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04oct19
El juez de los CDR envía a los tribunales de Madrid las filtraciones de sus interrogatorios
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que fue el Ministerio de Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska el que filtró los datos de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Por ello, abrirá diligencias penales y enviará el caso a los Juzgados de Instrucción de Plaza Castilla (Madrid), según ha podido saber Vozpópuli.
Según Castellón, podría haber sido Interior el que habría difundido información sobre la operación Judas. En concreto, se cuestiona si la cartera de Marlaska filtró la información que afectaba directamente al president de la Generalitat, Quim Torra, y cómo presuntamente los CDR servían de intermediarios entre este y Carles Puigdemont. Asimismo, la prensa publicó noticias relacionadas con la hermana del expresident, que se habría reunido presuntamente con los grupos radicales para entregarles documentación.
Así, Castellón traslada a los tribunales de Plaza Castilla las denuncias de los CDR en las que se asegura que Interior podría haber cometido un delito de revelación de secretos. Lo traslada a estos juzgados porque la Audiencia Nacional no es competente para investigar este tipo delictivo.
Ahora, una vez recibidas las denuncias por estos juzgados, se repartirán con orden estricto de orden de llegada. Este proceso tarda entre siete y nueve días, por lo que hasta dentro de unos nueve o diez días no se sabrá en qué juzgado se estudiarán las denuncias.
No hay ninguna investigación abierta sobre Torra
Fuentes jurídicas aseguran que en las pesquisas sobre los radicales de los CDR que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional no hay ninguna investigación sobre el president Torra.
De hecho, las citadas fuentes aclaran que en el hipotético caso de que los magistrados del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional encontrasen algo contra Torra, estarían obligados a llevarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esto se debe a que el president de la Generalitat es aforado y la Audiencia no tiene potestad para juzgarlo en este sentido.
[Fuente: Por Tono Calleja y Lupe Carrasco, Vozpópuli, Madrid, 04oct19]
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