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25nov19
¿Diálogo?, ¿negociación? ¡Constitución!
"Mi disconformidad con la política sectaria, discriminatoria y carente de todo sentido de responsabilidad". 'President' Tarradellas, carta a 'La Vanguardia',16/4/1981.
Estas palabras son perfectamente aplicables a la política del Gobierno actual de Cataluña. Y, más allá de una opinión tan autorizada y respetable, así resulta de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 11 de este mes. Sobre todo, después de estos antecedentes. Del preacuerdo para un Gobierno del PSOE y UP, que en relación con la "convivencia en Cataluña" se comprometían "a fomentar el diálogo en Catalunya (...) siempre dentro de la Constitución". En el marco de este compromiso político, tuvo mucha importancia que el Parlament, a propuesta del PSC, el pasado día 10 aprobara "renunciar a cualquier iniciativa unilateral", si bien aprobara igualmente una moción de la CUP a favor del derecho de autodeterminación. Este último acuerdo, más otras proclamaciones en el mismo sentido, justifica la trascendencia de la citada sentencia del TC.
En ella, se acordó la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament de 28 de febrero y 1 de marzo de 2018. Ambos tenían como fin la "restitució de les institucions catalanes", es decir, las constituidas por las leyes 19/2017 y 20/2017. Dichos acuerdos admitieron a trámite una propuesta de resolución presentada por Junts per Catalunya, más las enmiendas formuladas por el subgrupo parlamentario de la CUP-Crida Constituent.
llo ocurría a escasos meses de la aplicación del art. 155 de la Constitución. Y se pretendía la aprobación y, por tanto, la entrada en vigor de las instituciones proclamadas en aquellas leyes pese a que el TC había acordado su nulidad por STC 114/2017, de 17 de octubre, en un ejercicio evidente de enfrentamiento y rebeldía ante los acuerdos del máximo órgano jurisdiccional del Estado. Y ello, pese que ya se había acordado la prisión preventiva de los máximos dirigentes del 'procés'. Se pretendía, sin más mediaciones, lo siguiente. "Es referma i reitera (por el Parlament) en la declaración de independencia i en la proclamació de Catalunya com Estat independent en forma de República, que foren votades i aprovades el 27 d'octubre del 2017". Y, entre otras proclamaciones, se acordó "que cessin les ingerencies del govern de l'Estat davant las instancies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional que pretenen impedir la materialització d'aquesta voluntat democrática dels representants del poble de Catalunya…". Y así, sucesivamente, hasta "restablir la república catalana".
El TC reitera, una vez más, principios ante los que puede ser posible un diálogo, pero ninguna cesión por parte del Gobierno del Estado. Cuanto se ha descrito, que continúa siendo el núcleo de la propuesta política del Govern, es rotundamente inconstitucional y de una máxima gravedad, pues contraría los principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: "La soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la nación constituida en Estado social y democrático de derecho, y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña". Pero el TC va más allá. "La nación en cuya unidad la Constitución se sustenta es la de todos los españoles, como ciudadanos libres e iguales en derechos. Son los únicos que, en hipótesis, podrían ser llamados a decidir sobre la permanencia y el destino del Estado común (art. 168 CE), sin que el poder constituyente del que son titulares únicos siguiera mereciendo ese nombre en el supuesto de que tal decisión se atribuyera a solo una fracción del pueblo español, como pretende la Ley 19/2017". Todo ello, lleva al TC a concluir la gravedad que representa "la reiteración incondicionada [de la mesa del Parlamento y su presidente] de resoluciones o normas declaradas inconstitucionales y nulas por este tribunal".
Este es el contexto, y no otro, en el que el futuro Gobierno de España está obligado a encontrar "fórmulas de entendimiento y encuentro" para afrontar la profunda división, si no ruptura, de la sociedad catalana.
[Fuente: Por Carlos Jimenez Villarejo, Federalistes d'Esquerres, El Confidencial, Madrid, 25nov19]
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