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05oct19
El Gobierno abre la vía judicial contra la Mesa del Parlament
Ya inmerso en una campaña electoral en la que esgrime contundentes advertencias contra el independentismo catalán desde cualquier punto de España -un día el artículo 155, otro la ley de Seguridad Nacional-, Pedro Sánchez hizo ayer un alto en el camino para presidir la reunión del Consejo de Ministros. Y lo aprovechó para activar por sorpresa la vía judicial contra la Mesa del Parlament, por permitir tramitar unas resoluciones que, a juicio del Gobierno, vulneran sentencias del Tribunal Constitucional (TC). "Hemos pensado que este era el momento oportuno", admitió el ministro Luis Planas, actual responsable de la cartera de Política Territorial.
Llegó el momento, pese a que la resolución contra la que decidió actuar el Ejecutivo -en lo que respecta a la defensa del derecho de autodeterminación y la reprobación del Rey- fue aprobada por la mayoría independentista del Parlament el pasado 25 de julio y publicada en Butlletí Oficial de la Cámara catalana el 1 de agosto. Hace, por tanto, dos meses.
Planas subrayó que la iniciativa del Ejecutivo supone una "clara advertencia" para el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa, que podrían afrontar "consecuencias de naturaleza jurídica y penal particularmente graves". "Probablemente, desacato", aventuró. Aunque este delito ya desapareció del Código Penal y fuentes gubernamentales precisaron que Torra y la Mesa podrían incurrir en desobediencia, si desoyen al TC.
La Moncloa ya anunció el pasado 26 de septiembre que recurriría ante el TC tres de las resoluciones que aprobó ese mismo día el Parlament. En concreto, las referidas a la respuesta institucional a la sentencia del 1-O, el acuerdo nacional por la amnistía y la autodeterminación, y la salida de la Guardia Civil de Catalunya. Pero el Gobierno no podía actuar hasta que las resoluciones fueran publicadas oficialmente. En el Ejecutivo pensaban que dicha publicación no se produciría hasta el próximo lunes o martes, así que tendrían que seguir esperando.
Pero encontraron la manera de que ya ayer mismo el Consejo de Ministros pudiera activar la vía judicial, con la citada resolución de hace dos meses. Y la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, anunció el acuerdo aprobado para plantear ante el TC dos incidentes de ejecución por incumplimiento de sentencias, y solicitar la declaración de nulidad y su inmediata suspensión.
El inciso de la resolución en el que el Parlament "se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Catalunya", vulnera, a juicio del Gobierno, dos sentencias del TC, del 2015 y el 2018, que ya anularon y suspendieron una resolución y una moción en el mismo sentido.
Y el inciso en el que el Parlament "apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía", también en opinión del Ejecutivo, vulnera otra sentencia del TC del pasado mes de julio que igualmente declaró inconstitucionales y nulos algunos apartados del mismo tenor de una resolución parlamentaria del 2018.
Ahora bien, con estas iniciativas el Gobierno solicita al TC que ordene la notificación "personal" en las providencias que dicte para advertir tanto a Torrent como al secretario general del Parlament, Xavier Muro, y a los miembros de la Mesa, de "su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" una suspensión ya acordada.
Así como de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las sentencias del TC", apercibiéndoles en todo caso de "las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
Justo mientras Planas y Celaá estaban explicando estas iniciativas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tuvieron noticia de que el Butlletí Oficial del Parlament acababa de publicar las resoluciones aprobadas en el pleno de la semana pasada y que el Gobierno anunció que recurriría. En la Moncloa advirtieron la clara intencionalidad de no oficializarlas hasta que no hubo concluido el Consejo de Ministros. "¿Acaban de ser publicadas? ¿Ven qué bien cronometrado está la actuación del Parlament?", ironizó Planas. "También la de este Gobierno, sépanlo", advirtió el ministro a renglón seguido.
Así que el Consejo de Ministros del próximo viernes ya tiene deberes encima de la mesa.
[Fuente: Por Juan Carlos Merino, El Confidencial, Madrid, 05oct19]
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