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30may19
La Fiscalía acusa a la ANC de provocar el adelanto del referéndum
La Fiscalía no ha modificado su criterio mantenido desde que inició la instrucción. Una vez que ha finalizado la práctica de toda la prueba, testigos, periciales y documental, ha concluido que nueve de los doce acusados cometieron un delito de rebelión por estar dispuestos a usar la violencia con tal de lograr su objetivo, la independencia de Catalunya.
Por eso ha mantenido las penas que antes de iniciar el juicio presentó de manera provisional. El exvicepresidente de la Generalitat es quien peor sale parado con una petición de 25 años de cárcel. Además, los cuatro fiscales encargados del caso han pedido al tribunal que aplique un artículo del Código Penal que le permite establecer que en caso de condena no puedan obtener el tercer grado, y por tanto derecho a salidas, hasta que cumplen la mitad de la pena. La intención del Ministerio Público es garantizar su cumplimiento si una vez se conozca la sentencia el Ministerio del Interior concede su traslado a cárceles catalanas. La Generalitat tiene transferidas las competencias sobre los centros penitenciarios y, por tanto, podrían dejarles libres en cuanto la ley lo permitiera.
La Fiscalía considera que todos los testimonios ofrecidos en el juicio demuestran que los acusados idearon un plan rebelde. Pero además pone el foco en la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y en su presidente en el momento de los hechos, Jordi Sànchez, para quien pide 17 años de cárcel. El Ministerio Público apunta en su informe final que esta entidad forzó para adelantar el referéndum e incluso llegó a exigir que no fuera más allá de septiembre de 2017.
Según recoge el documento, en una reunión celebrada en Badalona en el mes de junio de 2016, la ANC introdujo un "cambio sustancial" en su hoja de ruta para el desarrollo del 'procés': la aprobación de las leyes de desconexión y la convocatoria del referéndum deberían llevarse a cabo no más allá del mes de septiembre de 2017; planteando en el citado documento "la necesidad de utilizar su excepcional poder de movilización como respuesta a las acciones represivas del Estado".
Según desgrana, para lograr la independencia, el Govern canalizó todo el movimiento social en ANC y Òmnium Cultural (OC). Sus presidentes, Sànchez y Jordi Cuixart, se convirtieron en "héroes", según palabras de la acusada y expresidenta del Parlament Carme Forcadell en un discurso que fue visionado en el juicio.
"La finalidad de la legislatura -tras los comicios de septiembre de 2015- se centró en obtener la independencia, para lo cual se estableció como herramienta imprescindible el uso de la movilización social, que sería canalizada fundamentalmente a través de las entidades ANC y OC", subraya el informe final.
A su juicio, estaba todo preparado para que " ante la posible reacción del Estado si la Generalitat fuera 'intervenida políticamente y jurídicamente por el Estado español y/o algún partido soberanista ilegalizado', en esos escenarios, como indicaba la hoja de ruta de la ANC, la movilización ciudadana pasaría a ser la principal impulsora del proceso de independencia, de tal manera que la movilización social adquiría así una dimensión extraordinariamente relevante en el desarrollo de todo el proceso, puesto que se convertía en último término en el instrumento coactivo más decisivo y eficaz para doblegar la voluntad del Estado".
En la medida que se iba aproximando la celebración del referéndum, emergió, a juicio del Ministerio Público, el protagonismo de las movilizaciones ciudadanas multitudinarias, "que cobraban así una relevancia capital para la consecución de la desconexión absoluta con el Estado".
Para los acusados, "ya no bastaba con la desobediencia y la legislación paralela; era preciso oponerse -con todos los medios a su alcance, incluida la violencia en un caso extremo- al cumplimiento de las órdenes judiciales encaminadas a imposibilitar la celebración del referéndum declarado inconstitucional y del que dependía la declaración de independencia", concluyen los fiscales
Respecto del principal acusado, Oriol Junqueras, el Ministerio Público le sitúa como coordinador general de toda la actividad de planificación y organización del referéndum que pretendían celebrar. Además le acusa, como a otros acusados, de realizar reiterados y continuos llamamientos públicos a ir a votar "plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos".
[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 30may19]
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