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27nov19
Una mesa inservible
El defecto de diseño que hace inviable la mesa de diálogo que propone ERC es evidente: pretender que el Gobierno de España no representa a los ciudadanos de Catalunya.
En un simple tuit, el historiador Joaquim Coll lo advirtió. El diálogo entre gobiernos sólo es para cuestiones competenciales, "no para negociar la autodeterminación ni una amnistía". Lo comparto plenamente.
No se puede explicar más claro qué hay en realidad detrás del planteamiento con el que ERC reclama una mesa de negociación a cambio de permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
La propuesta la concretaba Pere Aragonès, coordinador nacional de Esquerra, en un artículo publicado en La Vanguardia el lunes. En síntesis, ERC pide al PSOE un diálogo ("mesa de negociación") con estas cuatro patas: 1. "De igual a igual. De Govern a Gobierno". 2. "Sin condiciones". 3. "Con un calendario claro". 4. Y garantizando que el acuerdo que se alcance será sometido a referéndum del pueblo catalán.
Se trata de condiciones imposibles de aceptar. Porque no se puede hablar de todo. Hay cosas que no pueden entrar en la agenda. Y la inclusión de una reunión bilateral antes de la investidura, primera etapa de ese "calendario claro", dejaría tocado de muerte al gobierno no nato.
Hubo épocas en que el gobierno español de turno se sirvió de los votos de Jordi Pujol. Ahora parece que los independentistas quieren retomar aquel camino, una política opaca de quid pro quo desleal que tan nefasto resultado dio a este país.
Como bien recuerda Coll, una de las voces más lúcidas del turbio panorama político catalán, la Generalitat y su Govern forman parte de la estructura del Estado, de modo que el president es su máximo representante en Catalunya.
Es incomprensible que Aragonès no quiera atender a esta realidad ni asumir que una mayoría de los catalanes no desea la independencia. Tampoco reconoce que el impacto económico de su aventura secesionista está arruinando a miles de familias catalanas, que la convivencia se ha quebrado y que la Unión Europea está y estará en su contra.
La realidad es que el procés ha hecho saltar por los aires los consensos básicos sobre los que descansaba la política y la convivencia en Catalunya: escuela, lengua, medios de comunicación… Y ha evidenciado que el problema no es de Catalunya con el resto de España sino entre los ciudadanos catalanes. El panorama no sería completo sin la evidencia de que el independentismo ha acabado esgrimiendo su brazo violento como baza de negociación. La situación ha alcanzado un punto de bloqueo. El Gobierno de Pedro Sánchez no actúa en Catalunya porque sabe que el hundimiento del procés es irreversible, aunque el precio de su estrategia cortoplacista esté resultando demasiado alto para los catalanes que respetan las leyes.
Sánchez ha hecho mal en no dar una respuesta a la mayoría de los catalanes, que está sufriendo una penosa situación; que son víctimas de los episodios de violencia y coacción jaleados desde el Govern. Se sienten abandonados y huérfanos porque nadie tiene una estrategia a largo plazo para revertir la situación. Por muy extraño que les pueda parecer a los independentistas, la solución a este grave problema que ha concitado la crítica unánime de toda Europa -con la excepción de Salvini y poco más- está en manos de políticos como el propio Aragonès. Ellos han de aceptar que la mayoría de los catalanes rechaza de plano sus procedimientos y que insistir en imponerse por la vía de los hechos es antidemocrático.
Les debe de resultar extraño a quienes se han creído las proclamas de Junqueras, Puigdemont, Torra o Aragonès descubrir que están apoyando a quienes adoptan métodos propios de la nueva jauría populista que horroriza a Europa. Quién les iba a decir que su "sentimiento nacional" terminaría apoyándose en personajes como Arnaldo Otegi.
El nivel de crispación ha llegado a ser tan alto que incluso Ernest Maragall participó hace pocos días en una concentración contra la presencia del rey Felipe VI en Barcelona en la que fueron zarandeados, agredidos, escupidos e insultados ciudadanos de a pie y un concejal barcelonés como él. Sólo en un doble reconocimiento, a la Constitución y a la voluntad de la mayoría, se puede encontrar una solución. En el respeto a las decisiones del Poder Judicial y en la admisión de que el diálogo tiene unos cauces perfectamente definidos en los órganos de debate y decisión que los ciudadanos de este país nos hemos dado democráticamente. Es decir, en el Congreso de los Diputados y en el Parlament de Catalunya. Todo lo que se salga de aquí sería una aventura política muy peligrosa que dejaría el futuro de España en las manos de los independentistas y de su proyecto secesionista.
[Fuente: Por Manuel Valls, La Vanguardia, Barcelona, 27nov19]
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