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27sep19
El Gobierno exige a Torra que "condene la violencia con claridad" y estudia medidas contra la Mesa del Parlament
La tensión entre el Gobierno central y el de la Generalitat ha arreciado a raíz de la detención de siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por presuntos delitos de terrorismo y de la aprobación ayer en el Parlament de tres acuerdos para reaccionar contra la inminente sentencia del 'procés'.
El Gobierno ha exigido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que "condene cualquier posible o potencial violencia con claridad". Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea recurrir esos acuerdos parlamentarios y estudia medidas contra la Mesa del Parlament.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha lamentado que el president diga que "el Estado quiere criminalizar a los independentistas" y ha recordado que los siete detenidos "están acusados de presuntos delitos de terrorismo muy graves". "Esperamos la condena de Torra", ha insistido la ministra portavoz. Además, ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez "no está dispuesto a consentir que se ataquen la Constitución y el Estatut" y que se opondrá "a los que quieren recorrer el camino del desorden e incluso de la posible violencia".
Esa advertencia irá acompañada de un recurso contra las tres proposiciones no de ley que aprobó ayer la Cámara catalana con los votos de JxCat, ErC y la CUP cuyo objetivo es impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos políticos y civiles con petición de amnistía total; liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-0 y pedir la salida de la Guardia Civil de Catalunya. El Gobierno ha puesto el asunto en manos de la Abogacía del Estado para que redacte el recurso en cuanto estos acuerdos sean publicados. De momento, no ha desvelado ante qué tribunal se recurrirá ni cuando se oficializará esa impugnación.
Celaá sí ha avanzado que el Ejecutivo estudia tomar medidas también contra la Mesa del Parlament por la aprobación de esos acuerdos, que son proposiciones no de ley. El Gobierno esperará al dictamen del Consejo de Estado para ver si procede contra Roger Torrent y el resto de los miembros de la Mesa de la Cámara catalana. Fuentes de Moncloa indican que todavía no puede concretarse cómo serán esas medidas y no confirman si se irá por la vía penal como ocurrió en el caso de Carme Forcadell, la ex presidenta del Parlament, que es una de las encausadas en el proceso por el 1-0. En el caso de Forcadell, hubo avisos previos por parte del Tribunal Constitucional.
Pese al incremento de la tensión entre ambos Gobiernos, el de Sánchez no se plantea en este momento la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la intervención de la autonomía, en Catalunya. Celaá ha señalado que las decisiones tomadas ayer por el Parlament son "tres proposiciones no de ley", ha recordado que el Ejecutivo solo se plantea recurrir al 155 "cuando se vulnere la ley o se perjudique el interés general" y ha subrayado que "esa circunstancia no se da".
[Fuente: Por Leonor Mayor Ortega, La Vanguardia, Barcelona, 27sep19]
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