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20may19
La Fiscalía investiga el desvío de fondos públicos al PDeCAT a través de una entidad soberanista
Nueva sospecha sobre el destino ilícito de fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para determinar si presuntamente se desvío dinero del Canal Olímpic de Cataluña, instalación situada en Castelldefels que gestiona la entidad pública Equacat, para el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) unos meses después de su fundación en 2016 a partir de la liquidación de la antigua Convergència. En concreto, el Ministerio Público quiere determinar si los responsables del Canal Olímpic o sus superiores en la Secretaría General del Deporte de la Generalitat cometieron esta presunta financiación ilegal a partir de pagos a la fundación CatMón y a la ONG Igman-Acció Solidaria en concepto de publicidad.
Esta investigación se sigue al margen de la iniciada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona sobre un posible fraude de un mínimo de dos millones de euros a través de 28 subvenciones de la Diputación de Barcelona en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia, entre otros, entre los años 2012 y 2015. La Udef consideraba que estas presuntas ilegalidades se cometieron usando un entramado de entidades entre las que, supuestamente, estarían CatMón e Igman.
Por eso, hace un año el juez ordenó una operación policial en la que hubo entradas y registros en varios organismos públicos y las sedes de estas entidades, además de la detención de unas 30 personas, entre los que estaba el ex responsable de Relaciones Internacionales de CDC y presidente de la Fundació CatMón, Víctor Terradellas. Dentro de esta investigación los agentes indicaron que las organizaciones soberanistas recibieron entre 2011 y 2015 más de diez millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, como la Diputación de Barcelona. La causa en este juzgado abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones, aunque se mantiene bajo secreto a la espera de varios informes policiales.
De forma paralela, la Fiscalía ha tenido acceso a nueva documentación sobre pagos de la sociedad que gestiona el Canal Olímpic a CatMón por la inserción de un anuncio dentro de la revista de la entidad. Serían unos 10.000 euros a pagar a finales de 2016 en tres facturas de 3.333 cada una aunque se sospecha que fue una aportación dividida en tres partes para evitar su control. Estas facturas estaban firmadas por Gerard Figueras, secretario general del Deporte de la Generalitat, y por otro directivo del Canal Olímpic como apoderado. Los investigadores pretenden detallar si esta cantidad responde a precio de mercado por contratar publicidad en la revista de CatMón que no tiene tirada, cuando los anuncios en diarios nacionales no son tan elevados. La Secretaria General del Deporte no hizo ningún comentario al no tener constancia oficial de la investigación.
El Ministerio Público examina otros pagos desde el Canal a la entidad que presidía Terradellas, aunque de menor cuantía, así como una supuesta petición verbal de principios de 2018 de unos 10.000 euros ya que presuntamente CatMón quería construir vestuarios en Sarajevo dentro de un proyecto internacional y no podían recibir el dinero como ayuda solidaria ya que la Generalitat estaba bajo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los investigadores, que disponen de documentación escrita y audiovisual, sospechan que los fondos del Canal serían «realmente derivados hacia el PDeCAT», según una denuncia que originó estas pesquisas.
CatMón, que se creó para tratar las relaciones internacionales y de cooperación catalana, está vinculada a la Fundación CatDem de la antigua Convergència, condenada en el caso Palau por desviar los fondos que recibía hacia el partido, e investigada dentro del caso 3% que se sigue en la Audiencia Nacional por presunta financiación de la formación nacionalista. Además, CatMón tiene entre sus objetivos trabajar por el reconocimiento internacional de la «nación catalana» y ofrecía consultoría a organismos públicos y privados de Cataluña en su actividad exterior.
Desde el PDeCAT se indica que no tienen constancia de que exista esta investigación abierta y que no mantienen ningún tipo de relación ni con el Canal Olímpic ni con CatMón, tampoco económica. Además, recuerdan que el partido no recibe ninguna donación de personas jurídicas, sólo físicas.
La Fiscalía también dispone de varias facturas que presuntamente acreditarían un pago a Unipost desde el Canal Olímpic de 17.955 euros de finales de 2015, cuando estaba en el Govern en funciones de Artur Mas. Los investigadores policiales sospechan que estos trabajos no se realizaron y que supuestamente se trataría del pago de servicios relacionados con los envíos de publicidad y papeletas del 9-N, celebrado un año antes. En concreto, la factura especifica que Unipost realizó tareas de «diseño, manipulación y distribución» de «mailing para promocionar» actividades del Canal Olímpic. Este documento está firmados por el entonces responsable de la Secretaria General del Deporte de la Generalitat Ivan Tibau. Fuentes del Ministerio Público recuerdan que la causa sobre el proceso de participación del 9-N ya está «juzgada» y que la Audiencia de Barcelona no aceptó procesar a Mas y el resto de acusados por malversación de fondos públicos, pero revisan la documentación.
Sin embargo, la policía quiere determinar si desde otras entidades deportivas públicas se pudieron emitir este tipo de facturas presuntamente fraudulentas hacia estas empresas que colaboraron con el proceso soberanista y que siempre obedecerían a importes inferiores a 18.000 euros, la cantidad límite para poder hacer adjudicaciones directas. Para ello se rastrea las firmas de estas facturas ya que podrían ser de responsables de la administración catalana.
La investigación de los miembros de la Policía Nacional también quiere determinar si altos cargos de la Generalitat con el Govern de Artur Mas impusieron la contratación de personal para trabajar en esta instalación pública sin estar debidamente cualificado y sin el requisito formal de concurso, tal y como requiere la normativa.
[Fuente: Por Germán González, El Mundo, Madrid, 20may19]
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