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15may19
La Fiscalía pide procesar por organización criminal a altos cargos del Govern y de TV3 por el 1-O
La Fiscalía ha pedido a la juez de instrucción 13 de Barcelona que impute también un delito de organización criminal a 28 de los 30 procesados por los preparativos del 1-O. Hasta ahora, los delitos que pesaban sobre ellos eran los de desobediencia, prevaricación, revelación de secretos, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Entre ellos se encuentran altos cargos del Govern de la Generalitat, empresarios que proveyeron el material del referéndum y la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de TV3 y el de Catalunya Ràdio, a quienes se acusa de dar difusión a la convocatoria. El ministerio público ha enviado un recurso para impugnar parte del auto de procesamiento que dictó la juez para que se añada a todas estas personas también el delito de organización criminal que puede acarrear penas de cuatro a ocho años de prisión.
Según el fiscal, "existió un plan común y cada una de las personas dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación contribuyeron de manera decisiva a la consecución de la celebración del referéndum". La fiscalía considera que concurren varios elementos para atribuir a los altos cargos y a los empresarios el delito de organización criminal. Considera que formaban una estructura jerárquica puesto que el proceso fue impulsado por el president de la Generalitat, que hubo pluralidad y reparto de papeles y que todos ellos estuvieron conjurados para acometer un "objetivo delictivo" que era la celebración del referéndum de independencia y que pretendía tener "permanencia en el tiempo".
Por este motivo, el fiscal interesa que impute de forma añadida este delito a 28 personas, diecisiete de los cuales ya se encontraban investigados por malversación cuya condena podría acarrear penas de prisión. Entre ellas se encuentra Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta y los directores de TV3, Vicent Sanchis; Catalunya Radio, Saül Gordillo y Núria Llorach, directora general de la CCMA.
La lista del resto de implicados la forman: David Palanques Bonavia, David Franco Sánchez, Francesc Sutrías Grau, Aleix Villatoro Oliver, Amadeu Altafaj Tardío, Albert Royo Mariné, Natalia Garriga Ibáñez, Pablo Raventós, Rosa María Rodríguez Curto, Francesc Fàbregas Bonet, Josue Sallent, Xavier Puig Farré, Rosa Vidal Planella, Frederich Udina Abelló, Martí Patxot, Mercedes Martínez, Joan Manel Gómez Sanz, Josep Masolivé Puig, Angels Barbarà Fontdevila, Marta Garsaball Pujol y Daniel Gimeno Alcañiz.
La investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona parecía que estaba a punto de cerrarse y que los procesados serían enviados a juicio. Sin embargo, la Fiscalía se desmarca con este escrito asegurando que "la investigación en modo alguno ha concluido", ya que la policía todavía no ha entregado todos sus atestados y porque además ve necesario la práctica de varias diligencias que permitan "acotar los hechos por los que se ha dictado el procesamiento".
El escrito está firmado por tres fiscales anticorrupción y ha contado con el beneplácito de la Fiscalía General del Estado. Con este paso, el fiscal deja la puerta abierta a poder acusar a los procesados por un delito de organización criminal, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en el juicio. La causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona procesó a 30 altos cargos del Govern, empresarios y a la cúpula de los medios públicos catalanes por haber organizado los preparativos del 1-O pero, a diferencia del Tribunal Supremo, excluyó los delitos de rebelión y de sedición. Hasta este momento, solo los investigados por malversación podían enfrentarse a penas de prisión, pero tras este recurso del fiscal, 28 de los 30 imputados podrían tener que afrontar peticiones de cárcel.
[Fuente: Por Toni Muñoz, La Vanguardia, Barcelona, 15may19]
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