el fiscal, según el relato del diario El Mundo.
Fuentes del ministerio público apuntan, en el mismo sentido, que la ausencia del discurso del rey Felipe VI en la sentencia del procés tuvo como finalidad restar importancia a los hechos, y eludir una sentencia por rebelión. Una intención que niegan desde el Tribunal Supremo.
[Fuente: Vozpópuli, Madrid, 20dic19]
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